Noticia publicada el 24 de marzo en el Nuevo Dia de 2012
Dos presuntos casos de corrupción salpicaron esta semana a dos funcionarios del actual régimen de Gobierno: al embajador de Bolivia en Italia, Gróver Terán, acusado de acoso sexual y falsificación de facturas y al diputado masista Lucio Marca sindicato de vender pases de ingreso a la Academia Nacional de Policías, situación que fue criticada por la oposición.
El jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado, cuestionó la improvisación de los cargos diplomáticos en la actual gestión así como el uso indebido de influencias del que es denunciado Marca, que tampoco vienen a ser novedad en este gobierno.
Diplomático. La radio Pío XII, de la Red Erbol, reveló que Terán fue denunciado por acoso sexual, difamación y calumnia, uso de vehículos de la embajada de manera no adecuada, falsificación de facturas y firmas y haber designado a su socio, de una empresa boliviano-chilena, como representante de Bolivia en la feria internacional de Milán del año 2015.
Gróver Terán juró el 3 de febrero de 2011 como embajador de Bolivia en Italia y embajador concurrente ante las repúblicas de Serbia y Turquía.
Pero la Cancillería le comunicó de su destitución el 6 de marzo pasado mediante fax y se le prohibió su ingreso al despacho.
Diputado. El nombre de Lucio Marca salpicó este jueves emergente de una investigación iniciada en enero del 2012, cuando la Policía detuvo a un grupo de personas acusado de estafar a aspirantes a la academia policial.
Una de las detenidas, Tatiana G., dijo haber trabajado como secretaria de Marca y que en una oportunidad le dio personalmente 500 dólares para su fin de semana.
La fiscal Patricia Santos anunció que citará a declarar a Marca.
Reacciones
Ambos niegan acusaciones en su contra
Cuestionamiento. “Me llegó un fax de la Cancillería el 6 de este mes donde se me notifica que el 30 de marzo de 2012 debo entregar mis credenciales”, declaró en conferencia de prensa el jefe de la misión diplomática boliviana en Roma, quien responsabilizó de su destitución a algunos funcionarios de la embajada, entre los que mencionó al consejero Eduardo Ugarteche y al embajador emérito Elmer Caterina. El diplomático acudió ante la Policía italiana para poder ingresar al edificio de la embajada, puesto que por instrucción de un funcionario se cambiaron las chapas de la puerta principal. Pero desde Bolivia le indicaron que vuelva este 30 de marzo.
Lucio Marca. El diputado masista, en contacto telefónico con El Día, dijo ayer que está dispuesto a declarar ante la fiscal Patricia Santos y negó conocer a la funcionaria que lo implica. De profesión abogado indicó haber cerrado su bufete hace años y por lo tanto la única secretaria que tiene es de la Cámara de Diputados y no se llama Tatiana.
Tampoco conoce a la otra abogada Betzabé Palacios que al parecer encabezaba la banda de extorsionadores y que es posible que hayan levantado su nombre por tratarse de una persona conocida, especialmente en la ciudad de El Alto, de La Paz.
Afirmó que está con las manos limpias y cree que con estas acusaciones intentan hacerle daño pero que la verdad tarde o temprano prevalecerá.
Recuento
Hay once alcaldes con procesos por varios delitos
Reflexión. Durante la clausura del quinto ampliado departamental del MAS, Morales dijo que siente que algunas autoridades electas debieran trabajar con responsabilidad y compromiso; señaló a once alcaldes que están en la cárcel y un dirigente que fue autoridad, Santos Ramírez, por casos de corrupción.
No defender a nadie. 'No vamos a defender a ningún alcalde corrupto", dijo Morales, pues además de hechos de corrupción también algunos han aparecido involucrados en hechos de narcotráfico, derivando en escándalos que han repercutido en la imagen del actual régimen.
domingo, 25 de marzo de 2012
domingo, 18 de marzo de 2012
Once alcaldes del MAS están en la cárcel por hechos de corrupción
Noticia publicada el 18 de Marzo de 2012 en Opinion
El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, reflexionó sobre la militancia con el partido político del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que algunos buscan intereses personales.
