El abogado defensor del exgeneral Óscar Nina, Nery Fernández, en entrevista con Los Tiempos, dijo ayer que el patrimonio de su cliente se explica por un “regalo” en efectivo que le dio su padre cuando ganó la lotería, pero también de bonos entregados por la DEA.
Óscar Nina, su hijo y su exedecán Javier Millán cumplieron ayer su primer día en el penal de máxima seguridad de Palmasola, según relató su abogado Nery Fernández, su cliente está con los ánimos y el físico intactos para asumir su defensa.
Los Tiempos (LT) ¿Cómo se siente su defendido y qué percepción tiene usted sobre los acontecimientos sucedidos desde la anterior semana?
Nery Fernández (NF) Lo primero que hay que dejar en claro es que se han vulnerado sagrados derechos y garantías constitucionales porque no se ha respetado el principio de presunción de inocencia, las normas del debido proceso y la seguridad jurídica, menos el sometimiento a la ley que ha demostrado mi cliente.
Se trata de un proceso de data antigua, de tres años y seis meses cumplidos hace poco, cuando la cadena Univisión lanzó un reportaje afirmando que en Bolivia estarían operando redes del narcotráfico, tanto de Colombia como de México, en el que estarían involucrados autoridades de Bolivia, entre ellos políticas, policiales y jurisdiccionales, e inclusive abogados; después aparecieron informes de inteligencia de que se debería investigar al general Nina.
(LT) Y después qué pasó…
(NF) En ese entonces conoció el caso el fiscal Isabelino Gómez y él dispuso que se inicie un proceso de investigación.
Después otro fiscal de materia eleva un informe a la autoridad jurisdiccional y se lo tipifica el delito como legitimación de ganancias ilícitas con relación, obviamente, a actividades de narcotráfico. Sin embargo, en seis meses no se logró avanzar nada y decidieron pasar el caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para que actúe en base a la Ley 1008.
(LT) Ahora el Ministerio de Gobierno maneja información de nexos con narcotráfico, ¿qué resultados se dieron entonces?
(NF) Transcurrieron otros ocho meses de investigación y tampoco encontraron nada. Este informe de requerimiento consta en el cuaderno de investigación que ahora manejan los fiscales, es decir, hay certificaciones del trabajo digno que realizó mi cliente cuando estuvo al frente de la Felcn. Después el proceso volvió a dormir otro buen tiempo con citaciones de por medio, pero de todas maneras el general Nina y su familia detallaron todos los bienes que poseen presentando documentación probatoria.
SU PATRIMONIO
(LT)¿A cuánto llegan los bienes de la familia Nina Morales?
(NF) Un departamento en el condominio Virgen de Copacabana, adquirido a través de un crédito de la misma Policía (Convipol), y una vivienda también en La Paz y otra en Santa Cruz. Dos vehículos, un lote de terreno en La Paz, otro en Santa Cruz y un tercero en Yacuiba.
(LT)¿Cómo se obtuvo este patrimonio porque conoce usted que se habla de más 2 millones de dólares?
(NF) Los bienes que tiene el general Nina tiene base en un regaló en efectivo que le dio su padre, cuando se ganó un premio de la lotería nacional. No hay que olvidar que mi cliente prestó servicio durante 32 años y dos meses en la Policía y durante todo este tiempo su esposa pudo gestionar negocios pequeños junto a la familia. Aparte de tener su salario mensual en la Policía, cuando llegó a la dirección de la Felcn percibía un bono adicional por parte de la NAS, dependiente de la Agencia Norteamericana Antinarcóticos (DEA) y por ende de la Embajada de EEUU.
(LT)¿Cómo es que se implican sus hijos entonces en ese movimiento económico?
(NF) Cuando su hija se casó, el general le regaló 38.000 dólares para que despegue, gracias a su trabajo de modelo bien cotizada que alguna vez también llegó a destacar en la Expocruz, además de prestar servicio en una entidad danesa donde ganaba 13.000 bolivianos, obtuvo un crédito junto a su esposo de 90.000 dólares para tener su patrimonio propio; así se compró un inmueble en La Paz. Lo que llamó la atención a los fiscales es que ella le haya dejado un poder a su madre para que alquile la casa en La Paz, porque se vino a trabajar a Santa Cruz junto a su esposo.
