El periodista Carlos Valverde sostuvo este lunes que el hijo entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata no habría existido y que la documentación acerca de ello habría sido fraguada. Además, manifestó que el niño que fue presentado ante la Fiscalía podría ser el nieto de la supuesta tía de Gabriela, Pilar Guzmán.
Valverde aclaró que no se retractó de la información que brindó hace tres meses sobre el tráfico de influencias, por la relación entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata. Aseguró que presentó documentos legales como prueba.
En febrero, Valverde reveló la existencia de aquella relación y que habrían tenido un hijo. Morales admitió que tuvo una relación con Zapata y un hijo que murió.
RECLUSIÓN DE ZAPATA
Ahora Zapata se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores, acusada de los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ventajas ilegítimas.
Según Valverde, el hijo no habría existido, a pesar de que en el certificado de nacimiento del niño que presentó en la TV está la firma del presidente Morales.
“La existencia del niño es lo que sería mentira, todo lo demás es legal (…) yo presenté un documento que ni siquiera lo han invalidado, esto sigue siendo un documento válido, es así que el certificado es válido y ahí está el reconocimiento de la firma de paternidad del presidente Evo Morales”, sostuvo Valverde.
Manifestó, asimismo, que Zapata no podía fraguar sola los papeles y que alguien con poder le tuvo que ayudar. “Busquen quién le hizo el servicio a Zapata para poder fraguar todo esto”, indicó.
ABOGADO DELPRESIDENTE
Por otro lado, el abogado del presidente Morales, Gastón Velásquez, dijo que Valverde solo confirmó la resolución emitida por la juez. Además, afirmó que el mandatario fue engañado.
“El Presidente va a tomar una decisión en su momento, en realidad ustedes (los medios) han podido establecer en la sentencia que se ha utilizado un niño y eso amerita una acción penal y el Ministerio Público tiene que atender de oficio (…) El Presidente ha sido prácticamente engañado, ha sido objeto de una difamación en su honor (…). Ha habido muchas evidencias de que el niño no existía, no hay registros de él en el Segip ni en ningún colegio. Además, el niño que habría presentado Zapata, en una audiencia judicial reservada, tenía 5 a 6 años, cuando debería tener 9 años”, indicó el jurista.
MORALES Y LINERA CONFIRMARON LA EXISTENCIA DEL NIÑO
"A Gabriela Zapata la conocí en 2005, es verdad que fue mi pareja por dos o tres años, en 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente por nuestra mala suerte ha fallecido; después de algunos problemas nos distanciamos, no he sabido nada de ella, hasta esta mañana cuando la llamé y me dijo que estaba casada", dijo Morales en conferencia de prensa el 5 de febrero, dos días después de que el comentarista cruceño Carlos Valverde revelara la relación que existió entre Morales y Zapata, la entonces gerente comercial de la empresa china CAMC.
Ya en marzo, en una entrevista con el programa No Mentirás de la red PAT, García Linera señaló que Evo llegó a conocer a su hijo y que incluso le pagó el tratamiento en el extranjero porque Zapata le dijo que el niño estaba enfermo.
“De la relación del presidente Evo con la señora (Zapata) nace un hijo, Evo lo reconoce, el niño bebé se enferma, coinciden madre y padre de ayudar económicamente para que tenga un tratamiento médico fuera del país; regresa e informa a Evo que no se puede curar. Evo insiste en ver al bebé enfermo”, indicó García Linera. La periodista le preguntó: “¿El Presidente llega a conocer a su hijo?”. "Sí, sí, por lo que él nos cuenta”, respondió el Vicepresidente.
martes, 17 de mayo de 2016
lunes, 16 de mayo de 2016
Fiscalía panameña facilitará datos para las investigaciones bolivianas sobre los Papeles de Panamá
La Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá y el bufete de abogados Mossack Fonseca expresaron su predisposición por colaborar con Bolivia en la investigación iniciada sobre las 95 empresas nacionales mencionadas en el denominado caso de los Papeles de Panamá, sobre sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales.
Así lo revela hoy una entrega especial del suplemento Informe La Razón, que publica un extenso reportaje sobre este escándalo mundial y sus repercusiones en el país.
Lea además: Los nombres de los bolivianos mencionados en los Papeles de Panamá
Según la publicación, la jefa e Información y Relaciones Públicas de la Procuraduría de Panamá, Sandra Sotillo, dijo que esta institución “se encuentra en disposición de colaborar con las asistencias judiciales internacionales, en base al principio de diálogo, comunicación y de reciprocidad entre las autoridades de los distintos países para combatir el crimen organizado”.
