De 10 a 40 por ciento, de un total de 11 millones de bolivianos, era el pago que pretendían los personeros de la Alcaldía Municipal de El Alto, por la adjudicación de una obra a la empresa constructora Terraforte, afirmó el abogado Eduardo León, quien adelantó que hoy, lunes, presentará la demanda formal en la unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Por su parte, los concejales de esa urbe, en contacto con EL DIARIO, negaron conocer este extremo y explicaron que de existir denuncias de este tipo, estas deben ingresar por ventanilla única del Concejo Municipal.
La denuncia se trataría de unas obras que ya fueron ejecutadas por otra empresa constructora en el Distrito 8 de esa ciudad, pero fue culminada con el material que Terraforte dejó en el lugar a pesar de haberse adjudicado la obra, y de la que fue removida al haberse negado a realizar el pago a los personeros del municipio alteño.
“Estamos presentando una denuncia, en contra del señor alcalde Municipal de El Alto, Edgar Patana, así como contra todo el Concejo Municipal, por haber cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones en contra de la empresa denominada Terraforte, a la misma que, sin haber rescindido el contrato, es decir, que estaba en plena vigencia, hicieron otro contrato con otra empresa, y esa empresa termina la obra con los recursos y los materiales que habría dejado Terraforte en el lugar, y fue hecha de manera ilegal”, sostuvo el abogado.
León afirma que luego de la adjudicación de la obra a Terraforte, personal de confianza del alcalde Patana, habría efectuado “actos de extorsión”, exigiendo, al Gerente de Terraforte, en primera instancia el pago de una comisión por el valor equivalente al 10 por ciento del monto total a pagar, luego, los mismos llegaron a exigir el pago del 40 por ciento, en beneficio del Alcalde.
Consultados sobre este tema, varios de los concejales negaron conocer el hecho y no precisaron si existe alguna obra de importancia adjudicada a dicha empresa, pero pidieron no emitir mayores comentarios hasta corroborar, la documentación de la denuncia.
Similar postura asumió el presidente del Concejo, Sacarías Maquera, quien además mostró su preocupación, señalando que los 11 millones de bolivianos, no era una cifra menor y delegó a su asesor, Ramiro Márquez, ahondar sobre las supuestas irregularidades para hacer un pronunciamiento oficial y documentado.
Por su parte, León manifestó que la denuncia será planteada ante la Fiscalía General del Estado y la Departamental de La Paz, debido a que se tiene “absoluta desconfianza” sobre los administradores de justica de esa ciudad.
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