El Directorio de YPFB Transportes destituyó de la presidencia a Gildo Angulo después de que éste denunciara a su similar de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, por un sobreprecio en la nacionalización de Transredes S.A. El nuevo titular de la transportadora de hidrocarburos es Cyro Camacho, quien fue posesionado junto con dos directores.
Según un comunicado del Directorio de la compañía difundido ayer por la tarde, “las acusaciones del ex presidente de la sociedad Sr. Gildo Angulo carecen de veracidad y denotan desconocimiento de la realidad financiera de la empresa, así como de la capacidad de gestión de la misma, lo que afecta la imagen de YPFB Transportes S.A., al crear un clima de desconfianza y desestabilización al interior de la empresa”.
Así, el lunes 15, en la junta general de accionistas celebrada en el edificio Multicentro de La Paz, a las 17.30, se decidió la destitución del ex ejecutivo, quien el 12 de junio acusó a Villegas de haber asumido deudas tributarias, ambientales y de inversiones no hechas por TR Holdings, la accionista mayoritaria de Transredes.
Ayer, Angulo ratificó su denuncia ante medios cruceños sobre el pago de 50 millones de dólares por impuestos que adeudaba la capitalizadora, por el daño ambiental en el Río Desaguadero causado por un derrame petrolero y 58 millones de dólares por el incumplimiento de las inversiones de la capitalizadora.
Además desafió a Villegas a un debate público en el Congreso.
Aseguró que no se aferra al cargo y que, si es el precio que tiene que pagar, lo asume con orgullo. Además dijo que no es la primera vez que se “engaña al presidente Evo Morales. Villegas pone en riesgo la nacionalización”.
Villegas reconoció el lunes que la deuda impositiva fue asumida porque se optó por el mal menor, es decir, un proceso de arbitraje internacional que le habría costado al país 1.000 millones de dólares.
La presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales, Marlene Ardaya, afirmó que la deuda tributaria de la nacionalizada es de sólo de 34 millones de dólares, de los que 5,5 ya fueron pagados.
En entrevista en Unitel, Angulo afirmó que existen más personas implicadas en este hecho pero que no le corresponde decirlo —“no es mi intención”—, sólo buscaría que la opinión pública conozca a Villegas.
Fuentes del sector señalaron que la junta de accionistas fue forzada para asumir esta decisión, puesto que a la primera cita de las diez de la mañana no asistieron todos los directores, circunstancia que propició la suspensión de la reunión. Además se recibió una amenaza de bomba a la misma hora en el edificio. Según El Deber, Villegas asistió por la tarde al encuentro a puerta cerrada. La Prensa se aproximó al edificio e intentó entrar en las dos ocasiones, por la mañana y por la tarde. En el segundo intento en recepción señalaron que no se permitiría el acceso de la prensa.
Otro comunicado de YPFB Transportes señala que se adopta el cambio para “fortalecer las competencias de la empresa en aspectos técnicos y tecnológicos”. Los nuevos directores son Raúl Ferrufino, como vicepresidente de Comercialización y Regulaciones, en lugar del actual presidente de la petrolera, y Cecilia Vidangos, como vicepresidenta interina de Recursos Humanos y Servicios Generales, quien sustituye a Hernán Vásquez.
Este último fue el tercer presidente de YPFB Transportes antes de Angulo, desde el 22 de abril hasta el 12 de mayo de este año. Su designación fue respaldada por los trabajadores de la petrolera, quienes objetaron su destitución y, mediante una delegación, intentaron en La Paz revertirla.
Desde Santa Cruz, Cyro Camacho explicó que el nombramiento de Angulo obedeció “a una coyuntura que se dio en determinado momento” y cuyo “resultado final no fue el que se esperaba”, porque el ex ejecutivo tiene “limitaciones” en materia petrolera. El ex ejecutivo tildó de “antinacionalista” a la nueva autoridad.
El viceministro de Transparencia, Tamer Medina, aseguró que la designación de Angulo como director con una resolución del ex presidente de YPFB Santos Ramírez, acusado en dos hechos de corrupción, fue ilegal y sin conocimiento del Directorio de la estatal petrolera, situación cuestionable.
La Prensa le consultó por qué se hace esta observación ahora que salen denuncias de irregularidades en la compra de Transredes. La autoridad sólo atinó a señalar que el Gobierno recién tomó conocimiento de su designación.
Agregó que Angulo, al enterarse de que se lo iba a alejar del Directorio, salió a lanzar una serie de “difamaciones en venganza”.
Más deudas tributarias
La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, informó que aún existen deudas de otras tres petroleras nacionalizadas por 156.394.781 dólares, que corresponden a activos sobrevaluados que incidieron en el menor cálculo impositivo hecho antes de la nacionalización. Dijo que en el momento en que se conozca el fallo del Poder Judicial se verá quién es el representante legal para cobrarle.
En el caso de YPFB-Andina S.A. los pasivos suman 99 millones de dólares, Chaco S.A. debe 57 millones de dólares y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A. (CLHB) alrededor de 394.781 dólares (2,8 millones de bolivianos).
Ardaya dijo que éstos están en procesos contenciosos en la Corte Suprema de Justicia, pero entretanto el SIN debe cobrar para evitar una prescripción.
Pasivos de ex Transredes se comen la utilidad 2008
El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda aseguró que los pasivos de 50 millones de dólares de YPFB Transportes se comerán toda la utilidad obtenida en 2008.
De acuerdo con los estados financieros, la compañía disminuyó sus ganancias de 677,5 millones de bolivianos en 2007 a 355,2 millones el año pasado, es decir, experimentaron una baja de 52,4 por ciento.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, confirmó las obligaciones pendientes y anunció que se las cumplirá con el flujo de caja de YPFB Transportes.
La autoridad aseguró que durante el proceso de negociación con los socios de Transredes se tuvo que aceptar el pago de estas obligaciones debido a que de por medio se podría afrontar un arbitraje internacional con una demanda de 1.000 millones de dólares por parte de las transnacionales Ashmore y Shell.
Según Miranda, lo preocupante es que las obligaciones serán asumidas por YPFB Transportes, con lo cual le quedará poco margen para reinvertir las utilidades en la ampliación de la red de transporte.
Recordó que en la actualidad se requiere una inversión de 100 millones de dólares, que el Gobierno prestará a la estatal petrolera, para completar las obras del gasoducto Carrasco-Cochabamba y de otras líneas de transporte internas y externas.
El problema que se prevé reside en que YPFB Transportes puede tener menos ingresos en la medida que Brasil no demande más volúmenes de gas natural, pues las ganancias de la empresa dependen de llevar más hidrocarburos.
Más datos
El Gobierno, con el Decreto 28701, del 1 de mayo de 2006, instruyó nacionalizar YPFB.
Además tomó el control de la producción, transporte, refinación y comercio de hidrocarburos.
La estatal petrolera fijó como subsidiarias a Chaco, Andina y YPFB Transportes.
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