domingo, 17 de marzo de 2019

Irineo Condori cobró coimas para campaña electoral

El exjefe departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AE Vivienda) en Chuquisaca y exdiputado por el MAS Irineo Condori cobró coimas para su campaña electoral de diputado o senador para las próximas elecciones generales, según los datos revelados en la audiencia cautelar.

“De manera somera una de las víctimas dijo que el señor Condori pidió dinero a una de las empresas para una campaña electoral, como su persona refiere. Al menos eso dijo a una de sus víctimas”, respondió ayer la fiscal de materia Elizabeth Viveros ante la consulta de los periodistas si era cierto que Condori había pedido dinero para su campaña electoral de diputado o senador.

La exautoridad fue enviada a la cárcel de San Roque, de Sucre, por los delitos de uso de influencias, extorsión, concusión e incumplimiento de deberes, según la resolución que dio lectura el juez anticorrupción de Sucre, Gari Bracamonte Gumiel.

“El juez determinó la detención preventiva en contra de Irineo Condori luego de que las partes hemos fundamentado los graves hechos de corrupción, al igual que riesgos procesales tanto de fuga como de obstaculización”, informó la fiscal, después de terminar la audiencia que inició a las 10:00 y concluyó a las 16:00.

Viveros también informó que la comisión de fiscales realiza una valoración de todos los antecedentes, para que la investigación alcance a otras personas.

Incluso reveló que se tiene identificado a unas 15 empresas constructoras y a los representantes que están involucrados, con domicilio en Chuquisaca y otros en Tarija.

Durante la audiencia cautelar se mencionó que la exautoridad solicitó montos desde 27.000, 40.000, 70.000 hasta 200 mil bolivianos y que en total suman más de 1,1 millón de bolivianos con los que presuntamente se pudo beneficiar Condori.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, detalló que el juez Bracamonte consideró que este tipo de cobros ilegales puede dar pie a que las empresas adjudicadas a las obras la ejecuten de forma “deficiente”.

“El juez afirmó que los beneficiarios adjudicados pueden poner en peligro las obras, porque al verse sometidas a ciertos pagos, existirá una deficiente calidad en la ejecución de las obras e incluso puede haber algún desastre porque las obras no serán de buena calidad”, detalló la autoridad del Ministerio Público, quien participó de la audiencia.
El desarrollo de la audiencia, en un juzgado de Sucre.
APG

El caso

De acuerdo con las investigaciones, Condori en su calidad de director de la AE realizaba cobros para que algunas empresas se beneficien con la adjudicación para la construcción de viviendas sociales. Según el Ministerio Público, el modo de operar usado por Condori consistía en generar recibos de préstamo para los representantes de las empresas extorsionadas y luego cobrar las coimas como si estuviera recuperando el dinero prestado.

Fue aprehendido el jueves en Tarija, desde donde se lo trasladó hasta Sucre, lugar en el que radica la denuncia. La exautoridad se acogió al silencio durante la toma de sus declaraciones.

Hasta el momento, el exjefe departamental de AEVivienda es el único imputado por el caso de corrupción, sin embargo, no se descarta que se incluya a más personas. El jueves, el ministro de Justicia, Héctor Arce, indicó que mediante la coordinación entre su cartera el Ministerio de Obras Públicas y la Fiscalía se pudieron descubrir los actos de corrupción en los que incurrió Condori, indicando que éste cobraba hasta 200 mil bolivianos por adjudicaciones.

El perfil

Cargo El exjefe departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) en Chuquisaca Irineo Condori fue diputado por el MAS entre 2010 y 2015.
Funciones De acuerdo con el Gobierno, Condori fue elegido diputado por la circunscripción 4, con el 73,3% de los votos en las elecciones generales de 2009. En la Asamblea Legislativa Plurinacional presidió la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas.
Estudio Es economista de profesión, con un posgrado en derecho económico.

Los nexos de Jhasmany con jueces, el ayudante de Grandy y un sargento

Diego L.N. empezó siendo un cliente más del abogado Jhasmany T.L., pero, como otros de ellos, acabó convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza y hasta renunció a un trabajo serio para seguirle los pasos al Abogado del diablo, luego de que él lograra sacarlo de la cárcel.

Solo trabajó junto a él unos meses, desde febrero hasta diciembre de 2018, pero se hizo muy cercano al director de Leclere y Asociados y accedió a información importante que reveló tras ser detenido en enero de 2019. El detenido habló de los nexos de Jhasmany con jueces, vocales, fiscales, funcionarios de juzgados, policías, y hasta con un psicólogo que apoyaba al bufete.

