Jacob Ostreicher, luego de haber recibido arresto domiciliario, por parte de la jueza Eneas Gentile, ayer, dejó la clínica Incor, bajo una fuerte custodia policial. El empresario estadounidense agradeció al presidente Evo Morales y a la prensa por el apoyo brindado y pidió a todas las personas que estuvieron al tanto de su problema respetar su vida privada.
Ostreicher estuvo privado de libertad por más de 18 meses, logró su libertad condicional luego de la suspensión de 29 audiencias, varias de ellas aplazadas por algunos pasos procesales que no se cumplieron.
El momento en que el estadounidense dejó el nosocomio, en una conferencia de prensa improvisada, aprovechó para agradecer a toda la población boliviana por preocuparse de su caso y su libertad.
De la misma forma señaló que la prensa también fue una parte fundamental para que las autoridades judiciales decidan darle la libertad sustitutiva; “ustedes fueron las personas fundamentales que le dieron el empujón para que las autoridades tal vez se sensibilicen con mi caso”, señaló.
Al referirse a las personas que fueron implicadas en el caso de la red de corrupción y extorsión, manifestó que este problema que le causaron no fue hecho solamente por las personas que en el momento se encuentran en la cárcel, por lo que su persona seguirá en la investigación.
jueves, 20 de diciembre de 2012
Bonifaz y Dorado enfrentados por caso de red de extorsión
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, denunció este miércoles que tiene una lista con 8 nombres de diputados de Convergencia Nacional (CN) que habrían incurrido en hechos de corrupción, sin embargo guardó en reserva los nombres, los cuales dijo que anunciará este jueves en conferencia de prensa.
“Los últimos informes que nos ha llegado se están aumentando más asambleístas que están implicados”, dijo Bonifaz.
Por su parte, el Jefe de Bancada de Convergencia en diputados, Luis Felipe Dorado, advirtió al diputado oficialista que si no revela el nombre de los diputados que supuestamente habrían cometido hechos ilícitos, podría ser acusado de encubrimiento, además de ser pasible a una denuncia ante la Comisión de Ética por difamar a la oposición.
Dorado aclaró que en el caso de que algún diputado de Convergencia esté involucrado en algún hecho de corrupción, “seguramente estaría apadrinado por el MAS”, por lo que espera que el diputado Bonifaz denuncie a todos los responsables del supuesto hecho de corrupción que anunció desde la semana pasada.
El líder de CN en Diputados consideró que la “torpe maniobra” de Bonifaz se debe a que “los indicios cada vez apuntan más al ministro de la Presidencia, Ramón Quintana”, luego de que el actor Sean Penn vinculara a la red de extorsión con el narcotraficante Maximiliano Dorado, “el mismo que según la revista Veja financiaba a Quintana”.
“Los últimos informes que nos ha llegado se están aumentando más asambleístas que están implicados”, dijo Bonifaz.
Por su parte, el Jefe de Bancada de Convergencia en diputados, Luis Felipe Dorado, advirtió al diputado oficialista que si no revela el nombre de los diputados que supuestamente habrían cometido hechos ilícitos, podría ser acusado de encubrimiento, además de ser pasible a una denuncia ante la Comisión de Ética por difamar a la oposición.
Dorado aclaró que en el caso de que algún diputado de Convergencia esté involucrado en algún hecho de corrupción, “seguramente estaría apadrinado por el MAS”, por lo que espera que el diputado Bonifaz denuncie a todos los responsables del supuesto hecho de corrupción que anunció desde la semana pasada.
El líder de CN en Diputados consideró que la “torpe maniobra” de Bonifaz se debe a que “los indicios cada vez apuntan más al ministro de la Presidencia, Ramón Quintana”, luego de que el actor Sean Penn vinculara a la red de extorsión con el narcotraficante Maximiliano Dorado, “el mismo que según la revista Veja financiaba a Quintana”.
