Caso misiles chinos Gobierno analiza proceso por vía militar

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso de investigación mediante la justicia militar contra los implicados en la desactivación y entrega de 36 misiles chinos a Estados Unidos el 2005. El objetivo es que los responsables del hecho no queden en la impunidad.

“Estamos viendo por la vía de la justicia militar tomar las acciones contra los militares que incurrieron en este delito grave cuando entregó el material estratégico del país a una potencia extranjera. Estamos analizando, porque hay un principio jurídico y dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero (hasta ahora solo) han sido juzgados en la vía civil y queda todavía la vía militar”, explicó Ferreira.

El pasado 30 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia de tres años de cárcel contra ocho implicados en la desactivación de 36 misiles chinos por el Gobierno de Estado Unidos. Este pertenecía a las Fuerzas Armadas de Bolivia.

IMPLICADOS

Los militares que fueron sentenciado en este caso son el excomandante de las Fuerzas Armadas almirante Marco Antonio Justiniano y el exjefe del Ejército, general Marcelo Antezana, quienes fueron condenados a tres años de cárcel.

En tanto, el general Víctor Hugo Cuéllar Balcazar recibió una sentencia de dos años y seis meses. Los coroneles David Torricos Vargas, Ciro Valdivia Murguía y Wilbert Sánchez fueron sentenciados a dos años, otros dos implicados fueron absueltos. Estos militares podrían ser sometidos a la justicia militar.

Ferreira señaló que están evaluando cuáles serían los delitos por los que pueden ser procesados, tomando en cuenta el principio jurídico que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.

Esta sentencia fue calificada de “benévola” por parte de las autoridades de gobierno, el presidente Evo Morales instruyó el inicio de un juicio de responsabilidades en contra los seis magistrados del TSJ.

RATIFICACIÓN

El comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados convocó ayer a las partes demandantes de los dos procesos contra los magistrados, la procuradora interina, Erika Chávez y el expresidente Carlos Mesa se presentaron en este acto.

Con relación a la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, Defensa y la Procuraduría General del Estado se ratificó la demanda contra las seis autoridades judiciales por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la constitución, e incumplimiento de deberes.

Por otra parte, el expresidente Carlos Mesa no pudo confirmar su denuncia contra los magistrados debido a que el Tribunal Supremo de Justicia no remitió la fotocopia legalizada de la sentencia, donde suprimió el párrafo final de la sentencia que implica a la exautoridad en el caso.

La secretaria del comité del Ministerio Público, Betty Yañíquez, decidió postergar la audiencia de ratificación de la denuncia hasta contar con toda la documentación respectiva.

Por ultimo, Yañíquez indicó que los magistrados del TSJ fueron convocados para la próxima semana a declarar ante este comité.

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Comisión entregará informe del caso papeles de Panamá

La Comisión Especial Mixta del Legislativo que investiga los papeles de Panamá presentará el viernes el informe final al pleno de la Asamblea Legislativa, en el mismo, se prevé que los antecedentes de al menos tres de las seis empresas indagadas serán remitidos al Ministerio Público porque se encontraron presuntos indicios de desvío de recursos.

“Esta es la semana definitiva del trabajo de la comisión, vamos aprobar el proyecto de ley que hemos discutido internamente junto a los casos que hemos tratado y que serán remitidos vía informe al pleno de la Asamblea Legislativa hasta el viernes”, informó el diputado disidente de la oposición, Víctor Gutiérrez.

El 13 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades offshore (paraísos fiscales), después que se destapó el caso Papeles de Panamá.

IMPLICADOS

Gutiérrez indicó que se investigaron a seis empresas de los cuales los antecedentes de tres de estas serán remitidos al Ministerio Público para que sean investigadas por esta instancia, tomando en cuenta que se identificaron supuestos indicios de desvío de recursos.

No quiso dar mayores detalles sobre las empresas que serán investigadas, con la finalidad de no entorpecer el proceso.

PROYECTO DE LEY

Por otra parte indicó que presentaran un proyecto de ley para evitar la fuga de recursos al extranjero, donde se plantean la modificación de algunos artículos del Código de Comercio y al Código Tributario. El proyecto cuenta con 31 artículos y las sanciones son de acuerdo al tipo penal.

Alcalde de Achacachi pide 'garantías' para dialogar; descarta corrupción

Édgar Ramos, alcalde de Achacachi, electo bajo la sigla del MAS, solicitó garantías para entablar un diálogo con el sector que pide su renuncia. Ratificó que no renunciará y tampoco pedirá licencia para ser investigado por las denuncias de malos manejos.

