El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso de investigación mediante la justicia militar contra los implicados en la desactivación y entrega de 36 misiles chinos a Estados Unidos el 2005. El objetivo es que los responsables del hecho no queden en la impunidad.
“Estamos viendo por la vía de la justicia militar tomar las acciones contra los militares que incurrieron en este delito grave cuando entregó el material estratégico del país a una potencia extranjera. Estamos analizando, porque hay un principio jurídico y dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero (hasta ahora solo) han sido juzgados en la vía civil y queda todavía la vía militar”, explicó Ferreira.
El pasado 30 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia de tres años de cárcel contra ocho implicados en la desactivación de 36 misiles chinos por el Gobierno de Estado Unidos. Este pertenecía a las Fuerzas Armadas de Bolivia.
IMPLICADOS
Los militares que fueron sentenciado en este caso son el excomandante de las Fuerzas Armadas almirante Marco Antonio Justiniano y el exjefe del Ejército, general Marcelo Antezana, quienes fueron condenados a tres años de cárcel.
En tanto, el general Víctor Hugo Cuéllar Balcazar recibió una sentencia de dos años y seis meses. Los coroneles David Torricos Vargas, Ciro Valdivia Murguía y Wilbert Sánchez fueron sentenciados a dos años, otros dos implicados fueron absueltos. Estos militares podrían ser sometidos a la justicia militar.
Ferreira señaló que están evaluando cuáles serían los delitos por los que pueden ser procesados, tomando en cuenta el principio jurídico que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.
Esta sentencia fue calificada de “benévola” por parte de las autoridades de gobierno, el presidente Evo Morales instruyó el inicio de un juicio de responsabilidades en contra los seis magistrados del TSJ.
RATIFICACIÓN
El comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados convocó ayer a las partes demandantes de los dos procesos contra los magistrados, la procuradora interina, Erika Chávez y el expresidente Carlos Mesa se presentaron en este acto.
Con relación a la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, Defensa y la Procuraduría General del Estado se ratificó la demanda contra las seis autoridades judiciales por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la constitución, e incumplimiento de deberes.
Por otra parte, el expresidente Carlos Mesa no pudo confirmar su denuncia contra los magistrados debido a que el Tribunal Supremo de Justicia no remitió la fotocopia legalizada de la sentencia, donde suprimió el párrafo final de la sentencia que implica a la exautoridad en el caso.
La secretaria del comité del Ministerio Público, Betty Yañíquez, decidió postergar la audiencia de ratificación de la denuncia hasta contar con toda la documentación respectiva.
Por ultimo, Yañíquez indicó que los magistrados del TSJ fueron convocados para la próxima semana a declarar ante este comité.
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