Noticia publicada el
25 de Marzo en La PrensaEl senador masista Santos Ramírez Valverde, prominente dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y uno de los “anillos de seguridad” del presidente Evo Morales, afrontó cuatro escándalos y procesos, de los cuales salió airoso y sin sobresaltos en su relación con el Mandatario.
El 31 de julio de 2006 se presentó el primero de los casos que han complicado al “hombre fuerte” de Evo: Freddy Terceros Cortez, un desconocido ex funcionario del Congreso, fue apresado en el Aeropuerto Internacional de El Alto con 3,4 kilogramos de cocaína.
Entre sus pertenencias, la Policía antinarcóticos encontró una “carta de recomendación” para hacer gestiones institucionales en nombre del Congreso boliviano ante organismos extranjeros. La misiva estaba firmada por el entonces presidente del Senado, Santos Ramírez.
Fue el primero de cuatro escándalos que ha sorteado el masista hasta la fecha. En el caso de Freddy Terceros incluso fue implicado el senador oficialista Antonio Peredo, quien por estos días lleva adelante una fuerte disputa con su colega Guido Guardia, quien a su vez afirma que “Terceros era asesor de Peredo”.
Otro escándalo surgió en abril de 2006, cuando ya presidía la Cámara Alta. En el municipio potosino de Tinguipaya, Ramírez se desempeñó como “asesor”. Santos era accionista de empresa Viedsa, que fue contratada por el municipio pese a que él ya había sido elegido legislador.
Pobladores del lugar arribaron a la sede de gobierno para denunciar la “manipulación política” de este caso. El Alcalde que impulsó el proceso, Armando Iporre, dejó su cargo y volvió al Concejo Municipal de cinco miembros.
El tercer caso se refiere a las solicitudes de visas chinas y en el que se vieron envueltos ex parlamentarios, actuales congresistas y asambleístas de varias fuerzas políticas, quienes solicitaron los permisos de ingreso para esos ciudadanos.
El caso fue destapado en agosto de 2006, cuando la Cancillería denunció haber descubierto la falsificación de documentos para visas chinas.
Desde entonces han surgido nombres de legisladores vinculados a esta actividad. Ramírez declaró el 9 de marzo ante el fiscal Edward Mollinedo y admitió que había gestionado el trámite de visas para ocho ciudadanos chinos en 2006. Sin embargo, el legislador del oficialismo aseguró que lo hizo en el marco de la ley y por promoción cultural.
El dirigente fue buscado desde diciembre de 2006 por los notificadores e investigadores de la Fiscalía de Distrito de La Paz, quienes intentaron hacerle llegar al menos cinco citaciones. El Fiscal dijo que el ahora jefe de bancada del MAS en la Cámara Alta sería nuevamente convocado para que preste su declaración ampliatoria acerca de las gestiones que hizo cuando era titular del Senado para el ingreso de ocho chinos en el país.
Ramírez aseguró que fue su asesor Hugo Cossío quien realizó las gestiones para la obtención de los documentos.
El caso más reciente versa sobre el recibo de mil dólares que presuntamente cobró Alejandro Rodríguez de Jorge Sánchez, suma que debía garantizar un puesto en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque la firma del senador no aparece en el documento, se menciona su nombre como quien debía “garantizar” las condiciones laborales.
Ramírez inició un proceso contra Rodríguez, quien salió en libertad en las últimas horas porque los jueces decidieron que no existían elementos para su encarcelamiento.
El legislador es la “mano derecha” de Evo Morales, por lo que es convocado con frecuencia al Palacio de Gobierno como el principal operador en el Congreso, aunque debe hacer frente a la dura oposición de sus adversarios políticos de la agrupación ciudadana Podemos.
Los legisladores cercanos del MAS aseguran que perdieron la Presidencia del Senado por la decisión del Jefe de Estado de mantener a Ramírez como el candidato, y “cuando quisieron cambiar de estrategia ya era tarde” y la oposición copó la directiva camaral.
Además, tiene un rango similar al de un secretario ejecutivo, integra la Dirección Nacional y preside la Comisión Política de su organización
De hecho, los masistas consideran que la designación de Guillermo Aruquipa como nuevo presidente de YPFB, en reemplazo de Manuel Morales Olivera, está relacionada con esta influencia que ejerce el Senador sobre el Presidente. Santos Ramírez rechazó la posibilidad de una entrevista con La Prensa.
Un recibo de $us 1.000 causa tres procesos sin detenidos
Un documento firmado el 3 de mayo de 2006 tardó seis meses en hacerse público y, otros tres, en desatar el escándalo más reciente que envuelve al senador del MAS Santos Ramírez.
