Este miércoles declaran Llorenti, Suxo y Quintana en el caso Extorsión

Para este miércoles la comisión nacional de fiscales que investiga la conformación de la red de extorsionadores de funcionarios del Órgano Ejecutivo, programó para este miércoles las declaraciones en calidad de testigos de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, y del exministro de Gobierno y actual embajador ante la ONU, Sacha Llorenti.

El primero en presentarse ante el Ministerio Púbico de la ciudad de Santa Cruz será Sacha Llorenti siendo que sus declaraciones están previstas para las 9:00 horas de este miércoles. En horas de la tarde, a las 15:00 horas el ministro de la Presidencia, deberá asistir ante la comisión de fiscales, y por último Nardy Suxo deberá iniciar sus declaraciones a partir de las 17:00 horas.

Dentro las investigaciones para esclarecer la conformación de la red de extorsionadores que se destapó a través de una denuncia del norteamericano, Jacob Ostreicher, quien ahora se encuentra en libertad condicional y acusado de supuesta legitimación de ganancias ilícitas, declararon también en calidad de testigos, las autoridades Carlos Romero, ministro de Gobierno; Wilfredo Chávez y Alfredo Rada, ex ministros de esta cartera de Estado.

El Ministerio Público también citará al ex viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, además de otros ex viceministros, ex y actuales directores Jurídicos de los ministerios en los que fueron descubiertas las personas vinculadas con la red delictiva que presuntamente tendrían alguna información de la confirmación de esta red.

El pasado lunes la comisión de fiscales recepcionó las declaraciones del alemán Dirk Schmidt en las celdas de la cárcel de Palmasola donde aún permanece a la espera de su libertad condicional, siendo que este ciudadano extranjero dijo tener información de la red de extorsionadores que realizaban los ex asesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas.

Además de Rivera y Rodas quienes se encuentran con detención preventiva, Boris Villegas, ex funcionario del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, y el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez también se encuentran en la cárcel de Palmasola.

La Fiscalía declaró prófugo al presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha.

Gobierno plantea vigilar a jueces y fiscales con agentes encubiertos

El vicepresidente Álvaro García afirmó el sábado que es necesario encarar la reforma estructural del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para anular la posibilidad de corrupción, como la detectada a partir de la investigación al proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher.

“Que inicie un juicio hoy y que en tres meses se encarcele o libere al imputado, eso es cambiar el procedimiento. Porque es en el uso del tiempo que los abogados, jueces y fiscales han montado sus maquinarias de extorsión sobre los inculpados. Necesitamos tiempos que acorten: que en vez de cuatro, en tres meses se acabe un juicio”, insistió.

Actualmente el plazo para la etapa preparativa de un proceso es de seis meses, tiempo que puede ampliarse hasta 18 meses, según normas vigentes. La culminación de un juicio no puede extenderse más allá de tres años, explicó Milton Mendoza, el exfiscal y magistrado suplente del Tribunal Constitucional.

Reformas. La averiguación sobre las irregularidades en el proceso instaurado a Ostreicher, quien estuvo encarcelado por 18 meses sin un juicio y sentencia, permitió desarticular una red de corrupción y extorsión en la que estaban involucrados funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, fiscales y jueces.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer a La Razón que la incorporación de los agentes encubiertos es otra de las propuestas en la línea de combatir la corrupción de los operadores de justicia.

“Hay que tener gente que esté haciendo seguimiento al trabajo de jueces y fiscales, sin que necesariamente puedan percatarse de su participación. Este mecanismo serviría para el control de sus actuaciones y también de los servidores públicos del Órgano Ejecutivo”, anticipó la autoridad.

El equipo de agentes encubiertos estaría formado por personas con especialidad en inteligencia operativa y que sean de “probada trayectoria moral”, apuntó Romero. Al respecto, García anunció el 5 de diciembre que era tiempo de crear la Unidad de Agentes Encubiertos “para fortalecer la transparencia en las entidades públicas e identificar a los responsables de actos de corrupción”.

En la red delictiva descubierta operaban los funcionarios Boris Villegas, Fernando Rivera y Dennis Rodas (del Ministerio de Gobierno), y José Manuel Antezana (del Ministerio de la Presidencia). También está vinculado el exfiscal del distrito cruceño Isabelino Gómez, entre otros. El presidente del Tribunal de Justicia cruceño Ariel Rocha está prófugo.

“En el ámbito judicial se ha hecho un gran cambio en la composición de clase (máximas autoridades en elección por voto directo), pero no es suficiente. El cambio que falta (está en) los procedimientos; mientras haya procedimientos legales que dejen la suerte de un ciudadano en manos de un fiscal o un juez, va a seguir la corrupción”, advirtió García Linera.