Ramírez dice que fue presionado por Nardi Suxo
La exautoridad afirma que la Ministra presionó al juez del caso Catler I por venganza.
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez denunció ayer haber recibido presión de parte de la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, para contratar los servicios de una empresa aseguradora perteneciente al hermano de esta autoridad.
Ayer se desarrolló la audiencia de juicio oral en el caso Visas Chinas, en la que se leyó la sentencia de absolución a favor de la exautoridad de la estatal petrolera. Con el fallo del juez, queda cerrado el caso de manera definitiva.
La presión. Santos Ramírez denunció que, durante su gestión en presidencia, “un día, Nardi Suxo vino a YPFB con su hermano Jorge Suxo, quien es gerente de una empresa corredora de seguros, y me pidió que yo coloque a ese corredor en la corporación de YPFB y yo no quise”.
Según la exautoridad, esta negativa, de contratar los servicios del hermano de Suxo, tuvo consecuencias, pues la Ministra, supuestamente, ejerció presiones al juez encargado del proceso del caso Catler, José Luis Rivero, para que dicte sentencia en su contra.
Un reto para la ministra. Asimismo, y ante los medios de comunicación, Ramírez retó públicamente a la Ministra de Transparencia para que dé explicaciones e investigue por qué la planta separadora de líquidos de Río Grande tiene un precio actual de 106 millones de dólares, cuando durante su gestión se calcularon sólo 86,4 millones de dólares.
Extorsión. Ramírez también denunció haber sido extorsionado por el exfiscal Harry Suaznábar, quien le pidió fuertes sumas de dinero para que los fallos judiciales en el caso Catler sean a su favor.
Ramírez relató: “El señor Harry Suaznábar, fiscal del caso Catler, es quien me pidió dinero en el pasillo. Me dijo que si le daba el dinero, 50.000 dólares, él no iba a presentar la acusación y además vería mi caso en Catler I”. Afirmó también que esta denuncia será presentada ante el Ministerio Público.
El exhombre fuerte del MAS explicó además que el exfiscal le advirtió que si no pagaba la suma estipulada, tendría “serios problemas” para lograr una sentencia favorable en Catler I.
A fines de noviembre, el exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas también vinculó a Suaznábar con el bullado caso de la red de extorsionadores, funcionarios de dos ministerios.
Semanas atrás, Ramirez vinculó a la Ministra anticorrupción con la red de extorsión. Las investigaciones aún se desarrollan para esclarecer el hecho. Actualmente hay más de diez detenidos.
86,4 millones de dólares era el costo de la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande.
El caso Catler se destapó con el asesinato de Jorge O'Connor. Santos Ramírez, expresidente de (YPFB), fue condenado por el juez José Luis Rivero Aliaga a 12 años de reclusión en el penal de San Pedro. Fue declarado culpable de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.
“Los procesos instalados en mi contra son por represalias por no haber contrado a su hermano (de Suxo)”.
Santos Ramírez / EXPRESIDENTE DE YPFB
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez denunció ayer haber recibido presión de parte de la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, para contratar los servicios de una empresa aseguradora perteneciente al hermano de esta autoridad.
Ayer se desarrolló la audiencia de juicio oral en el caso Visas Chinas, en la que se leyó la sentencia de absolución a favor de la exautoridad de la estatal petrolera. Con el fallo del juez, queda cerrado el caso de manera definitiva.
La presión. Santos Ramírez denunció que, durante su gestión en presidencia, “un día, Nardi Suxo vino a YPFB con su hermano Jorge Suxo, quien es gerente de una empresa corredora de seguros, y me pidió que yo coloque a ese corredor en la corporación de YPFB y yo no quise”.
Según la exautoridad, esta negativa, de contratar los servicios del hermano de Suxo, tuvo consecuencias, pues la Ministra, supuestamente, ejerció presiones al juez encargado del proceso del caso Catler, José Luis Rivero, para que dicte sentencia en su contra.
