Noticia publicada el 30 de Enero 2009 en La Prensa
La Fiscalía de La Paz, el Viceministerio de Transparencia y el Senado abren investigaciones sobre el asesinato de Jorge O’Connor, y sus derivaciones y las miradas se vuelcan sobre el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Valverde, y sobre el diputado Marco Antonio Córdoba, de Podemos.
El martes 27 por la mañana, Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, en cuyo departamento iba a producirse una reunión, y Javier René Navia Doria Medina, dialogaban con los policías que iniciaban la investigación en el mismo lugar del crimen.
El primero es primo y el segundo es hermano de Jiovana Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y flamante esposa de Ramírez. La pareja se casó el miércoles 7 de este mes en Caiza D, Potosí. El presidente Evo Morales fue el padrino de la boda.
El inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano es un edificio de tres pisos en cuya planta baja funciona un taller de serigrafía y en el primer piso se encuentra el departamento de Aramayo, a quienes sus vecinos saludan como “doctor”, en señal de respeto.
En ese lugar, los dos familiares políticos del titular de YPFB debían reunirse con el fallecido, con su hermano menor Miguel O’Connor D’Arlach y además con Luis Fernando Córdoba Santiváñez, empleado de Jorge O’Connor.
Cuando la víctima y el dueño de casa se aprestaban a entrar en el edificio, cinco antisociales, que bajaron de una vagoneta Caldina verde y una motocicleta roja, empujaron a Aramayo contra la pared y lo mantuvieron aprisionado por la reja, en tanto que O’Connor fue introducido por la fuerza al zaguán. Llevaba dos maletines, en los que tenía una computadora personal y 450.000 dólares. Se los arrebataron antes de matarlo.
Los delincuentes huyeron en los motorizados ya descritos. Se fueron a velocidad normal por la avenida Tejada Sorzano para tomar la calle Teniente coronel Agustín Saavedra.
Aramayo Doria Medina preside la Fundación Kantati, que funciona en la oficina 108, piso 10, del edificio Mariscal Ballivián. Ayer, sus puertas estaban cerradas. Esta entidad, en la que también trabaja Navia Doria Medina, se dedica a canalizar recursos para construir viviendas de carácter social.
En el lugar del crimen y conmocionado por el hecho, Navia Doria Medina declaró que la reunión tenía la finalidad de “cerrar un proyecto” de la fundación y la empresa Uniservice, de la que la familia O’Connor es propietaria.
Otras investigaciones
La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, y una comisión del Senado anunciaron que investigarán si Santos Ramírez está implicado en el asesinato del contratista de YPFB, en tanto que el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fernando Figueredo, anunciaron que convocarán a declarar a “toda persona” que tenga relación con este tema.
El Senado formó una comisión investigadora integrada por Luis Vásquez, de Podemos; Ricardo Díaz y Antonio Peredo, del MAS; José Villavicencio, de UN, y Fernando Romero, del MNR.
En relación con la denuncia de irregularidades en la contratación de la empresa de la familia O’Connor, el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, dijo que “se va a convocar a las personas que se mencionan”, o sea, Ramírez y el diputado Córdoba.
Entretanto, funcionarios de la Unidad de Comunicación de la estatal se limitaron a referir que el “Presidente de la empresa ha estado reunido todo el día para considerar temas inherentes al funcionamiento de Yacimientos. No habrá una posición oficial sobre el caso” de YPFB ni de su Presidente.
El martes 27 por la mañana, Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, en cuyo departamento iba a producirse una reunión, y Javier René Navia Doria Medina, dialogaban con los policías que iniciaban la investigación en el mismo lugar del crimen.
El primero es primo y el segundo es hermano de Jiovana Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y flamante esposa de Ramírez. La pareja se casó el miércoles 7 de este mes en Caiza D, Potosí. El presidente Evo Morales fue el padrino de la boda.
El inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano es un edificio de tres pisos en cuya planta baja funciona un taller de serigrafía y en el primer piso se encuentra el departamento de Aramayo, a quienes sus vecinos saludan como “doctor”, en señal de respeto.
En ese lugar, los dos familiares políticos del titular de YPFB debían reunirse con el fallecido, con su hermano menor Miguel O’Connor D’Arlach y además con Luis Fernando Córdoba Santiváñez, empleado de Jorge O’Connor.
Cuando la víctima y el dueño de casa se aprestaban a entrar en el edificio, cinco antisociales, que bajaron de una vagoneta Caldina verde y una motocicleta roja, empujaron a Aramayo contra la pared y lo mantuvieron aprisionado por la reja, en tanto que O’Connor fue introducido por la fuerza al zaguán. Llevaba dos maletines, en los que tenía una computadora personal y 450.000 dólares. Se los arrebataron antes de matarlo.
Los delincuentes huyeron en los motorizados ya descritos. Se fueron a velocidad normal por la avenida Tejada Sorzano para tomar la calle Teniente coronel Agustín Saavedra.