(LT) Y los vehículos…
(NF) Es un bien que el general sacó a nombre de su esposa, pero se lo dio a su hijo para que lo maneje.
Cuando su hijo egresó de la Academia de Policía le regaló 9.000 dólares y sus suegros le dieron otro tanto; él arrancó con el negocio de los vehículos siniestrados e importados y por eso lo observan, porque ese carro cuesta 27.000 dólares.
(LT) Usted estuvo con el general Nina cuando fue aprehendido y cautelado. ¿Por qué amenazó de muerte a los fiscales y los efectivos del orden?
(NF) Esa situación es falsa. Estuvimos en la audiencia cautelar circunscritos a las actividades del derecho guardando todo respeto a las autoridades. Considero que ésta es una maniobra para agravar la situación de mi cliente.
(LT) Hay algo concreto y contundente expresado por el Ministro de Gobierno en sentido de los nexos con el narcotráfico, ¿qué responde al respecto?
(NF) Son tres años y seis meses de investigación y todos los informes dicen que no hay ninguna relación ni actividad de mi cliente con la Ley 1008 o con el narcotráfico.
(LT) Y los más de 2 millones de patrimonio que también afirma la autoridad…
(NF) Tampoco. La Unidad de Investigación Financiera ha reportado un movimiento económico de la esposa del general Nina de 104.000 dólares; con eso se adquirieron los bienes de la familia. Lo que tiene que quedar bien claro es que mi cliente y su familia no tienen vínculos con el narcotráfico y menos con situaciones de enriquecimiento ilícito; peor aún con haber amenazado a nadie.
JUEZ ORDENA CONGELAR CUENTAS DE NINA
La defensa del exgeneral Óscar Nina Fernández, detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, aguarda los resultados de dos apelaciones y una notificación para decidir la aplicación de otros recursos legales que favorezcan, tanto a él como a su familia.
El exgeneral Nina tiene tres resoluciones legales tomadas en su contra desde el pasado jueves 5 de marzo: la primera, la detención preventiva en el penal de Palmasola junto a su hijo el teniente, Óscar Nina Morales, y su exedecán, el capitán Javier Millán Salazar; todos acusados de enriquecimiento ilícito.
La segunda, la baja definitiva sin derecho a reincorporación por parte del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, que también afecta a los otros dos mencionados, y finalmente la tercera, el congelamiento de cuentas bancarias de él y de su familia, además del capitán Millán, requerido por la Fiscalía y resuelto por la jueza cautelar Ximena Flores.
El miércoles, después de conocer la resolución del Tribunal Disciplinario de la Policía, los tres detenidos –que habían pasado casi una semana en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)– fueron trasladados al penal de Palmasola enmanillados y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
En el caso concreto del congelamiento de cuentas en todas las entidades financieras, es parte del proceso de investigación llevado a cabo por la unidad anticorrupción del Ministerio Público, integrado por Ana Luisa Heredia, Fanny Alfaro y Pablo Guzmán.
Ayer estuvo en Santa Cruz el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien corroboró la información y dijo además que de acuerdo a los procedimientos legales corresponde su ejecución a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en cuya dependencia opera la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En el caso del congelamiento de cuentas, después de la resolución tomada por la jueza Flores, la defensa de Nina apeló de inmediato y mientras espera respuesta alista toda la documentación legal para presentar como descargo.
Según indicó ayer el abogado defensor de Nina, además se espera la notificación del Tribunal Disciplinario de la Policía sobre la baja definitiva; también apelará la medida.
En el caso de la detención preventiva, ya se apeló pero por cuestiones de trámites burocráticos han impedido una respuesta al memorial, dijo.
viernes, 13 de marzo de 2015
Jueza congela las cuentas de Óscar Nina y sus familiares
La jueza de Instrucción Ximena Flores emitió una resolución en la que ordena el congelamiento de las cuentas de Óscar Hugo Nina; de su hijo, el teniente Óscar Hugo Nina Morales; del capitán Xavier Raúl Millán Salazar y de su entorno familiar acusado de enriquecimiento ilítico.
