viernes, 27 de enero de 2012

Catler Uniservice nunca edificó la planta separadora de Río Grande

Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete

Cuando el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez justificó la instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande, con los argumentos a los cuales apelaba cuando era senador, durante la discusión de la actual Ley de Hidrocarburos 3058, dijo que el país precisaba industrializar el gas natural.

Ramírez se había destacado, en mayo de 2005 y en los meses previos, como un tenaz partidario de la imposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota del 50 por ciento a la producción de hidrocarburos; la posición del entonces político respondía a todo el debate previo a la promulgación de esta norma, en el que el MAS había posicionado la idea de que el Estado sólo percibía un 18 por ciento sobre la producción, en tanto que las transnacionales petroleras se embolsaban el 82 por ciento.

¿Para qué instalar, en la población cruceña de Río Grande, una planta extractora de gas licuado de petróleo (GLP)?

En invierno y en las fiestas de fin de año es frecuente que se registre una escasez de GLP, ya sea por el contrabando a Perú o Brasil, la especulación o bien por el aumento del consumo (el transporte público usa garrafas y no gas natural vehicular); la falta de este producto tiene un elevado costo político para los gobiernos, porque es de consumo masivo, y también en metálico, puesto que debe importarlo de países vecinos.

Lo paradójico, sin embargo, es que Bolivia exporta a Brasil un gas rico en los componentes esenciales del GLP, el propano y el butano, y en gasolina natural -también llamada gasolina blanca-, que se podrían extraer si se contara con las plantas necesarias para tal cometido; la necesidad de restar estos elementos ricos del gas natural, que se van en la corriente de exportación, se convirtió en uno de los ejes del programa petrolero del MAS.

De acuerdo con las especificaciones de la licitación que se adjudicó el consorcio accidental Catler Uniservice, la nueva planta extractora, que será instalada en Río Grande -el punto desde el que se exporta el gas a Brasil-, debía contar con una capacidad de producción de 360 toneladas métricas diarias de GLP, que equivalen a 36.000 garrafas de 10 kg por día, y hasta 600 barriles de gasolina natural; la empresa estatal había estimado, para la planta, un precio aproximado de 90 millones de dólares.

Catler Uniservice ganó la licitación en julio de 2008 al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares, por una unidad industrial con capacidad de 260 toneladas de GLP -26.000 garrafas de 10 kg al día- y 450 barriles de gasolina natural, que debía ser entregada llave en mano en 340 días.

El plazo revela la premura con la que YPFB proyectaba ejecutar todas sus obras. Pero tal planta, como se sabe, nunca se edificó.

La planta costaba $us 90 millones
Se estimó un precio de 90 millones de dólares para la obra -que serían pagados con fondos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)- que Catler se adjudicó al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares.

De acuerdo con el libro Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de los periodistas Marco Zelaya y Daniela Espinoza, fuentes del sector petrolero aseguraron que una planta con esas características no costaba más de 50 millones de dólares, por lo cual se habría adjudicado la licitación con un sobreprecio de hasta 30 millones de dólares.

La empresa adjudicataria, que se haría cargo de la instalación de la planta, contrató a su vez firmas proveedoras; entre las empresas figuraban, inicialmente, Catler, Gulsby, Uniservice SRL, ARCAN Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL. El contrato, sin embargo, sólo fue firmado por Catler y Uniservice.

En el Senado se atribuyó a este consorcio la misma experiencia que la estadounidense Gulsby, que construyó 95 separadoras en el mundo.


Poder casi ilimitado
Norma El Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, otorgó facultades al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, para contratar y comprar directamente “con precalificación de potenciales proponentes”.


PoderSe argumentó que se precisaba acelerar la instalación de la planta, mediante el referido decreto, pero en realidad la norma abrió paso a la discrecionalidad.


CorrupciónEse poder amplio derivó en el caso por el que Ramírez fue condenado.

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