Aramayo Doria Medina preside la Fundación Kantati, que funciona en la oficina 108, piso 10, del edificio Mariscal Ballivián. Ayer, sus puertas estaban cerradas. Esta entidad, en la que también trabaja Navia Doria Medina, se dedica a canalizar recursos para construir viviendas de carácter social.
En el lugar del crimen y conmocionado por el hecho, Navia Doria Medina declaró que la reunión tenía la finalidad de “cerrar un proyecto” de la fundación y la empresa Uniservice, de la que la familia O’Connor es propietaria.
Otras investigaciones
La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, y una comisión del Senado anunciaron que investigarán si Santos Ramírez está implicado en el asesinato del contratista de YPFB, en tanto que el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fernando Figueredo, anunciaron que convocarán a declarar a “toda persona” que tenga relación con este tema.
El Senado formó una comisión investigadora integrada por Luis Vásquez, de Podemos; Ricardo Díaz y Antonio Peredo, del MAS; José Villavicencio, de UN, y Fernando Romero, del MNR.
En relación con la denuncia de irregularidades en la contratación de la empresa de la familia O’Connor, el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, dijo que “se va a convocar a las personas que se mencionan”, o sea, Ramírez y el diputado Córdoba.
Entretanto, funcionarios de la Unidad de Comunicación de la estatal se limitaron a referir que el “Presidente de la empresa ha estado reunido todo el día para considerar temas inherentes al funcionamiento de Yacimientos. No habrá una posición oficial sobre el caso” de YPFB ni de su Presidente.
Los tres hermanos Córdoba Santiváñez tienen antecedentes
Los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez se vieron involucrados en mayo de 2008 en un caso de prostitución de menores, a denuncia de un cliente a quien no permitían abandonar el local.
Cuando intervino la Policía se encontró a tres menores, de 15, 16 y 17 años, quienes posiblemente trabajaban como prostitutas en ese club. Los dos hermanos y el administrador del centro de diversión, Juan Marcelo Quiroga Álvarez, fueron detenidos y después liberados.
Antes, en noviembre de 2006, un tercer hermano, el diputado de Poder Democrático y Social (Podemos) por La Paz Marco Antonio Córdoba, fue involucrado en el caso de la concesión de visas a ciudadanos chinos, junto con otros parlamentarios oficialistas y opositores.
El 10 de julio del año pasado se denunció que este diputado contaba con tres cédulas de identidad, signadas con los números 43309461 LP y con antecedentes cancelados, 4521756 LP con antecedentes por el delito de falsedad material procesado el 23 de junio de 1997, y 4330946 LP otorgada el 14 de mayo de 2007.
Este parlamentario causó malestar en Podemos cuando se supo que había visitado al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle cuando éste estaba detenido en el penal de San Pedro.
Ayer por la tarde, el abogado Marco Guía denunció que Fernando Córdoba “pagó a un sicario” para eliminar físicamente a su cliente, un empresario de nombre “Johnny”, quien teme por su vida y se encuentra muy asustado.
Guía aseguró que la demanda planteada ante la FELCC no sigue avance alguno.
Se mencionó, aunque la versión no pudo ser confirmada, que los tres hermanos son sobrinos de Santos Ramírez, actual presidente de YPFB e importante dirigente del MAS, quien fue implicado en los casos de las visas chinas y en la venta de avales de su partido para acceder a cargos en la administración estatal.
Un consorcio irregular
La sociedad de responsabilidad limitada Catler-Uniservice se registró en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Tarija, de acuerdo con el padrón respectivo.
El acuerdo suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad mencionada fue suscrito en julio de 2008 por Santos Ramírez y Agustín Melano, en representación de la constructora.
Además, Catler-Uniservice se inscribió con un capital de 50.000 bolivianos, cuando el contrato que firmó con YPFB en julio de 2008 fue por 86.315.000 dólares.
Como representante legal del consorcio figura Patricio Thomas Jurglevicius, y como único socio, José Alejandro Salinas. En esta nómina no figura Jorge O’Connor D’Arlach, el empresario asesinado el martes cuando portaba 450.000 dólares, de los cuales tan sólo 50.000 fueron recuperados, según el informe oficial de la Policía.
Catler-Uniservice se registró en Fundempresa como una compañía dedicada a la actividad minera, ejecución de plantas y fabricación de productos químicos.
En Santa Cruz se indica que la sociedad de responsabilidad limitada tan sólo tiene un almacén, en tanto que la dirección establecida en el sitio web del grupo señala: Avenida Busch, entre el tercer y cuarto anillo, calle 5, número 100.
El registro de la sociedad en Fundempresa data de septiembre de 2008 y es posterior a la suscripción del contrato de construcción “llave en mano”, el 14 de julio de ese mismo año.
El fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, declaró que días antes del asesinato recibió una carta anónima en la que se denunciaban irregularidades en la relación contractual de YPFB con la sociedad Catler Uniservice, documento que da a conocer la existencia de una adjudicación supuestamente irregular.
El documento refiere que Luis Fernando Córdoba realizó las gestiones para lograr los registros legales del consorcio accidental tiempo después de la firma de los documentos legales.
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