La decisión judicial responde al requerimiento presentado por la comisión de fiscales integrada por Pablo Guzmán, Ana Luisa Heredia y Fanny Alfaro, que plantea la necesidad de congelar todas las cuentas que tengan las personas investigadas en diversas entidades financieras, según reportó El Deber digital.
El fallo judicial será entregado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para dar vialidad al congelamiento de las cuentas.
El Ministerio Público acelera las pesquisas después de analizar el informe emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que establece supuestos movimientos económicos de dudosa procedencia tanto del general Nina como de su entorno familiar.
Exministros
Además, la comisión especial de fiscales no vio pertinente convocar a declarar a los exministros de Gobierno Sacha Llorenti y Alfredo Rada, mencionados por Nina, quien permanece preso por orden judicial en la cárcel de Palmasola.
La decisión de la comisión se concretó después de que el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, expresara que los exministros no tenían ninguna responsabilidad operativa en los actos del excomandante.
Por el contrario, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que se debe investigar a los exministros de Gobierno que fueron mencionados por el excomandante de la Policía.
El miércoles, el Tribunal Disciplinario de la Policía (TDP) dictó la sentencia de baja contra Nina, por el caso de legitimación de ganancias ilícitas durante el ejercicio de su cargo.
De acuerdo a la lectura del acta de sentencia del TDP realizada por la coronela Margoth Cardozo, el "general Óscar Hugo Nina Fernández queda con baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación”.
Proceso penal
Detención El excomandante de la Policía fue enviado de manera preventiva al penal de Palmasola de Santa Cruz, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y por sus eventuales vínculos con el narcotráfico.
Vínculos La Fiscalía sostiene que recibió dinero de narcotraficantes mexicanos y colombianos cuando fue comandante entre 2010 y 2011.
La decisión judicial responde al requerimiento presentado por la comisión de fiscales integrada por Pablo Guzmán, Ana Luisa Heredia y Fanny Alfaro, que plantea la necesidad de congelar todas las cuentas que tengan las personas investigadas en diversas entidades financieras, según reportó El Deber digital.
El fallo judicial será entregado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para dar vialidad al congelamiento de las cuentas.
El Ministerio Público acelera las pesquisas después de analizar el informe emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que establece supuestos movimientos económicos de dudosa procedencia tanto del general Nina como de su entorno familiar.
Exministros
Además, la comisión especial de fiscales no vio pertinente convocar a declarar a los exministros de Gobierno Sacha Llorenti y Alfredo Rada, mencionados por Nina, quien permanece preso por orden judicial en la cárcel de Palmasola.
La decisión de la comisión se concretó después de que el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, expresara que los exministros no tenían ninguna responsabilidad operativa en los actos del excomandante.
Por el contrario, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que se debe investigar a los exministros de Gobierno que fueron mencionados por el excomandante de la Policía.
El miércoles, el Tribunal Disciplinario de la Policía (TDP) dictó la sentencia de baja contra Nina, por el caso de legitimación de ganancias ilícitas durante el ejercicio de su cargo.
De acuerdo a la lectura del acta de sentencia del TDP realizada por la coronela Margoth Cardozo, el "general Óscar Hugo Nina Fernández queda con baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación”.
Proceso penal
Detención El excomandante de la Policía fue enviado de manera preventiva al penal de Palmasola de Santa Cruz, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y por sus eventuales vínculos con el narcotráfico.
Vínculos La Fiscalía sostiene que recibió dinero de narcotraficantes mexicanos y colombianos cuando fue comandante entre 2010 y 2011.
