César López acusa a Quintana de tratar con contrabandistas

Noticia publicada el 5 de Diciembre de 2008 en La Razon

El ex presidente de la Aduana Nacional, general César López, sostuvo ayer que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hizo tratos con los comerciantes acusados de la fuga de 33 camiones que llevaban mercadería de contrabando, hecho que ocurrió en Cobija el 23 de agosto.

La ex autoridad hizo la denuncia ayer ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga los hechos de agosto.

“El ministro Quintana se molestó y les reclamó a los comerciantes por su deshonestidad, señalándoles que el trato sólo era (para el paso) de 17 camiones y que habían faltado a la palabra y a su compromiso, y que (el tema) excepcionalmente se iba a resolver”. Esto ocurrió, según López, el 30 de julio, tres días después de que los camiones fueran retenidos por militares en la localidad fronteriza de Santa Rosa de Abuná, a 180 kilómetros de la zona franca de Cobija.

“Esta reunión fue para ver si podía haber una acuerdo de solución al problema”, sostuvo el general. Agregó que al encuentro también asistieron dirigentes de los comerciantes, como Zenón Valeriano Quispe Yujra, Jesús Antonio Álvarez Cutile, Jesús Chambi Mamani, Wálter Zuleta Morales, Adolfo Choque y otros de quienes “no tengo el nombre”.

Chambi y Álvarez figuran junto a otras dos personas en el informe del fiscal de turno de la zona franca de Cobija, Jhonny Sosa, como los propietarios de la mercadería retenida en Santa Rosa.

Según el reporte que el teniente Alfredo Deheza, efectivo del Control Operativo Aduanero (COA), presentó a López, Chambi estuvo junto a otra persona la noche del 26 de julio en el puesto de control del Comando Conjunto, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera a Cobija.

“Uno de ellos se presentó como Jesús Chambi, presidente de la Organización Territorial de Base (OTB), indicándome que tuvieron una reunión con el ministro Juan Ramón Quintana, quien se había constituido a Cobija para reunirse con los comerciantes y dejar pasar por la tranca del kilómetro 19 su mercadería”, señala el documento.

El informe da cuenta de que Chambi “indicó que se constituiría al lugar, en algunos minutos, el contralmirante (Rafael) Bandeiras o uno de sus representantes del Comando Conjunto, para dar las instrucciones”. Bandeiras, actual prefecto interino de Pando, era entonces jefe del Comando Conjunto en Cobija.

Deheza informó también que, luego, el capitán Óscar Abastoflor, del Comando Conjunto, autorizó el paso de los motorizados que avanzaron hasta Santa Rosa, donde fueron interceptados.

La participación de Chambi está registrada en un video que el miércoles difundió Cadena A y que, según el general López, fue grabado por el fiscal Sosa.

A las 11.00, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, señaló que “lo que puedo decir a los medios de la oposición, como es el caso de Unitel, es que el ministro Juan Ramón Quintana, nuestro colega, ha venido siendo objetivo de permanente ataque mediático y también político”.

Expresó, a nombre del Ejecutivo, su apoyo al titular de la Presidencia.

Por la noche, Juan Ramón Quintana ofreció una rueda de prensa en la que negó las acusaciones formuladas en su contra y contra Bandeiras; pero no se refirió ni al video ni a las declaraciones del ex presidente de la Aduana.

En su declaración, López también reveló que el 26 de julio recibió dos llamadas en su celular. La primera —dijo— fue del ministro Quintana, a las 17.00. “Él (Quintana) me dijo que se encontraba en Cobija y que había una cantidad de vehículos con mercadería para pasar a Puerto Montevideo (frontera con Brasil) y que más tarde ingresarían en un régimen normativo”.

Agregó que el ministro le habría dicho que logró “acuerdos políticos” en Pando y que “incluso manifestó que estos camiones podían pasar la mitad a partir del día sábado y la (otra) mitad al amanecer del domingo. Le contesté y le dije que yo no era quien iba a desautorizar al presidente de la República, Evo Morales, quien ordenó la creación del Comando Conjunto con la misión de evitar el contrabando”.

“En la noche, entre 19.00 y 20.00, me llamó el contralmirante (Bandeiras), solicitándome por favor que le extienda una nota autorizando la salida de los camiones (de la tranca)”, relató.

El ex presidente de la Aduana denunció también la falta de cooperación de las FFAA para realizar el operativo de rescate de los camiones antes de su fuga. Contó que cuando le pidió apoyo militar al jefe del Estado Mayor, general José Prudencio, “él me manifestó que en la reunión del Ato Mando se decidió que se daría una solución política (a la situación)”.