Un reto para la ministra. Asimismo, y ante los medios de comunicación, Ramírez retó públicamente a la Ministra de Transparencia para que dé explicaciones e investigue por qué la planta separadora de líquidos de Río Grande tiene un precio actual de 106 millones de dólares, cuando durante su gestión se calcularon sólo 86,4 millones de dólares.
Extorsión. Ramírez también denunció haber sido extorsionado por el exfiscal Harry Suaznábar, quien le pidió fuertes sumas de dinero para que los fallos judiciales en el caso Catler sean a su favor.
Ramírez relató: “El señor Harry Suaznábar, fiscal del caso Catler, es quien me pidió dinero en el pasillo. Me dijo que si le daba el dinero, 50.000 dólares, él no iba a presentar la acusación y además vería mi caso en Catler I”. Afirmó también que esta denuncia será presentada ante el Ministerio Público.
El exhombre fuerte del MAS explicó además que el exfiscal le advirtió que si no pagaba la suma estipulada, tendría “serios problemas” para lograr una sentencia favorable en Catler I.
A fines de noviembre, el exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas también vinculó a Suaznábar con el bullado caso de la red de extorsionadores, funcionarios de dos ministerios.
Semanas atrás, Ramirez vinculó a la Ministra anticorrupción con la red de extorsión. Las investigaciones aún se desarrollan para esclarecer el hecho. Actualmente hay más de diez detenidos.
86,4 millones de dólares era el costo de la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande.
El caso Catler se destapó con el asesinato de Jorge O'Connor. Santos Ramírez, expresidente de (YPFB), fue condenado por el juez José Luis Rivero Aliaga a 12 años de reclusión en el penal de San Pedro. Fue declarado culpable de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.
“Los procesos instalados en mi contra son por represalias por no haber contrado a su hermano (de Suxo)”.
Santos Ramírez / EXPRESIDENTE DE YPFB
Amigo de Ostreicher Medidas sustitutivas para Schmidt
El juez del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, Rony Peredo, determinó libertad condicional para el alemán Dirk Schmidt, acusado de levantamiento armado. El alemán deberá cancelar una fianza de 40 mil bolivianos y presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días.
Schmidt contaba con detención preventiva en el penal de Palmasola y brindaba seguridad al estadounidense Jacob Ostreicher, quien al ser liberado ayer abogó por el alemán. La primera semana de diciembre, Schmidt se favoreció con medidas sustitutivas en el caso de la presunta extorsión a menonitas, pero debió continuar recluido en Palmasola por otro caso de alzamiento armado
Schmidt contaba con detención preventiva en el penal de Palmasola y brindaba seguridad al estadounidense Jacob Ostreicher, quien al ser liberado ayer abogó por el alemán. La primera semana de diciembre, Schmidt se favoreció con medidas sustitutivas en el caso de la presunta extorsión a menonitas, pero debió continuar recluido en Palmasola por otro caso de alzamiento armado
Un 'ejército' vigila la casa de Ostreicher
La defensa del empresario Jacob Ostreicher, quien desde el martes está con medidas sustitutivas a la detención preventiva, anunció que pedirá la devolución de los bienes que le incautaron al empresario, dentro del proceso que se le sigue por los supuestos delitos de legitimación de ganancias y organización criminal. Su abogado, Yimmy Montaño, agregó que si se confirma que sus bienes recibieron algún tipo de daño, ampliarán la denuncia contra los responsables.
Ostreicher denunció que había sido víctima de extorsión por parte de sus querellantes del Ministerio de Gobierno y ahí se destapó la existencia de una presunta red corrupta, en la que están implicados jueces, fiscales, exfuncionarios del Gobierno y se indaga además si hay políticos también comprometidos.