Por ejemplo, reveló que las conexiones de Jhasmany con ciertos efectivos policiales excedían lo que uno pudiera imaginar. Un día antes de la fiesta de Compadres, en febrero de 2018, Wilder G. y César M. recogieron a Diego de su casa y lo llevaron a la oficina que Jhasmany había montado en la casa que le arrebató a su padrastro un año antes.

“Subimos al altillo y ahí estaba un sargento de la Policía, moreno, con cicatrices de acné al que llamaban oficial Ray. El policía estaba vestido con su uniforme verde olivo y una gorra de la FELCC. Había ido, a bordo de una camioneta policial, a notificar a Jhasmany en un caso y el abogado lo hizo pasar a la vivienda. La camioneta estaba dentro del garaje del bufete. Y el oficial Ray en el altillo, bebiendo whisky. Llegaron dos mujeres ‘prepago’ que se le subían encima y lo besaban, mientras le daban de beber. Los demás, Sergio O., César M., Wilder G., Jhasmany T., Marco F., y Alejandro O. le decían salud. Y después de dos horas, lo llamaron por radio y dijo que tenía que irse para resolver otro caso. Lo despidieron diciéndole que podían ayudarlo en lo que necesitara porque tenían buena relación con fiscales, jueces y policías”.

Después de que el oficial Ray se fue, Diego confesó que estaba sorprendido y Jhasmany le dijo: “Era que te llamemos hace un mes, cuando hicimos una fiesta para policías del Juzgado en la parte de atrás de mi casa. Para este año planeo hacer tres clases de fiestas, una para policías, otra solo de fiscales y otra de solo jueces”.

Según Diego, en el tiempo que frecuentó la oficina de Leclere y Asociados, vio que otros policías de uniforme visitaban ese lugar.

“No sé los nombres, pero venían a hablar varios con Jhasmany. Del que sí conocí más fue de uno que llegó el mes de mayo de 2018 a contratar los servicios de Jhas. Le dijo que necesitaba ayuda en el caso de su esposa, para recuperar a la hija del primer matrimonio de ella. A él, Jhasmany nos lo presentó a todos como el capitán Sandy y dijo que trabajaba como ayudante del subcomandante de la Policía de Cochabamba, frente a la plaza. Fueron juntos, Jhasmany, Alejandro O. el capitán y su esposa a revisar el proceso en el Juzgado de Sipe Sipe”.

Durante la charla con el capitán Sandy, sobre los honorarios de abogado, Jhasmany le dijo que solo le iba a cobrar 1.000 dólares por atender su caso, pero que, además, tendría que hacerle el favor de conseguirle 15 granadas de gas y la pistola que disparaba granadas de gas.

Y Sandy le contestó: “No hay problema. Yo trabajé igual en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y te las puedo conseguir”.

Tres meses después, en agosto, cuando la investigación del caso del secuestro del mecánico ya había comenzado, Diego fue a la oficina y se encontró con Eliana V., la asistente de Jhasmany, y con César M.

Conversando sobre la denuncia del mecánico, “Eliana me comentó que ya tenían una gran amistad con el capitán Sandy y que él iba a informarles de cualquier cosa que pudiera pasar con Jhasmany en el proceso. Esto, porque él tiene acceso a todos los informes y registros. Incluso les pasaba información hasta de las enamoradas o esposas de los policías. Eso hablaron una vez en el restaurante El Gordo”.

En enero de 2019, Diego L. fue aprehendido con una orden de la Fiscalía de Tiquipaya. Luego de prestar su primera declaración, fue llevado a celdas de la EPI Tiquipaya. El mismo día, Eliana V. fue detenida en la celda de al lado.

“Ella me habló desde la celda y me dijo que habían allanado su casa. Estaba extrañada porque decía que el capitán Sandy siempre le avisaba cuando iban a ejecutar órdenes de aprehensión, y además le ayudaba a conseguir los kárdex y fotos de los policías asignados a la investigación de los casos en los que estaba implicado Jhasmany. Pero, esta vez, el capitán Sandy le falló, según me dijo”.

Eliana añadió que el nuevo investigador era un teniente de apellido Sánchez y que Sandy ya le había pasado su foto. Por otro lado, la asistente le confió que ella le llamaría a Jhasmany a El Abra, donde estaba recluido, para pedirle que pague su fianza. Era posible hablar con él, a través de su custodio, quien le comunicaba las llamadas.

Según Diego L., él no conocía a Jhasmany cuando ocurrió lo del padrastro, pero confesó que sí participó de las agresiones al mecánico, sin saber de qué se trataba.

