El exministro de Defensa y Gobierno Carlos Sánchez Berzaín fue al banquillo de acusados por primera vez en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, por la masacre de octubre de 2003. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a declarar por el caso.
Sánchez Berzaín, también conocido como el Zorro, escapó a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003. Huyó junto con el gobernante de entonces Sánchez de Lozada (Goni), tras una rebelión contra las medidas estatales. En estas protestas murieron 58 personas y centenares quedaron heridas.
Desde entonces han pasado casi 14 años y la exautoridad nunca fue sentada en el banquillo de los acusados... hasta el miércoles 16 y el jueves 17 de agosto de este año.
Entonces —durante siete horas en dos días seguidos, en el bufete de Akin Gump Strauss Hauer & Feld, de Miami— tuvo que responder al proceso civil que se le sigue. Él está acusado de asesinato y ejecuciones extrajudiciales.
El abogado Thomas Becker fue testigo de este interrogatorio. Cuenta que el Zorro respondió tranquilamente a las preguntas. “Estaba confiado, muy confiado”, añade. Por su parte, el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, añade: “Sánchez Berzaín estaba arrogante, como siempre”.
Sánchez Berzaín pidió que se le hagan las preguntas en inglés, pues adujo que no entendía español, cuenta Mayta. Así ganó tiempo en la traducción y evitó que se le hagan más preguntas.
Durante la interpelación, el Zorro mantuvo su tesis de inocencia. “Dice que no es culpable y que en 2003 había un foco guerrillero. Añade que había un foco guerrillero en Bolivia y había protestas y marchas ilegales”, cuenta el abogado de Harvard, Becker.
Blog de recopilacion de informacion de Actos de Corrupcion, Corruptos y todo lo relacionado a la corrupcion en Bolivia, para que la gente no se olvide de nada desde el 6 de Marzo de 2007 en Honor a la Ciudad del Alto.
jueves, 12 de octubre de 2017
SER desconocía que Roca sea dueño de Torres Suant
Ante las declaraciones del empresario cruceño Humberto Roca, radicado en EEUU, de que el edificio Torres Suant, del barrio Urbarí, es de su propiedad, en el mismo donde han sido embargados 34 departamentos por deudas tributarias, el secretario de Recaudaciones de la comuna, Joaquín Crapuzzi, indicó que desconocía la identidad del propietario del inmueble, añadiendo que más bien figura otra persona con apellidos diferentes.
“He leído el periódico y me he visto sorprendido por las declaraciones de Roca, mandé revisar la documentación y ninguno de los 34 apartamentos embargados en esta primera fase está a su nombre, la deuda global de una de las torres es de Bs 200.000, por una gestión, pero la deuda total es de Bs 600.000, por lo que habrá nuevas intervenciones en ese edificio”, explicó.
Indicó que el lunes, cuando se hizo la incautación, se apersonaron dos propietarios de departamentos y cancelaron sus deudas, una por Bs 7.000 y la otra por 9.000; así como también acudieron otros dos dueños para gestionar el pago de los tributos en cuotas.
Dijo que hay otros departamentos con deudas menores, pero los propietarios dejaron de pagar sus impuestos. “En 2009 se hizo la inscripción del edificio, ahora, que el que los mandó construir no haya hecho las transferencias, ese es un problema de él y de los compradores”, agregó.
Por su parte, Roca recordó que el bien está con anotación preventiva dentro de los procesos que le sigue el Estado. “He pedido a mis abogados que negocien con la comuna un plan de pagos; solo espero que den buen uso a ese dinero porque la corrupción en la Alcaldía es terrible”, anotó vía Skype. /Igor Ruiz
miércoles, 11 de octubre de 2017
Roca: “Pediremos a la Alcaldía un plan de pago; ojalá den buen uso al dinero”
La Secretaría de Recaudaciones (SER) de la Alcaldía embargó 34 apartamentos de Torres Suant, ubicadas en el segundo anillo y barrio Urbarí, por una deuda de Bs 200.000 por concepto de impuesto a la propiedad de inmuebles de 2011. Estas torres son de propiedad de la familia del empresario Humberto Roca, expresidente de Aerosur, que radica en Estados Unidos desde 2012. EL DEBER conversó con él vía Skype.
