El prefecto del departamento, Alberto Aguilar Calle se declaró víctima de una campaña política en su contra, tanto de la oposición como al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que intentan involucrarlo en supuestos hechos de corrupción tras conocerse la denuncia de la ministra Anticorrupción Nardi Suxo, por mal uso de recursos estatales uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta anti-económica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Aguilar mencionó que el tema está siendo utilizado de manera política, pues se vive un ambiente electoral, ya que en abril del 2010 se realizarán las elecciones prefecturales.
“Hay que lamentar que muchas veces se utiliza esta coyuntura política para desprestigiar a las personas o ante una posible reelección, la oposición es muy hábil en acudir a esta serie de difamaciones y de desprestigiar la imagen de la Prefectura, se está manejando la imagen de toda la institución y del mismo gobierno nacional, incluso puede ser interés del mismo partido político, ya que puede haber gente al interior del partido (Movimiento al Socialismo), que no simpatiza con mi persona y puede ser que la ministra se haya visto presionada para hacer ese tipo de acusaciones”, declaró.
En conferencia de prensa ofrecida ayer el prefecto Aguilar tildó de injustas las acusaciones hechas por la ministra Nardi Suxo, en las que inculpa a Aguilar y a otros funcionarios por supuesta malversación de fondos.
El prefecto indicó que él en ningún momento manejó los recursos del proyecto Puerto Seco y considera que las declaraciones de autoridades así como las publicaciones periodísticas están dañando su imagen.
“Me parece injusta e irresponsable la declaración de una ministra, sobretodo sabiendo que el prefecto y sus secretarios no tuvieron la oportunidad de haber descargado todas las investigaciones hechas por los técnicos del ministerio, pues hubiésemos tenido la oportunidad de entregar los comprobantes y los recibos de todo el manejo que se habría hecho, sobretodo cuando se asevera que el daño es de 91.000 bolivianos”, explicó.
Manifestó que las declaraciones hechas por Suxo a varios medios nacionales están infundadas y carecen de asesoramiento de gente competente en la materia.
“En su debido momento es cierto que para la Fexpocruz, se dispuso de fondos en avance que fueron entregados a Víctor Hugo Moreno, ex funcionario de la Prefectura, para hacer una actividad de promoción del Puerto Seco en Santa Cruz y dispusimos una mesa de negocios con las principales instituciones que venían del exterior y se confió a Moreno la administración de esos recursos de fondos de avance que otorgó la Prefectura”, detalló.
Recalcó que en ningún momento esos recursos pasaron por manos de la Prefectura ni del Secretaría de Ejecución Financiera, ni de la Secretaría General, ni por la comisión jurídica, cuyos representantes, Alberto Aguilar, Patricia Jaldín, Tomás López y Fidel Gutiérrez, respectivamente, están implicados en las acusaciones de Suxo.
“Ese tipo de declaraciones no tienen ningún valor de peso, pues seguramente no le informaron a cabalidad acerca del proceso administrativo de esos recursos, cabe aclarar que en su debido tiempo la responsable de la Dirección Administrativa Financiera, Patricia Jaldín, envió una carta al exdirector departamental de desarrollo productivo, Carlos Ari de la Cruz, y al ex encargado del proyecto Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno, a quien se le observó la documentación, que no estaba contemplada de acuerdo a las normas internas establecidas en la Prefectura, motivo por el que fue despedido”, afirmó.
Agregó que la declaración de la ministra engloba dos temas diferentes, como ser el tema de la contratación de la empresa Prointec, que se adjudicó el proyecto a diseño final y la observación de que no se contaba con una asignación presupuestaria para llevar adelante el proceso de la licitación del proyecto a diseño final, temas que son totalmente independientes.
DEMANDAS
Asimismo Aguilar indicó que con la comisión jurídica se llevarán acabo las debidas medidas legales, para realizar una demanda por calumnia, hacia la ministra Suxo, pues están en su derecho de defender su honorabilidad e insistió que no se trata de un tema de corrupción.
“Si bien hay errores en lo que significa el manejo de los 91.000 bolivianos por parte de Víctor Hugo Moreno al no cumplirse los procedimientos, eso lo determinará la auditoría interna, para establecer cuál es la sanción y cargos administrativos, por lo que para despejar las dudas es competencia de la Fiscalía de Distrito analizar ese tema y determinar cuál será el proceso”, manifestó.