Según la ex autoridad, nueve de los camiones fueron recapturados. Dijo que algunos de ellos fueron hallados en Montevideo sin sus placas de control.

“(Quintana) les reclamó a los comerciantes por su deshonestidad, señalándoles que el trato sólo era de 17 camiones”.
General César López

Versión de López

26 de julio • 33 camiones de contrabando logran pasar la tranca del kilómetro 19, donde un dirigente de los comerciantes aparece y dice tener autorización de Quintana y Bandeiras. Ambas autoridades llaman al general López.

27 de julio • Los motorizados son interceptados por efectivos militares del Comando Conjunto en la localidad de Santa Rosa de Abuná, a 180 km de la ciudad de Cobija y próxima a la población fronteriza de Montevideo.

30 de julio • El ex presidente de la Aduana, César López, se reúne junto a sus técnicos y dirigentes de los comerciantes con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En el encuentro, en La Paz, se negocia una salida al problema.

23 de agosto • El operativo de la Aduana para rescatar los camiones y trasladarlos de regreso a la zona franca de Cobija fracasa a causa, entre otras cosas, de la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Por la fuerza, los propietarios de los camiones los recobran y los llevan con rumbo a la frontera.

Militares llevan el dinero del bono Pinto a su casa

Noticia publicada el 12 de Noviembre el 2008 en La Razon

Oficiales de la Fuerza Aérea en Tarija, responsables del pago del bono Juancito Pinto, se llevaron el fin de semana a sus domicilios el dinero destinado al pago del beneficio, argumentando que los bancos están cerrados los domingos.

El sábado, uno de los oficiales reportó a la Policía el robo de los Bs 160.000 que estaban destinados al pago del bono en unidades educativas de Villa Abaroa.

Según explicó a una emisora local el comandante de la IV Brigada Aérea, coronel José López, “se hizo entrega del dinero al oficial. Pero como los bancos no abren sus puertas en domingo, esta persona, como otros oficiales, guardó la plata en su hogar”.

El responsable de la unidad ejecutora del bono, Reinaldo Díaz, dijo ayer que lo ocurrido en Tarija significa un incumplimiento de las normas de seguridad, aunque admitió que los protocolos para el manejo del dinero son definidos por las unidades militares que realizan los pagos.

La autoridad educativa confirmó que se están realizando las investigaciones pertinentes por parte de la FELCC y FFAA, aunque los detalles se los mantiene en reserva para evitar otros robos .

Díaz aseguró que el pago del bono continúa sin ningún contratiempo y que, a pesar del robo, los niños de las escuelas de Villa Abaroa recibieron su bono.

Las fallas en la carnetización van a la Fiscalía

Noticia publicada el 9 de Julio de 2008 en La Razon

Tres vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) pidieron ayer la investigación a la Fiscalía General de la República sobre los ´presuntos delitos´ perpetrados durante el proceso de carnetización gratuita —programa impulsado por el Gobierno con apoyo de Venezuela—, en base a los reclamos formulados la anterior semana por la diputada de Podemos Ninoska Lazarte, quien insinuó la vulnerabilidad del programa a partir de documentos policiales que lo denunciaban.

“En el ejercicio de nuestras funciones de vocales de la CNE hemos tomado conocimiento de los hechos denunciados por la H. Diputada Nacional Ninoska Lazarte, que de comprobarse por las instancias judiciales competentes constituirán delitos contra la fe pública cometidos en el proceso de carnetización gratuita”, se lee en la carta dirigida al fiscal general Mario Uribe firmada por los vocales Amalia Oporto, José Luis Exeni y Jerónimo Pinheiro, que data del 8 de julio.

La mañana del jueves, Lazarte presentó la documentación que ponía en duda la seguridad del programa, además de informes policiales en los que se denunciaban irregularidades en los registros, como carnets que tenían fotos de paisajes, no personas.

El 16 de abril, por ejemplo, el teniente William Llanos, jefe de sistemas, envió un informe al director nacional de Identificaciones, Raúl Rocha, en el que denunciaba que existían dobles registros e incluso algunos sin fotografías. El 2007 concluyó la segunda fase del programa, pese a que en la primera parte de la gestión la Dirección de Identificaciones alertó de las irregularidades que se cometieron en el proceso. Un jefe policial alertó que el doble registro podría llevar a un fraude electoral.