“Jhas consiguió la cesación de mi detención y yo le debía 450 dólares. Conseguí trabajo en la Aduana, pero solo fui un día porque Jhasmany me ofreció invertir en mi proyecto de abrir una empresa de seguridad privada. El 16 de marzo fui a la oficina a hablar de eso, pero cuando llegué me dijeron que entre y me haga pasar por policía”.

Diego vio al mecánico y a los dueños e hijos de los dueños del inmueble. “Alejandro O. lo golpeó al señor, y Jhasmany me miró como diciendo haz algo y yo le di dos bofetadas al mecánico. Luego Jhas lo abofeteó y El Garrote, (Alejandro) de un empujón lo metió al baño para sumergirle la cara en un bañador y casi ahogarlo. También estaban César M.; Sergio O., Wilder G. Marcos F.; y Johnny M., que era el único encapuchado. Yo me salí al hall, pero oí los gritos porque el Chino Montecinos le seguía pegando al señor. Luego le obligaron a tomar casi una botella de whisky al mecánico, para que parezca que le golpearon en alguna pelea y El Chente le fue a dejar. Jhasmany le puso un billete de 200 bolivianos en su bolsillo y lo mandó ebrio”.

Oficialmente, Diego empezó a trabajar con Jhasmany el 2 de abril, un día después de renunciar a la Aduana, porque el abogado le prometió que, al ser él su asesor legal, e inversor, nadie “molestaría” el funcionamiento de la empresa de seguridad privada. Empero, le dijo que debía tatuarse la pirámide de Qliphot si quería formar parte de esa familia.

“Una sola persona hace ese tatuaje, fui al Tatoo de la calle General Achá, entre Baptista y Ayacucho, y me lo hicieron”.

En mayo de 2018 llegó Eliana V. “Ella andaba con otro bufete de abogados, a cuyo jefe le dicen Box. Creo que ahí trabajaba Diego Céspedes. Eliana le pidió a Jhas que la ayude porque era enamorada del tal Box y él siempre le pegaba.

Le respondió que podía ayudarla, pero que se venga a trabajar con él. Ella aceptó y ofreció el apoyo de varios policías que eran sus amigos. A las semanas ya los veíamos a Eliana y Jhasmany de la mano, a besos. Se encerraban toda la tarde en la oficina”.

Datos

25

personas permanecen detenidas en cárceles o en casas, por estar vinculadas con alguno de los casos en los que está involucrado el abogado Jhasmany T.L.

8

Personas están implicadas, por el momento, en el caso de consorcio de jueces, policías fiscales y abogados. Entre ellos, dos exvocales, un fiscal, cuatro policías, y el esposo de una exvocal, además de Jhasmany.

Diego: “Monrrero le pagó al esposo de Anawella y juez bebió con Jhas”

En sus declaraciones, Diego L. también se refirió a los nexos de Jhasmany con vocales, jueces y funcionarios del Poder Judicial. Contó, por ejemplo, que fue testigo del pago de un dinero al esposo de a vocal Anawella T.P, de parte de un delincuente conocido.

Relató que un día salieron del Juzgado junto al abogado, a Marcos F. y El Chente y se fueron al kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, a bordo del Toyota Sprinter de Chente. “Paramos por Farmacorp y lo recogimos a un señor demás de 50 años, canoso, de lentes y con traje deportivo. Jhasmany le saludó y presentó como su tío”. Se dirigieron a la oficina y allí ya los estaba esperando un hombre. “Jhasmany dijo: ‘Mirá, tío, el señor Marcos Montecinos ya trajo el dinero para pagar el caso que está llevando mi tía’. En ese momento se le acercó el monrrero y sacó el dinero de su bolsillo, unos 1.500 dólares y Jhas le dijo, ‘pagále en sus manos a mi tío, que es el esposo de la Anawella, la vocal, para que veas que yo ni un peso te estoy pidiendo. Su tío contó y guardó diciendo: ‘Estamos de acuerdo’. Cuando les capturaron en enero a los del caso consorcio, le reconocí al tío de Jhasmany”.

Diego contó que también conoció a la hija de Marcos Montecinos, “que iba todos los días a hablar con Jhas de varios casos, incluido el de un arquitecto al que le robaron su Ipad y habían dado con la dirección de ellos al encender el equipo. El abogado le prometió solucionar el caso.