Caso Rózsa Coco Tórrez: 'Justicia y las FFAA, sumisos al Aobierno'
Dentro de su defensa técnica, el coronel Adalberto (Coco) Tórrez, afirmó ante el Tribunal de Sentencia, de que la justicia y las Fuerzas Armadas, son las dos instituciones "sumisas y sometidas a los intereses del Gobierno nacional". El acusado del caso Rózsa lamentó que las instancias gubernamentales, hayan armado un caso de supuesto terrorismo con fines persecutorios. Afirmó que el único terrorista de Bolivia que hizo mucho daño es el vicepresidente Álvaro García Linera. Recalcó ante Sixto Fernández, titular del Tribunal Primero de Sentencia, de que han dañado la imagen de un hombre que siempre luchó por la unidad del país, por el delito de haber entregado una tarjeta de presentación de la empresa de vigilancia OSI Seguridad, que en el 2009 era de su propiedad.
Nina, su hijo y exedecán, trasladados a Palmasola
El exgeneral Óscar Nina Fernández, que desde el pasado jueves 5 estaba recluido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), finalmente fue trasladado ayer a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz tras ser dado de baja definitivamente de la institución verde olivo.
Ahora deberá afrontar su defensa ante la justicia ordinaria en condición de detenido.
Junto al exgeneral fueron llevados ayer a Palmasola su hijo, el teniente Óscar Nina Morales, y el exedecán, capitán Javier Millán Salazar.
Los tres están acusados por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias, aunque el Gobierno insiste en que tenían nexos con el narcotráfico.
En medio de una fuerte vigilancia policial se llevó a cabo ayer el operativo de trasladado de los tres expolicías y, aunque los periodistas intentaron tener la versión de los imputados, fue imposible debido a las medidas de seguridad y a la poca predisposición de los aludidos.
Seis días transcurrieron desde que los dos Nina y Millán fueron cautelados y detenidos preventivamente por orden de la jueza Ximena Flores.
Si bien el abogado defensor, Nery Fernández, adelantó que presentaría un recurso de apelación a la detención, por el proceso interno realizado por el Tribunal Disciplinario de la Policía que acabó con la baja de los tres denunciados y los inconvenientes de los trámites burocráticos de estos seis días, hasta el momento no se resolvió la fecha ni hora para la audiencia.
El día que Nina y su familia fueron aprehendidos por la Policía lamentó que se hubiera actuado de forma repentina siendo que el caso data de 2011. Ese día, en un contacto informal con la prensa dijo que el tema de fondo era político y advirtió contar su verdad una vez pasen las primeras diligencias.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, en reiteradas ocasiones dijo que todos los involucrados en el caso serán sometidos a la justicia y si son hallados culpables tendrán que ser sancionados.
Ahora deberá afrontar su defensa ante la justicia ordinaria en condición de detenido.
Junto al exgeneral fueron llevados ayer a Palmasola su hijo, el teniente Óscar Nina Morales, y el exedecán, capitán Javier Millán Salazar.
Los tres están acusados por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias, aunque el Gobierno insiste en que tenían nexos con el narcotráfico.
En medio de una fuerte vigilancia policial se llevó a cabo ayer el operativo de trasladado de los tres expolicías y, aunque los periodistas intentaron tener la versión de los imputados, fue imposible debido a las medidas de seguridad y a la poca predisposición de los aludidos.
Seis días transcurrieron desde que los dos Nina y Millán fueron cautelados y detenidos preventivamente por orden de la jueza Ximena Flores.
Si bien el abogado defensor, Nery Fernández, adelantó que presentaría un recurso de apelación a la detención, por el proceso interno realizado por el Tribunal Disciplinario de la Policía que acabó con la baja de los tres denunciados y los inconvenientes de los trámites burocráticos de estos seis días, hasta el momento no se resolvió la fecha ni hora para la audiencia.
El día que Nina y su familia fueron aprehendidos por la Policía lamentó que se hubiera actuado de forma repentina siendo que el caso data de 2011. Ese día, en un contacto informal con la prensa dijo que el tema de fondo era político y advirtió contar su verdad una vez pasen las primeras diligencias.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, en reiteradas ocasiones dijo que todos los involucrados en el caso serán sometidos a la justicia y si son hallados culpables tendrán que ser sancionados.
jueves, 12 de marzo de 2015
La ministra Achacollo debe responder 15 preguntas en la interpelación por el caso Fondo Indígena
La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, deberá responder mañana, en el acto interpelatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 15 preguntas sobre las denuncias de corrupción en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC).
