El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla Jaro, informó que la mañana de ayer en el penal de Palmasola, la Juez Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal, dictó sentencia condenatoria, dentro del proceso abreviado seguido contra Moisés Ponce de León, abogado del exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza Álvarez, a quien condenó a tres años de reclusión por el delito de extorsión y dos años a Richard Cerda, exasesor de Soza, por el delito de encubrimiento.
Ambos sentenciados solicitaron someterse a proceso abreviado y renunciaron a juicio oral, por lo que aceptaron su responsabilidad penal en los delitos imputados.
Las sentencias se dictaron dentro del caso denominado “Soza”, en el que se investigan hechos de corrupción y extorsión en los que hubieran incurrido el exfiscal y otros implicados.
"Hay pruebas documentadas y testificales evidentes, que acreditan la comisión de los delitos, prueba de ello es que los imputados, al verse acorralados por las evidencias, solicitaron que se les aplique el procedimiento abreviado en este caso".
juicio contra soza. Explicó que se llevó a cabo una audiencia de prueba anticipada, en la que Ponce de León prestó una declaración testifical ante la juez, a quien informó de cuanto sabe en relación a los hechos investigados por la Fiscalía.
"El Ministerio Público está develando la verdad histórica de los nefastos hechos, donde están involucrados Marcelo Soza y otros". Padilla aseguró que tiene pruebas documentales y testificales, de que Soza recibió un sobre con 50 mil dólares, con la promesa de ayudar a liberar a un sospechoso-.
jueves, 4 de diciembre de 2014
miércoles, 3 de diciembre de 2014
Corrupción transnacional afecta a todo el mundo
Ningún país, ni desarrollado ni en vías de desarrollo, se salva en el retrato sobre la corrupción que ayer presentó en París la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Cerca de uno de cada dos casos de corrupción transnacional implica a "agentes públicos de países cuyo índice de desarrollo humano es alto”, es decir, los países desarrollados, según la organización con sede en París.
La OCDE define la corrupción transnacional como el "hecho de ofrecer una ventaja indebida pecuniaria o de otro tipo, a un agente público extranjero, para su provecho o para provecho de un tercero, para que este agente actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de funciones oficiales, de cara a obtener o conservar un mercado estable y firme en el comercio internacional”.
La OCDE se basó en la elaboración de este informe en 427 casos particulares de corrupción juzgados por la justicia desde 1999, cuando entró en vigor su Convención Anticorrupción.
Los sobornos suelen ser los casos de corrupción más habituales a los empleados de empresas públicas (27%) o a agentes de aduanas (11%).
En la mayoría de los casos se pagaron para ganar mercados públicos (57%) o para realizar trámites aduaneros (12%). En las empresas de más de 250 trabajadores (60%) son los primeros actos de corrupción, mientras que en el de las PME no supera el 4% de los casos. De media, los sobornos se elevaron respectivamente al 10,9% del valor total de la transacción y al 34,5% de los beneficios obtenidos.
El informe señala que el plazo para que un caso de corrupción se concrete no para de alargarse, hasta 7,3 años de media.
Cerca de uno de cada dos casos de corrupción transnacional implica a "agentes públicos de países cuyo índice de desarrollo humano es alto”, es decir, los países desarrollados, según la organización con sede en París.
La OCDE define la corrupción transnacional como el "hecho de ofrecer una ventaja indebida pecuniaria o de otro tipo, a un agente público extranjero, para su provecho o para provecho de un tercero, para que este agente actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de funciones oficiales, de cara a obtener o conservar un mercado estable y firme en el comercio internacional”.
La OCDE se basó en la elaboración de este informe en 427 casos particulares de corrupción juzgados por la justicia desde 1999, cuando entró en vigor su Convención Anticorrupción.
Los sobornos suelen ser los casos de corrupción más habituales a los empleados de empresas públicas (27%) o a agentes de aduanas (11%).
