A la salida del juzgado, Prado, sobre quien pesan 33 acusaciones formales, entre ellas facilitar la liberación de avezados maleantes, dijo haber pedido, ella misma, su detención.
"No voy a interferir en la investigación", afirmó sin enfados mientras un pelotón de policías y agentes del Ministerio Público impedía que la ex jueza sea agredida en la calle por las personas a quienes perjudicó, de camino a la cárcel.
Un juez de La Paz encontró indicios de culpabilidad suficientes para enviarla tras las rejas, y la encauzó por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y prevaricato.
La audiencia de medidas cautelares en contra de Prado se cumplió en el Juzgado VIII de Instrucción Penal-Cautelar, a cargo del magistrado Orlando Rojas, quien determinó la reclusión de la acusada en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
En su criterio, la petición de la imputada de ser detenida, fue "como estrategia, porque no va a poder desvirtuar todo lo que existe en el cuaderno de investigaciones en su contra, ni las evidencias que se han encontrado".
Hace tres meses, seis criminales salieron en libertad, cuando la jueza debía aplicar la Ley 007, que advierte mayor cuidado y sanciones duras para los reincidentes.
El informe de la FELCC, reveló que entre esos casos la jueza liberó a William Morante Lagos (cabecilla), José Saucedo Jaime, Asunción Pariona Palomino, Jesús Sarmiento, Ansisar Guillen Rincón y Luis Eduardo Bueno Mallea.
Esa organización fue desbaratada cuando intentaron atracar a mano armada la importadora de vidrios "Los Ángeles", en la zona 16 de Julio, en inmediaciones de la Escuela Santa María de los Ángeles, recordó el jefe policial.
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