Diego también declaró que Jhasmany le había comentado que había una notaria que era parte de Leclere y Asociados que se encargaba “de hacerle cualquier documento”. “Su oficina está la Lanza entre Sucre y Jordán. Él le decía Reina”. También lo acompañó a un juzgado penal en el edificio antiguo, que está ubicado antes de subir las gradas del segundo patio. “Jhasmany dijo esa vez: ‘Este coj... me ha costado 1.000 dólares, ya no más sobornar acá”.

En otra oportunidad, cuando acompañó una audiencia en Quillacollo, conoció a Di, una joven que es sobrina de un fiscal. “Ella se encargó de tramitar todos los certificados del Registro Judicial de Antecedentes Policiales (REJAP) para los miembros el bufete que eran procesados. “Le escuché a Eliana hacerle recuerdo a Jhasmany que debía llamar a su tía Anawella para ver el caso de Omar Gonzáles, porque la esposa de él todo el tiempo le estaba escribiendo”.

TRAGOS CON JUEZ Diego aseguró que vio a un juez beber con Jhasmany y otros integrantes del bufete. “En mayo estábamos con Jhasmany, Marcos, César, Wilder, y Alejandro. Hablaron sobre el juez Rolando V., al que le decía Pluri, y Jhas dijo que ‘ese pobre hombre está bien deprimido porque su esposa lo denunció por violencia. En ese instante Jhas lo llamó por teléfono y le preguntó dónde estaba”.

A los 10 minutos, el juez Pluri apareció en la oficina de Leclere y Asociados. Eran las 5 de la tarde de un día hábil, “pero el juez estaba borracho ya, y cuando subió a ver a Jhasmany siguieron tomando. Nosotros compartimos un vaso. Yo quise irme y Jhasmany me dijo que no me vaya porque el Pluri es juez y podía servirnos en cualquier momento”.

Un psicólogo, el WhatsApp y un estafador caído

No solo abogados, policías, fiscales y jueces formaban pate del grupo de Leclere y Asociados. Según Diego, también conoció a un psicólogo que se había tatuado la estrella de Qliphot en su brazo. “ Al día siguiente que me tatué lo conocí. Estaban desayunando en la oficina. Tiene unos 60 años, es de contextura gruesa, 1.80 metros, moreno, de lentes y cabello canoso. Jhasmany me lo presentó diciendo: ‘Él es psicólogo, trabaja en mis casos con su profesión. Él me dio la mano y también tenía el tatuaje en el brazo derecho. Su oficina es en la calle Lanza entre Colombia y Ecuador, al lado de donde venden sandwichs de chola”.

Diego también describió cómo se comunicaban vía WhatsApp. “Había tres grupos. El administrador del grupo de varones era Alejandro O., El Garrote, y ahí estábamos Sergio O., César M., Wilder G., Oliver S., Marcelo V., Marcos F. y Jhasmany T. En ese grupo enviaban pornografía y hablaban de mujeres”.

El segundo grupo, del que Diego no formaba parte, había sido creado para los abogados. “Estaban Jhasmany, Sergio, César Wilder, y Marco, que no era abogado pero era mano derecha de Jhas. Ahí también estaban incluidos jueces, fiscales, vocales y policías. No sé quién era el administrador, si Jhasmany o Marco”, declaró.

El tercer grupo fue creado por la asistente Eliana V. el día que fue aprehendido Wilder G. y se llamaba “Los ángeles de Jhasmany”.

“Ella me agregó a ese grupo, y vi que estaban César, Marco, Sergio, Gabriela y otras personas que yo no conocía. Allí, Eliana subió un video de la FELCC de Tiquipaya en el que unas abogadas están reclamando por la aprehensión de Wilder y a Eliana se la ve gritando que era injusto. Yo me salí del grupo”.

VIAJE A LA PAZ En mayo de 2018, Diego viajó a La Paz con varios miembros del bufete. Le dijeron que debían ejecutar una orden de aprehensión en contra de un estafador que engañó al tío de Sergio O. con unas visas para Estados Unidos.

Salieron en la camioneta Chevrolet que le arrebataron al padrastro de Jhasmany en 2017. Sergio consiguió el teléfono del hombre y se hizo pasar por un interesado en una visa. Acordaron verse en la cafetería del ex Radisson y allí Jhasmany le mostró una orden de aprehensión en su contra.

“Alejandro O. lo enmanilló y lo sacamos a la camioneta. El señor rogó que le den tiempo para devolver el dinero y que no ejecuten el mandamiento. Jhasmany le respondió: ‘¿Te estás haciendo la burla de mí? Voy a llamar al juez amigo de turno ahorita, para que te meta preso, porque es viernes y llegaremos de noche”.