¿Qué opinión tiene sobre el embargo de los 34 apartamentos?
Esos apartamentos son parte del patrimonio de mi familia, que fue perjudicada por acciones del Gobierno. El Gobierno, de forma irregular, arbitraria y fuera de norma, realizó las anotaciones preventivas de esos bienes. En realidad esos apartamentos no están terminados, están es construcción. Entonces, el embargo es a la construcción, no a los apartamentos. Esa construcción quedó en una situación jurídica rara. Nosotros hemos enviado personas a la comuna para que negocien un plan de pago. Me parece muy bien que la Alcaldía cobre los tributos, pero lo que hay que cobrarle a la Alcaldía es que haga un buen uso de esas recursos, porque la corrupción en la Alcaldía es terrible.
¿A cuánto asciende la deuda?
No sé, pero hay que ver que el precio sea justo, porque no se olvide que son apartamentos sin terminar, aunque hay algunos que sí están habitados. Hay que verificar cuánto es el valor catastral para proceder a un plan de pago.
Hemos pedido a los abogados que vayan y hagan una negociación para un plan de pago. Reitero, me parece bien que cobren, además hemos visto que han hecho un buen show mediático para que todos los contribuyentes paguen sus impuestos. Ojalá que esos montos no se vayan al bolsillo de algunos.
¿En manos de quién están las torres?
Ese inmueble formaba parte del patrimonio de mi familia, así como muchos más que acabaron en manos de otras personas como una quinta que pertenecía a mi mamá, que murió hace poco. Aparecieron unos tipos, se entraron a la quinta aduciendo que era de ellos, falsificaron todos los papeles, incluso la Alcaldía les aprobó los planos. Esa quinta perteneció a mi tatarabuelo.
Somos la única familia de Bolivia que ha recibido la furia y la rabia de este Gobierno por haberle dicho que no sean corruptos, que respeten las normas.
¿Hay gente que ha pagado por esos apartamentos pero no están a su nombre?
Sí, por el accionar abusivo e ilegal del Gobierno. Hay propietarios que han comprado, han pagado, se les dio la transferencia pero al momento de ponerlos a su nombre se vieron imposibilitados de hacerlo, porque esos bienes fueron anotados preventivamente.
¿Cuántos apartamentos se estaban construyendo en las cuatro torres?
En total eran 200 y tantos. La torre amarilla no fue terminada por la anotación preventiva.
¿Qué gestiones está haciendo para recuperar sus bienes?
Hemos intentado de todo, inclusive un tiempo en la Alcaldía no nos dejaron pagar impuestos. A ninguna persona de mi familia ni a mí nos permiten dar poderes en los consulados. Está prohibido. En otras palabras, a nosotros nos han quitado hasta la nacionalidad. Es una situación increíble. Ya no soy boliviano, no sé de dónde soy, no tengo pasaporte, no tengo carné de identidad, no tengo nada.
¿No teme perder sus bienes?
Ya he perdido tanto, pero felizmente fueron bienes materiales, no perdí a mi familia, con excepción de mi mamá, que murió amargada por su quinta. (...) Hay mucha gente en Santa Cruz que se aprovechó de todos mis bienes, yo básicamente lo tengo por perdido porque no existe una acción legal posible para recuperarlos. Pero eso sí, yo no he quedado debiendo ni un peso a ningún banco ni a ninguna institución boliviana y esos impuestos serán pagados. ¿Qué pasará después con esos bienes? Vaya uno a saber. Independientemente de esto tengo una demanda contra Bolivia por las irregularidades que se han cometido contra mi persona y mi familia, la demanda será procedente.
¿Si dice que antes no pudo pagar su impuesto, cree que ahora podrá hacerlo?
