miércoles, 20 de mayo de 2020
martes, 19 de mayo de 2020
Caen 2 directores de Salud vinculados a la compra de los 170 respiradores
Dos directores del Ministerio de Salud, vinculados con la compra con sobreprecio de los 170 respiradores que comenzó a distribuir el Gobierno, fueron aprehendidos la tarde de este martes.
El primero fue el director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, Fernando Valenzuela, y el segundo el director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Giovanni Pacheco.
"No podemos permitir un acto de corrupción, se debe aclarar este tema", afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre la aprehensión de Valenzuela, quien se encargó de la adquisición directa de los ventiladores, según una nota de prensa del Ministerio de Gobierno.
Sobre Pacheco, asumió el 29 de abril el cargo de director ejecutivo de la Aisem y su nombre y firma figuran en el contrato de compra del equipo médico. Fue aprehendido a las 19:00 y llevado a dependencias de la Felcc.
El Gobierno boliviano pagó por cada respirador básico con accesorios 28.080 dólares, cuando el costo por unidad directo en la fábrica es de 7.194 dólares.
La lista de precios del fabricante precisa que el modelo básico cuesta 6.540 dólares y el kit de accesorios sin el Fio2 (un sensor de oxígeno) cuesta 654 dólares, lo que da un total de 7.194 de la divisa extranjera, precio unitario. Al multiplicar ese monto por los 170 ventiladores, se tiene un total de 1.222.980 dólares. No obstante, el Gobierno pagó 4.706.110 millones.
Al respecto, la presidenta Jeanine Añez aseguró que se abrió una investigación para determinar las responsabilidades en la compra irregular de los ventiladores.
"Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado", publicó en Twitter.
El primero fue el director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, Fernando Valenzuela, y el segundo el director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Giovanni Pacheco.
"No podemos permitir un acto de corrupción, se debe aclarar este tema", afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre la aprehensión de Valenzuela, quien se encargó de la adquisición directa de los ventiladores, según una nota de prensa del Ministerio de Gobierno.
Sobre Pacheco, asumió el 29 de abril el cargo de director ejecutivo de la Aisem y su nombre y firma figuran en el contrato de compra del equipo médico. Fue aprehendido a las 19:00 y llevado a dependencias de la Felcc.
El Gobierno boliviano pagó por cada respirador básico con accesorios 28.080 dólares, cuando el costo por unidad directo en la fábrica es de 7.194 dólares.
La lista de precios del fabricante precisa que el modelo básico cuesta 6.540 dólares y el kit de accesorios sin el Fio2 (un sensor de oxígeno) cuesta 654 dólares, lo que da un total de 7.194 de la divisa extranjera, precio unitario. Al multiplicar ese monto por los 170 ventiladores, se tiene un total de 1.222.980 dólares. No obstante, el Gobierno pagó 4.706.110 millones.
Al respecto, la presidenta Jeanine Añez aseguró que se abrió una investigación para determinar las responsabilidades en la compra irregular de los ventiladores.
"Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado", publicó en Twitter.
lunes, 18 de mayo de 2020
miércoles, 13 de mayo de 2020
martes, 12 de mayo de 2020
Fiscalía inspecciona oficina de YPFB por irregularidades en contratos
La mañana de este martes, la Fiscalía y la Policía realizaron una inspección a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación en La Paz, donde se presume se cometió un delito de incumplimiento de deberes en la contratación de seguros. La directora jurídica de la institución, Verónica García, informó que por el momento sólo se investiga a un funcionario del área de Seguros.
“La Fiscalía se ha presentado para realizar una inspección a las oficinas de YPFB Corporación para hacer un registro del lugar del hecho, así como recolectar documentación en relación al proceso penal, sobre la contratación de seguros (…). Es una investigación por incumplimiento de deberes iniciado en contra de un funcionario”, informó García.
La inspección comenzó a las 10:00 y se extendió hasta las 13:00. Los investigadores de la División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen colectaron documentos para analizar los procesos de contratación.
Hace una semana, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que, a través de la Unidad de Transparencia de YPFB, se activaron tres procesos de investigación por presuntos hechos delictivos de funcionarios del área de Seguros, por lo que se presentó una denuncia penal.
Señaló que las investigaciones apuntan a procesos de contratación de seguros, compra de combustibles y contratación de servicios de alimentación, y que los resultados se conocerían en un mes.