Una fuente policial manifestó a este medio que “con la simple presentación de dos testigos” se accede a una cédula gratuita, “usted sabe que la gente de los países vecinos aprovecha para tener doble identidad. Se alertó en su momento y nadie le dio importancia, dadas las circunstancias políticas”. La CNE expresó a Uribe en su misiva que cooperará “con todos los requerimientos que su autoridad considere útiles para la investigación”.

Gobierno formaliza querella

El asesor legal del Ministerio de Gobierno, Marcos Farfán, presentó ayer una querella en contra de la diputada nacional de Podemos Ninoska Lazarte, quien denunció por medios de comunicación las presuntas irregularidades y vulnerabilidades del programa de carnetización gratuita.

En la querella se acusa a Lazarte de “falsedad material e ideológica al poner de manifiesto que ella y terceros alteraron la información de cédulas”, se lee en el documento.

Por su parte, la diputada anunció que espera la notificación. “Es una persecución política, no les tengo miedo y voy a seguir demostrando la irregularidad del sistema. El Gobierno demuestra que no le gusta que demostremos irregularidades”.

Miguel Albarracín, coordinador del programa, reconoció que el sistema se adecuó a los niveles de control anteriores.

UN vincula a Quintana

Noticia publicada el 4 de Julio de 2008 en La Razon

l diputado de UN Arturo Murillo expuso los supuestos vínculos del grupo contraterrorista con el Ministro de la Presidencia y con el jefe de Aduanas. Dijo que este grupo de élite actuó en los hechos violentos desde el 2007.

La Policía pacta luchar contra la corrupción en dos reparticiones

Noticia publicada el 20 de Junio de 2008 en La Prensa


Tránsito e Identificaciones son dos de las reparticiones policiales donde mayor número de quejas de corrupción se registran, según el viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, entidad que ayer firmó un acuerdo con la Policía para luchar contra esa lacra.

Con ese objetivo, el comandante general de la Policía Nacional, general Miguel Gemio, suscribió ayer un acta de entendimiento con la viceministra Nardy Suxo Iturry para la aplicación del plan de transparencia en la institución del orden.

“Volcaré todos mis esfuerzos para que se llegue a término y haya corrupción cero”, dijo Gemio al comprometerse a identificar a los malos policías, a fin de que sean sancionados por faltas y, en caso de delitos, pasen al Ministerio Público.

El Comandante General negó que sea la institución la involucrada en este tipo de hechos y acusó a algunos miembros, “porque no hay que olvidar que la mayoría está dispuesta a ofrendar su vida en el cumplimiento del deber”.

La viceministra Suxo, además de destacar la firma del acta, dijo que las quejas por cobros no establecidos son frecuentes contra Tránsito e Identificaciones, y entregó pancartas donde se describen los pasos que se deben dar para obtener la licencia de conducir y la cédula de identidad, en tres idiomas (aymara, quechua y español), las que deben ser exhibidas en esas unidades.

La Policía, al igual que las reparticiones del sector público, se compromete a implementar cuatro componentes: acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública.

“De acuerdo con el mandato presidencial, la lucha contra la corrupción y la transparencia es la gestión pública es indispensable en el actual proceso de cambio que vive el país”, dice el punto cuatro del acta suscrita, que regirá dos años, con opción de prórroga.

Sorprenden a un policía con dinero de coimas

Noticia publicada el 19 de Junio de 2008 en El Deber


Otra denuncia de corrupción afecta a la deteriorada imagen de la Policía. Un uniformado dependiente de la división Registro de Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito fue sorprendido con Bs 560 en el cajón del escritorio donde atiende al público, producto de las supuestas coimas que recibe para los trámites en las oficinas de Servicio & Operadores (SIO), que es la recaudadora de los impuestos municipales.
El hecho fue denunciado por el diputado Wilfredo Áñez, al que le sonsacaron Bs 70 cuando realizaba un trámite de registro de vehículos. El parlamentario cuestionó el cobro del policía y éste dijo que sólo cumplía órdenes superiores. Áñez avisó del caso de corrupción al Ministerio Público y el fiscal Raúl Roca abrió el cajón del escritorio donde halló la plata, como prueba del delito de cohecho.
Roca dijo que el policía Wálter Pérez Mamani deberá presentarse hoy a las 16:00 para dar su versión en torno a la denuncia del diputado. Por su parte, el subdirector de Tránsito, Carlos Gutiérrez, aseguró que el sargento aludido vendía valores policiales y dijo que no es cierto que cobraba dinero sin dar algún documento de respaldo. Contrariamente a esa explicación, el director de Recaudaciones de la Policía, Víctor Maldonado, afirmó que la suboficial Norberta Luna es la única autorizada para realizar solamente el canje de los comprobantes de pago en el banco por un valorado de esa repartición, de acuerdo con el trámite que realiza el interesado. “La suboficial no debe hacer ningún cobro en efectivo, sólo el cambio de la boleta bancaria por el valorado”, remarcó.
El director de Tránsito, Humberto Echalar, que estuvo presente cuando el diputado denunció el hecho, dijo que no sabía que el policía realizaba cobros ‘por órdenes superiores’, pero refirió que la jefa de Registro de Vehículos es la Tcnl. Margoth Cardozo de Heredia y que el caso es investigado por el Ministerio Público. EL DEBER intentó conocer la versión de Cardozo, pero no fue encontrada.
Vivian Calderón, representante de SIO, sostuvo que cedieron un espacio para Tránsito, pero no sabía que realizaba cobros.