Fuerte dispositivo de seguridad. Más de 15 personas resguardan los perímetros aledaños a la casa de Ostreicher en Equipetrol. Cuatro de Inteligencia controlan en el exterior, mientras que en el patio y el jardín de la casa hay miembros del Grupo Delta y, por si fuera poco, la seguridad privada del estadounidense vigila el lugar desde la segunda planta. Montaño dijo que pedirán más seguridad para su defendido, quien se presentaba a las audiencias con chaleco antibalas. Ostreicher estuvo con detención preventiva durante 18 meses y hasta el martes, cuando la juez Eneas Gentile le impuso arraigo domiciliario.
Golpe a la justicia. La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó ayer no aceptar la solicitud de permiso de Mario Rocha, quien ha sido vinculado a la red de extorsión y que está desaparecido desde el martes. Ayer la comisión de fiscales que investiga el caso Ostreicher emitió una orden de aprehensión contra López. Ante esta comisión declara hoy el ministro Carlos Romero en calidad de testigo. El exfiscal del Beni Carlos Roberto Achá y su esposa Cory Balcázar, aprehendidos el martes por una denuncia de extorsión del alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, irán hoy a las 9:30 ante un juez cautelar.
'Están todavía intactos algunos fiscales y jueces que se dedicaban a presionar'
Nicolás Ribera
Comité Pro Santa Cruz
Ostreicher denunció que había sido víctima de extorsión por parte de sus querellantes del Ministerio de Gobierno y ahí se destapó la existencia de una presunta red corrupta, en la que están implicados jueces, fiscales, exfuncionarios del Gobierno y se indaga además si hay políticos también comprometidos.
Fuerte dispositivo de seguridad. Más de 15 personas resguardan los perímetros aledaños a la casa de Ostreicher en Equipetrol. Cuatro de Inteligencia controlan en el exterior, mientras que en el patio y el jardín de la casa hay miembros del Grupo Delta y, por si fuera poco, la seguridad privada del estadounidense vigila el lugar desde la segunda planta. Montaño dijo que pedirán más seguridad para su defendido, quien se presentaba a las audiencias con chaleco antibalas. Ostreicher estuvo con detención preventiva durante 18 meses y hasta el martes, cuando la juez Eneas Gentile le impuso arraigo domiciliario.
Golpe a la justicia. La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó ayer no aceptar la solicitud de permiso de Mario Rocha, quien ha sido vinculado a la red de extorsión y que está desaparecido desde el martes. Ayer la comisión de fiscales que investiga el caso Ostreicher emitió una orden de aprehensión contra López. Ante esta comisión declara hoy el ministro Carlos Romero en calidad de testigo. El exfiscal del Beni Carlos Roberto Achá y su esposa Cory Balcázar, aprehendidos el martes por una denuncia de extorsión del alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, irán hoy a las 9:30 ante un juez cautelar.
'Están todavía intactos algunos fiscales y jueces que se dedicaban a presionar'
Nicolás Ribera
Comité Pro Santa Cruz
miércoles, 19 de diciembre de 2012
Boris Villegas trabajó un mes en Transparencia y no 16 días
Boris Villegas, presuntamente implicado en la red de extorsión, trabajó un mes en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y no sólo 16 días como afirmó esta cartera de Estado.
Villegas, según los datos obtenidos del SIGMA, ejerció el cargo de “servicio de atención al ciudadano”; ingresó al ministerio el 10 de septiembre y su renuncia fue aprobada el miércoles 10 de octubre de 2012.
Cuando se mencionó la supuesta relación de Villegas con la red de extorsionadores, desde la Unidad de Comunicación de ese despacho se informó que éste trabajó solamente 16 días y que renunció en septiembre.
Sin embargo, ayer desde ese ministerio dijeron a Página Siete que en realidad trabajó “20 días hábiles”; aun así, esta información no concuerda con la planilla del SIGMA, que registra la fecha de designación y de renuncia y el cargo que ejerció Villegas.
El ex funcionario gubernamental, ahora detenido en Palmasola por su presunta relación con la red de extorsionadores, formó parte del Ministerio de Gobierno, donde ingresó el 1 de enero de 2008 como director de Gestión Jurídica, luego fue director general de esa oficina hasta el 16 de mayo de este año, según los datos del SIGMA.