“La Fiscalía se ha presentado para realizar una inspección a las oficinas de YPFB Corporación para hacer un registro del lugar del hecho, así como recolectar documentación en relación al proceso penal, sobre la contratación de seguros (…). Es una investigación por incumplimiento de deberes iniciado en contra de un funcionario”, informó García.
La inspección comenzó a las 10:00 y se extendió hasta las 13:00. Los investigadores de la División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen colectaron documentos para analizar los procesos de contratación.
Hace una semana, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que, a través de la Unidad de Transparencia de YPFB, se activaron tres procesos de investigación por presuntos hechos delictivos de funcionarios del área de Seguros, por lo que se presentó una denuncia penal.
Señaló que las investigaciones apuntan a procesos de contratación de seguros, compra de combustibles y contratación de servicios de alimentación, y que los resultados se conocerían en un mes.
Corrupción Gobierno de Añez Uso de aviones oficiales en el gobierno
Tres videos han circulado recientemente en redes sociales que demuestran el uso por lo menos polémico, sino ilegal, de aviones pertenecientes a la FAB. El primero mostró a la hija de la presidenta Jeanine Añez, Carolina Ribera, en un viaje a Roboré; el segundo, a una diputada tarijeña y su hijo, que luego asistieron al cumpleaños de ésta; finalmente, a una exreina de belleza usando un avión junto al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que hizo el tramo Santa Rosa-La Paz.
Los tres videos, difundidos por el portal “Detrás de la Verdad”, parecen demostrar que las autoridades del gobierno actual, después de haber criticado durante años los excesos y abusos del régimen de Evo Morales, están cometiendo las mismas faltas.
Veamos los tres casos: Ribera justificó su viaje a Roboré con el hecho de que había entregado alimentos a la población, pero lo que no se entiende es por qué específicamente eligió esa localidad. ¿No debería también viajar a otras? Se debe recordar que Ribera tiene el cargo de directora de la Unidad de Apoyo y Gestión Social de la Presidencia que, aunque es ad honoren, le da la opción de usar vehículos oficiales, tener chofer y otro personal y, por lo visto, un avión a su disposición. No se ve bien.
En el segundo, según la explicación oficial, un avión de la FAB llegó a Tarija y allí, de manera coincidente, estaba la diputada oficialista Ginna Torrez, que aprovechó el vuelo porque necesitaba asistir a la sesión parlamentaria en La Paz. Como tiene dificultad de caminar, dijo, requería la ayuda de su hijo, y viajaron ambos. El problema es que la diputada Torrez, según admitió, no acudió a la sesión, y después ella y su hijo sí asistieron al cumpleaños de Ribera.
El tercer caso es el de la exreina de belleza de Rurrenabaque, Yarakoby Shiraishi, quien viajó a La Paz en otro viaje de la FAB. El ministro Núñez admitió que fue él quien autorizó el viaje de la joven, pero que lo hizo por “razones humanitarias”, debido a que ésta tiene una enfermedad, que no reveló. Dijo que conoce a la familia de Shiraishi.
Si fueran ciertas las explicaciones del oficialismo, resultan otros problemas: ¿Por qué se rechazan los viajes interdepartamentales para el 99% de la población, pero se permite para los amigos de las autoridades? Miles de bolivianos en este momento no podían retornar a sus ciudades de origen porque simplemente no hay viajes aéreos ni terrestres, según las estrictas normas de la cuarentena. ¿Pero una joven exreina de belleza sí lo puede hacer porque sus padres conocen a un ministro?
Hay más: al admitir que Ribera celebró su cumpleaños con personas que viven en otra ciudad, se llega a la conclusión que rompió la cuarentena. Pero no hay sanciones contra ella. En una situación similar, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue acusada de haber bebido chicha en su domicilio durante su cumpleaños, y por ello fue detenida junto a sus hijos. ¿La acusación de romper la cuarentena solo sirve para los opositores y no para los oficialistas? Podemos ir más allá: también se acusó al (¿supuesto?) aliado del gobierno Rafael Quispe de romper la cuarentena y se lo mandó a la Policía. ¿Por qué la hija de la Presidenta tiene otro trato?