En la mayoría de los casos se pagaron para ganar mercados públicos (57%) o para realizar trámites aduaneros (12%). En las empresas de más de 250 trabajadores (60%) son los primeros actos de corrupción, mientras que en el de las PME no supera el 4% de los casos. De media, los sobornos se elevaron respectivamente al 10,9% del valor total de la transacción y al 34,5% de los beneficios obtenidos.
El informe señala que el plazo para que un caso de corrupción se concrete no para de alargarse, hasta 7,3 años de media.
Entre 175 países, Bolivia ocupa el puesto 103 en el índice de percepción de corrupción
Entre 175 países evaluados, Bolivia ocupa el puesto 103 en el índice de percepción de corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional (TI). Aunque se mantiene lejos de las mejores notas regionales y globales, subió tres puntos respecto a 2013, cuando se ubicó en el puesto 106.
De acuerdo al ránking, que fue publicado hoy, el país comparte su ubicación con México y se encuentra por encima de Argentina o Ecuador, pero por debajo de Uruguay y Chile, los mejor calificados y vistos como los más transparentes en la región.
Desde Berlín, la agencia de noticias EFE informó que, según el informe, Venezuela y Paraguay son los países percibidos como los más corruptos de América Latina.
El Índice de Percepción de la Corrupción de TI, considerado un referente en la lucha contra los delitos económicos, otorga de nuevo en esta edición las mejores notas globales a Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, mientras que relega al furgón de cola a Somalia, Corea del Norte y Sudán.
Uruguay y Chile - prosigue el informe de EFE - comparten la posición 21 en la clasificación global de 175 países, con 73 puntos (sobre un máximo de cien), seguidos por Puerto Rico (puesto 31, 63 puntos) y Costa Rica (puesto 47, 54 puntos).
Les siguen, aunque ya por debajo del aprobado Cuba (puesto 63, 46 puntos), Brasil (puesto 69, 43 puntos), El Salvador (puesto 80, 39 puntos), Perú (puesto 85, 38 puntos), Colombia y Panamá (ambas en el puesto 94, 37 puntos), Bolivia y México (ambos en el puesto 103, 35 puntos) y Argentina (puesto 107, 34 puntos).
El ránking latinoamericano se completa con Ecuador (puesto 110, 33 puntos), República Dominicana y Guatemala (ambas en el puesto 115, 32 puntos), Honduras (puesto 126, 29 puntos) y Nicaragua (puesto 133, 28 puntos).
La clasificación la cierran Paraguay (puesto 150, 24 puntos) y Venezuela (puesto 161, 19 puntos).
Este índice anual de TI, que mide cómo de corrupto se percibe el sector público de cada país a través de hasta una docena de estudios comparativos, destaca que el 69 % de los países analizados suspenden en transparencia (58 % dentro del G20) y que la media mundial es de 43 puntos sobre cien.
Dinamarca, con 92 puntos, Nueva Zelanda (91), Finlandia (89), Suecia (87) y Noruega (86) encabezan la clasificación, con mínimas variaciones con respecto a los últimos años.
De manera similar, tan sólo con pequeñas oscilaciones, en la parte inferior de la tabla siguen atrapados Somalia y Corea del Norte, ambos con ocho puntos, seguidos por Sudán (11), Afganistán (12) y Sudán del Sur (15).
El informe también ordena las regiones en orden decreciente de transparencia, situando en primer lugar a Europa Occidental (66 puntos), seguida por Américas (45), Asia Pacífico (43), Oriente Medio y Norte de África (38), Europa del Este y Asia Central (33) y África Subsahariana (33).
Somalia y Corea del Norte, los más corruptos
Somalia y Corea del Norte se mantienen como los países más corruptos del mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI), y que otorga las mejores notas un año más a Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia.
En declaraciones a Efe, el presidente de TI, José Ugaz, denunció la corrupción como un "fenómeno universal" e hizo hincapié en el peligro de la impunidad.