Estuvo trabajando en el Ministerio de Gobierno hasta el mes de mayo de este año. Entonces le habrían pedido que renuncie porque habría realizado un seguimiento al actual viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
El viernes, la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que “cuando se produjo la contratación (de Villegas), que les vuelvo a decir, fue de tan breve tiempo, no tenía denuncia”, aunque también admitió que ya en octubre conoció una denuncia sobre la red de extorsión que operaba desde dos ministerios del Estado.
La red de extorsión fue investigada y denunciada por el Ministerio de Gobierno, a raíz de la extorsión del que había sido objeto el empresario estadounidense Jacob Ostreicher.
El primer detenido por este caso fue el funcionario del Ministerio de la Presidencia y concuñado del diputado Héctor Arce, José Manuel Antezana, el pasado 26 de noviembre.
Villegas pasó por cuatro ministerios
El paso del ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas Rocabado, por esferas del Gobierno no es reciente. Trabajó en cuatro ministerios de Estado desde octubre de 2006.
Uno de los hombres fuertes del Ministerio de Gobierno, participó en diferentes operativos de conflicto uno de ellos la intervención violenta a la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, en la localidad de Chaparina. Pasaron ministros y viceministros por ese despacho de Estado, sin embargo Villegas siempre se mantuvo en su cargo; hasta que en enero de este año Carlos Romero fue posesionado como Ministro y cuatro meses después en mayo de este año Villegas renuncio al cargo.
Antes cumplió funciones como jefe de unidad del Ministerio de Trabajo; también estuvo durante tres meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el Ministerio de Gobierno fue donde más tiempo se quedó desde 2008 hasta el 2012.
Romero fue quien hizo público el caso de extorsión a Jacob Ostreiccher.
Villegas, según los datos obtenidos del SIGMA, ejerció el cargo de “servicio de atención al ciudadano”; ingresó al ministerio el 10 de septiembre y su renuncia fue aprobada el miércoles 10 de octubre de 2012.
Cuando se mencionó la supuesta relación de Villegas con la red de extorsionadores, desde la Unidad de Comunicación de ese despacho se informó que éste trabajó solamente 16 días y que renunció en septiembre.
Sin embargo, ayer desde ese ministerio dijeron a Página Siete que en realidad trabajó “20 días hábiles”; aun así, esta información no concuerda con la planilla del SIGMA, que registra la fecha de designación y de renuncia y el cargo que ejerció Villegas.
El ex funcionario gubernamental, ahora detenido en Palmasola por su presunta relación con la red de extorsionadores, formó parte del Ministerio de Gobierno, donde ingresó el 1 de enero de 2008 como director de Gestión Jurídica, luego fue director general de esa oficina hasta el 16 de mayo de este año, según los datos del SIGMA.
Estuvo trabajando en el Ministerio de Gobierno hasta el mes de mayo de este año. Entonces le habrían pedido que renuncie porque habría realizado un seguimiento al actual viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
El viernes, la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que “cuando se produjo la contratación (de Villegas), que les vuelvo a decir, fue de tan breve tiempo, no tenía denuncia”, aunque también admitió que ya en octubre conoció una denuncia sobre la red de extorsión que operaba desde dos ministerios del Estado.
La red de extorsión fue investigada y denunciada por el Ministerio de Gobierno, a raíz de la extorsión del que había sido objeto el empresario estadounidense Jacob Ostreicher.
El primer detenido por este caso fue el funcionario del Ministerio de la Presidencia y concuñado del diputado Héctor Arce, José Manuel Antezana, el pasado 26 de noviembre.
Villegas pasó por cuatro ministerios
El paso del ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas Rocabado, por esferas del Gobierno no es reciente. Trabajó en cuatro ministerios de Estado desde octubre de 2006.