Lo hizo saber cuando fue consultada sobre la asistencia que recibirá la comitiva boliviana que se trasladó hasta ese país para iniciar las investigaciones sobre este caso y que ya solicitó una reunión para esta semana.
La Procuraduría hizo saber que sus autoridades no pueden brindar datos sobre sus pesquisas, pero confirmó que la comitiva boliviana será atendida esta semana por el fiscal Javier Caraballo, quien dirige el caso.
El objetivo de la investigación es clarificar lo que ocultan los documentos (11,5 millones de legajos) revelados en abril de este año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucran a 199 países, islas y territorios jurisdiccionales, en los cinco continentes.
Lea además: El Estado investigará desde tres frentes a los mencionados en el caso Papeles de Panamá
Informe La Razón también contactó a la firma de abogados Mossack Fonseca, que lamentó el nivel de “especulación” generado en este caso por la publicación de información sin el debido contexto y, al igual que la Procuraduría, expresó su disposición por colaborar con las autoridades bolivianas.
“Reiteramos que todos los servicios que presta el grupo Monssack Fonsena se proveen siempre dentro del ámbito de lo legal y se ciñen a estrictas normas éticas y de verificación de clientes. Todo dentro del margen de la ley. Como grupo respetable estamos siempre dispuestos a colaborar con las autoridades a través de los canales establecidos por la ley”, respondió a este medio.
La entrega, que circula hoy junto a la edición impresa de La Razón, incluye además una entrevista con el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, quien hace conocer que se emitirán requerimientos al menos a cinco instituciones.
Así lo revela hoy una entrega especial del suplemento Informe La Razón, que publica un extenso reportaje sobre este escándalo mundial y sus repercusiones en el país.
Lea además: Los nombres de los bolivianos mencionados en los Papeles de Panamá
Según la publicación, la jefa e Información y Relaciones Públicas de la Procuraduría de Panamá, Sandra Sotillo, dijo que esta institución “se encuentra en disposición de colaborar con las asistencias judiciales internacionales, en base al principio de diálogo, comunicación y de reciprocidad entre las autoridades de los distintos países para combatir el crimen organizado”.
Lo hizo saber cuando fue consultada sobre la asistencia que recibirá la comitiva boliviana que se trasladó hasta ese país para iniciar las investigaciones sobre este caso y que ya solicitó una reunión para esta semana.
La Procuraduría hizo saber que sus autoridades no pueden brindar datos sobre sus pesquisas, pero confirmó que la comitiva boliviana será atendida esta semana por el fiscal Javier Caraballo, quien dirige el caso.
El objetivo de la investigación es clarificar lo que ocultan los documentos (11,5 millones de legajos) revelados en abril de este año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucran a 199 países, islas y territorios jurisdiccionales, en los cinco continentes.
Lea además: El Estado investigará desde tres frentes a los mencionados en el caso Papeles de Panamá
Informe La Razón también contactó a la firma de abogados Mossack Fonseca, que lamentó el nivel de “especulación” generado en este caso por la publicación de información sin el debido contexto y, al igual que la Procuraduría, expresó su disposición por colaborar con las autoridades bolivianas.
“Reiteramos que todos los servicios que presta el grupo Monssack Fonsena se proveen siempre dentro del ámbito de lo legal y se ciñen a estrictas normas éticas y de verificación de clientes. Todo dentro del margen de la ley. Como grupo respetable estamos siempre dispuestos a colaborar con las autoridades a través de los canales establecidos por la ley”, respondió a este medio.
La entrega, que circula hoy junto a la edición impresa de La Razón, incluye además una entrevista con el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, quien hace conocer que se emitirán requerimientos al menos a cinco instituciones.
Investigan a cinco exalcaldes por malos manejos en obras
Los últimos cinco alcaldes que administraron los recursos de la ciudad de Cochabamba (1993- 2015) enfrentan cargos en la justicia por irregularidades en las contrataciones. Entre los cargos más comunes están incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Otra de las consecuencias son las obras inconclusas o mal ejecutadas. Además, de daño económico incluso por expropiaciones fuera de las normas que llevó a desembolsar recursos por encima de lo establecido. La mayoría de los casos no tiene sentencia o está en apelación.
La analista política María Teresa Zegada expresó que los procesos son el reflejo de varios factores entre ellos la debilidad institucional y el no respeto de la norma.
Manfred Reyes Villa
El exalcalde Manfred Reyes Villa, entre 1993 y 2000, arrastra dos procesos: uno por el pago excesivo de una expropiación de terrenos y el otro por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a ley.
Los dos procesos están para juicio oral. El exalcalde es juzgado en rebeldía, debido a que no está en el país ni se conoce su ubicación real. Por otro lado, como exprefecto afronta 15 procesos, en un caso por sentencia por la construcción del puente Vinto- Sacambaya en el camino alternativo a La Paz.