Durante la clausura del quinto ampliado departamental del MAS, Morales dijo que siente que algunas autoridades electas debieran trabajar con responsabilidad y compromiso; señaló a once alcaldes que están en la cárcel y un dirigente que fue autoridad, Santos Ramírez, por hechos de corrupción.
“No vamos a defender a ningún alcalde corrupto”, aseveró.
Morales comentó que a veces advierte “miramientos” entre dirigentes, que se excluye a los militantes del MAS de la ciudad.
“Cuando sugiero algún compañero le dicen ‘invitadito’ de Evo”, criticó.
Dijo también que las direcciones departamentales, refiriéndose a otras ciudades, deben descolonizarse para no dividirse.
El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, reflexionó sobre la militancia con el partido político del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que algunos buscan intereses personales.
Durante la clausura del quinto ampliado departamental del MAS, Morales dijo que siente que algunas autoridades electas debieran trabajar con responsabilidad y compromiso; señaló a once alcaldes que están en la cárcel y un dirigente que fue autoridad, Santos Ramírez, por hechos de corrupción.
“No vamos a defender a ningún alcalde corrupto”, aseveró.
Morales comentó que a veces advierte “miramientos” entre dirigentes, que se excluye a los militantes del MAS de la ciudad.
“Cuando sugiero algún compañero le dicen ‘invitadito’ de Evo”, criticó.
Dijo también que las direcciones departamentales, refiriéndose a otras ciudades, deben descolonizarse para no dividirse.
miércoles, 1 de febrero de 2012
Hoy dan lectura completa de la sentencia contra Santos Ramírez
Noticia publicada el 31 de Enero de 2012 en El Deber
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz confirmará hoy, cuando lea la sentencia completa, la pena de 12 años para el expresidente de YPFB Santos Ramírez y los delitos cometidos en la firma ilegal de contratos con la empresa Catler, anunció ayer el fiscal Harry Suaznabar.
"Con la lectura en su integridad se conocerán los fundamentos del fallo que dictó el jueves el tribunal en contra de Santos Ramírez y los otros co- procesados", explicó.
Informó que después de que el Ministerio Público conozca el fallo tendrá un plazo para presentar una apelación, si el caso amerita, sobre todo contra Miguel O´Connor D´Arlach, Julio Amagua y José Daniel Álvarez Gantier, absueltos de toda culpa en el juicio.
Según la resolución del tribunal fueron sentenciados Santos Ramírez con 12 años de cárcel; Agustín Tomás Melano con 6 años (prófugo); Luis Fernando Córdova con 6 años; Javier Navia Doria Medina con 6; Giovana Navia Doria Medina con 9; Esther Nogales con 9; Mauricio Ochoa Urioste con 9 (prófugo); Marco Antonio Vega del Carpio con 9 y Misael Gemio Jordán con 3 (prófugo).
El fiscal justificó las sentencias por los contratos irregulares entre YPFB y Catler Uniservice, para la construcción de una refinería en la localidad cruceña de Río Grande, valuada en 86 millones de dólares.
Los delitos que pesan son contratos lesivos al Estado, cohecho pasivo, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, cohecho activo, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones. /ABI
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz confirmará hoy, cuando lea la sentencia completa, la pena de 12 años para el expresidente de YPFB Santos Ramírez y los delitos cometidos en la firma ilegal de contratos con la empresa Catler, anunció ayer el fiscal Harry Suaznabar.
"Con la lectura en su integridad se conocerán los fundamentos del fallo que dictó el jueves el tribunal en contra de Santos Ramírez y los otros co- procesados", explicó.
Informó que después de que el Ministerio Público conozca el fallo tendrá un plazo para presentar una apelación, si el caso amerita, sobre todo contra Miguel O´Connor D´Arlach, Julio Amagua y José Daniel Álvarez Gantier, absueltos de toda culpa en el juicio.
Según la resolución del tribunal fueron sentenciados Santos Ramírez con 12 años de cárcel; Agustín Tomás Melano con 6 años (prófugo); Luis Fernando Córdova con 6 años; Javier Navia Doria Medina con 6; Giovana Navia Doria Medina con 9; Esther Nogales con 9; Mauricio Ochoa Urioste con 9 (prófugo); Marco Antonio Vega del Carpio con 9 y Misael Gemio Jordán con 3 (prófugo).