Mire, yo siempre he tenido intenciones de pagar todo lo que en justicia y en sentimiento me corresponden. Lo que me he negado a pagar es todo aquello que me achacan. En este caso de los inmuebles, vamos a ajustarnos a un plan de pago. Felicito a la Alcaldía por exigir el pago de los impuestos, pero hay que fiscalizar para que ese dinero no vaya a la corrupción. Hemos recibido algunas llamadas de amigos de funcionarios que dicen: Nosotros lo arreglamos.
Pero yo ya escarmenté, no voy a ser permisivo con nada. Todo lo de Bolivia lo tengo ya por perdido, para mí no existen, hemos perdido el 95% de todos nuestros bienes y activos. Todo el patrimonio por el que trabajé durante más de 30 años está en manos de gente inescrupulosa, mentirosa y cínica. Destruyeron Aerosur, una empresa hermosa, encima me achacaron a mí. Acá me enteré de que yo había sido un palo blanco, imagínese. Qué vamos a hacer, c'est la vie.
martes, 10 de octubre de 2017
El 59% de los bolivianos cree que creció la corrupción
Según el reciente informe publicado por la organización Transparencia Internacional (TI), el 59% de los bolivianos que fueron parte de una encuesta cree que la corrupción se ha incrementado en Bolivia en el último tiempo.
La encuesta fue realizada por la empresa Latinobarómetro y Servicios de Investigación de Mercados entre mayo y diciembre de 2016. De la misma participaron un total de 22.203 personas pertenecientes a 20 países de Latinoamérica y el Caribe.
Los resultados de las consultas fueron publicados ayer bajo el nombre de Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe. En ella se puede ver que Bolivia ocupa el puesto 12 de los 20 países de la encuesta.
“Los ciudadanos de Venezuela, Chile, Brasil y Perú fueron particularmente críticos, tres cuartos dijeron que la corrupción estaba en aumento (del 78% al 87%)”, señala el informe.
León pide levantar secreto profesional
El abogado Eduardo León presentó ayer una solicitud para que una juez levante el secreto profesional y le autorice hacer público varios documentos y comunicaciones que Gabriela Zapata mantenía con ministros.
Suleika Lanza, abogada de León, confirmó que el pedido fue presentado ante la juez noveno de materia en lo penal, Regina Santa Cruz.
“Lo que corresponde ahora es que se nos otorgue la autorización para revelar estos hechos, actos, pruebas, de llamadas, comunicaciones y contactos entre altas autoridades del Estado y la señora Gabriela Zapata”, aseveró ayer León en puertas de la Fiscalía.
El abogado señala que lo que tiene en su poder son pruebas materiales y no solo declaraciones sueltas o afirmaciones de su excliente Zapata.
“El poder político sabe a que nos referimos, por ejemplo, son comunicaciones permanentes que se han tenido entre Zapata, ministros y dignatarios de Estado”, afirmó.
Señaló que estas pruebas ponen en riesgo su vida, pero incluso está dispuesto a que las voces que se tiene en algunos audios sean sometidos a pericias, para comprobar que el Gobierno tenía conocimiento de las acciones que realizaba Zapata.
Por otro lado, la abogada Lanza señaló que en la Fiscalía departamental se presentó una denuncia contra la fiscal Karina Cuba por el delito de incumplimiento como titular del caso de trata de personas que se sigue por la suplantación del hijo de la expareja del presidente Evo Morales.
Lanza señala que del cuaderno de investigaciones se han extraviado varias pruebas, entre ellas la declaración ampliatoria de Zapata, además que hasta la fecha no se tiene el desdoblamiento de la reconstrucción de los hechos e inspección de los lugares donde un menor de cinco años fue utilizado para suplantar a un supuesto hijo que Zapata había concebido.
En esa línea, el abogado León pidió que se levante el secreto profesional a su persona para que revele la información y documentos “clave” dentro del caso Zapata, que incluso vinculan al presidente Evo Morales y a su entorno familiar, al igual que a otras autoridades de Estado.
“Van a caer muchas personas, va a llegar a afectar al Presidente del Estado y no solo a él, sino a su entorno familiar (del mandatario) porque hubo una relación de familia. (Gabriela) Zapata era tratada en calidad de familiar. Hay cosas que no se pueden negar observando las pruebas”, declaró.