LLAMADA A JUEZ El abogado llamó en ese instante al juez Pluri, a Rolando V. y le dijo: “Hermanito, tengo un aprehendido, necesito saber quién estará de turno para que lo encarcelen. El juez le respondió que iba a buscar y que le devolvería la llamada”.

El tramitador de visas se asustó y aceptó ir por su propia voluntad, para esperar en Cochabamba el envío de dinero y la entregar, como garantía, un vehículo Mustang que estaba sin motor en un a casa por el surtidor El Cristo.

“Jhasmany decidió irse en avión porque le estaba doliendo su pie. Lo dejamos en El Alto y nos fuimos en la camioneta llevando al aprehendido”, recordó.

En la oficina, ya les esperaba el tío de Sergio O., quien aceptó la propuesta de arreglo y la entrega del carro a Sergio. Según Diego, mientras esperaba que le manden dinero de La Paz, el estafador se quedó en la oficina y participó de una guitarreada. También fue a comer con todos a una churrasquería, cuando Jhasmany les invitó a celebrar que le fue muy bien en otro caso. “El auto fue dejado como garantía por 20 días, pero el tramitador no volvió con el dinero que tenía conseguir y el carro se lo quedó Sergio”, contó.

Diego amplió sus declaraciones el 1 de marzo y dio varios otros detalles más que se guardan en reserva. Un juez ordenó su detención domiciliaria, en enero de 2019.

Envían a la cárcel al exjefe departamental de la Agencia Estatal de Vivienda de Chuquisaca

La justicia determinó hoy enviar preventivamente a la cárcel de San Roque al ex director Departamental de Viviendas Sociales de Chuquisaca, Irineo Condori, quien fue acusado por los presuntos delitos de uso de influencias, extorsión, concusión e incumplimiento de deberes.

De acuerdo a las investigaciones, Condori cobraba entre 50.000 y 200 mil bolivianos a empresas constructoras a cambio de favorecerlas con la adjudicación de obras.

Anteriormente, el fiscal de materia asignado al caso, Juan Carlos Trigo, explicó que el modus operandi de Condori consistía en generar recibos de préstamo a los representantes de las empresas implicadas en el caso de corrupción y luego cobrar la coimas como si estuviera recuperando el dinero prestado.

En los allanamientos realizados hace dos días en Sucre y Camargo, se encontraron recibos de préstamo a nombre de representantes de las empresas extrosionadas, por montos que van desde los 100 mil bolivianos hasta los 150 mil bolivianos, que suman aproximadamente un millón de bolivianos, según el fiscal.

Condori fue aprehendido el jueves en Tarija, asimismo el Ministro de Justicia indicó que es posible que estén involucrados cargos superiores en este caso de corrupción.

sábado, 16 de marzo de 2019

Intervienen unidad ejecutora antidroga por denuncias de corrupción

El Ministerio de Gobierno informó que ha instruido la intervención administrativa, además de otras acciones de fiscalización, en a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), que está denunciada por actos de corrupción en contrataciones.

La denuncia fue hecha pública por la diputada opositora Rose Marie Sandoval, quien afirmó que la UELICN favoreció a un “clan familiar” con contrataciones que sumarían 60 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de las unidades aéreas Diablos Negros y Diablos Rojos.

Según la diputada, la UELICN entre 2013 y 2018 hizo contrataciones a una empresa con un determinado dueño, pero también la Unidad hizo compras a otra firma cuyas propietarias son hijas de dicho sujeto y, además, alquila el hangar que está a nombre de su esposa.

El Ministerio de Gobierno, mediante un comunicado, informó que, además de la intervención administrativa, se instruyó realizar una auditoría especial en la UELICN, iniciar procesos administrativos y penales que corresponda, destituir a los funcionarios involucrados, dejar sin efecto contrataciones de 2019.

Asimismo, se determinó crear una comisión jurídica y administrativa para que asume la dirección de la UELICN, hasta que la denuncia se esclarezca.

Dicha Unidad es la encargada administrar y dotar recursos logísticos, técnicos y operativos a los organismos de lucha contra el narcotráfico.

Posición de la empresa denunciada
Antes de conocerse de la intervención, el gerente y representante legal de la empresa “Horizontal de Aviación Bolivia” S.R.L, Nilo Honor Valencia, negó la existencia de irregularidades en los contratos de mantenimiento y reparación de las aeronaves destinadas a la lucha contra el narcotráfico.

Lamentó las denuncias de la diputada Sandoval sobre el proceso de contratación y dijo desconocer cuál es la finalidad de la denuncia, más allá de las facultades de fiscalización que tienen los asambleístas nacionales.