El fiscal justificó las sentencias por los contratos irregulares entre YPFB y Catler Uniservice, para la construcción de una refinería en la localidad cruceña de Río Grande, valuada en 86 millones de dólares.
Los delitos que pesan son contratos lesivos al Estado, cohecho pasivo, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, cohecho activo, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones. /ABI
sábado, 28 de enero de 2012
Los pagos llegaron a casi 17 millones de dólares
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
Según un informe oficial , Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, instruyó pagos en favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems por 13,21 millones de dólares y a la compañía Uniservice por 3,30 millones de dólares. En la actualidad, la petrolera estatal espera el resarcimiento de esos 16,51 millones de dólares.
Para realizar los pagos del contrato entre YPFB y Catler Uniservice, se abrió una carta de crédito en el Banco Unión.
Las investigaciones revelaron que la sociedad accidental Catler-Uniservice se constituyó apenas tres días antes de la firma del contrato con YPFB, el 14 de julio, efectuada con bombos y platillos en Río Grande.
Según el informe de una comisión gubernamental que investigó el caso, la apertura de la carta de crédito por 35 millones de dólares, a cuenta de la asociación accidental Catler Uniservice, para beneficiar a la empresa Gulsby Process Systems LLP Texas-USA, con recursos del fideicomiso (de 45 millones de dólares), permite establecer que el entonces presidente ejecutivo de YPFB había adjudicado el contrato a una asociación accidental, Catler Uniservice, que no tenía la capacidad financiera para emprender el proyecto.
De acuerdo con ese informe, los adjudicatarios del proyecto para la instalación de la planta extractora no asumieron riesgo alguno; el Estado fue el que, durante la operación irregular, asumió todo el riesgo de la operación con Gulsby.
Develada la trama de corrupción en YPFB, se congelaron las cuentas del contrato, de tal modo que algunos de los involucrados no pudieran cobrar cheques incluso firmados por el asesinado Jorge O’Connor D’Arlach.
Según un informe oficial , Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, instruyó pagos en favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems por 13,21 millones de dólares y a la compañía Uniservice por 3,30 millones de dólares. En la actualidad, la petrolera estatal espera el resarcimiento de esos 16,51 millones de dólares.
Para realizar los pagos del contrato entre YPFB y Catler Uniservice, se abrió una carta de crédito en el Banco Unión.
Las investigaciones revelaron que la sociedad accidental Catler-Uniservice se constituyó apenas tres días antes de la firma del contrato con YPFB, el 14 de julio, efectuada con bombos y platillos en Río Grande.
Según el informe de una comisión gubernamental que investigó el caso, la apertura de la carta de crédito por 35 millones de dólares, a cuenta de la asociación accidental Catler Uniservice, para beneficiar a la empresa Gulsby Process Systems LLP Texas-USA, con recursos del fideicomiso (de 45 millones de dólares), permite establecer que el entonces presidente ejecutivo de YPFB había adjudicado el contrato a una asociación accidental, Catler Uniservice, que no tenía la capacidad financiera para emprender el proyecto.
De acuerdo con ese informe, los adjudicatarios del proyecto para la instalación de la planta extractora no asumieron riesgo alguno; el Estado fue el que, durante la operación irregular, asumió todo el riesgo de la operación con Gulsby.
Develada la trama de corrupción en YPFB, se congelaron las cuentas del contrato, de tal modo que algunos de los involucrados no pudieran cobrar cheques incluso firmados por el asesinado Jorge O’Connor D’Arlach.
viernes, 27 de enero de 2012
Un asesinato develó trama de corrupción en la estatal YPFB
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
El trágico suceso, aquel 27 de enero de 2009, se desarrolló en cuestión de segundos.
A eso de las 10:20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y calle Monje; los familiares de la que fuera esposa del entonces presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio de esa populosa zona.
Los que iban en las dos vagonetas querían cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450 mil dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por haber usado su poder discrecional en la adjudicación de la planta separadora a la sociedad accidental Catler-Uniservice.