Uno de los hombres fuertes del Ministerio de Gobierno, participó en diferentes operativos de conflicto uno de ellos la intervención violenta a la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, en la localidad de Chaparina. Pasaron ministros y viceministros por ese despacho de Estado, sin embargo Villegas siempre se mantuvo en su cargo; hasta que en enero de este año Carlos Romero fue posesionado como Ministro y cuatro meses después en mayo de este año Villegas renuncio al cargo.
Antes cumplió funciones como jefe de unidad del Ministerio de Trabajo; también estuvo durante tres meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el Ministerio de Gobierno fue donde más tiempo se quedó desde 2008 hasta el 2012.
Romero fue quien hizo público el caso de extorsión a Jacob Ostreiccher.
martes, 18 de diciembre de 2012
A 23 días de la caída de red de extorsión 10 altos funcionarios están en la cárcel
A 23 días del destape de la red de corrupción y extorsión al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y otras personas dejó este martes un saldo de una decena de aprehendidos.
La red de extorsión fue descubierta el 26 de noviembre pasado a raíz de múltiples denuncias que hizo Jacob Ostreicher, quien invirtió 27 millones de dólares en el sector agrícola y fue detenido en junio del año pasado por presunta legitimación de ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico.
El ciudadano estadounidense fue víctima durante 18 meses de un clan de extorsionadores integrado por influyentes funcionarios de los ministerios de la Presidencia y Gobierno.
Ostreicher, junto a un empresario suizo, había invertido 27 millones de dólares en el sector agropecuario de Bolivia al comprar hace dos años tierras, ganado bovino, arroz y maquinaria agrícola en el departamento de Santa Cruz.
Pero las tierras habían sido compradas al brasileño Maximiliano Dorado, un presunto narcotraficante que ahora está detenido en su país, situación que provocó que las autoridades antidrogas de Bolivia inicien un proceso por el cual el estadounidense fue detenido en la cárcel pública de Santa Cruz de la Sierra.
Ahora el estadounidense padece la enfermedad de Parkinson y otros males. Una audiencia definió este martes medidas sustitutivas a su favor por lo que podrá defenderse en libertad.
Ostreicher proclamó inocencia pero fue víctima de un clan de extorsionadores que controlaban el sistema judicial, al extremo de revertir una acción de libertad a su favor. Además consiguieron que se suspendan 25 de 28 audiencias judiciales por diversos motivos.
El clan era liderado por Fernando Rivera que era abogado del Ministerio de Gobierno (Interior) y José Manuel Antezana, director de gestión pública del Ministerio de la Presidencia.
El clan operaba hace cinco años y medio en los dos ministerios y utilizaba a otros funcionarios para realizar diversos cobros y tareas de intimidación judicial a enemigos políticos del gobierno de Evo Morales.
La detención de Ostreicher conmovió a la comunidad judía, y movilizó a Bolivia a los congresistas estadounidenses Nydia Velásquez y Christopher Smith, quien lo visitó en la cárcel de Palmasola, sitio al que también llegó el actor Senn Penn, quien fue nombrado por el presidente Evo Morales como embajador de la defensa de la coca, la reivindicación marítima de Bolivia y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que radica desde 2003 en Estados Unidos.
La investigación provocó en 23 días la detención de diez personas, entre ellos de Isabelino Gómez, máxima autoridad judicial del departamento de Santa Cruz.
El actor estadounidense Sean Penn, quien participó el martes 11 de diciembre de una frustrada audiencia para recuperar la libertad de su compatriota, Jacob Ostreicher, advirtió al presidente Evo Morales que su gobierno podría ser debilitado por la red de extorsión, y expuesto inclusive a un golpe de estado.
“Existe un cáncer que está atacando el corazón de Bolivia. Los niveles de corrupción expuestos, a través de las investigaciones, ha descubierto increíbles ataques para los que no están asociados a esta red”, dijo Penn, quien alertó a Evo Morales de esta organización delictiva gracias a su proximidad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Entre los detenidos por el “caso Ostreicher” figuran Ramiro Ordóñez López, ex funcionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz, quien fue enviado a Palmasola por incumplimiento de deberes. Denis Rodas, abogado del ministerio de Gobierno; Boris Villegas, ex director de régimen interior y Moisés Aguilera, ex ejecutivo de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), quienes fueron investigados por una comisión de fiscales y jueces.