Dijo haber cumplido con todos los términos de referencia que permitieron brindar un servicio a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) dependiente del Ministerio de Gobierno, en consecuencia – añadió – la denuncia no tiene sustento ante la sociedad pero sí afecta y mella la dignidad de su familia.

Aseguró estar dispuesto a asumir su defensa y demostrar que nunca cometió ninguna falta y menos un delito. Admitió que lo que sí es evidente es que es un empresario de nacionalidad peruana y en esa función ha brindado servicios de calidad al Estado boliviano.

“La legalidad de la empresa y su funcionamiento es sencillamente verificable, ya que se cumplieron con todos los requisitos para su funcionamiento y por esta razón pudo participar en licitaciones, las mismas que previo cumplimiento de las normas fueron ganadas y como consecuencia de ello existió una relación con el Estado, la cual al presente no existe, ya que no tengo firmado ningún contrato con el Estado que se encuentre vigente”, precisó.

jueves, 14 de marzo de 2019

Cae jefe departamental de la Agencia Estatal de Vivienda por corrupción

El exdiputado del MAS y actual jefe departamental de la Agencia Estatal de Vivienda en Chuquisaca, Irineo Condori, fue detenido en las últimas horas por corrupción y extorsión en la adjudicación de obras de viviendas sociales, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce.

La autoridad explicó que Condori, detenido hoy en la mañana en la ciudad de Tarija, pedía montos entre los 50 mil y 200 mil bolivianos a diferentes empresas para la adjudicación de obras desde la gestión 2017.

“Tenemos información por investigaciones que en algún momento él llegaba a solicitar el 50% al finalizar la obra y obviamente son hechos graves y son hechos que están en investigación”, declaró Arce.

Cuestionó “el cinismo” con el que actuaba Condori en este caso, más aún cuando se trata de viviendas sociales que van destinadas a las personas de escasos recursos económicos. “Es pues un verdadero crimen atentar contra un trabajo social como es la promoción de viviendas”, enfatizó.

Arce indicó que hay cómplices en este caso y que posiblemente alcancen a otros departamentos del país. “Posiblemente hayan nexos superiores dentro de esta agencia, todos ellos han de ser investigados y se ha de actuar con todo el rigor que corresponda”, acotó.

martes, 12 de marzo de 2019

MAS afirma que Alcaldía favoreció al grupo económico Toyosa-Tersa


La diputada del MAS-IPSP Valeria Silva afirmó que dos hechos evidencian que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dirigido por Soberanía y Libertad (SOL.bo), liderado por Luis Revilla, favoreció al grupo empresarial Toyosa-Tersa.

“Hay un sinfín de ordenanzas, informes técnicos y documentación oficial en los cuales se relaciona de manera directa el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con el grupo de poder Toyosa-Tersa; la Alcaldía representada por el concejal (Fabián) Siñani y el grupo de poder económico por su esposa, Maricruz Medrano Strelli”, afirmó la legisladora.
Silva recordó que luego de que el 18 de febrero la diputada del MAS-IPSP Betty Yañíquez reveló la vinculación entre la Alcaldía paceña y la empresa Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), tanto Revilla como Siñani indicaron que la señora Maricruz Medrano Strelli (esposa del concejal) “era una abogada externa de la empresa y que solo se dedicaba a asuntos laborales”.
“Mentira, las pruebas que hemos presentado evidencian que hay una estrecha relación comunicacional entre el matrimonio Siñani-Medrano; Siñani representando al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Medrano representando al Grupo Económico Toyosa-Tersa, ese es el primer elemento”, indicó Silva en declaraciones a la red Patria Nueva.
El documento que certifica la vinculación de Medrano Strelli con Tersa fue firmado el 12 de junio de 2013, ante la notaria de Fe Pública N° 77 de La Paz, Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta.
Los empresarios Edwin Santos Saavedra Toledo y Gerónimo Antonio Meleán Eterovic, en su condición de presidente y secretario del directorio de Tersa, respectivamente, otorgaron “poder especial y de representación a favor de los señores Maricruz Medrano Strelli y Sergio Javier Jiménez Terrazas, de profesión abogados (…) para que en su condición de representantes legales, a nombre y representación de la empresa, sus acciones y derechos, de manera conjunta o indistinta, conforme las condiciones que se determinan en el presente mandato, asuman la representación de la empresa Tersa SA”.
A ese elemento se suma un segundo factor que, en opinión de Silva, se constituye en “pruebas del relacionamiento institucional que existía entre la Alcaldía de La Paz y el grupo económico Toyosa-Tersa”.
Sucede que Medrano Strelli también hizo diligencias para el Grupo Saavedra, dueño de Toyosa y accionista de Tersa, ante el Concejo Municipal de La Paz.
De acuerdo con el testimonio 1.151.2015/2015, Edwin Santos Saavedra Toledo otorgó a Medrado Strelli “un poder general de administración” para que realice trámites ante los gobiernos autónomos municipales, gobernaciones, Autoridad de Empresas, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y “demás entidades, sean estas públicas y/o privadas, Cámaras Nacionales y/o departamentales de industria y comercio”.
Amparado en ello, Medrano Strelli envió, el 23 de octubre de 2017, una nota a la presidencia del Concejo Municipal de La Paz para solicitar copias legalizadas de la ordenanza municipal GAMLP No 538/2016 vinculada al cambio de uso de suelos de predios ubicados en la Curva de Holguin con destino a la ejecución del proyecto impulsado por el Grupo Saavedra. Esa nota fue respondida por Fabián Siñani, el 26 de octubre de 2017.
Frente a ello, Silva expresó que “lamentablemente SOL.bo, antes MSM (Movimiento Sin Miedo), está apoltronado en la Alcaldía de La Paz hace 20 años y, tengo que decir con mucha pena, nadie había fiscalizado, nadie había dejado ver estos contubernios que, como hemos evidenciado los últimos días, vienen de hace mucho tiempo”.
“Aparentemente la red de corrupción y la red de favorecimiento a ciertos grupos de poder económico es muy grande” y “las víctimas de esto somos las paceñas y los paceños (…) y los empresarios que están acostumbrados a hacer las cosas bien, que están acostumbrados a jugar limpio y que en estas situaciones de contubernio no han tenido las posibilidades” de participar en “los contratos millonarios de la Alcaldía de La Paz que hace con sus amigos, con sus socios”, enfatizó.