“Chaly” Terceros
Después de finalizar su gestión entre 2006 y 2010 tras perder frente al MAS, Gonzalo Terceros Rojas enfrentó varios procesos por concusión y presunta malversación de fondos. Es la autoridad con más procesos.
En la actualidad cuenta con nueve procesos penales. El más representativo es el del Mercado Santa Bárbara.
Terceros fue acusado de cobros irregulares junto a la dirigente de un sector de los comerciantes, Amanda Melendres. Tiene una sentencia en primera instancia de tres años por incumplimiento de deberes, concusión, extorsión y estafa. El caso está en apelación.
También es investigado por las deficiencias en la construcción del Hospital de El Niño, una obra paralizada desde 2009, que demandó una inversión de 6 millones de bolivianos.
El proceso está en el Ministerio Público, luego de que la Alcaldía elaboró una auditoría que identificó como único problema el helipuerto que se construyó al margen del diseño. La sanción fue una multa de 147 mil a los funcionarios y la supervisión. La actual gestión argumentó que Terceros como MAE no tenía por qué conocer el diseño del hospital.
Sin embargo, un informe técnico estableció que el edificio tiene fallas estructurales.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza peritajes en el marco de una investigación de la Fiscalía.
En otro proceso por los gastos de la II Cumbre Sudamericana de Naciones en 2006 fue absuelto junto con sus funcionarios.
Por otro lado, Terceros Rojas es procesado por la creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa) y el uso de recursos del Impuesto Directo al Hidrocarburo (IDH), que fueron destinados al pago de personal de limpieza del hospital Viedma.
Tatiana Rojas
La exalcaldesa Tatiana Rojas, que ocupó el cargo por un breve tiempo por la renuncia de Gonzalo Terceros para ser candidato a la reelección, fue procesada por incumplimiento de deberes, según documentos municipales. Sin embargo, en 2015 rechazaron la denuncia por la maquinaria del exmolino Saico y los comerciantes que se asentaron de manera ilegal en ese lugar.
Edwin Castellanos
El exalcalde Edwin Castellanos administró la ciudad entre 2010 y 2015, como el primer alcalde del MAS, en Cochabamba. No tenía procesos hasta el 22 de octubre de 2015, cuando una de sus obras estrella, el puente a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia, colapsó. Está imputado y a la espera de audiencia de medidas cautelares para el 7 de junio.
Después del hecho, el exasambleísta departamental Henry Paredes solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación. Luego, la Alcaldía hizo el mismo pedido por presunto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Está imputado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El 7 de junio se realizará la audiencia de medidas cautelares. Los fiscales observaron la contratación por excepción de la empresa Álvarez y el incremento del presupuesto de 9 a 11 millones sin justificación.
También están procesados la empresa, el ingeniero que diseñó la obra, Nelson Vega, y los exoficiales mayores de Infraestructura y Finanzas, Sergio Rodríguez y Oswaldo Delgadillo.
Armando Vargas
El exalcalde Armando Vargas, que sucedió a Castellanos tras su renuncia para buscar la reelección, afronta dos procesos interpuestos por la gestión de José María Leyes.
El primero por muebles donados que fueron trasladados a domicilios particulares y el segundo por la entrega de vehículos a la Policía. La exautoridad está imputada.
Hay fallas y otros intereses
Los procesos contra alcaldes después de que dejan el cargo son cada vez más comunes por varios factores. Hoy hay menos tolerancia a la corrupción, intereses de liderazgo, nueva legislación. Además, al no darse una transición ordenada, se detectan irregularidades en las contrataciones y obras.
La Ley de Autonomía Marcelo Quiroga Santa Cruz indica que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable de su firma y de hecho la totalidad de los contratos son suscritos por el alcalde. Sin embargo, en muchos casos la autoridad desconoce el alcance de sus decisiones y las implicaciones legales en el futuro simplemente porque confía en el trabajo de los técnicos y asesores.
“La ley te dice que la MAE es plenamente responsable de su firma. Pero, no contempla que muchas veces tiene que firmar demasiada documentación y revisarla a detalle supondría largas demoras por lo que simplemente confía en lo que le dicen los técnicos o asesores. A veces el error es de uno de los profesionales, pero la norma estipula que el alcalde es responsable desde el primer secretario hasta el profesional uno de cada unidad”, señaló el asesor general del municipio, Sergio Coca.
De igual modo, manifestó que en muchos casos se tiene personal subalterno que no tiene suficiente capacitación por lo que a veces asesora de mala manera a la MAE. “Se debe capacitar y tener personal idóneo”, aseveró.
