Los alcaldes y algunos funcionarios de los municipios de Achocalla, Calamarca, Inquisivi y Pucarani afrontan procesos en la justicia ordinaria por malversación de fondos y otros delitos que fueron denunciados entre 2007 y 2008, y que provocaron un daño económico de, al menos, cuatro millones de bolivianos.
Estos casos son parte de los diez que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción remitió al Ministerio Público, luego de evidenciar la existencia de indicios de comisión de los delitos denunciados.
De acuerdo con técnicos del Ministerio de Transparencia, en todos estos casos, que hoy son investigados en la justicia, “hay dolo, pues no puede argumentarse falta de conocimiento de la norma o el manejo de los recursos públicos cuando se descubren estos hechos”.
Para los especialistas, los funcionarios que son cómplices inmediatos de las principales autoridades municipales son el asesor legal y el administrativo. De modo que ellos aconsejan “verificar de qué gente se rodean”.
Un aspecto que sobresale en los cuatro casos indicados es el “manejo directo” de los recursos (decidir en qué invertir) por parte del Alcalde y sus allegados. También que en cada uno de los cuatro municipios el monto malversado llega al millón de bolivianos.
Más en municipios
Según las estadísticas que maneja Transparencia, del total de las denuncias que recibe, entre un 30 y 40 por ciento se refieren a los gobiernos municipales. Para los técnicos, esta situación es preocupante.
El resto se divide entre las prefecturas, el Gobierno nacional y sus dependencias, y otras entidades y poderes del Estado, hoy órganos de la República.
La denuncia formal de un hecho de corrupción, explicaron, provoca un conflicto de ingobernabilidad, pues generalmente el Alcalde denunciado es suspendido y si se aferra al cargo, “compra conciencias”, divide y enfrenta a la población. Esta situación paraliza la administración de la gestión edilicia, lo que redunda en un perjuicio para el desarrollo del municipio.
Este alto índice de corrupción municipal obliga al Ministerio de Transparencia a insistir en la recuperación de los montos malversados y no sólo a buscar la sanción para los responsables, además de aplicar políticas de prevención que eviten o al menos reduzcan los hechos ilícitos cometidos por las autoridades municipales.
El año pasado, el hoy Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción desarrolló un plan piloto de transparencia en la gestión pública en el municipio de Shinaota, en el departamento de Cochabamba, con resultados, entre ellos, por ejemplo, que la comunidad conoció los procedimientos que se emplean para la adjudicación de una obra.
En esa oportunidad se aplicaron los cuatro ejes del plan: acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública en el accionar de los munícipes.
Tras esta experiencia, se anunció en este despacho que la meta en esta gestión es desarrollar ese plan en entidades de los gobiernos municipales, prefecturales y nacional porque se trata de prevenir. Para eso hay un Viceministerio encargado de esa área que busca reducir la corrupción con los cursos de capacitación.
Familiares del Alcalde eran contratados
El alcalde de Inquisivi, Severino Calle Cachi, adjudicó la ejecución de obras a sus familiares, según la denuncia que se conoció el 31 de octubre de 2007. La queja fue planteada por dos concejales; sin embargo, uno de ellos fue recluido en la cárcel por acciones judiciales de la autoridad edil.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, las concubinas de los dos hijos de Calle organizaron una empresa denominada MIYANS, la cual durante el último tiempo de su administración recibió la adjudicación de obras.
En ese proceso participó directamente uno de los hijos de la ex autoridad edil en calidad de apoderado de la empresa y como firmante de los contratos de construcción. Esta misma persona llegó a figurar en los contratos de supervisión, como prueba de la intromisión directa de la familia del Alcalde en tareas de administración del gobierno municipal.
Transparencia identificó también el fraccionamiento de contratos, procesos de contratación irregulares con empresas ilegales como Moxauma, que no está registrada en Fundempresa.
Severino Calle negó estas acusaciones, a las que calificó de “confabulación política”. “Si fuera cierto, ya los jueces hubiesen hecho algo, pero no hacen nada y yo sigo como Alcalde”.
Contratos irregulares y obras fantasmas
El ex alcalde de Achocalla René Pérez Alejo fue denunciado por contratar empresas para la ejecución de obras de modo irregular, violando la norma que demanda la convocatoria a licitaciones públicas.
Según los datos del Ministerio de Transparencia, el 17 de noviembre de 2007, Pérez suscribió 16 contratos con las compañías Búfalo, Bunsa, Mecoin y Ruway, sin que existiese un proceso de contratación transparente, incluso, indican los denunciantes, las suscripciones eran resultado de acuerdos previos entre los representantes de las firmas y el Ejecutivo municipal.
Entre las denuncias y posterior verificación se encuentra una obra fantasma, como es el empedrado de la avenida Añahuani que conduce a la parada 26, contrato que se adjudicó a la empresa Mecoin y a la que se adelantó el 90 por ciento del costo, cuyo monto no fue proporcionado, sin que haya resultados, aunque los responsables de la comuna emitían evaluaciones favorables que daban cuenta de la ejecución de la obra.