Aguilar mencionó que el tema está siendo utilizado de manera política, pues se vive un ambiente electoral, ya que en abril del 2010 se realizarán las elecciones prefecturales.
“Hay que lamentar que muchas veces se utiliza esta coyuntura política para desprestigiar a las personas o ante una posible reelección, la oposición es muy hábil en acudir a esta serie de difamaciones y de desprestigiar la imagen de la Prefectura, se está manejando la imagen de toda la institución y del mismo gobierno nacional, incluso puede ser interés del mismo partido político, ya que puede haber gente al interior del partido (Movimiento al Socialismo), que no simpatiza con mi persona y puede ser que la ministra se haya visto presionada para hacer ese tipo de acusaciones”, declaró.
En conferencia de prensa ofrecida ayer el prefecto Aguilar tildó de injustas las acusaciones hechas por la ministra Nardi Suxo, en las que inculpa a Aguilar y a otros funcionarios por supuesta malversación de fondos.
El prefecto indicó que él en ningún momento manejó los recursos del proyecto Puerto Seco y considera que las declaraciones de autoridades así como las publicaciones periodísticas están dañando su imagen.
“Me parece injusta e irresponsable la declaración de una ministra, sobretodo sabiendo que el prefecto y sus secretarios no tuvieron la oportunidad de haber descargado todas las investigaciones hechas por los técnicos del ministerio, pues hubiésemos tenido la oportunidad de entregar los comprobantes y los recibos de todo el manejo que se habría hecho, sobretodo cuando se asevera que el daño es de 91.000 bolivianos”, explicó.
Manifestó que las declaraciones hechas por Suxo a varios medios nacionales están infundadas y carecen de asesoramiento de gente competente en la materia.
“En su debido momento es cierto que para la Fexpocruz, se dispuso de fondos en avance que fueron entregados a Víctor Hugo Moreno, ex funcionario de la Prefectura, para hacer una actividad de promoción del Puerto Seco en Santa Cruz y dispusimos una mesa de negocios con las principales instituciones que venían del exterior y se confió a Moreno la administración de esos recursos de fondos de avance que otorgó la Prefectura”, detalló.
Recalcó que en ningún momento esos recursos pasaron por manos de la Prefectura ni del Secretaría de Ejecución Financiera, ni de la Secretaría General, ni por la comisión jurídica, cuyos representantes, Alberto Aguilar, Patricia Jaldín, Tomás López y Fidel Gutiérrez, respectivamente, están implicados en las acusaciones de Suxo.
“Ese tipo de declaraciones no tienen ningún valor de peso, pues seguramente no le informaron a cabalidad acerca del proceso administrativo de esos recursos, cabe aclarar que en su debido tiempo la responsable de la Dirección Administrativa Financiera, Patricia Jaldín, envió una carta al exdirector departamental de desarrollo productivo, Carlos Ari de la Cruz, y al ex encargado del proyecto Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno, a quien se le observó la documentación, que no estaba contemplada de acuerdo a las normas internas establecidas en la Prefectura, motivo por el que fue despedido”, afirmó.
Agregó que la declaración de la ministra engloba dos temas diferentes, como ser el tema de la contratación de la empresa Prointec, que se adjudicó el proyecto a diseño final y la observación de que no se contaba con una asignación presupuestaria para llevar adelante el proceso de la licitación del proyecto a diseño final, temas que son totalmente independientes.
DEMANDAS
Asimismo Aguilar indicó que con la comisión jurídica se llevarán acabo las debidas medidas legales, para realizar una demanda por calumnia, hacia la ministra Suxo, pues están en su derecho de defender su honorabilidad e insistió que no se trata de un tema de corrupción.
“Si bien hay errores en lo que significa el manejo de los 91.000 bolivianos por parte de Víctor Hugo Moreno al no cumplirse los procedimientos, eso lo determinará la auditoría interna, para establecer cuál es la sanción y cargos administrativos, por lo que para despejar las dudas es competencia de la Fiscalía de Distrito analizar ese tema y determinar cuál será el proceso”, manifestó.
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