OPINIONES
MARÍA TERESA ZEGADA, ANALISTA POLÍTICA
“La perjudicada es la ciudadanía”
Son varios factores con una raíz común y estructural que es la débil institucionalidad. Esto se traduce en ambigüedad en las normativas, incumplimiento de las mismas, inaplicabilidad por parte de las propias autoridades y demás.
Pero, también hay un carácter político muy fuerte. Como son acuerdos a los que llegan las autoridades con actores de la sociedad con el fin de mantener una legitimidad que va más allá del cumplimiento de las mismas normas, porque hay esa mezcla de intereses entre lo político y lo institucional.
Este componente político agrava estas situaciones, porque se busca cualquier eslabón débil para atacar. Algo que no se vería tanto si fuera la misma fuerza política que asume luego el mando.
Pero, no es un tema que sólo está sucediendo hoy, sino que se va arrastrando durante varios años. Y el perjudicado es el ciudadano.
ROCÍO MOLINA, CONCEJAL DEL MAS
“No puede existir impunidad”
Creo que son dos escenarios importantes para la madurez de la democracia. En el pasado, hay muchos temas que han quedado impunes, porque entre los funcionarios se achacaban las responsabilidades. Ahora con una MAE legislativa y una ejecutiva existe mayor posibilidad de fiscalizar.
Luego, en el marco de las leyes que se han creado en el Estado Plurinacional que han hecho hincapié en establecer mecanismos de control de responsabilidad funcionaria bajo la responsabilidad mayor de la MAE.
Creo que es un nivel de madurez asumir las responsabilidades y que no pueda existir impunidad. El funcionario público no puede aprovecharse y quedar impune.
El segundo escenario es que los asesores no tienen conocimiento del marco de leyes. Hemos visto un bajo nivel de asesoramiento.
EDWIN JIMÉNEZ, CONCEJAL ÚNICO
“Deberían aplicar controles internos”
En algunos casos tal vez es porque no han contado con el asesoramiento técnico y legal suficiente. Pero, también es difícil ser autoridad municipal en Cochabamba. Se tienen más de 2.000 planes, programas y proyectos en el POA. Es imposible que el alcalde esté detrás de ellos.
No le queda más que confiar en la firma que ponen sus secretarios o subalcaldes. Hay controles internos que deberían ejecutarse en niveles del ejecutivo, filtros que permitan tener al alcalde seguridad en lo que está firmando.
La MAE es responsable desde el proceso de elaboración del proyecto hasta la adjudicación. Imagínense cuántos proyectos hay.
Otra opción es que haga una revisión meticulosa de la documentación, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, a uno no le queda más que confiar en lo que dicen los técnicos y asesores que tiene la Alcaldía.
Otra de las consecuencias son las obras inconclusas o mal ejecutadas. Además, de daño económico incluso por expropiaciones fuera de las normas que llevó a desembolsar recursos por encima de lo establecido. La mayoría de los casos no tiene sentencia o está en apelación.
La analista política María Teresa Zegada expresó que los procesos son el reflejo de varios factores entre ellos la debilidad institucional y el no respeto de la norma.
Manfred Reyes Villa
El exalcalde Manfred Reyes Villa, entre 1993 y 2000, arrastra dos procesos: uno por el pago excesivo de una expropiación de terrenos y el otro por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a ley.
Los dos procesos están para juicio oral. El exalcalde es juzgado en rebeldía, debido a que no está en el país ni se conoce su ubicación real. Por otro lado, como exprefecto afronta 15 procesos, en un caso por sentencia por la construcción del puente Vinto- Sacambaya en el camino alternativo a La Paz.
“Chaly” Terceros
Después de finalizar su gestión entre 2006 y 2010 tras perder frente al MAS, Gonzalo Terceros Rojas enfrentó varios procesos por concusión y presunta malversación de fondos. Es la autoridad con más procesos.
En la actualidad cuenta con nueve procesos penales. El más representativo es el del Mercado Santa Bárbara.
Terceros fue acusado de cobros irregulares junto a la dirigente de un sector de los comerciantes, Amanda Melendres. Tiene una sentencia en primera instancia de tres años por incumplimiento de deberes, concusión, extorsión y estafa. El caso está en apelación.
También es investigado por las deficiencias en la construcción del Hospital de El Niño, una obra paralizada desde 2009, que demandó una inversión de 6 millones de bolivianos.
El proceso está en el Ministerio Público, luego de que la Alcaldía elaboró una auditoría que identificó como único problema el helipuerto que se construyó al margen del diseño. La sanción fue una multa de 147 mil a los funcionarios y la supervisión. La actual gestión argumentó que Terceros como MAE no tenía por qué conocer el diseño del hospital.