"Estamos dispuestos a dialogar. Tiene que haber garantías personales, garantías a mi persona, porque se ha mostrado llamadas, secuestros, entonces qué garantías puedo tener. Yo solo soy una persona", dijo desde la plaza Murillo en La Paz.

Son casi ocho meses de conflicto, tras los hechos violentos de febrero, cuando existieron quemas y saqueos en ese municipio de la provincia Omasuyus. Al reactivarse el problema, hace semanas, se instaló un bloqueo en la vía a Copacabana y vigilias en la sede de Gobierno.

"He manifestado que voy a cumplir mi mandado. He dicho de que nos sometemos a la Constitución Política del Estado. Tampoco puedo pedir licencia porque no hay las pruebas que ellos mencionan", explicó la autoridad.



Justificó que no existen hechos de corrupción y que las "obras millonarias" que se mencionan son para una serie de trabajos en la plaza principal de Achacachi. "No hay daño económico. No hay que creer en todas las publicaciones del ‘Face'", dijo el titular.

Acusado en caso de Ostreicher cae preso otra vez en Brasil

El brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, uno de los principales personajes que junto al estadounidense Jacob Ostreicher y otros, figura como acusado por la Fiscalía antinarcóticos por delito de tráfico de sustancias controladas, no podrá estar presente en el juicio que se inicia este jueves 21 porque de nuevo cayó preso en su país, Brasil.

La Fiscalía de Santa Cruz, a través de los integrantes de la comisión Rosmery Barrientos, Freddy Guzmán y Carlos Robles, conoció que Maximiliano Dorado, más conocido como ‘Niño de oro’ en Brasil logró salir con medidas precautorias y sustitutivas. Los organismos de seguridad judicial le habían colocado un chip para tener un control sobre sus movimientos. Sin embargo, Dorado había logrado zafarse de ese control y de nuevo ingresó a Bolivia burlando los controles. Cuando regresó a Brasil fue detectado y de nuevo enviado a prisión.

La Fiscalía de Santa Cruz gestionó y, según informes, logró notificar por edicto a Dorado, por lo que si no acude a la audiencia del 21 será declarado rebelde.
Es acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas junto a Ostreicher, los colombianos John Wilson Díaz y Claudia Liliana Rodríguez Espitia. Asimismo Aníbal Ezequiel Gómez Filho, Ozzie Dorado Lozado y otros.

Expulsión del ‘Niño de oro’
Informes de la Felcn señalan que Dorado fue detenido en Santa Cruz el 29 de diciembre de 2010 para ser expulsado a Brasil, donde tenía cuentas pendientes por narcotráfico y el asesinato de dos policías brasileños.

Era uno de los traficantes más buscados del estado de Rondonia con un prontuario que se remonta a 1995. En Bolivia al ‘Niño de oro’ la Felcn lo acusa de haber montado laboratorios de cristalización y de ser uno de los proveedores de cocaína peruana y brasileña a los mercados del centro oeste y sudeste de Brasil.

Caso de privatización de Vinto salpica a Tuto

El gobierno del expresidente Jorge Quiroga Ramírez conoció las irregularidades en la adjudicación de la empresa Metalúrgica de Vinto a Gonzalo Sánchez de Lozada y no hizo nada, aseguró ayer el diputado del MAS-IPSP Javier Zavaleta.

El legislador, que preside la Comisión Especial Mixta que Investiga la Privatización y Capitalización, indicó que el exjefe de Estado no tuvo la “capacidad para iniciar una investigación y ajustar los atropellos que se dieron en esa época”.

Mencionó que la irregularidad se dio en la forma como se adjudicó dicha empresa la Compañía Minera del Sur (Comsur), propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Ésa es una prueba palpable de cómo se manejó la propiedad del Estado durante los gobiernos neoliberales”, sostuvo Zavaleta.

“De todas maneras estamos analizando esto y viendo si corresponde iniciar procesos penales para los responsables de aquel entonces, y eso lo vamos a conocer a finales de septiembre”, anticipó.

El senador del MAS-IPSP Rubén Medinaceli informó a Cambio que la empresa metalúrgica de Vinto fue dividida en dos unidades económicas: una es la Vinto Estaño, que fue vendida en $us 14,7 millones (su costo original fue de $us 140 millones), y la de Antimonio, cedida en $us un millón 100 mil (su valor original fue de $us 3,1 millones).

Medinaceli indicó que al final ambas empresas fueron a parar a manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su entonces empresa Comsur.

En 2007, el gobierno del presidente Evo Morales recuperó la empresa Metalúrgica de Vinto.