A ellos se suma Gustavo Wagner Céspedes (hombre de confianza de Rivera), recluido en Palmasola y Franklin Pedraza Suárez y Eduard Stefane Bellido, ambos ex funcionarios de Dircabi, quienes se beneficiaron con medidas sustitutivas.
La juez noveno de instrucción en lo penal, Eneas Gentiles, determinó el pasado sábado 15 en la noche la detención preventiva en el penal de Palmasola, del ex inspector de DIRCABI, Miguel Gutiérrez Solís, quien advirtió que hay muchas personas que no están siendo procesadas, pese a que él ya dio sus nombres a los investigadores.
Gutiérrez fue el décimo detenido preventivamente en el penal de Palmasola tras ser acusado por el Ministerio Público por los delitos de enriquecimiento ilícito con daños al Estado, beneficio en razón de cargo peculado y asociación criminal, por la desaparición de bienes de Jacob Ostreicher.
Por otra parte, un grupo de congresistas de Estados Unidos envió el 13 de diciembre una carta al presidente de Bolivia, Evo Morales, instándole a liberar "sin dilaciones" al empresario norteamericano Jacob Ostreicher, quien lleva 18 meses detenido "ilegalmente" sin que se hayan presentado cargos ni pruebas en su contra.
"Nos trastorna profundamente el hecho de que el señor Ostreicher permanezca detenido ilegalmente y que se le haya denegado la libertad bajo fianza de forma repetida (...) está claro que no hay base legal para su arresto en junio de 2011", subrayan en su misiva siete legisladores, tanto republicanos como demócratas.
Se trata del republicano Chris Smith y la demócrata Nydia Velázquez, quienes acaban de regresar de visitar a Ostreich en Bolivia, así como los legisladores demócratas Eliot Engel y Jarrold Nadler, así como los republicanos Connie Mack, Robert Turner y Tom Marino.
Las últimas aprehensiones por los casos de extorsión son el fiscal Roberto Carlos Achá y su esposa Cori Balcázar, sindicados de cobro de dinero por el actual alcalde de Warnes, Mario Cronenbold.
La red de extorsión fue descubierta el 26 de noviembre pasado a raíz de múltiples denuncias que hizo Jacob Ostreicher, quien invirtió 27 millones de dólares en el sector agrícola y fue detenido en junio del año pasado por presunta legitimación de ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico.
El ciudadano estadounidense fue víctima durante 18 meses de un clan de extorsionadores integrado por influyentes funcionarios de los ministerios de la Presidencia y Gobierno.
Ostreicher, junto a un empresario suizo, había invertido 27 millones de dólares en el sector agropecuario de Bolivia al comprar hace dos años tierras, ganado bovino, arroz y maquinaria agrícola en el departamento de Santa Cruz.
Pero las tierras habían sido compradas al brasileño Maximiliano Dorado, un presunto narcotraficante que ahora está detenido en su país, situación que provocó que las autoridades antidrogas de Bolivia inicien un proceso por el cual el estadounidense fue detenido en la cárcel pública de Santa Cruz de la Sierra.
Ahora el estadounidense padece la enfermedad de Parkinson y otros males. Una audiencia definió este martes medidas sustitutivas a su favor por lo que podrá defenderse en libertad.
Ostreicher proclamó inocencia pero fue víctima de un clan de extorsionadores que controlaban el sistema judicial, al extremo de revertir una acción de libertad a su favor. Además consiguieron que se suspendan 25 de 28 audiencias judiciales por diversos motivos.
El clan era liderado por Fernando Rivera que era abogado del Ministerio de Gobierno (Interior) y José Manuel Antezana, director de gestión pública del Ministerio de la Presidencia.
