El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cirio Quispe afrontará al menos cuatro procesos por el presunto cobro de 8.000 dólares a cuatro campesinos, a quienes prometió tramitar licencias para comercializar hoja de coca en Santa Cruz.
Octavio Mollicheca Mamani, Luis Gualberto Condori Quispe, Reina Mollicheca Mamani y Gloria Michua Mamani denunciaron que el parlamentario, suplente de la diputada Elizabeth Salguero, les exigió el pago de 16.000 dólares para extenderles las cuatro licencias.
Ellos poseen cocales en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas, La Paz.
La diputada Salguero abrió ayer un proceso penal en contra de su suplente por los delitos de estafa, corrupción, cohecho y uso indebido de influencias contra los campesinos.
La legisladora derivó el caso al Ministerio de Transparencia y a la Dirección Nacional del MAS, que abrirán causas contra Quispe.
Alfredo Arnez, abogado patrocinante de los cocaleros supuestamente estafados, presentó el jueves una querella por concusión, uso indebido de influencias y estafa contra Quispe.
El presidente de la bancada oficialista en Diputados, César Navarro, reiteró ayer que el MAS no se opondrá al procesamiento del sindicado.
La coca en Santa Cruz
El 1 de agosto, La Prensa publicó que la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) envió al norte cruceño integrado y Santa Cruz de la Sierra 13,4 toneladas de este cultivo, aproximadamente la cuarta parte de la cantidad vendida cada día.
En el curso de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) destruyó cinco megafábricas de cocaína en San Juan de Lomerío, Curuchi, Porongo, El Triguillo y El Pajaral, en Santa Cruz.
El Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral emitió la Resolución 248/08 que prohíbe extender nuevas autorizaciones para la venta al detalle del producto.
Pese a ello, los cuatro cocaleros se prestaron 8.000 dólares del Banco Unión y la Fundación Diakonía para entregarlo a Cirio Quispe, quien firmó recibos en los que se lee claramente “por concepto de trámite de licencia de comercialización de hoja de coca (...) Una vez entregado (sic) la licencia, debe ser cancelado el saldo”, en tanto que en otro dice: “Y el saldo se completará una vez entregados (sic) las licencias”.
El jurista Arnez declaró ayer que hace una semana aproximadamente “estas personas, que son muy pobres y humildes, pese a lo que pagan intereses y el préstamo bancario, encontraron a Cirio Quispe en la plaza Murillo, donde les dijo que mientras otras autoridades no le devuelvan las sumas que les dio con la finalidad de lograr las licencias”, no les devolvería su dinero.
Octavio Mollicheca Mamani, Luis Gualberto Condori Quispe, Reina Mollicheca Mamani y Gloria Michua Mamani denunciaron que el parlamentario, suplente de la diputada Elizabeth Salguero, les exigió el pago de 16.000 dólares para extenderles las cuatro licencias.
Ellos poseen cocales en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas, La Paz.
La diputada Salguero abrió ayer un proceso penal en contra de su suplente por los delitos de estafa, corrupción, cohecho y uso indebido de influencias contra los campesinos.
La legisladora derivó el caso al Ministerio de Transparencia y a la Dirección Nacional del MAS, que abrirán causas contra Quispe.
Alfredo Arnez, abogado patrocinante de los cocaleros supuestamente estafados, presentó el jueves una querella por concusión, uso indebido de influencias y estafa contra Quispe.
El presidente de la bancada oficialista en Diputados, César Navarro, reiteró ayer que el MAS no se opondrá al procesamiento del sindicado.
La coca en Santa Cruz
El 1 de agosto, La Prensa publicó que la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) envió al norte cruceño integrado y Santa Cruz de la Sierra 13,4 toneladas de este cultivo, aproximadamente la cuarta parte de la cantidad vendida cada día.
En el curso de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) destruyó cinco megafábricas de cocaína en San Juan de Lomerío, Curuchi, Porongo, El Triguillo y El Pajaral, en Santa Cruz.
El Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral emitió la Resolución 248/08 que prohíbe extender nuevas autorizaciones para la venta al detalle del producto.
Pese a ello, los cuatro cocaleros se prestaron 8.000 dólares del Banco Unión y la Fundación Diakonía para entregarlo a Cirio Quispe, quien firmó recibos en los que se lee claramente “por concepto de trámite de licencia de comercialización de hoja de coca (...) Una vez entregado (sic) la licencia, debe ser cancelado el saldo”, en tanto que en otro dice: “Y el saldo se completará una vez entregados (sic) las licencias”.