Sin embargo, un informe técnico estableció que el edificio tiene fallas estructurales.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza peritajes en el marco de una investigación de la Fiscalía.
En otro proceso por los gastos de la II Cumbre Sudamericana de Naciones en 2006 fue absuelto junto con sus funcionarios.
Por otro lado, Terceros Rojas es procesado por la creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa) y el uso de recursos del Impuesto Directo al Hidrocarburo (IDH), que fueron destinados al pago de personal de limpieza del hospital Viedma.
Tatiana Rojas
La exalcaldesa Tatiana Rojas, que ocupó el cargo por un breve tiempo por la renuncia de Gonzalo Terceros para ser candidato a la reelección, fue procesada por incumplimiento de deberes, según documentos municipales. Sin embargo, en 2015 rechazaron la denuncia por la maquinaria del exmolino Saico y los comerciantes que se asentaron de manera ilegal en ese lugar.
Edwin Castellanos
El exalcalde Edwin Castellanos administró la ciudad entre 2010 y 2015, como el primer alcalde del MAS, en Cochabamba. No tenía procesos hasta el 22 de octubre de 2015, cuando una de sus obras estrella, el puente a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia, colapsó. Está imputado y a la espera de audiencia de medidas cautelares para el 7 de junio.
Después del hecho, el exasambleísta departamental Henry Paredes solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación. Luego, la Alcaldía hizo el mismo pedido por presunto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Está imputado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El 7 de junio se realizará la audiencia de medidas cautelares. Los fiscales observaron la contratación por excepción de la empresa Álvarez y el incremento del presupuesto de 9 a 11 millones sin justificación.
También están procesados la empresa, el ingeniero que diseñó la obra, Nelson Vega, y los exoficiales mayores de Infraestructura y Finanzas, Sergio Rodríguez y Oswaldo Delgadillo.
Armando Vargas
El exalcalde Armando Vargas, que sucedió a Castellanos tras su renuncia para buscar la reelección, afronta dos procesos interpuestos por la gestión de José María Leyes.
El primero por muebles donados que fueron trasladados a domicilios particulares y el segundo por la entrega de vehículos a la Policía. La exautoridad está imputada.
Hay fallas y otros intereses
Los procesos contra alcaldes después de que dejan el cargo son cada vez más comunes por varios factores. Hoy hay menos tolerancia a la corrupción, intereses de liderazgo, nueva legislación. Además, al no darse una transición ordenada, se detectan irregularidades en las contrataciones y obras.
La Ley de Autonomía Marcelo Quiroga Santa Cruz indica que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable de su firma y de hecho la totalidad de los contratos son suscritos por el alcalde. Sin embargo, en muchos casos la autoridad desconoce el alcance de sus decisiones y las implicaciones legales en el futuro simplemente porque confía en el trabajo de los técnicos y asesores.
“La ley te dice que la MAE es plenamente responsable de su firma. Pero, no contempla que muchas veces tiene que firmar demasiada documentación y revisarla a detalle supondría largas demoras por lo que simplemente confía en lo que le dicen los técnicos o asesores. A veces el error es de uno de los profesionales, pero la norma estipula que el alcalde es responsable desde el primer secretario hasta el profesional uno de cada unidad”, señaló el asesor general del municipio, Sergio Coca.
De igual modo, manifestó que en muchos casos se tiene personal subalterno que no tiene suficiente capacitación por lo que a veces asesora de mala manera a la MAE. “Se debe capacitar y tener personal idóneo”, aseveró.
OPINIONES
MARÍA TERESA ZEGADA, ANALISTA POLÍTICA
“La perjudicada es la ciudadanía”
Son varios factores con una raíz común y estructural que es la débil institucionalidad. Esto se traduce en ambigüedad en las normativas, incumplimiento de las mismas, inaplicabilidad por parte de las propias autoridades y demás.
Pero, también hay un carácter político muy fuerte. Como son acuerdos a los que llegan las autoridades con actores de la sociedad con el fin de mantener una legitimidad que va más allá del cumplimiento de las mismas normas, porque hay esa mezcla de intereses entre lo político y lo institucional.
Este componente político agrava estas situaciones, porque se busca cualquier eslabón débil para atacar. Algo que no se vería tanto si fuera la misma fuerza política que asume luego el mando.
Pero, no es un tema que sólo está sucediendo hoy, sino que se va arrastrando durante varios años. Y el perjudicado es el ciudadano.
