Ningún país, ni desarrollado ni en vías de desarrollo, se salva en el retrato sobre la corrupción que ayer presentó en París la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Cerca de uno de cada dos casos de corrupción transnacional implica a "agentes públicos de países cuyo índice de desarrollo humano es alto”, es decir, los países desarrollados, según la organización con sede en París.
La OCDE define la corrupción transnacional como el "hecho de ofrecer una ventaja indebida pecuniaria o de otro tipo, a un agente público extranjero, para su provecho o para provecho de un tercero, para que este agente actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de funciones oficiales, de cara a obtener o conservar un mercado estable y firme en el comercio internacional”.
La OCDE se basó en la elaboración de este informe en 427 casos particulares de corrupción juzgados por la justicia desde 1999, cuando entró en vigor su Convención Anticorrupción.
Los sobornos suelen ser los casos de corrupción más habituales a los empleados de empresas públicas (27%) o a agentes de aduanas (11%).
En la mayoría de los casos se pagaron para ganar mercados públicos (57%) o para realizar trámites aduaneros (12%). En las empresas de más de 250 trabajadores (60%) son los primeros actos de corrupción, mientras que en el de las PME no supera el 4% de los casos. De media, los sobornos se elevaron respectivamente al 10,9% del valor total de la transacción y al 34,5% de los beneficios obtenidos.
El informe señala que el plazo para que un caso de corrupción se concrete no para de alargarse, hasta 7,3 años de media.
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