Fue el mismo parlamentario masista quien denunció el cobro durante el ampliado de emergencia del MAS convocado para el 23 de febrero. En ese encuentro, Santos hizo conocer el aval. El domingo 25, La Prensa hizo público el caso.
En ese recibo aparece la firma de Alejandro Rodríguez, quien cobró a Jorge Sánchez la suma de 1.000 dólares por un cargo en el INE. En ese documento se precisa que sería el senador Santos Ramírez el encargado de gestionar el puesto para Sánchez. Conocida la denuncia, Sánchez presentó la primera querella; Ramírez hizo lo propio. Finalmente, Jorge Callao, quien no figura en el documento, es el tercer querellante de Rodríguez.
Ese 23 de febrero, el ampliado decidió otorgar un mes de plazo al Tribunal de Ética del MAS para que entregara un informe acerca del cobro de avales y los dirigentes implicados. El presidente de esta instancia, Roberto Machaca, cumplió: entregó su informe sin incluir entre los procesados al “hermano Santos” y denunció un “complot político” contra el senador masista, quien ya abrió un proceso judicial contra el principal implicado. Entonces, “no podemos hacer un doble proceso. Si la justicia encuentra culpables, nosotros vamos a actuar según nuestros reglamentos”.
En su calidad de miembro de la Dirección Nacional como presidente de la Comisión Política, Santos participó activamente en toda la investigación que hizo el Tribunal de Ética sobre los avales.
El lunes 19 de marzo, Machaca presentó su informe al presidente Evo Morales. Santos Ramírez estaba presente en el acto junto con Leonilda Zurita, otra de los involucrados en el escándalo de las recomendaciones.
El martes 20, durante la conferencia de prensa, Santos prefirió apartarse del informe porque ya conocía cuál sería la reacción de su colega Lino Villca, quien rechazó el veredicto de esta instancia interna. El viernes 23, día de las audiencias de medidas cautelares contra Alejandro Rodríguez, su representante no contaba con un poder que lo facultara para actuar.
Tinguipaya, el municipio que no lo pudo procesar
Cuatro fiscales removidos, un alcalde que renunció y la duda acerca del dinero que recibió del Estado es el saldo de otro escándalo, el que enfrentó a Santos Ramírez con los pobladores del municipio de Tinguipaya, en abril de 2006.
Según las conclusiones de la Contraloría, Ramírez era asesor del municipio de Tinguipaya en 2001. Pese a ser elegido legislador en 2002, Santos actuaba como accionista de la empresa Viedsa, junto con Virgilio Lazo.
El socio de Ramírez firmó convenios con la Alcaldía y se adjudicó obras para la construcción de polideportivos en Caquena Alta y Lluchuta, además de un centro de capacitación en Tocantoca. Sólo el anticipo por la construcción del predio era de 10 mil bolivianos. Según la Contraloría General de la República, el senador masista nunca debió suscribir indirectamente esos convenios en su calidad de socio de Viedsa, porque estaba vulnerando el artículo 154 del Código Penal y, por tanto, estableció responsabilidades para el senador.
El asesor legal de ese municipio, Ronald Pinto, accedió a conversar con La Prensa para explicar el estado de la causa que se le sigue al senador masista. “Ya no se puede hacer nada, el caso ha prescrito”, comenta, y pasa a describir las causas que impidieron un proceso más ágil.
El abogado rural acusa a los lentos procedimientos de la Contraloría, que el 10 de septiembre de 2005 informó sobre las conclusiones, y les comunicó que tenían cinco días para iniciar la querella judicial contra el entonces candidato a primer senador por el departamento de Potosí.
La notificación resultó “un suplicio” porque los masistas estaban de campaña y cuando lograron ubicarlo para entregarle la notificación ya era tarde, el plazo para iniciar la querella había fenecido y las autoridades optaron por hacer presión en abril de 2006 en la sede de gobierno. El alcalde Armando Iporre se presentó con comunarios, visitó los medios de comunicación, pero no logró resultados. Ahora, el caso ya prescribió y Santos Ramírez está libre de las acusaciones de “incumplimiento de deberes y negociación incompatible con la función pública”, que fueron los cargos que presentó el municipio de Tinguipaya.
Pero no sólo el pesado aparato burocrático perjudicó los intereses de esa Alcaldía. Según el abogado Pinto, el caso peregrinó por tres departamentos: Potosí, Oruro y Chuquisaca, y a cada paso empeoraba. También dijo que “es extraño” que se hubiera cambiado a cuatro fiscales: Fortunato Tórrez, Joaquín Tórrez, Sandra López y Marco Ribadeneira, los representantes del Ministerio Público que, por distintas causas, no lograron procesar a Ramírez.