Bolivia
El informe coloca a Bolivia, dentro del ranquin internacional, en el puesto 103 con 35 puntos; a escala de la región en América Latina, el país ocupa el casillero 20, clasificación que es liderada por Chile y Uruguay.
Según el índice anual de TI, que mide cómo de corrupto se percibe el sector público de cada país mediante hasta una docena de estudios comparativos, el 69 % de los países analizados suspenden en transparencia (58 % dentro del G20), con una puntuación media mundial de 43 puntos sobre cien.
Dinamarca, con 92 puntos, Nueva Zelanda (91), Finlandia (89), Suecia (87) y Noruega (86) encabezan la clasificación, con mínimas variaciones con respecto a los últimos años.
De manera similar, tan sólo con pequeñas oscilaciones, en la cola continúan Somalia y Corea del Norte, ambos con ocho puntos, Sudán (11), Afganistán (12) y Sudán del Sur (15).
Entre las grandes potencias, EEUU, se sitúa en el puesto 17, por detrás de Alemania (12), Reino Unido (12) y Japón (15), y bien lejos de Brasil (69), India (85), China (100) y Rusia (136).
La clasificación regional de América Latina, como en años anteriores, está liderada por Uruguay y Chile, que comparten el puesto 21 con 73 puntos, y cerrada en su extremo inferior por Venezuela (puesto 161 con 19 puntos) y Paraguay (puesto 150 con 24 puntos).
El informe también ordena las regiones en orden decreciente de transparencia, un ranquin que encabeza Europa Occidental (66 puntos), seguida por Américas (45), Asia Pacífico (43), Oriente Medio y Norte de África (38), Europa del Este y Asia Central (33) y África Subsahariana (33).
Este estudio, según Ugaz, demuestra "que cuando líderes y funcionarios de alto rango abusan de su poder y se apropian de fondos públicos para beneficio personal, se socava el crecimiento económico y los esfuerzos para frenar la corrupción desaparecen".
En declaraciones a Efe, el presidente de TI, José Ugaz, denunció la corrupción como un "fenómeno universal" e hizo hincapié en el peligro de la impunidad.
Bolivia
El informe coloca a Bolivia, dentro del ranquin internacional, en el puesto 103 con 35 puntos; a escala de la región en América Latina, el país ocupa el casillero 20, clasificación que es liderada por Chile y Uruguay.
Según el índice anual de TI, que mide cómo de corrupto se percibe el sector público de cada país mediante hasta una docena de estudios comparativos, el 69 % de los países analizados suspenden en transparencia (58 % dentro del G20), con una puntuación media mundial de 43 puntos sobre cien.
Dinamarca, con 92 puntos, Nueva Zelanda (91), Finlandia (89), Suecia (87) y Noruega (86) encabezan la clasificación, con mínimas variaciones con respecto a los últimos años.
De manera similar, tan sólo con pequeñas oscilaciones, en la cola continúan Somalia y Corea del Norte, ambos con ocho puntos, Sudán (11), Afganistán (12) y Sudán del Sur (15).
Entre las grandes potencias, EEUU, se sitúa en el puesto 17, por detrás de Alemania (12), Reino Unido (12) y Japón (15), y bien lejos de Brasil (69), India (85), China (100) y Rusia (136).
La clasificación regional de América Latina, como en años anteriores, está liderada por Uruguay y Chile, que comparten el puesto 21 con 73 puntos, y cerrada en su extremo inferior por Venezuela (puesto 161 con 19 puntos) y Paraguay (puesto 150 con 24 puntos).
El informe también ordena las regiones en orden decreciente de transparencia, un ranquin que encabeza Europa Occidental (66 puntos), seguida por Américas (45), Asia Pacífico (43), Oriente Medio y Norte de África (38), Europa del Este y Asia Central (33) y África Subsahariana (33).