Pero, según las investigaciones, otro grupo, que seguía los pasos de los primeros y que había planificado todo hasta el mínimo detalle, estaba en ese sector de la ciudad para realizar un “volteo” (robo).
La Cherokee negra transportaba a los hermanos Jorge y Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y a sus dos colaboradores, Fernando Córdova Santiváñez y Mario Cossío McGalem. El grupo que los esperaba para ejecutar el “volteo” estaba liderizado por el prontuariado Rufino Rodríguez, alias El Rufo, quien, según lo que declaró el 28 de febrero de 2009, tras ser aprehendido en Cochabamba, había sido convocado a La Paz por Ernesto Córdova Santiváñez, hermano del empleado de los O’Connor D’Arlach, aunque posteriormente se retractó de estas declaraciones.
Navía y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y casi simultáneamente también bajaron de la Cherokee Jorge O’Connor D’Arlach, con un maletín con 300 mil dólares y una laptop, y Mario Cossío MacGalem, con otro de 150 mil dólares. Antes de que ingresaran al domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino y un cómplice, que los habían seguido desde el banco en una moto, y por Ariel y Yerko, que salieron como fantasmas de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del lugar.
Según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O’Connor soltara el maletín, pero el ejecutivo se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje; se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó, para alejarse rápidamente de la escena del crimen.
Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino se fue en la Toyota Caldina y su cómplice en la moto Honda.
Atónitos, los que fueron testigos del homicidio tuvieron que reaccionar rápidamente, porque Jorge O’Connor D’Arlach, pese al disparo recibido en el cuello, según certificaría después un informe forense, seguía con vida; su hermano Miguel y Fernando Córdova lo trasladaron en la Cherokee al cercano Hospital Arco Iris, situado a unas cuatro cuadras del domicilio de Aramayo, pero el esfuerzo no fue suficiente, debido al daño interno que había causado ya el proyectil del revólver calibre 38 de Rufino Rodríguez. Jorge O’Connor murió en ese hospital.
Se vinculó el homicidio de Jorge O’Connor D’Arlach con una coima para Santos Ramírez.
Texto basado en Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de Marco Zelaya y Daniela Espinoza.
Corrupción y “volteo”
Coima El 27 de enero de 2009 Jorge O’Connor D’Arlach murió de un disparo cuando intentaba entregar una presunta coima para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.
MontoAquel día un grupo de delincuentes se llevó 450 mil dólares tras el “volteo” a los hermanos O’Connor D’Arlach y a los familiares de la esposa del ahora condenado a 12 años Santos Ramírez.
El trágico suceso, aquel 27 de enero de 2009, se desarrolló en cuestión de segundos.
A eso de las 10:20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y calle Monje; los familiares de la que fuera esposa del entonces presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio de esa populosa zona.
Los que iban en las dos vagonetas querían cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450 mil dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por haber usado su poder discrecional en la adjudicación de la planta separadora a la sociedad accidental Catler-Uniservice.
Pero, según las investigaciones, otro grupo, que seguía los pasos de los primeros y que había planificado todo hasta el mínimo detalle, estaba en ese sector de la ciudad para realizar un “volteo” (robo).
La Cherokee negra transportaba a los hermanos Jorge y Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y a sus dos colaboradores, Fernando Córdova Santiváñez y Mario Cossío McGalem. El grupo que los esperaba para ejecutar el “volteo” estaba liderizado por el prontuariado Rufino Rodríguez, alias El Rufo, quien, según lo que declaró el 28 de febrero de 2009, tras ser aprehendido en Cochabamba, había sido convocado a La Paz por Ernesto Córdova Santiváñez, hermano del empleado de los O’Connor D’Arlach, aunque posteriormente se retractó de estas declaraciones.
Navía y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y casi simultáneamente también bajaron de la Cherokee Jorge O’Connor D’Arlach, con un maletín con 300 mil dólares y una laptop, y Mario Cossío MacGalem, con otro de 150 mil dólares. Antes de que ingresaran al domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino y un cómplice, que los habían seguido desde el banco en una moto, y por Ariel y Yerko, que salieron como fantasmas de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del lugar.
Según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O’Connor soltara el maletín, pero el ejecutivo se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje; se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó, para alejarse rápidamente de la escena del crimen.
Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino se fue en la Toyota Caldina y su cómplice en la moto Honda.
Atónitos, los que fueron testigos del homicidio tuvieron que reaccionar rápidamente, porque Jorge O’Connor D’Arlach, pese al disparo recibido en el cuello, según certificaría después un informe forense, seguía con vida; su hermano Miguel y Fernando Córdova lo trasladaron en la Cherokee al cercano Hospital Arco Iris, situado a unas cuatro cuadras del domicilio de Aramayo, pero el esfuerzo no fue suficiente, debido al daño interno que había causado ya el proyectil del revólver calibre 38 de Rufino Rodríguez. Jorge O’Connor murió en ese hospital.
Se vinculó el homicidio de Jorge O’Connor D’Arlach con una coima para Santos Ramírez.
Texto basado en Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de Marco Zelaya y Daniela Espinoza.
Corrupción y “volteo”
Coima El 27 de enero de 2009 Jorge O’Connor D’Arlach murió de un disparo cuando intentaba entregar una presunta coima para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.
MontoAquel día un grupo de delincuentes se llevó 450 mil dólares tras el “volteo” a los hermanos O’Connor D’Arlach y a los familiares de la esposa del ahora condenado a 12 años Santos Ramírez.
Catler Uniservice nunca edificó la planta separadora de Río Grande
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
Cuando el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez justificó la instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande, con los argumentos a los cuales apelaba cuando era senador, durante la discusión de la actual Ley de Hidrocarburos 3058, dijo que el país precisaba industrializar el gas natural.
Ramírez se había destacado, en mayo de 2005 y en los meses previos, como un tenaz partidario de la imposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota del 50 por ciento a la producción de hidrocarburos; la posición del entonces político respondía a todo el debate previo a la promulgación de esta norma, en el que el MAS había posicionado la idea de que el Estado sólo percibía un 18 por ciento sobre la producción, en tanto que las transnacionales petroleras se embolsaban el 82 por ciento.
¿Para qué instalar, en la población cruceña de Río Grande, una planta extractora de gas licuado de petróleo (GLP)?
En invierno y en las fiestas de fin de año es frecuente que se registre una escasez de GLP, ya sea por el contrabando a Perú o Brasil, la especulación o bien por el aumento del consumo (el transporte público usa garrafas y no gas natural vehicular); la falta de este producto tiene un elevado costo político para los gobiernos, porque es de consumo masivo, y también en metálico, puesto que debe importarlo de países vecinos.
Lo paradójico, sin embargo, es que Bolivia exporta a Brasil un gas rico en los componentes esenciales del GLP, el propano y el butano, y en gasolina natural -también llamada gasolina blanca-, que se podrían extraer si se contara con las plantas necesarias para tal cometido; la necesidad de restar estos elementos ricos del gas natural, que se van en la corriente de exportación, se convirtió en uno de los ejes del programa petrolero del MAS.
De acuerdo con las especificaciones de la licitación que se adjudicó el consorcio accidental Catler Uniservice, la nueva planta extractora, que será instalada en Río Grande -el punto desde el que se exporta el gas a Brasil-, debía contar con una capacidad de producción de 360 toneladas métricas diarias de GLP, que equivalen a 36.000 garrafas de 10 kg por día, y hasta 600 barriles de gasolina natural; la empresa estatal había estimado, para la planta, un precio aproximado de 90 millones de dólares.
Catler Uniservice ganó la licitación en julio de 2008 al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares, por una unidad industrial con capacidad de 260 toneladas de GLP -26.000 garrafas de 10 kg al día- y 450 barriles de gasolina natural, que debía ser entregada llave en mano en 340 días.
El plazo revela la premura con la que YPFB proyectaba ejecutar todas sus obras. Pero tal planta, como se sabe, nunca se edificó.
La planta costaba $us 90 millones
Se estimó un precio de 90 millones de dólares para la obra -que serían pagados con fondos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)- que Catler se adjudicó al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares.
De acuerdo con el libro Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de los periodistas Marco Zelaya y Daniela Espinoza, fuentes del sector petrolero aseguraron que una planta con esas características no costaba más de 50 millones de dólares, por lo cual se habría adjudicado la licitación con un sobreprecio de hasta 30 millones de dólares.
