(ANF).- El Senado Nacional remitió la madrugada de este viernes a la Fiscalía del Distrito de La Paz al ex presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, sus asesores y otros negociadores de los contratos con las empresas petroleras por presunta violación a leyes expresas de la Administración Pública.
El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Vásquez, explicó que las irregularidades deben ser profundamente investigadas por los órganos competentes a efecto de determinar la existencia de responsabilidades correspondientes, si así amerita.
Dentro del grupo que irá ante la fiscalía, se encuentra también el actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, por sus contradicciones con Morales Olivera respeto a las declaraciones presentadas por el ex presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, dijo Vásquez.
Sin legitimación
De acuerdo con el informe de comisión, Morales Olivera y el grupo de asesores, “no tenían ninguna legitimación derivada de la ley y sus reglamentos, para asumir dicha función”. Para cumplir esa misión, debían recabar orden expresa de la Vicepresidencia de Contratos y Fiscalización o del presidente de YPFB, en cumplimiento del Art. 7 de la Ley 2341 que autoriza a delegar competencias con una resolución publicada en un órgano de prensa nacional.
La misión asumida por el ex presidente de YPFB, vulneró el Art.9 de Avocación de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, que autoriza a delegar siempre que exista resolución expresa, motivada, pública y cuando concurran circunstancias de índole técnica o legal que lo justifican; aspecto que tampoco se cumplió.
“En ningún momento los actos realizados por el señor Morales Olivera tuvieron algún sustento legal o reglamentario, debido a que por sus propias afirmaciones, en su calidad de Asesor de la Presidencia y su equipo de negociación, asumió las atribuciones de la Vicepresidencia”.
Usurpación de funciones
“Como no existió delegación, los actos realizados por Morales Olivera y su equipo, constituyen un ejercicio indebido de funciones y usurpación claramente castigadas por nuestro ordenamiento”, concluye el documento.
La Comisión señala que todas las autoridades que estuvieron involucradas en la negociación y suscripción conocieron las irregularidades, pero negaron ante el Congreso, actitud que también debe ser investigada por la Fiscalía, más aún si el ministro Villegas conocía las fallas el día 21 de diciembre de 2006 y no así como señaló en su declaración ante el Senado, donde dijo que se enteró dos semanas atrás, antes de presentar informe.
El Senado también pide al Ministerio Público establecer quien pagó los servicios de la firma Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle que dio parámetros y negoció los contratos petroleros, que por la complejidad, difícilmente pudo hacer Morales Olivera.
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