Este estudio, según Ugaz, demuestra "que cuando líderes y funcionarios de alto rango abusan de su poder y se apropian de fondos públicos para beneficio personal, se socava el crecimiento económico y los esfuerzos para frenar la corrupción desaparecen".
martes, 2 de diciembre de 2014
Sentencia en caso Terrorismo I sería dictado el próximo año
La sentencia en el caso Terrorismo I podría dictarse el próximo año, una vez se subsanen todos los obstáculos procesales, así lo hizo conocer el fiscal asignado a este proceso Marco Antonio Rodríguez. Asimismo, informó que las audiencias se reanudarán desde el lunes 8 de diciembre.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, que forma parte de la comisión de fiscales del caso Terrorismo I, informó ayer que ese proceso avanzó 50 por ciento y dijo que se calcula que se emitirá sentencia el próximo año, para los acusados de participar en afanes secesionistas con la célula de mercenarios europeos comandados por Eduardo Rózsa.
“A pesar de los incidentes que presentaron los 21 imputados en sala y que paralizaron el juicio, existe un avance del 50 por ciento y esperemos tener sentencia, si no es este año en 2015”, explicó a los periodistas.
Informó que el juicio oral se restablecerá a las 15.30 del próximo 8 de diciembre, en la ciudad de Santa Cruz, para cumplir con la declaración de cuatro acusados más por los delitos de ‘terrorismo’ y ‘alzamiento armado’.
Rodríguez consideró que se debe analizar el estado de salud de los acusados, los incidentes y otras circunstancias que hacen que “el proceso se vaya dilatando”.
“Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, no permite actos dilatorios, cuando tiene la finalidad de dilatar y no asumir la defensa, bajo sanción a los abogados”, complementó.
Advirtió que el Ministerio Público hará cumplir la ley y sancionará a quienes dilaten el juicio.
Sobre los incidentes planteados en más de una ocasión por el abogado de Ignacio Villa Vargas, dijo que el acusado tiene el respaldo forense sobre su situación de salud.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, que forma parte de la comisión de fiscales del caso Terrorismo I, informó ayer que ese proceso avanzó 50 por ciento y dijo que se calcula que se emitirá sentencia el próximo año, para los acusados de participar en afanes secesionistas con la célula de mercenarios europeos comandados por Eduardo Rózsa.
“A pesar de los incidentes que presentaron los 21 imputados en sala y que paralizaron el juicio, existe un avance del 50 por ciento y esperemos tener sentencia, si no es este año en 2015”, explicó a los periodistas.
Informó que el juicio oral se restablecerá a las 15.30 del próximo 8 de diciembre, en la ciudad de Santa Cruz, para cumplir con la declaración de cuatro acusados más por los delitos de ‘terrorismo’ y ‘alzamiento armado’.
Rodríguez consideró que se debe analizar el estado de salud de los acusados, los incidentes y otras circunstancias que hacen que “el proceso se vaya dilatando”.
“Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, no permite actos dilatorios, cuando tiene la finalidad de dilatar y no asumir la defensa, bajo sanción a los abogados”, complementó.
Advirtió que el Ministerio Público hará cumplir la ley y sancionará a quienes dilaten el juicio.
Sobre los incidentes planteados en más de una ocasión por el abogado de Ignacio Villa Vargas, dijo que el acusado tiene el respaldo forense sobre su situación de salud.
lunes, 1 de diciembre de 2014
El Alto Denuncian irregularidades en adjudicación de obras
De 10 a 40 por ciento, de un total de 11 millones de bolivianos, era el pago que pretendían los personeros de la Alcaldía Municipal de El Alto, por la adjudicación de una obra a la empresa constructora Terraforte, afirmó el abogado Eduardo León, quien adelantó que hoy, lunes, presentará la demanda formal en la unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Por su parte, los concejales de esa urbe, en contacto con EL DIARIO, negaron conocer este extremo y explicaron que de existir denuncias de este tipo, estas deben ingresar por ventanilla única del Concejo Municipal.