La empresa adjudicataria, que se haría cargo de la instalación de la planta, contrató a su vez firmas proveedoras; entre las empresas figuraban, inicialmente, Catler, Gulsby, Uniservice SRL, ARCAN Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL. El contrato, sin embargo, sólo fue firmado por Catler y Uniservice.
En el Senado se atribuyó a este consorcio la misma experiencia que la estadounidense Gulsby, que construyó 95 separadoras en el mundo.
Poder casi ilimitado
Norma El Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, otorgó facultades al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, para contratar y comprar directamente “con precalificación de potenciales proponentes”.
PoderSe argumentó que se precisaba acelerar la instalación de la planta, mediante el referido decreto, pero en realidad la norma abrió paso a la discrecionalidad.
CorrupciónEse poder amplio derivó en el caso por el que Ramírez fue condenado.
Cuando el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez justificó la instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande, con los argumentos a los cuales apelaba cuando era senador, durante la discusión de la actual Ley de Hidrocarburos 3058, dijo que el país precisaba industrializar el gas natural.
Ramírez se había destacado, en mayo de 2005 y en los meses previos, como un tenaz partidario de la imposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota del 50 por ciento a la producción de hidrocarburos; la posición del entonces político respondía a todo el debate previo a la promulgación de esta norma, en el que el MAS había posicionado la idea de que el Estado sólo percibía un 18 por ciento sobre la producción, en tanto que las transnacionales petroleras se embolsaban el 82 por ciento.
¿Para qué instalar, en la población cruceña de Río Grande, una planta extractora de gas licuado de petróleo (GLP)?
En invierno y en las fiestas de fin de año es frecuente que se registre una escasez de GLP, ya sea por el contrabando a Perú o Brasil, la especulación o bien por el aumento del consumo (el transporte público usa garrafas y no gas natural vehicular); la falta de este producto tiene un elevado costo político para los gobiernos, porque es de consumo masivo, y también en metálico, puesto que debe importarlo de países vecinos.
Lo paradójico, sin embargo, es que Bolivia exporta a Brasil un gas rico en los componentes esenciales del GLP, el propano y el butano, y en gasolina natural -también llamada gasolina blanca-, que se podrían extraer si se contara con las plantas necesarias para tal cometido; la necesidad de restar estos elementos ricos del gas natural, que se van en la corriente de exportación, se convirtió en uno de los ejes del programa petrolero del MAS.
De acuerdo con las especificaciones de la licitación que se adjudicó el consorcio accidental Catler Uniservice, la nueva planta extractora, que será instalada en Río Grande -el punto desde el que se exporta el gas a Brasil-, debía contar con una capacidad de producción de 360 toneladas métricas diarias de GLP, que equivalen a 36.000 garrafas de 10 kg por día, y hasta 600 barriles de gasolina natural; la empresa estatal había estimado, para la planta, un precio aproximado de 90 millones de dólares.
Catler Uniservice ganó la licitación en julio de 2008 al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares, por una unidad industrial con capacidad de 260 toneladas de GLP -26.000 garrafas de 10 kg al día- y 450 barriles de gasolina natural, que debía ser entregada llave en mano en 340 días.
El plazo revela la premura con la que YPFB proyectaba ejecutar todas sus obras. Pero tal planta, como se sabe, nunca se edificó.
La planta costaba $us 90 millones
Se estimó un precio de 90 millones de dólares para la obra -que serían pagados con fondos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)- que Catler se adjudicó al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares.
De acuerdo con el libro Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de los periodistas Marco Zelaya y Daniela Espinoza, fuentes del sector petrolero aseguraron que una planta con esas características no costaba más de 50 millones de dólares, por lo cual se habría adjudicado la licitación con un sobreprecio de hasta 30 millones de dólares.
La empresa adjudicataria, que se haría cargo de la instalación de la planta, contrató a su vez firmas proveedoras; entre las empresas figuraban, inicialmente, Catler, Gulsby, Uniservice SRL, ARCAN Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL. El contrato, sin embargo, sólo fue firmado por Catler y Uniservice.