Suleika Lanza, abogada de León, confirmó que el pedido fue presentado ante la juez noveno de materia en lo penal, Regina Santa Cruz.
“Lo que corresponde ahora es que se nos otorgue la autorización para revelar estos hechos, actos, pruebas, de llamadas, comunicaciones y contactos entre altas autoridades del Estado y la señora Gabriela Zapata”, aseveró ayer León en puertas de la Fiscalía.
El abogado señala que lo que tiene en su poder son pruebas materiales y no solo declaraciones sueltas o afirmaciones de su excliente Zapata.
“El poder político sabe a que nos referimos, por ejemplo, son comunicaciones permanentes que se han tenido entre Zapata, ministros y dignatarios de Estado”, afirmó.
Señaló que estas pruebas ponen en riesgo su vida, pero incluso está dispuesto a que las voces que se tiene en algunos audios sean sometidos a pericias, para comprobar que el Gobierno tenía conocimiento de las acciones que realizaba Zapata.
Por otro lado, la abogada Lanza señaló que en la Fiscalía departamental se presentó una denuncia contra la fiscal Karina Cuba por el delito de incumplimiento como titular del caso de trata de personas que se sigue por la suplantación del hijo de la expareja del presidente Evo Morales.
Lanza señala que del cuaderno de investigaciones se han extraviado varias pruebas, entre ellas la declaración ampliatoria de Zapata, además que hasta la fecha no se tiene el desdoblamiento de la reconstrucción de los hechos e inspección de los lugares donde un menor de cinco años fue utilizado para suplantar a un supuesto hijo que Zapata había concebido.
En esa línea, el abogado León pidió que se levante el secreto profesional a su persona para que revele la información y documentos “clave” dentro del caso Zapata, que incluso vinculan al presidente Evo Morales y a su entorno familiar, al igual que a otras autoridades de Estado.
“Van a caer muchas personas, va a llegar a afectar al Presidente del Estado y no solo a él, sino a su entorno familiar (del mandatario) porque hubo una relación de familia. (Gabriela) Zapata era tratada en calidad de familiar. Hay cosas que no se pueden negar observando las pruebas”, declaró.
59% cree que aumentó la corrupción
La mayoría de los bolivianos, en un porcentaje del 59%, considera que la corrupción se ha incrementado en el país, según un informe publicado este lunes por Transparencia Internacional (TI).
El reporte denominado “Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe”, contiene información de encuestas realizadas en 20 países de Latinoamérica, sobre las experiencias de los ciudadanos con la corrupción.
PERCEPCIÓN
Bolivia ocupa el lugar 12 en el índice de personas que creen que la corrupción aumentó en su país, mientras que en el primer puesto está Venezuela donde el 87% sostiene que la corrupción ha aumentado.
Otro dato que destaca es que el 53% de los bolivianos cree que su gobierno hace las cosas mal respecto a combatir la corrupción, y que el 32%, por el contrario, tiene una buena impresión del desempeño gubernamental en este tema.
SOBORNOS
Asimismo, según el reporte, el 28% de los encuestados en Bolivia admitió haber pagado sobornos a funcionarios para recibir servicios públicos, ya sea en la escuela, policía, tribunales, salud o trámites gubernamentales.
El estudio señala que la mayoría de los sobornos reportados por bolivianos fueron en servicios de salud, seguido de la escuela, servicio públicos, policía y documento de identidad.
El reporte denominado “Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe”, contiene información de encuestas realizadas en 20 países de Latinoamérica, sobre las experiencias de los ciudadanos con la corrupción.
PERCEPCIÓN
Bolivia ocupa el lugar 12 en el índice de personas que creen que la corrupción aumentó en su país, mientras que en el primer puesto está Venezuela donde el 87% sostiene que la corrupción ha aumentado.