La denuncia se trataría de unas obras que ya fueron ejecutadas por otra empresa constructora en el Distrito 8 de esa ciudad, pero fue culminada con el material que Terraforte dejó en el lugar a pesar de haberse adjudicado la obra, y de la que fue removida al haberse negado a realizar el pago a los personeros del municipio alteño.
“Estamos presentando una denuncia, en contra del señor alcalde Municipal de El Alto, Edgar Patana, así como contra todo el Concejo Municipal, por haber cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones en contra de la empresa denominada Terraforte, a la misma que, sin haber rescindido el contrato, es decir, que estaba en plena vigencia, hicieron otro contrato con otra empresa, y esa empresa termina la obra con los recursos y los materiales que habría dejado Terraforte en el lugar, y fue hecha de manera ilegal”, sostuvo el abogado.
León afirma que luego de la adjudicación de la obra a Terraforte, personal de confianza del alcalde Patana, habría efectuado “actos de extorsión”, exigiendo, al Gerente de Terraforte, en primera instancia el pago de una comisión por el valor equivalente al 10 por ciento del monto total a pagar, luego, los mismos llegaron a exigir el pago del 40 por ciento, en beneficio del Alcalde.
Consultados sobre este tema, varios de los concejales negaron conocer el hecho y no precisaron si existe alguna obra de importancia adjudicada a dicha empresa, pero pidieron no emitir mayores comentarios hasta corroborar, la documentación de la denuncia.
Similar postura asumió el presidente del Concejo, Sacarías Maquera, quien además mostró su preocupación, señalando que los 11 millones de bolivianos, no era una cifra menor y delegó a su asesor, Ramiro Márquez, ahondar sobre las supuestas irregularidades para hacer un pronunciamiento oficial y documentado.
Por su parte, León manifestó que la denuncia será planteada ante la Fiscalía General del Estado y la Departamental de La Paz, debido a que se tiene “absoluta desconfianza” sobre los administradores de justica de esa ciudad.
La denuncia se trataría de unas obras que ya fueron ejecutadas por otra empresa constructora en el Distrito 8 de esa ciudad, pero fue culminada con el material que Terraforte dejó en el lugar a pesar de haberse adjudicado la obra, y de la que fue removida al haberse negado a realizar el pago a los personeros del municipio alteño.
“Estamos presentando una denuncia, en contra del señor alcalde Municipal de El Alto, Edgar Patana, así como contra todo el Concejo Municipal, por haber cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones en contra de la empresa denominada Terraforte, a la misma que, sin haber rescindido el contrato, es decir, que estaba en plena vigencia, hicieron otro contrato con otra empresa, y esa empresa termina la obra con los recursos y los materiales que habría dejado Terraforte en el lugar, y fue hecha de manera ilegal”, sostuvo el abogado.
León afirma que luego de la adjudicación de la obra a Terraforte, personal de confianza del alcalde Patana, habría efectuado “actos de extorsión”, exigiendo, al Gerente de Terraforte, en primera instancia el pago de una comisión por el valor equivalente al 10 por ciento del monto total a pagar, luego, los mismos llegaron a exigir el pago del 40 por ciento, en beneficio del Alcalde.
Consultados sobre este tema, varios de los concejales negaron conocer el hecho y no precisaron si existe alguna obra de importancia adjudicada a dicha empresa, pero pidieron no emitir mayores comentarios hasta corroborar, la documentación de la denuncia.
Similar postura asumió el presidente del Concejo, Sacarías Maquera, quien además mostró su preocupación, señalando que los 11 millones de bolivianos, no era una cifra menor y delegó a su asesor, Ramiro Márquez, ahondar sobre las supuestas irregularidades para hacer un pronunciamiento oficial y documentado.
Por su parte, León manifestó que la denuncia será planteada ante la Fiscalía General del Estado y la Departamental de La Paz, debido a que se tiene “absoluta desconfianza” sobre los administradores de justica de esa ciudad.
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