ROCÍO MOLINA, CONCEJAL DEL MAS
“No puede existir impunidad”
Creo que son dos escenarios importantes para la madurez de la democracia. En el pasado, hay muchos temas que han quedado impunes, porque entre los funcionarios se achacaban las responsabilidades. Ahora con una MAE legislativa y una ejecutiva existe mayor posibilidad de fiscalizar.
Luego, en el marco de las leyes que se han creado en el Estado Plurinacional que han hecho hincapié en establecer mecanismos de control de responsabilidad funcionaria bajo la responsabilidad mayor de la MAE.
Creo que es un nivel de madurez asumir las responsabilidades y que no pueda existir impunidad. El funcionario público no puede aprovecharse y quedar impune.
El segundo escenario es que los asesores no tienen conocimiento del marco de leyes. Hemos visto un bajo nivel de asesoramiento.
EDWIN JIMÉNEZ, CONCEJAL ÚNICO
“Deberían aplicar controles internos”
En algunos casos tal vez es porque no han contado con el asesoramiento técnico y legal suficiente. Pero, también es difícil ser autoridad municipal en Cochabamba. Se tienen más de 2.000 planes, programas y proyectos en el POA. Es imposible que el alcalde esté detrás de ellos.
No le queda más que confiar en la firma que ponen sus secretarios o subalcaldes. Hay controles internos que deberían ejecutarse en niveles del ejecutivo, filtros que permitan tener al alcalde seguridad en lo que está firmando.
La MAE es responsable desde el proceso de elaboración del proyecto hasta la adjudicación. Imagínense cuántos proyectos hay.
Otra opción es que haga una revisión meticulosa de la documentación, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, a uno no le queda más que confiar en lo que dicen los técnicos y asesores que tiene la Alcaldía.
Quintana presenta pruebas de grupo criminal que implican a Zapata y Choque
Tras la denuncia de la existencia de una organización criminal encabezada por Gabriela Zapata y Cristina Choque que operaba en las oficinas de Gestión Social, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentó hoy las respectivas pruebas documentales en la Fiscalía de Distrito de La Paz.
En calidad de querellante, Quintana entregó las evidencias a la comisión de fiscales que lleva el caso de Gabriela Zapata y explicó que los documentos refieren información sobre reuniones con empresarios nacionales y extranjeros, cuentas bancarias, adquisiciones de bienes y otras pruebas que “ratifican el enriquecimiento ilícito”.
El último viernes, la autoridad denunció la existencia de una organización delincuencial que recaudaba importantes réditos monetarios a la cabeza de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, y Cristina Choque, a Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS). El grupo también involucraba a tres personas que ejecutaban las operaciones.
“Esperamos que el Ministerio Público las evalúe (las evidencias), las pueda explorar”, declaró el titular de Presidencia al abandonar las instalaciones de la Fiscalía paceña y agregó que son “pruebas irrefutables y objetivas”.
En calidad de querellante, Quintana entregó las evidencias a la comisión de fiscales que lleva el caso de Gabriela Zapata y explicó que los documentos refieren información sobre reuniones con empresarios nacionales y extranjeros, cuentas bancarias, adquisiciones de bienes y otras pruebas que “ratifican el enriquecimiento ilícito”.
El último viernes, la autoridad denunció la existencia de una organización delincuencial que recaudaba importantes réditos monetarios a la cabeza de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, y Cristina Choque, a Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS). El grupo también involucraba a tres personas que ejecutaban las operaciones.
“Esperamos que el Ministerio Público las evalúe (las evidencias), las pueda explorar”, declaró el titular de Presidencia al abandonar las instalaciones de la Fiscalía paceña y agregó que son “pruebas irrefutables y objetivas”.
Quintana presentará a Fiscalía Relación de vínculos que tenía Zapata con 150 empresarios
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que hoy presentará ante la Fiscalía de Distrito una serie de documentos sobre los nexos que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, mantenía con más de 150 empresarios que, afirma, la visitaron en oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), con autorización y la complicidad de la exjefa de esta dependencia, Cristina Choque.
“Mañana, a las 10 de la mañana, vamos a sugerir líneas de investigación” al Ministerio Público, sobre averiguaciones de tres meses que realizó su Ministerio.
Quintana aseguró que aportará una serie de “evidencias” para que la Fiscalía investigue el fondo de una “organización criminal”, la cual estaría conformada por empresarios que han realizado depósitos bancarios a cuentas de Zapata.
Dejó en claro que el movimiento bancario de Zapata, a partir de 2010, se hace sospechoso, pero pese a las consultas de periodistas, el ministro no aclaró en qué consiste la ilegalidad de estas transacciones o el tipo de afectación al Estado que han realizado esos empresarios y en qué contratos específicamente.