Revelaciones provocaron renuncias


El colapso de una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma, a cargo de la empresa Tersa, no solo generó una emergencia ambiental por contaminación de basura y lixiviados, sino un remezón en el municipio paceño y la revelación de una posible red de corrupción y favorecimiento.
Por ese hecho, el 13 de febrero, Giovanni Gemio fue apartado del cargo de director del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), entidad que debía controlar a la compañía.
Mientras que el concejal Fabián Siñani fue suspendido de la dirección departamental de la alianza Comunidad Ciudadana —conformada por SOL.bo y el FRI— porque su esposa era la representante legal de Tersa.
En tanto, Marcia Romero Sáenz renunció al cargo de asistente de presidencia del Concejo Municipal de La Paz, luego de que se conoció que era esposa de Boris Kuscevic Leyton, “el segundo ejecutivo más importante de Toyosa”, según la diputada Betty Yañíquez.
A ello se suma que Tersa decidió rescindir el contrato que tenía con Medrano Strelli, reportó ayer Página Siete.

Matrimonio Siñani-Medrano era puente de contrato millonario


El matrimonio del concejal de SOL.bo Fabián Siñani y la abogada Maricruz Medrado Strelli fue el “puente” de contratos millonarios de la Alcaldía de La Paz con empresas como Tersa, afirmó ayer la diputada del MAS-IPSP Valeria Silva.