También se proyecta auditorías a procesos judiciales. “Entre las acciones enfocadas a detener la corrupción en la justicia están auditorías efectuadas por abogados externos de los procesos penales que parezcan irregulares”, adelantó Romero, y añadió que igual son necesarias auditorías a los bienes de los operadores de justicia.

El ministro remarcó que “debe haber una transparentación constante del patrimonio de jueces y fiscales, con declaraciones juradas periódicas y sujetas a cualquier pericia”, y aclaró que todos estos planteamientos y reformas deberían ser discutidos hasta mediados del siguiente año.

Los jueces ciudadanos

Cambios

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que perfilan en las reformas judiciales incrementar la participación de los jueces ciudadanos en los juicios. Actualmente la oralidad está instituida en el área penal.

Asamblea ratifica a 3 ministros

ABI - La Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó ayer su confianza en la gestión de los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón

Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, luego de que éstos respondieran a un pliego de interpelación solicitado por el Movimiento Sin Miedo (MSM), por el llamado caso Extorsión.

“Se aprobó el informe que los ministros han presentado, por unanimidad de nosotros (bancada oficialista). Ha quedado en claro la postura de nuestro Gobierno: una guerra sin cuartel a la corrupción. Los tres ministros interpelados fueron muy precisos y muy claros en sus respuestas, a más de 100 preguntas que se les hizo”, informó Rina Aguirre, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los ministros informaron sobre los procedimientos que se hicieron para descubrir a la red de corrupción, en la que se vieron involucrados exfuncionarios públicos, jueces y fiscales.

Los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, despedidos del Ministerio de Gobierno y recluidos en la cárcel de Palmasola, fueron presentados como la cabeza visible de la banda de extorsionadores descubierta a partir de la pesquisa de irregularidades en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.

Suxo evitó que dos acusados de la red sean despedidos

Wilfredo Chávez, ex ministro de Gobierno, afirmó en sus declaraciones ante la Fiscalía, que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, evitó el despido de al menos dos funcionarios gubernamentales que ahora están acusados por formar parte de la red de extorsión.

Ese matutino intentó ayer comunicarse con la ministra Suxo; sin embargo, desde la unidad de comunicación de esa entidad afirmaron que llamarían para hacer conocer una contraparte de la autoridad aludida, pero hasta el cierre de esta edición (13:30) de ayer no hubo la llamada.

Una parte de su declaración fue leída en el programa Que no me pierda de la red Uno, difundida la noche del viernes. El fiscal habría preguntado: ¿Iniciando usted una nueva gestión como ministro de Gobierno por qué razón no agradeció los servicios a estos dos abogados (Dennis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío)? a lo que Chávez respondió:

“Recuerdo que a los días de haber ingresado, saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar (...) a los doctores Rodas y Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella. Para ser objetivo en mis decisiones, como dije antes, me decidí por la evaluación de gestión que finalmente no se dio por mi cambio”.

Rivera, Rodas y Villegas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, son considerados como los presuntos cabecillas de la red de extorsionadores que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.

En la gestión del ex ministro Chávez, Denis Rodas fue director de gestión jurídica de ese ministerio; Fernando Rivera, asesor legal; y Boris Villegas fue director de Régimen Interior.

La ministra Suxo, en pasadas semanas, negó cualquier vínculo con la red de extorsión y sobre Villegas, quien después de que salió del Ministerio de Gobierno trabajó en el Ministerio de Transparencia, dijo que éste trabajó durante un cortísimo tiempo. Inicialmente, desde ese ministerio se dijo que laboró sólo 16 días, cuando en realidad estuvo durante 30 días, según datos obtenidos del sistema SIGMA.

A principios de diciembre, dos fuentes vinculadas al Gobierno le dijeron a Página Siete que la red de extorsión, que tiene al menos 50 denuncias en contra, penetró ese despacho.

Analizan proceso contra Ariel Rocha
El Consejo de la Magistratura no descartó abrir un proceso disciplinario contra el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, después de que se conoció de su relación con la red de extorsionadores. Actualmente no se conoce su paradero.

El consejero Wilber Choque declaró a Página Siete que se instruyó a la representación departamental del Consejo de la Magistratura analizar si es que existen elementos en el marco de la Ley 025 para la apertura de un proceso disciplinario contra Rocha.

El consejero aseguró que desde que se descubrieron vínculos de autoridades judiciales con la red de extorsionadores, el Consejo de la Magistratura será más “drástico”, al momento de revisar las denuncias que llegan en contra de administradores de justicia y funcionarios. La autoridad dijo que la investigación de este caso debe estar a cargo del Ministerio Público.

Rocha es buscado por la Interpol de acuerdo con las últimas informaciones del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, porque no se presentó a prestar su declaración por este caso.