El jurista Arnez declaró ayer que hace una semana aproximadamente “estas personas, que son muy pobres y humildes, pese a lo que pagan intereses y el préstamo bancario, encontraron a Cirio Quispe en la plaza Murillo, donde les dijo que mientras otras autoridades no le devuelvan las sumas que les dio con la finalidad de lograr las licencias”, no les devolvería su dinero.
La diputada Salguero, una de las involucradas por Quispe en este caso, informó ayer a La Prensa que se querelló contra su suplente “para que pueda aclarar los supuestos cargos, en los que también ha implicado al viceministro de la Coca, Gerónimo Meneses, a mí y al director general de la Coca e Industrialización, Luis Cutipa”.
Quispe, quien no pudo ser encontrado ayer por la tarde, presentó notas de descargo ante el Comité de Constitución y Ministerio Público de la Cámara Baja y a Transparencia.
Salguero dijo que “ya es tarde, porque ha dejado pasar el tiempo y esta denuncia es pública. No ha actuado en su momento. Pudo haber iniciado una acción en su momento contra las personas que sindican”.
Quispe es representante de los cocaleros asentados en Chicaloma, Sud Yungas, pero dirigentes de Adepcoca aún no recibieron copia de la denuncia.
Arnez se mostró sorprendido por la reacción de las autoridades parlamentarias a partir del momento en que la denuncia tomó carácter público, pues desde fines del mes pasado solicitó la intervención de Edmundo Novillo, presidente de la Cámara Baja, y Jorge Silva, secretario del Comité del Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, sin haber recibido una respuesta.
El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, sostuvo que la Dirección Nacional del partido dijo que el caso será procesado sin consideración ni contemplaciones. Quispe se hace pasible a la expulsión.
La Dirección masista promete severidad
Leonilda Zurita, presidenta de la Comisión de Ética del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Sergio
Loayza, vicepresidente del partido en función de Gobierno, coincidieron ayer en que los organismos de conducción masista no recibieron las denuncias que pesan contra el diputado suplente Cirio Quispe.
Zurita dijo que “no tengo conocimiento de este caso, y tampoco nadie me informó de lo que está sucediendo con el diputado suplente. No puedo adelantar criterios, pero lo cierto es que no se aceptarán más hechos de corrupción en el MAS”.
Loayza apuntó que aún “no tenemos información fidedigna de este caso, no hemos recibido aún los documentos del tema del que me habla”.
El dirigente político explicó que, de acuerdo con la normativa interna, corresponderá al Tribunal de Honor investigar los hechos con base en los documentos que presenten las partes en conflicto, labor que “puede durar días o semanas, dependiendo de las pruebas que se tengan. Si hay pruebas y son contundentes, el proceso puede concluir en una semana, aunque para ello el tribunal valorará los documentos y escuchará la versión del acusado”.
Loayza se responsabilizó por la firmeza con la que actuará el organismo rector de la disciplina interna y que el procesado se arriesga a ser expulsado con ignominia del MAS.
“No tenemos por qué tapar los hechos de corrupción, los corruptos deben estar fuera del partido. En estos casos somos implacables”.
Durante el actual periodo de gobierno, el caso emblemático de corrupción fue protagonizado por el destituido presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y su aún esposa, la diputada suplente Jiovana Cristina Navia Doria Medina.
El primero fue expulsado con ignominia del MAS y la segunda perdió su curul parlamentario.
Adepcoca no conoce el caso
Ángel Miranda, vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz, afirmó que la organización desconoce el caso de Cirio Quispe, diputado plurinominal del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusado de estafar a cuatro cocaleros de La Asunta.
Por ese motivo, Miranda no quiso adelantar criterio alguno sobre la querella que presentaron en contra del diputado masista, por recibir una supuesta coima de 8.000 dólares, tanto el abogado de los presuntos estafados como la parlamentaria masista Elizabeth Salguero.
“La verdad es que no tenemos conocimiento alguno sobre este tema. No puedo dar a conocer mi criterio sin contar con los antecedentes de esta situación”.
Sobre la concesión de licencias de comercialización de hoja de coca, el dirigente explicó que los documentos no pueden ser gestionados por segundas o terceras personas, pues el trámite es personal y debe hacerse ante autoridades competentes locales y nacionales.
“Sólo la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización o el Viceministerio de Coca puede autorizar el inicio de trámite de una licencia. No lo puede hacer un dirigente, un parlamentario o una autoridad”.
Denuncia
Ante la presión de los acreedores, el diputado se comprometió a devolver el dinero.
En fechas 5, 6 y 22 de julio debió devolver 500 y 1.250 dólares, pero no cumplió el acuerdo.
Estos compromisos de pago fueron firmados por el parlamentario oficialista.
Noticia publicada el 19 de Sptiembre de 2009 en La Prensa
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