En el Senado se atribuyó a este consorcio la misma experiencia que la estadounidense Gulsby, que construyó 95 separadoras en el mundo.
Poder casi ilimitado
Norma El Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, otorgó facultades al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, para contratar y comprar directamente “con precalificación de potenciales proponentes”.
PoderSe argumentó que se precisaba acelerar la instalación de la planta, mediante el referido decreto, pero en realidad la norma abrió paso a la discrecionalidad.
CorrupciónEse poder amplio derivó en el caso por el que Ramírez fue condenado.
Un decreto facilitó las contrataciones y compras directas
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en PAgina Siete
Experimentado político, Santos Ramírez conocía que el principal obstáculo de sus predecesores en YPFB fue la lentitud del aparato estatal en lo que respecta a las contrataciones y compras de bienes o servicios. Ramírez exigió como condición para asumir la presidencia de la petrolera que le facilitaran los medios adecuados.
El principal instrumento del que se le dotó fue el Decreto Supremo 29506, promulgado el 9 de abril de 2008 -un mes después de su nombramiento-, mediante el cual YPFB obtuvo la autorización de realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, “así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes, obras y servicios con precalificación de potenciales proponentes”, en el marco de las leyes SAFCO y de Hidrocarburos.
Con la promulgación de esta norma, tenía, en adelante, carta blanca para efectivizar todas las contrataciones directas necesarias en exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y, finalmente, distribución de gas natural por redes. Ninguno de los anteriores presidentes de la empresa había logrado un poder tan omnímodo sobre toda la cadena de los hidrocarburos.
Sólo restaba, por tanto, ejecutar las acciones necesarias para transformar a la compañía estatal en una corporación, mediante sociedades con otras empresas petroleras, para lo cual Ramírez contaba también con otro decreto supremo que definía la nueva estrategia corporativa.
Ambas normas transformaron a Santos Ramírez en uno de los funcionarios más poderosos del país, pues contaba con la facultad, casi ilimitada, de realizar adquisiciones de bienes y servicios.
La intención respondía, en concordancia con lo planificado para el sector público de los hidrocarburos, al deseo de acelerar los procesos para consolidar el dominio estatal sobre esa estratégica cadena productiva.
Sin embargo, se pasó por alto que la eliminación de tales resguardos legales, cuyo cumplimiento era obligatorio en el Estado, también puede llevar a la discrecionalidad, si se considera que ya no regían los procedimientos para compras.
Experimentado político, Santos Ramírez conocía que el principal obstáculo de sus predecesores en YPFB fue la lentitud del aparato estatal en lo que respecta a las contrataciones y compras de bienes o servicios. Ramírez exigió como condición para asumir la presidencia de la petrolera que le facilitaran los medios adecuados.
El principal instrumento del que se le dotó fue el Decreto Supremo 29506, promulgado el 9 de abril de 2008 -un mes después de su nombramiento-, mediante el cual YPFB obtuvo la autorización de realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, “así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes, obras y servicios con precalificación de potenciales proponentes”, en el marco de las leyes SAFCO y de Hidrocarburos.
Con la promulgación de esta norma, tenía, en adelante, carta blanca para efectivizar todas las contrataciones directas necesarias en exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y, finalmente, distribución de gas natural por redes. Ninguno de los anteriores presidentes de la empresa había logrado un poder tan omnímodo sobre toda la cadena de los hidrocarburos.
Sólo restaba, por tanto, ejecutar las acciones necesarias para transformar a la compañía estatal en una corporación, mediante sociedades con otras empresas petroleras, para lo cual Ramírez contaba también con otro decreto supremo que definía la nueva estrategia corporativa.
Ambas normas transformaron a Santos Ramírez en uno de los funcionarios más poderosos del país, pues contaba con la facultad, casi ilimitada, de realizar adquisiciones de bienes y servicios.
La intención respondía, en concordancia con lo planificado para el sector público de los hidrocarburos, al deseo de acelerar los procesos para consolidar el dominio estatal sobre esa estratégica cadena productiva.
Sin embargo, se pasó por alto que la eliminación de tales resguardos legales, cuyo cumplimiento era obligatorio en el Estado, también puede llevar a la discrecionalidad, si se considera que ya no regían los procedimientos para compras.
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