SUPOSICIÓN
La cifra, de 150 empresarios, fue citada por Quintana durante la entrevista en el programa “El pueblo es Noticia”, del canal estatal, pero más tarde señaló que “lo había dicho de manera general”.
Lo mismo sucedió sobre la seguridad con la que lanzó las acusaciones en contra de Zapata y Choque: “Estamos presentando evidencia de reuniones con algunos, no estamos hablando de los empresarios en general, (…) hay algunos que han caído en las redes de la organización criminal, ahora algunos han debido caer en un intento de beneficiarse. Supongo”, señaló.
Sin embargo, aseguró que estos detalles deben ser aclarados por el Ministerio Publico, atendiendo “la línea” que ha dictado con estas “pruebas”.
La autoridad asegura que Zapata, con quien se le liga sentimentalmente, debido a la presentación de mensajes de texto, incurrió en un “delito complejo” que con el respaldo y la ayuda de Choque, ejercían sobre las supuestas víctimas, presiones e influencias en empresas para lograr concretar negocios que les permitieron enriquecerse de manera insospechada, pero tampoco dio detalle de al menos un caso.
Según Quintana, en 2013 Zapata movía medio millón de dólares en diferentes transacciones, mientras que en 2010 sus ingresos mensuales no superaban los 5.000 bolivianos (700 dólares).
Se trata de un “delito complejo que se mueve en distintas esferas, estructuras y penetraciones. No es muy común este tipo de delitos y (menos) que lo lidere una mujer”, afirmó.
Quintana explicó que presentará al Ministerio Público “algunas evidencias que tienen que ser confirmadas y ratificadas” por la pesquisa de la Fiscalía del Estado que, a su vez, deberá “discriminar” y “usar las más objetivas”.
“Mañana, a las 10 de la mañana, vamos a sugerir líneas de investigación” al Ministerio Público, sobre averiguaciones de tres meses que realizó su Ministerio.
Quintana aseguró que aportará una serie de “evidencias” para que la Fiscalía investigue el fondo de una “organización criminal”, la cual estaría conformada por empresarios que han realizado depósitos bancarios a cuentas de Zapata.
Dejó en claro que el movimiento bancario de Zapata, a partir de 2010, se hace sospechoso, pero pese a las consultas de periodistas, el ministro no aclaró en qué consiste la ilegalidad de estas transacciones o el tipo de afectación al Estado que han realizado esos empresarios y en qué contratos específicamente.
SUPOSICIÓN
La cifra, de 150 empresarios, fue citada por Quintana durante la entrevista en el programa “El pueblo es Noticia”, del canal estatal, pero más tarde señaló que “lo había dicho de manera general”.
Lo mismo sucedió sobre la seguridad con la que lanzó las acusaciones en contra de Zapata y Choque: “Estamos presentando evidencia de reuniones con algunos, no estamos hablando de los empresarios en general, (…) hay algunos que han caído en las redes de la organización criminal, ahora algunos han debido caer en un intento de beneficiarse. Supongo”, señaló.
Sin embargo, aseguró que estos detalles deben ser aclarados por el Ministerio Publico, atendiendo “la línea” que ha dictado con estas “pruebas”.
La autoridad asegura que Zapata, con quien se le liga sentimentalmente, debido a la presentación de mensajes de texto, incurrió en un “delito complejo” que con el respaldo y la ayuda de Choque, ejercían sobre las supuestas víctimas, presiones e influencias en empresas para lograr concretar negocios que les permitieron enriquecerse de manera insospechada, pero tampoco dio detalle de al menos un caso.
Según Quintana, en 2013 Zapata movía medio millón de dólares en diferentes transacciones, mientras que en 2010 sus ingresos mensuales no superaban los 5.000 bolivianos (700 dólares).
Se trata de un “delito complejo que se mueve en distintas esferas, estructuras y penetraciones. No es muy común este tipo de delitos y (menos) que lo lidere una mujer”, afirmó.
Quintana explicó que presentará al Ministerio Público “algunas evidencias que tienen que ser confirmadas y ratificadas” por la pesquisa de la Fiscalía del Estado que, a su vez, deberá “discriminar” y “usar las más objetivas”.
domingo, 15 de mayo de 2016
Vice figura como licenciado en su certificado de matrimonio
El vicepresidente Álvaro García Linera figura como licenciado en Matemáticas en su certificado de matrimonio, pese a que él reconoció que no tiene título profesional.
En el documento -en el Libro 6, Partida 82, con fecha de inscripción 9 de septiembre de 2012- están registrados los datos del Vicepresidente y de su esposa. En la casilla de García Linera se señala que es de nacionalidad boliviana, nacido el 19 de octubre de 1962 y de ocupación "licenciado en Matemáticas”. Página Siete verificó con otras fuentes la veracidad de esa información.