El clan operaba hace cinco años y medio en los dos ministerios y utilizaba a otros funcionarios para realizar diversos cobros y tareas de intimidación judicial a enemigos políticos del gobierno de Evo Morales.
La detención de Ostreicher conmovió a la comunidad judía, y movilizó a Bolivia a los congresistas estadounidenses Nydia Velásquez y Christopher Smith, quien lo visitó en la cárcel de Palmasola, sitio al que también llegó el actor Senn Penn, quien fue nombrado por el presidente Evo Morales como embajador de la defensa de la coca, la reivindicación marítima de Bolivia y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que radica desde 2003 en Estados Unidos.
La investigación provocó en 23 días la detención de diez personas, entre ellos de Isabelino Gómez, máxima autoridad judicial del departamento de Santa Cruz.
El actor estadounidense Sean Penn, quien participó el martes 11 de diciembre de una frustrada audiencia para recuperar la libertad de su compatriota, Jacob Ostreicher, advirtió al presidente Evo Morales que su gobierno podría ser debilitado por la red de extorsión, y expuesto inclusive a un golpe de estado.
“Existe un cáncer que está atacando el corazón de Bolivia. Los niveles de corrupción expuestos, a través de las investigaciones, ha descubierto increíbles ataques para los que no están asociados a esta red”, dijo Penn, quien alertó a Evo Morales de esta organización delictiva gracias a su proximidad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Entre los detenidos por el “caso Ostreicher” figuran Ramiro Ordóñez López, ex funcionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz, quien fue enviado a Palmasola por incumplimiento de deberes. Denis Rodas, abogado del ministerio de Gobierno; Boris Villegas, ex director de régimen interior y Moisés Aguilera, ex ejecutivo de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), quienes fueron investigados por una comisión de fiscales y jueces.
A ellos se suma Gustavo Wagner Céspedes (hombre de confianza de Rivera), recluido en Palmasola y Franklin Pedraza Suárez y Eduard Stefane Bellido, ambos ex funcionarios de Dircabi, quienes se beneficiaron con medidas sustitutivas.
La juez noveno de instrucción en lo penal, Eneas Gentiles, determinó el pasado sábado 15 en la noche la detención preventiva en el penal de Palmasola, del ex inspector de DIRCABI, Miguel Gutiérrez Solís, quien advirtió que hay muchas personas que no están siendo procesadas, pese a que él ya dio sus nombres a los investigadores.
Gutiérrez fue el décimo detenido preventivamente en el penal de Palmasola tras ser acusado por el Ministerio Público por los delitos de enriquecimiento ilícito con daños al Estado, beneficio en razón de cargo peculado y asociación criminal, por la desaparición de bienes de Jacob Ostreicher.
Por otra parte, un grupo de congresistas de Estados Unidos envió el 13 de diciembre una carta al presidente de Bolivia, Evo Morales, instándole a liberar "sin dilaciones" al empresario norteamericano Jacob Ostreicher, quien lleva 18 meses detenido "ilegalmente" sin que se hayan presentado cargos ni pruebas en su contra.
"Nos trastorna profundamente el hecho de que el señor Ostreicher permanezca detenido ilegalmente y que se le haya denegado la libertad bajo fianza de forma repetida (...) está claro que no hay base legal para su arresto en junio de 2011", subrayan en su misiva siete legisladores, tanto republicanos como demócratas.
Se trata del republicano Chris Smith y la demócrata Nydia Velázquez, quienes acaban de regresar de visitar a Ostreich en Bolivia, así como los legisladores demócratas Eliot Engel y Jarrold Nadler, así como los republicanos Connie Mack, Robert Turner y Tom Marino.
Las últimas aprehensiones por los casos de extorsión son el fiscal Roberto Carlos Achá y su esposa Cori Balcázar, sindicados de cobro de dinero por el actual alcalde de Warnes, Mario Cronenbold.
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