Noticia publicada el 22 de Septiembre de 2009 en La Prensa
El Juez Cuarto Coactivo Fiscal emitió la sentencia, según la Contraloría, que determina que el ex prefecto de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle debe pagar 99.149 dólares como resarcimiento en el caso “Chitoalcoba”.
Además están implicados los ex funcionarios Mario Rivera y Armando Quezada.
El contralor general interino, Gabriel Herbas, recordó a ANF que el fallo fue emitido luego de ocho años de proceso.
El caso se refiere a la compra irregular de muebles para el Palacio Prefectural. La auditoría develó que mediante un contrato entre la Prefectura de La Paz y la empresa Occidental Bolivia S.R.L. se adquirieron muebles por un total de 99.149 dólares.
Sin embargo, la provisión no tenía sustento documental ni justificación para la decisión de compra bajo la modalidad de excepción, además que esa adquisición no estuvo consignada en el Plan Operativo Anual (POA) ni tenía un presupuesto asignado.
La autoridad reconoció que será difícil ejecutar el cobro, pues una de las deficiencias en el proceso judicial fue no haber inscrito los bienes de los implicados, que al momento están prófugos. “El proceso se originó en una auditoría a la gestión 1998 en la Prefectura. Es una apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado”.
El fallo establece que tanto “Chito” Valle; Rivera, ex director de la Unidad de Licitaciones y Contratos, y Quezada, ex Jefe de Sección de Licitaciones y Contratos, deberán pagar cinco días después de su notificación.
El Juez Cuarto Coactivo Fiscal emitió la sentencia, según la Contraloría, que determina que el ex prefecto de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle debe pagar 99.149 dólares como resarcimiento en el caso “Chitoalcoba”.
Además están implicados los ex funcionarios Mario Rivera y Armando Quezada.
El contralor general interino, Gabriel Herbas, recordó a ANF que el fallo fue emitido luego de ocho años de proceso.
El caso se refiere a la compra irregular de muebles para el Palacio Prefectural. La auditoría develó que mediante un contrato entre la Prefectura de La Paz y la empresa Occidental Bolivia S.R.L. se adquirieron muebles por un total de 99.149 dólares.
Sin embargo, la provisión no tenía sustento documental ni justificación para la decisión de compra bajo la modalidad de excepción, además que esa adquisición no estuvo consignada en el Plan Operativo Anual (POA) ni tenía un presupuesto asignado.
La autoridad reconoció que será difícil ejecutar el cobro, pues una de las deficiencias en el proceso judicial fue no haber inscrito los bienes de los implicados, que al momento están prófugos. “El proceso se originó en una auditoría a la gestión 1998 en la Prefectura. Es una apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado”.
El fallo establece que tanto “Chito” Valle; Rivera, ex director de la Unidad de Licitaciones y Contratos, y Quezada, ex Jefe de Sección de Licitaciones y Contratos, deberán pagar cinco días después de su notificación.
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