Este hecho fue admitido por Pérez, aunque en su descargo señaló que el dinero se destinó a otra obra, lo cual también resultó ser falso, según Transparencia. En la actualidad, las funciones de Alcalde son cumplidas por Max Torres.
Giro irregular de cheques y nepotismo
El ex alcalde de Pucarani Alejandro Mamani Quispe, según la denuncia, nombró en el cargo de subalcalde del cantón Cohana a su hermano Esteban Mamani; como chofer de servicio y sereno municipal, a otro de sus hermanos, Wilson Mamani, y como encargado de cotización, a su cuñado, Ricardo Choque.
El 10 de septiembre de 2007 se constató, mediante documentación, la firma de un contrato entre el Alcalde y Lucio Pomacusi para la construcción de viviendas destinadas a maestros de la comunidad Calería, pero “extrañamente” los recursos fueron desembolsados a favor de uno de sus hermanos, según comprobantes de contabilidad y cheques.
El Ministerio de Transparencia evidenció que Mamani Quispe realizó contrataciones de empresas para la edificación de obras sin que éstas estén presupuestadas en el Plan Operativo Anual (POA).
La ex autoridad edil, además, junto con el Oficial Mayor Administrativo y la Jefa de Personal, emitió cheques de modo discrecional por concepto de “fondos de avance” (recursos que se entregan a funcionarios para realizar determinadas compras a condición de un posterior descargo de facturas) en favor de funcionarios municipales, consultores y contratistas, que incluso datan de la gestión 2005.
Estos recursos no se descargaron en el acápite correspondiente, sino que se cargaron a la partida presupuestaria de gastos.
Entre los beneficiados con los cheques se encuentran cinco funcionarios de la Alcaldía y otros 20 particulares.
El ex Alcalde autorizó el desembolso de recursos municipales para pagar gastos personales, presumiblemente de vivienda, a favor de un tercero, cuya relación contractual con aquél se desconoce, al igual que el destino de los recursos entregados.
La denuncia fue realizada el 6 de junio de 2008. La Prensa no pudo contactarse con Mamani Quispe por su condición de ex autoridad.
Dinero de proyectos, destinado a eventos
El ex alcalde de Calamarca Mario Rojas Fernández suscribió, el 16 de junio de 2007, un convenio con la Embajada de Venezuela para el financiamiento de los proyectos de construcción del microrriego Vilaque-Copata y del alcantarillado sanitario de Calamarca, obras que jamás se ejecutaron.
Ambos trabajos se consideran de vital importancia para la población puesto que permitirán mejorar la calidad de vida, ya que la gran mayoría se dedica al cultivo y, por otro lado, carece del servicio sanitario domiciliario.
El convenio se suscribió por 136.000 dólares, de los cuales, en una primera instancia, se desembolsaron 110.080 dólares a favor del municipio, monto que no fue destinado a las dos obras. La ex autoridad presentó justificaciones del gasto de dichos recursos que no guardan relación con la ejecución de las obras, por cuanto se presume una malversación.
El Ministerio de Transparencia identificó indicios de la supuesta comisión del delito, porque los recursos asignados a las dos obras por el Gobierno de Venezuela, en el marco del programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”, se habrían utilizado en el pago de viáticos a personas particulares, quienes formaban parte del Comité de Consulta y Toma de Decisiones, además del pago de gastos de concejales en actividades de confraternización intermunicipal.
La denuncia fue conocida el 23 de septiembre de 2008 e involucra además a tres personas que ejercieron el cargo de Oficial Mayor Administrativo de la comuna de Calamarca.
El Concejo Municipal nombró a otra persona como Alcalde, quien desde la destitución de Rojas se desempeña en el cargo. La Prensa intentó sin éxito contactarse con la ex autoridad.
Este tipo de hechos, consideraron los técnicos del Ministerio de Transparencia, son comunes en la gestión de los gobiernos ediles rurales.
Los delitos
En Calamarca, el daño económico supera el millón de bolivianos. Los supuestos delitos de los que se acusa al ex Alcalde y a otros funcionarios son: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado.
En Inquisivi, el daño también supera el millón de bolivianos y los supuestos delitos cometidos por las autoridades ediles son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
En Pucarani, los supuestos delitos cometidos por las ahora ex autoridades son: contratos lesivos al Estado, peculado, negociaciones incompatibles con el cargo y uso indebido de influencias. El daño también es de un millón de bolivianos.
En Achocalla, los supuestos delitos de los que se acusa a las ex autoridades municipales son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.
Las quejas
Transparencia tiene que analizar 99 denuncias en contra de 33 municipios paceños.
Los casos concluidos con una verificación son diez y ya fueron remitidos a la Fiscalía.
Entre el 30 y el 40 por ciento de las denuncias recibidas son de municipios.
Se alista un plan de transparencia para municipios, Gobierno y prefecturas.
El Gobierno impulsará un programa de prevención basado en cursos de capacitación a funcionarios.
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