Gobierno plantea vigilar a jueces y fiscales con agentes encubiertos

El vicepresidente Álvaro García afirmó el sábado que es necesario encarar la reforma estructural del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para anular la posibilidad de corrupción, como la detectada a partir de la investigación al proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher.

“Que inicie un juicio hoy y que en tres meses se encarcele o libere al imputado, eso es cambiar el procedimiento. Porque es en el uso del tiempo que los abogados, jueces y fiscales han montado sus maquinarias de extorsión sobre los inculpados. Necesitamos tiempos que acorten: que en vez de cuatro, en tres meses se acabe un juicio”, insistió.

Actualmente el plazo para la etapa preparativa de un proceso es de seis meses, tiempo que puede ampliarse hasta 18 meses, según normas vigentes. La culminación de un juicio no puede extenderse más allá de tres años, explicó Milton Mendoza, el exfiscal y magistrado suplente del Tribunal Constitucional.

Reformas. La averiguación sobre las irregularidades en el proceso instaurado a Ostreicher, quien estuvo encarcelado por 18 meses sin un juicio y sentencia, permitió desarticular una red de corrupción y extorsión en la que estaban involucrados funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, fiscales y jueces.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer a La Razón que la incorporación de los agentes encubiertos es otra de las propuestas en la línea de combatir la corrupción de los operadores de justicia.

“Hay que tener gente que esté haciendo seguimiento al trabajo de jueces y fiscales, sin que necesariamente puedan percatarse de su participación. Este mecanismo serviría para el control de sus actuaciones y también de los servidores públicos del Órgano Ejecutivo”, anticipó la autoridad.

El equipo de agentes encubiertos estaría formado por personas con especialidad en inteligencia operativa y que sean de “probada trayectoria moral”, apuntó Romero. Al respecto, García anunció el 5 de diciembre que era tiempo de crear la Unidad de Agentes Encubiertos “para fortalecer la transparencia en las entidades públicas e identificar a los responsables de actos de corrupción”.

En la red delictiva descubierta operaban los funcionarios Boris Villegas, Fernando Rivera y Dennis Rodas (del Ministerio de Gobierno), y José Manuel Antezana (del Ministerio de la Presidencia). También está vinculado el exfiscal del distrito cruceño Isabelino Gómez, entre otros. El presidente del Tribunal de Justicia cruceño Ariel Rocha está prófugo.

“En el ámbito judicial se ha hecho un gran cambio en la composición de clase (máximas autoridades en elección por voto directo), pero no es suficiente. El cambio que falta (está en) los procedimientos; mientras haya procedimientos legales que dejen la suerte de un ciudadano en manos de un fiscal o un juez, va a seguir la corrupción”, advirtió García Linera.

También se proyecta auditorías a procesos judiciales. “Entre las acciones enfocadas a detener la corrupción en la justicia están auditorías efectuadas por abogados externos de los procesos penales que parezcan irregulares”, adelantó Romero, y añadió que igual son necesarias auditorías a los bienes de los operadores de justicia.

El ministro remarcó que “debe haber una transparentación constante del patrimonio de jueces y fiscales, con declaraciones juradas periódicas y sujetas a cualquier pericia”, y aclaró que todos estos planteamientos y reformas deberían ser discutidos hasta mediados del siguiente año.

Los jueces ciudadanos

Cambios

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que perfilan en las reformas judiciales incrementar la participación de los jueces ciudadanos en los juicios. Actualmente la oralidad está instituida en el área penal.

Asamblea ratifica a 3 ministros

ABI - La Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó ayer su confianza en la gestión de los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón

Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, luego de que éstos respondieran a un pliego de interpelación solicitado por el Movimiento Sin Miedo (MSM), por el llamado caso Extorsión.

“Se aprobó el informe que los ministros han presentado, por unanimidad de nosotros (bancada oficialista). Ha quedado en claro la postura de nuestro Gobierno: una guerra sin cuartel a la corrupción. Los tres ministros interpelados fueron muy precisos y muy claros en sus respuestas, a más de 100 preguntas que se les hizo”, informó Rina Aguirre, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los ministros informaron sobre los procedimientos que se hicieron para descubrir a la red de corrupción, en la que se vieron involucrados exfuncionarios públicos, jueces y fiscales.

Los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, despedidos del Ministerio de Gobierno y recluidos en la cárcel de Palmasola, fueron presentados como la cabeza visible de la banda de extorsionadores descubierta a partir de la pesquisa de irregularidades en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.