La Contraloría del Estado estableció preliminarmente un daño económico de 71 millones de bolivianos y acusó a tres exdirectores. Elvira Parra fue detenida preventivamente en la cárcel de Obrajes, Marco Antonio Aramayo guarda detención domiciliaria y Daniel Zapata tiene una orden de aprehensión ya que no pudo ser encontrado.
Las preguntas que debe responder la ministra Nemesia Achacollo en la interpelación.
Entre las preguntas están: ¿Cuál es la participación del Ministerio a su cargo en la gestión, administración y asignación de recursos del Fondo Indígena a los proyectos?; Informe señora ministra, si firmó cheques para la implementación de proyectos del Fondo Indígena, quiénes fueron los beneficiarios y cual es cuál es el monto de cada cheque; ¿Cuáles fueron los proyectos financiados y los montos totales anuales destinados a los mismos en el Fondo Indígena?
Las preguntas que debe responder la ministra Nemesia Achacollo en la interpelación.
Achacollo preside el Directorio del FDPPIOYCC.
El vicepresidente Álvaro García explicó hoy que la ministra tendrá un plazo ilimitado para responder a las preguntas que se le vayan a formular. Si es que los interpelantes tienen alguna duda respecto a las respuestas o respuestas, señaló, pueden hacer el uso de la palabra para pedir alguna aclaración o complementación.
Los legisladores tienen la opción de aprobar o rechazar el informe, que implicará la destitución de la autoridad. El parágrafo 18 del artículo 158 de la Constitución Política Establece: “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o Ministro”.
“Si los argumentos son sólidos, la gente (asambleístas) votará en ese sentido (respaldo), si los argumentos no son suficientemente sólidos, y quedan muchas dudas, seguramente votarán de la manera en que la conciencia de los asambleístas decida”, sostuvo García, quien también es el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
comentarios
Documento revela que el Fondo dio Bs 441,9 millones a sectores
Un nuevo documento, al que accedió Página Siete, revela que hasta el 20 de agosto de 2013, el Fondo Indígena transfirió a siete organizaciones sociales 441,9 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos de desarrollo social, productivo y organizativo en diferentes regiones del país.
Las organizaciones sociales que recibieron más recursos fueron la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El Fondo transfirió a cada una de las organizaciones más de 130 millones de bolivianos, según señala el informe.
El Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa se beneficiaron con más de 70 millones de bolivianos. Menor cantidad de recursos percibieron la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia (APG), la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) (ver infografía).
En el informe no figura la cantidad con la que se benefició la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEMB), organización que también es parte del directorio del Fondo Indígena.
El pasado 29 de febrero, según un informe oficial, Página Siete reveló que entre las gestiones 2010-2012 el Fondo Indígena transfirió 327,8 millones de bolivianos a ocho organizaciones indígenas campesinas para la ejecución de 602 proyectos.
El Fondo Indígena, que recibe un 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), fue intervenido por el Gobierno después de que la Contraloría reveló un daño económico al Estado que supera los 71 millones de bolivianos por "irregularidades” en 153 proyectos desarrollados en la gestión 2010-2011. Asimismo, presentó una querella contra tres exdirectores del Fondo.
Las primeras acciones del Ministerio Público fueron ordenar la detención preventiva de Elvira Parra y detención domiciliaria para Marco Antonio Aramayo; sin embargo, la Fiscalía desconoce el paradero de Daniel Zapata, otro de los acusados.
Achacollo será interpelada
Mañana, desde las 15:30 está prevista la interpelación a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el caso del Fondo Indígena.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales (MAS), explicó que serán tres los diputados del MAS que interpelarán a la ministra sobre los recursos y proyectos que aprobaron a favor de ocho organizaciones sociales miembros del Fondo Indígena.
"La ministra explicará sobre el Fondo Indígena y en función a lo que revele veremos si sale aplaudida o en medio de silbidos”, dijo Gonzales.
Para legisladores de la oposición, la interpelación "sólo es para limpiar la imagen de Achacollo”, por lo que exigen su renuncia.