Caso Ostreicher toca las puertas del Palacio de Evo

En la víspera de Navidad la investigación sobre la presunta red de extorsión parecía tocar las puertas del Palacio de Gobierno de Evo Morales por el anuncio de la declaración de los ministros, de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Anticorrupción Nardi Suxo, y el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la ONU Sacha Llorentty, y la ampliación de las indagaciones a ministros y viceministros de por lo menos dos ministerios donde trabajaban los abogados Fernando Rivera, Boris Villegas y José Manuel Antezana, principales implicados en el cobro de fuertes sumas y de presionar a jueces y fiscales a cambio de levantar cargos o agravarlos en contra de algunas personas, entre ellas el judío norteamericano Jacob Ostreicher.

Durante la jornada de ayer la comisión investigadora hizo un alto para compartir algunas empanadas con los periodistas y luego dirigirse a la cárcel de Palmasola a escuchar las importantes revelaciones que prometió el alemán Dirk Schmidt, un expolicía e investigador privado a quien se le atribuye haber planificado con Ostreicher el destape de la red de corrupción.

Schmidt obtuvo su orden de libertad el viernes, pero por trámites permaneció detenido acusado de cobrar sumas de dinero a menonitas en supuesta complicidad con el exviceministro Gustavo Torrico, situación que luego fue desvirtuada.

La investigación trepa al Ejecutivo. En este caso permanece detenido el exfiscal de distrito Isabelino Gómez y está prófugo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha. El fiscal de Distrito, Henry Herrera, dijo que la citación a ministros y exministros, "no es protocolar" y recordó que Rocha cuando vino a declarar deslindó responsabilidades, como los exministro Alfredo Rada y Wilfredo Chávez y el actual ministro de Gobierno Carlos Romero. "No se olviden que hay otros datos con los que se van a cruzar", dijo al indicar que la investigación es objetiva.

Palmasola
Declaran tres reos, la 'colombiana', 'Dirk y Cresencio Pinto

En la lista. Hasta el cierre de la edición estaba declarando Dirk Schmidt y tenían previsto escuchar el testimonio de la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, administradora de Ostreicher, y de Cresencio Pinto, un procesado por violación a quienes también la presunta red extorsionadora les pidió dinero.

Respaldan a tres ministros acusados de nexos con la red

Luego de nueve horas de interpelación a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, la Asamblea Legislativa les dio su voto de confianza tras el cuestionamiento realizado por legisladores del Movimiento Sin Miedo (MSM) sobre a la red de corrupción desarticulada.

La sesión se prolongó desde las 19:00 del sábado hasta las 4:30 del domingo. Los ministros respondieron 126 preguntas de los diputados Marcela Revollo y Fabián Yaksic, del MSM, formuladas para que expliquen cómo investigaron a la red que se introdujo a sus ministerios.

Para el presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera, la interpelación no fue más que “un acto político encabezado por el jefe nacional de MSM, Juan del Granado” y a quien lo comparó con el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, críticas que molestaron a la diputada Revollo.

No obstante, Yaksic acusó al Órgano Ejecutivo de crear un “descontrol gubernamental autorizado” con los poderes notariados que fueron entregados a los ex funcionarios que ahora son procesados en Santa Cruz, como Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas.

El diputado criticó las facultades de “solicitar diligencias, actuar como querellantes, pedir medidas cautelares, ordenar actos de pericia, interponer recursos, pedir careos, inspección ocular, oponerse a solicitudes de libertad, presentar excusas”.

El asambleísta opositor dijo que hay “una subordinación de la justicia al poder político”. “¿Cuál es el límite de la seguridad de Estado?”, cuestionó.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió que “no hay ninguna intromisión política en las decisiones judiciales o una transgresión al Estado de Derecho. “Ésa es mucha imaginación para querer confundir a la gente”, precisó.

Además, dijo que se logró establecer pruebas que permitirán accionar judicialmente frente a la estructura organizada de abogados “de cuarta categoría e integrantes del Órgano Judicial, vinculados a la corrupción y extorsión”.

La ministra Nardi Suxo entregó varios documentos sobre las investigaciones de corrupción que tenía en su despacho, que es “el único Ministerio de Transparencia a nivel mundial”, dijo.

Al amanecer del domingo, alrededor de 50 asambleístas quedaban en sala, por lo que una vez concluida la interpelación y las réplicas se votó por la aprobación del informe de los tres ministros y por el voto de confianza a los mismos.

Denuncian actuación de Rivera en la Aduana
El directorio de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) denunció que el ex director jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera tuvo una irregular participación en algunos operativos de esta institución.

De acuerdo con los directores de la ANB Silvano Arancibia y Freddy Franco, el ex abogado del Ministerio de Gobierno, actualmente recluido en Palmasola de Santa Cruz, dirigió un operativo en la Aduana en septiembre, cuando se intervino 28 carros bomberos en predios de la Aduana de La Paz.