Soborno: fiscal recibió apoyo de Diputados
Según el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, presidida por Gonzalo Lazcano, le ha brindado su apoyo para procesar a los implicados en la repartija de $us 300.000 de un presunto narco.
La Fiscalía imputó varios delitos, entre ellos cohecho, a los teniente coroneles Ramiro Soliz, Freddy Meneses; al capitán Orlando Araujo, al teniente Fidel Garnica, a los policías Vidolfo Chávez, Juan Calisaya y Eugenio Mamani; al fiscal José Luis Molina y al dueño de la plata, Luis Alberto Suárez Gil (evadido).
El diputado Lazcano, el martes 17, recibió un informe del fiscal del caso, Álvaro La Torre, tras el cual dijo que no convocará a los procesados por la Fiscalía, pero sí a Enrique Urquidi (ex comandante de la Policía), Edwin Foronda (subcomandante) y al fiscal Jaime Soliz, que dijo estar dispuesto a colaborar con las inquietudes de Lazcano.
Por otra parte, ayer se supo que el juez Roque Leaños fijo la audiencia cautelar para el 26 de este mes.

El fiscal revive el caso Enron y enjuicia a Goni

Noticia publicada el 10 de junio de 2008 en La Prensa

El Ministerio Público presentó ayer ante la Corte Suprema una acusación formal para el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ex ministros y ex ejecutivos de YPFB, por el contrato firmado con la empresa estadounidense Enron para la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil.
El fiscal de Recursos, Orlando Riveros, informó que la Fiscalía General inició la investigación luego de que el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, planteara el proceso contra los ex mandatarios, sus ex ministros, funcionarios de la estatal petrolera YPFB y los representantes legales de la compañía estadounidense en Bolivia.

En junio del 2006, Soliz Rada anunció el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras 40 personas, incluidos varios estadounidenses, por una supuesta “brutal estafa” de la quebrada firma petrolera Enron Corp.

En aquella oportunidad, Soliz indicó que el juicio podría afectar a la firma con sede en Londres, Ashmore Energy International Limited, que compró en enero de ese año los negocios de Prisma en Bolivia. También implicó a la anglo-holandesa Shell, su socia en la transportadora de hidrocarburos Transredes.

El 9 de diciembre de 1994, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se firmó el contrato entre la empresa estadounidense Enron y la estatal petrolera YPFB, con el objetivo de construir el gasoducto Brasil-Bolivia.

El fiscal Orlando Riveros explicó que, fruto de ese contrato, se suscribieron otros documentos modificatorios que abrieron paso para que la Enron inclusive sea parte de Transredes.

“El origen reside en el contrato original que tenía cláusulas muy lesivas y contrarias al interés nacional. Basta mencionar que este contrato ha posibilitado el ingreso de la Enron al gasoducto de Brasil-Bolivia, con el compromiso sólo de que haga sus mejores esfuerzos para conseguir financiamiento”, explicó Riveros a

La Razón y recordó que el financiamiento para este proyecto provino de Petrobras; y al tener financiamiento brasileño ya no era necesaria la presencia de Enron, pero se mantuvo en contra de los intereses nacionales.

De acuerdo al procedimiento, una vez presentada la proposición acusatoria por el Ministerio Público, será la Corte Suprema la que remita el caso al Congreso y esta instancia legislativa autorice el juicio. Este medio se contactó ayer con el ex vicepresidente Cárdenas, quien se excusó de hacer declaraciones. Dijo que hoy atenderá cualquier requerimiento. Redacción Central y Redacción Sucre