"Ella como cabeza de sector autorizó el desembolso de recursos; por tanto, tiene responsabilidad al igual que algunos dirigentes”, dijo el diputado Rafael Quispe.
Las organizaciones sociales que recibieron más recursos fueron la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El Fondo transfirió a cada una de las organizaciones más de 130 millones de bolivianos, según señala el informe.
El Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa se beneficiaron con más de 70 millones de bolivianos. Menor cantidad de recursos percibieron la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia (APG), la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) (ver infografía).
En el informe no figura la cantidad con la que se benefició la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEMB), organización que también es parte del directorio del Fondo Indígena.
El pasado 29 de febrero, según un informe oficial, Página Siete reveló que entre las gestiones 2010-2012 el Fondo Indígena transfirió 327,8 millones de bolivianos a ocho organizaciones indígenas campesinas para la ejecución de 602 proyectos.
El Fondo Indígena, que recibe un 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), fue intervenido por el Gobierno después de que la Contraloría reveló un daño económico al Estado que supera los 71 millones de bolivianos por "irregularidades” en 153 proyectos desarrollados en la gestión 2010-2011. Asimismo, presentó una querella contra tres exdirectores del Fondo.
Las primeras acciones del Ministerio Público fueron ordenar la detención preventiva de Elvira Parra y detención domiciliaria para Marco Antonio Aramayo; sin embargo, la Fiscalía desconoce el paradero de Daniel Zapata, otro de los acusados.
Achacollo será interpelada
Mañana, desde las 15:30 está prevista la interpelación a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el caso del Fondo Indígena.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales (MAS), explicó que serán tres los diputados del MAS que interpelarán a la ministra sobre los recursos y proyectos que aprobaron a favor de ocho organizaciones sociales miembros del Fondo Indígena.
"La ministra explicará sobre el Fondo Indígena y en función a lo que revele veremos si sale aplaudida o en medio de silbidos”, dijo Gonzales.
Para legisladores de la oposición, la interpelación "sólo es para limpiar la imagen de Achacollo”, por lo que exigen su renuncia.
"Ella como cabeza de sector autorizó el desembolso de recursos; por tanto, tiene responsabilidad al igual que algunos dirigentes”, dijo el diputado Rafael Quispe.
Solo 3 diputados del oficialista MAS interpelarán a ministra Achacollo
Únicamente los diputados Manuel Canelas, Juan Cala y Juana Quispe, todos del oficialista MAS, interpelarán mañana a la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, sobre presuntas irregularidades en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino.
Además, son los únicos que podrán retrucar, pedir ampliación o aclaraciones sobre el tema en la sesión. También se informó que Achacollo tendrá un tiempo "ilimitado" para responder al pliego.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, ratificó que la interpelación será a las 15:00 con el objetivo de "esclarecer lo que sucedió en el Fondo Indígena y la posición que adoptó el Ministerio (de Desarrollo Rural) en relación a este tema"
El 12 de febrero, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló que tras concluir una primera fase de la auditoría al Fondo Indígena se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados o en su totalidad.
Herbas explicó que ese daño económico ya fue denunciado ante el Ministerio Público dentro de un proceso penal que incluye a Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo y Daniel Zapata quienes fueron directores del Fondo Indígena en el periodo 2010-2013. La primera fue enviada a la cárcel, el segundo tiene detención domiciliaria y el tercero es buscado por la Fiscalía.
Una interpeladora beneficiada
La diputada Juana Quispe (MAS), que forma parte del grupo de tres parlamentarios oficialistas que tienen derecho a interrogar a Achacollo, reveló que también fue beneficiaria de un proyecto del Fondo Indígena, reportó la red Erbol.
"Yo misma he sido beneficiada en el proyecto de acción de ganaderos en el trópico (de Cochabamba)”, dijo Quispe, quien además es jefa de bancada del MAS.
Quispe indicó que si bien Achacollo es presidenta del Directorio del Fondo Indígena no ejecuta las obras. Señaló que en su experiencia como beneficiaria pudo constatar que los encargados de las obras son nombrados en el transcurso de su elaboración y ejecución.