Otro dato que destaca es que el 53% de los bolivianos cree que su gobierno hace las cosas mal respecto a combatir la corrupción, y que el 32%, por el contrario, tiene una buena impresión del desempeño gubernamental en este tema.
SOBORNOS
Asimismo, según el reporte, el 28% de los encuestados en Bolivia admitió haber pagado sobornos a funcionarios para recibir servicios públicos, ya sea en la escuela, policía, tribunales, salud o trámites gubernamentales.
El estudio señala que la mayoría de los sobornos reportados por bolivianos fueron en servicios de salud, seguido de la escuela, servicio públicos, policía y documento de identidad.
TI: Uno de cada tres latinos paga algún tipo de soborno
TRANSPARENCIA. Casi un tercio de los latinoamericanos pagaron sobornos en el último año para acceder a servicios públicos, como salud o justicia, en una práctica que no diferencia género ni clase social, según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional (TI) en todo el mundo.
El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, revela un cuadro de rampante corrupción en la región, con especial recelo de los ciudadanos hacia su policía y los políticos, y ante el cual la respuesta gubernamental es considerada insuficiente. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. El sistema termina arrastrando a parte de la población. Un 29% de los ciudadanos que usaron seis servicios públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún soborno en los 12 meses anteriores, según TI. La organización calcula que ello representa unas 90 millones de personas, sin mayores diferencias entre género, edad y clase social, aunque acotó que los pagos de sobornos pueden ser una carga desproporcionadamente mayor para los más pobres. “El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, citado en un comunicado. El reporte destacó que a pesar de las recientes manifestaciones anticorrupción en Brasil, Guatemala y Venezuela, casi dos tercios (62%) de los encuestados afirmaron que la corrupción había aumentado. ¿Los más corruptos? Policías y políticos, según 47% de los consultados. En el caso de la policía, se eleva a 73% en Venezuela, y 69% para los políticos en Paraguay. También, más de la mitad de los encuestados reprueba la respuesta de los gobiernos, especialmente los venezolanos y los peruanos, con 76% y 73% respectivamente. “Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”, dijo Ugaz, destacando que el escándalo brasileño del Lava Jato “demuestra que la corrupción está ampliamente extendida” en la región. Por el contrario, la gran mayoría (70%) confía en que los ciudadanos pueden tener un papel positivo en la lucha contra la corrupción, especialmente en Brasil (83%), donde los escándalos millonarios tienen acorralada a prácticamente toda la clase política. “El soborno es una experiencia demasiado habitual” en la región, según la ONG.
El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, revela un cuadro de rampante corrupción en la región, con especial recelo de los ciudadanos hacia su policía y los políticos, y ante el cual la respuesta gubernamental es considerada insuficiente. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. El sistema termina arrastrando a parte de la población. Un 29% de los ciudadanos que usaron seis servicios públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún soborno en los 12 meses anteriores, según TI. La organización calcula que ello representa unas 90 millones de personas, sin mayores diferencias entre género, edad y clase social, aunque acotó que los pagos de sobornos pueden ser una carga desproporcionadamente mayor para los más pobres. “El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, citado en un comunicado. El reporte destacó que a pesar de las recientes manifestaciones anticorrupción en Brasil, Guatemala y Venezuela, casi dos tercios (62%) de los encuestados afirmaron que la corrupción había aumentado. ¿Los más corruptos? Policías y políticos, según 47% de los consultados. En el caso de la policía, se eleva a 73% en Venezuela, y 69% para los políticos en Paraguay. También, más de la mitad de los encuestados reprueba la respuesta de los gobiernos, especialmente los venezolanos y los peruanos, con 76% y 73% respectivamente. “Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”, dijo Ugaz, destacando que el escándalo brasileño del Lava Jato “demuestra que la corrupción está ampliamente extendida” en la región. Por el contrario, la gran mayoría (70%) confía en que los ciudadanos pueden tener un papel positivo en la lucha contra la corrupción, especialmente en Brasil (83%), donde los escándalos millonarios tienen acorralada a prácticamente toda la clase política. “El soborno es una experiencia demasiado habitual” en la región, según la ONG.
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