Estamos “ante una trama delineada por un conflicto de intereses, estamos hablando de un puente que ha sido recorrido por información privilegiada y por tráfico de influencias, un puente que conectaba a la Alcaldía de La Paz con Toyosa-Teresa; el puente era el matrimonio Siñani-Medrano”, aseveró la legisladora en una entrevista ofrecida al programa El pueblo es noticia.
Como evidencia de esa vinculación, Silva señaló que la abogada Maricruz Medrado Strelli, esposa del concejal de SOL.bo Fabián Siñani, considerado mano derecha del alcalde Luis Revilla, fungió en diversos momentos como apoderada legal de tres empresas del Grupo Saavedra.
Se trata de Toyosa, Sociedad Comercial Crown Ltda y la empresa Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), esta última encargada del relleno sanitario de Alpacoma, en el cual se registró el 15 de enero un deslizamiento de consideraciones que generó una emergencia ambiental por contaminación de basura y lixiviados.
“Maricruz Medrano Strelli no era una abobada que pasaba por la calle o que fue contratada en la Yanacocha para resolver algún asunto con una trabajadora. Maricruz Medrano era representante de Edwin Saavedra, Toyosa, Tersa y de Crown”, afirmó la diputada.
Luego de que el 18 de febrero la jefa de bancada del MAS-IPSP en Diputados, Betty Yañíquez, reveló que la esposa de Siñani era la apoderada legal de Tersa, tanto el concejal como el Alcalde negaron que ella haya cumplido con esas funciones. Ambos dijeron, por separado, que era una abogada externa encargada de procesos laborales.
De hecho, el alcalde Revilla, jefe de SOL.bo y aliado del expresidente Carlos de Mesa en Comunidad Ciudadana, escribió en su cuenta de Twitter, el 29 de febrero: “Maricruz Medrano ha sido abogada externa de temas laborales de la empresa desde 2013 (dos años antes de que Fabián Siñani sea elegido concejal). En ningún caso es representante legal ni gerente de la empresa”.
Sin embargo, los documentos señalan lo contrario. El 12 de junio de 2013, los empresarios Edwin Santos Saavedra Toledo y Gerónimo Antonio Melean Eterovic, en su condición de presidente y secretario del directorio de Tersa, respectivamente, otorgaron un “poder especial y de representación a favor de los señores Maricruz Medrano Strelli y Sergio Javier Jiménez Terrazas, de profesión abogados (…), para que en su condición de representantes legales, a nombre y representación de la empresa, sus acciones y derechos, de manera conjunta o indistinta, conforme a las condiciones que se determinan en el presente mandato, asuman la representación” de Tersa.
De manera adicional, a través del Testimonio 1.151/2015, del 6 de noviembre de 2015, el empresario Edwin Santos Saavedra Toledo otorgó “un poder general de administración” a la señora Maricruz Medrano Strelli.
A esos legajos, la diputada sumó un “poder notarial”. “Lo estamos haciendo conocer por primera vez en El pueblo es noticia”, indicó. “Es el poder notarial 1.055/2015, en el cual Edwin Saavedra nombra a la señora Maricruz Medrano, además, representante legal y apoderada de Crown, la tercera empresa fruto de los capitales del señor Saavedra”, afirmó.
Ese poder —dijo— “acreditaba a Medrado para prácticamente hacer todo tipo de trámites plenipotenciarios ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”.
Por todo ello, la diputada señaló que los “documentos presentados evidencian que el alcalde Revilla se ha sumado a la mentira de su mejor amigo, el concejal Fabián Siñani”, al afirmar que Medrano Strelli era una abogada externa.
Basada en esos vínculos (Siñani-Medrano-Tersa-Toyosa), la diputada del MAS-IPSP afirmó que quizás por ello la Alcaldía de La Paz fue permisiva con la empresa Tersa ante el deslizamiento de Alpacoma y no asumió ninguna acción en contra del exdirector del Servicio de Regulación Municipal (Siremu) Giovanni Gemio, quien debía supervisar el trabajo que realizaba esa firma en el relleno sanitario, donde ya en 2017 se registró la “rotura de una celda”, como lo reveló Revilla a Página Siete en una publicación del 17 de febrero.
Ahora se entiende el porqué de la permisividad de la Alcaldía con Toyosa-Tersa. “Probablemente porque había un puente de confianza, un puente en el cual transitaban información, relaciones y amistades entre la Alcaldía y Tersa; ese puente era el matrimonio Fabián Siñani-Maricruz Medrano”, insistió.
Participación de Saavedra
Durante la entrevista, Silva también aludió de manera directa a una relación de amistad del empresario Edwin Saavedra con el alcalde Luis Revilla y su esposa, Maricruz Ribera.
Como punto de partida refirió que una de las modificaciones al contrato de Tersa con la Alcaldía de La Paz se realizó el 10 de junio de 2016, y la más beneficiada de ese ajuste al parecer fue la compañía en la cual Saavedra tiene una importante participación accionaria.
Como un segundo punto citó que el 19 de junio de 2016 el diario Página Siete publicó, en la sección de sociales, fotografías del “Cumpleaños de Maricruz Ribera”.
“Página Siete nos muestra que Edwin Saavedra, dueño de Toyosa, Tersa y Crown, está festejando el cumpleaños de Maricruz Ribera. Cuando uno mira las fechas —última fecha de modificación, 10 de junio; fiesta publicada por Página Siete, 19 de junio— es casi inevitable pensar que además del cumpleaños de Maricruz Ribera se estaban celebrando otras mejoras al contrato que había conseguido Tersa con la Alcaldía”, detalló Silva.
“Esto evidencia que el alcalde Luis Revilla y su esposa tienen una relación de amistad con el señor Edwin Saavedra, quien está posando para la foto celebrando el cumpleaños de la esposa del Alcalde”, afirmó.