"He visto que el representante legal y el control social son designadas personas en el proyecto, y esas personas tienen que sacar diferentes trámites, como el certificado de antecedentes penales”, relató.
Show para salvar a Achacollo
El senador opositor Óscar Ortiz (UD) afirmó que el evento de mañana será una "autointerpelación” y un "show para salvar a Achacollo".
El Legislativo puede dar su voto de confianza a Achacollo y censurarla, lo cual significaría la destitución de su cargo. Para que ocurra el segundo escenario, se necesita dos tercios de los votos. Ortiz afirmó que "está plenamente seguro de que la interpelación no derivará en una censura".
La diputada Quispe indicó para que se amerite una censura tendría que comprobarse que hubo corrupción de Achacollo. Insistió en que la intención de la interpelación es conocer cómo se ha manejado el Fondo Indígena, pero establecer las culpas es tarea de la Fiscalía.
Mientras que el vicepresidente García Linera dijo que "lo previsible es que vamos a oír. Si los argumentos son sólidos votarán en ese sentido, pero si no son sólidos y quedan muchas dudas, se votará de acuerdo a la conciencia de los asambleístas".
El senador Ortiz informó que el 20 de marzo Achacollo debe presentarse en la Cámara Alta, donde también podrá ser interrogada por opositores.
Además, son los únicos que podrán retrucar, pedir ampliación o aclaraciones sobre el tema en la sesión. También se informó que Achacollo tendrá un tiempo "ilimitado" para responder al pliego.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, ratificó que la interpelación será a las 15:00 con el objetivo de "esclarecer lo que sucedió en el Fondo Indígena y la posición que adoptó el Ministerio (de Desarrollo Rural) en relación a este tema"
El 12 de febrero, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló que tras concluir una primera fase de la auditoría al Fondo Indígena se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados o en su totalidad.
Herbas explicó que ese daño económico ya fue denunciado ante el Ministerio Público dentro de un proceso penal que incluye a Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo y Daniel Zapata quienes fueron directores del Fondo Indígena en el periodo 2010-2013. La primera fue enviada a la cárcel, el segundo tiene detención domiciliaria y el tercero es buscado por la Fiscalía.
Una interpeladora beneficiada
La diputada Juana Quispe (MAS), que forma parte del grupo de tres parlamentarios oficialistas que tienen derecho a interrogar a Achacollo, reveló que también fue beneficiaria de un proyecto del Fondo Indígena, reportó la red Erbol.
"Yo misma he sido beneficiada en el proyecto de acción de ganaderos en el trópico (de Cochabamba)”, dijo Quispe, quien además es jefa de bancada del MAS.
Quispe indicó que si bien Achacollo es presidenta del Directorio del Fondo Indígena no ejecuta las obras. Señaló que en su experiencia como beneficiaria pudo constatar que los encargados de las obras son nombrados en el transcurso de su elaboración y ejecución.
"He visto que el representante legal y el control social son designadas personas en el proyecto, y esas personas tienen que sacar diferentes trámites, como el certificado de antecedentes penales”, relató.
Show para salvar a Achacollo
El senador opositor Óscar Ortiz (UD) afirmó que el evento de mañana será una "autointerpelación” y un "show para salvar a Achacollo".
El Legislativo puede dar su voto de confianza a Achacollo y censurarla, lo cual significaría la destitución de su cargo. Para que ocurra el segundo escenario, se necesita dos tercios de los votos. Ortiz afirmó que "está plenamente seguro de que la interpelación no derivará en una censura".
La diputada Quispe indicó para que se amerite una censura tendría que comprobarse que hubo corrupción de Achacollo. Insistió en que la intención de la interpelación es conocer cómo se ha manejado el Fondo Indígena, pero establecer las culpas es tarea de la Fiscalía.
Mientras que el vicepresidente García Linera dijo que "lo previsible es que vamos a oír. Si los argumentos son sólidos votarán en ese sentido, pero si no son sólidos y quedan muchas dudas, se votará de acuerdo a la conciencia de los asambleístas".
El senador Ortiz informó que el 20 de marzo Achacollo debe presentarse en la Cámara Alta, donde también podrá ser interrogada por opositores.
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