Los directores cuestionaron las acciones de Rivera debido al estatus autárquico de la Aduana, que impide que órganos ajenos a la entidad tengan algún tipo de injerencia en sus funciones.

Al respecto también se pronunció el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, quien precisó que los brazos de esta red de extorsión, en la que también están implicados Denis Rodas y Boris Villegas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, se habrían expandido a otras instancias al no haber tenido “un control” de sus superiores, según la información de la agencia ANF.

“Cuando salían a ver un tema, salían a ver otros más, como meterse en la Aduana, algo que muestra un sometimiento”, sostuvo ayer la ex autoridad.

Exministro Rada pasa la bola del problema a su sucesor Llorenti

Exministro Alfredo Rada desestimó una supuesta relación con la red de extorsionadores.

Una vez culminada sus declaraciones ante la comisión de fiscales del caso de la red de extorsión, el exministro de Gobierno, Alfredo Rada, ratificó que esta organización se habría conformado después que saliera del cargo.

Además, Fernando Rivera (exasesor jurídico) y Boris Villegas (exdirector Régimen Interior) habrían sido promovidos en la siguiente gestión, ya que hasta su salida sólo ocupaban los cargos de técnicos jurídicos.

De esta manera quedó claro que fue Rada quien los vinculó al Ministerio de Gobierno con los extorsionadores, luego de prestar sus declaraciones de manera voluntaria a la Fiscalía de Santa Cruz por el caso Ostreicher.

“Vengo para cumplir un deber, la Fiscalía me convocó como testigo, por lo que puede averiguar estos hechos se dieron después de mi gestión”, enfatizó.

Confirmó que Rivera y Rodas ingresaron meses después que él fue posesionado en el cargo de Ministro de Gobierno, pero durante su gestión había un mecanismo de control a todas las reparticiones.

“Efectivamente se incorporaron entre los años 2007 y 2008. Su incorporación se dio en niveles técnicos jurídicos, ellos durante estos tiempos no fueron titulares de Régimen Jurídico o de Régimen Interior. Tengo entendido que esos cargos fueron posteriormente ocupados por esas personas, pero en los años que yo estuve esas personas sólo tenían simplemente un rol técnico jurídico”, expresó.

Rada afirmó que durante su gestión como Ministro de Gobierno, entre enero de 2007 a enero de 2010, nunca recibió denuncias en contra de los funcionarios de esta cartera de Estado, aunque hubo otros casos de denuncias que vinculan el mal andar, de los ahora recluidos en Palmasola, que se refieren a esos años.

El exministro pidió a la comisión de fiscales investigar este proceso y de qué manera se afectó a los ministerios de Gobierno, Presidencia y Transparencia.

Llaman a declarar a Rada y Llorenti

El ministro Romero llegó con un retraso de cuatro horas a prestar su declaración.

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que la próxima semana serán convocados a declarar los exministros de Gobierno, Sacha Llorenti y Alfredo Rada, en la investigación sobre la red de corrupción y extorsión, descubierta recientemente.
“En los próximos días también serán citados otras autoridades como la ministra de Transparencia Nardi Suxo, además de otros exministros como Alfredo Rada y Sacha Llorenti”.
El 26 de noviembre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, develó una red de corrupción y extorsión integrada por exfuncionarios públicos, jueces y fiscales de La Paz y Santa Cruz.
Declaraciones. En la tarde de ayer, en Santa Cruz, se presentó a declarar el exministro Wilfredo Chávez, quien dijo que durante los 90 minutos que fue interrogado por los fiscales habló sobre su relación con los cuatro principales implicados, los cuales fueron sus dependientes en las carteras de Gobierno y de la Presidencia.
“Lamento que por culpa de un grupo de exfuncionarios se quiera manchar un proceso político tan importante para Bolivia”.
Chávez dijo en su testimonio que fue Ministro de Gobierno por cuatro meses y no designó a ninguno de los acusados.
Retraso. El ministro Romero se presentó ante la comisión de Fiscales con un retraso de casi cuatro horas del horario en que fue convocado. Hasta el cierre de esta edición, la autoridad continuaba prestando su declaración voluntaria.

“Mi declaración es para apoyar a la investigación y (para que) brinde una información clara a la comisión”.
Wilfredo Chávez / EXMINISTRO DE GOBIERNO

12 personas se encuentran detenidas, sospechosas de ser parte de la red de extorsión.

Ariel Rocha, presidente del tribunal de justicia de Santa Cruz fue aprehendido ayer en la localidad de Yacuiba y trasladado a la ciudad de Santa Cruz.
Mientras tanto, el exfiscal Roberto Achá y su esposa, Cory Balcázar, fueron enviados al penal de Palmasola por orden del juez José Zubieta.