El tema de la diputada nos lleva a otro asunto: mientras el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, asegura que se le permitió volar a una diputada para que asistiera a una sesión del Legislativo, genera el contraste con otra situación: un grupo de parlamentarios masistas que viajaba por tierra desde Santa Cruz a La Paz fue detenido por la Policía por no tener una autorización de viaje (aunque los legisladores están protegidos por la Constitución, que les da inmunidad). ¿O sea que los parlamentarios del MAS deben viajar por tierra y, encima, se los retiene, y a los del oficialismo se les ofrece un vuelo directo?
Lo peor de todo lo dejamos para el comentario final: las pruebas de coronavirus se transportan desde Tarija por tierra hacia La Paz o Santa Cruz . ¿Y los amigos de la Presidenta viajan por avión? Son demasiadas preguntas sobre la conducta de las autoridades.
Los tres videos, difundidos por el portal “Detrás de la Verdad”, parecen demostrar que las autoridades del gobierno actual, después de haber criticado durante años los excesos y abusos del régimen de Evo Morales, están cometiendo las mismas faltas.
Veamos los tres casos: Ribera justificó su viaje a Roboré con el hecho de que había entregado alimentos a la población, pero lo que no se entiende es por qué específicamente eligió esa localidad. ¿No debería también viajar a otras? Se debe recordar que Ribera tiene el cargo de directora de la Unidad de Apoyo y Gestión Social de la Presidencia que, aunque es ad honoren, le da la opción de usar vehículos oficiales, tener chofer y otro personal y, por lo visto, un avión a su disposición. No se ve bien.
En el segundo, según la explicación oficial, un avión de la FAB llegó a Tarija y allí, de manera coincidente, estaba la diputada oficialista Ginna Torrez, que aprovechó el vuelo porque necesitaba asistir a la sesión parlamentaria en La Paz. Como tiene dificultad de caminar, dijo, requería la ayuda de su hijo, y viajaron ambos. El problema es que la diputada Torrez, según admitió, no acudió a la sesión, y después ella y su hijo sí asistieron al cumpleaños de Ribera.
El tercer caso es el de la exreina de belleza de Rurrenabaque, Yarakoby Shiraishi, quien viajó a La Paz en otro viaje de la FAB. El ministro Núñez admitió que fue él quien autorizó el viaje de la joven, pero que lo hizo por “razones humanitarias”, debido a que ésta tiene una enfermedad, que no reveló. Dijo que conoce a la familia de Shiraishi.
Si fueran ciertas las explicaciones del oficialismo, resultan otros problemas: ¿Por qué se rechazan los viajes interdepartamentales para el 99% de la población, pero se permite para los amigos de las autoridades? Miles de bolivianos en este momento no podían retornar a sus ciudades de origen porque simplemente no hay viajes aéreos ni terrestres, según las estrictas normas de la cuarentena. ¿Pero una joven exreina de belleza sí lo puede hacer porque sus padres conocen a un ministro?
Hay más: al admitir que Ribera celebró su cumpleaños con personas que viven en otra ciudad, se llega a la conclusión que rompió la cuarentena. Pero no hay sanciones contra ella. En una situación similar, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue acusada de haber bebido chicha en su domicilio durante su cumpleaños, y por ello fue detenida junto a sus hijos. ¿La acusación de romper la cuarentena solo sirve para los opositores y no para los oficialistas? Podemos ir más allá: también se acusó al (¿supuesto?) aliado del gobierno Rafael Quispe de romper la cuarentena y se lo mandó a la Policía. ¿Por qué la hija de la Presidenta tiene otro trato?
El tema de la diputada nos lleva a otro asunto: mientras el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, asegura que se le permitió volar a una diputada para que asistiera a una sesión del Legislativo, genera el contraste con otra situación: un grupo de parlamentarios masistas que viajaba por tierra desde Santa Cruz a La Paz fue detenido por la Policía por no tener una autorización de viaje (aunque los legisladores están protegidos por la Constitución, que les da inmunidad). ¿O sea que los parlamentarios del MAS deben viajar por tierra y, encima, se los retiene, y a los del oficialismo se les ofrece un vuelo directo?
Lo peor de todo lo dejamos para el comentario final: las pruebas de coronavirus se transportan desde Tarija por tierra hacia La Paz o Santa Cruz . ¿Y los amigos de la Presidenta viajan por avión? Son demasiadas preguntas sobre la conducta de las autoridades.
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