El certificado de matrimonio es el cuarto documento en el que García Linera figura como licenciado en Matemáticas.
El primero es su cédula de identidad, luego su libreta de servicio militar y por último un certificado de notas, en el que firma -en su condición de docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)- como licenciado.
Sobre el certificado de matrimonio, Página Siete buscó sin éxito por tres días conocer la versión de García Linera. Desde la Unidad de Comunicación de la Vicepresidencia informaron que la autoridad estaba en diferentes actividades y se comprometieron a devolver la llamada, la que no se concretó.
La pasada semana, el senador de UD Yerko Núñez presentó una denuncia contra García Linera ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, estipulados en los artículos 199, 203 y 164 del Código Penal.
En caso de que la Fiscalía admita la demanda, se abrirá una investigación que determinará si hay indicios de responsabilidad.
En una anterior oportunidad, García Linera admitió que dictó cátedra en la UMSA sin cumplir con uno de los requisitos, que es tener el grado académico de licenciatura.
Asimismo, dijo que estudió matemáticas, pero que no concluyó. "...Estudio tres a cuatro años matemáticas, no concluyo la carrera y me vengo a Bolivia a construir una guerrilla, con lo que consideré una amenaza a los derechos de los trabajadores”, explicó García Linera en una entrevista concedida a Anoticiando de la red ATB, el 17 de febrero de este año.
Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, fue imputada por la Fiscalía por los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado por enviar cartas a entidades públicas y figurar en su carnet como licenciada en leyes.
Asimismo, el 3 de mayo, el senador Arturo Murillo (UD) fue sentenciado a dos años de prisión por la jueza quinta de Sentencia de La Paz por el delito de uso de instrumento falsificado, en el proceso iniciado a causa de la libreta de servicio militar que presentó para habilitarse como candidato a diputado en 2009.
Oposición pide proceso por vía ordinaria
En criterio de los legisladores de oposición, el vicepresidente Álvaro García Linera debe ser procesado por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades, debido a que las irregularidades fueron cometidas presuntamente antes ser autoridad.
De ser admitida la demanda, la Fiscalía determinará si los delitos denunciados fueron cometidos previo al ejercicio de funciones como Vicepresidente para luego procesarlo como a cualquier ciudadano.
García Linera fue denunciado por la presunta comisión de delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión por presentar, para habilitarse como candidato, documentos en los que aparece como licenciado.
Difunden otros supuestos mensajes entre Quintana y Zapata
Nuevos supuestos intercambios de mensajes de WhastApp entre el ministro Juan Ramón Quintana y la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, fueron divulgados en las últimas horas. En ellos hablan de la información dada a conocer, un día antes, por el periodista Carlos Valverde, sobre la existencia de un certificado de nacimiento del supuesto hijo de Zapata y Morales.
En los supuestos mensajes, divulgados por el programa Encontrados, que dirige el periodista Gonzalo Rivero en Católica TV, Zapata señala a Quintana: "Por favor amor ve la noticia de Carlos Valverde es recalcitrante no pude dormir, salió el tema del niño, por favor toma cartas en el asunto, parece que quieren afectar la imagen del sujeto… Lo llamo ??”.
Quintana habría respondido entonces lo siguiente: "Estoy viendo de controlar eso la noticia está fundada en tal sentido que sólo tú puedes para esto” y, después: "Me preocupa, me dijiste siempre que tenías controlado ese tema y salió ese certificado”.
Más tarde, ella señala: "Que debo decir estoy en el hotel”.
En marzo pasado, el abogado de Zapata, Eduardo León, divulgó una primera serie de supuestos mensajes de WhastApp, en los que él la trata de "preciosa” y ella lo califica como "mi rey”.
Después de ello, Quintana negó conocer a Zapata y ha señalado que ésta, y Cristina Choque, una exfuncionaria, crearon un sistema delincuencial al interior de la oficina de Gestión Social, que depende del Ministerio de la Presidencia. Por su parte, la jueza de familia, Jacqueline Rada, emitió un fallo que declara la "inexistencia física” del supuesto hijo que Morales y Zapata tuvieron en 2006.
Tras la información ofrecida por Valverde el 3 de febrero pasado, se inició una investigación sobre supuesto tráfico de influencias entre Morales y Zapata, ya que ésta, como gerenta comercial de la empresa china CAMC, ayudó a obtener millonarios contratos con el Estado.
Sin embargo, la Fiscalía decidió no investigar ni a Quintana ni a Morales, pese a las denuncias contra ellos. Además, el informe de la mayoría oficialista de la comisión legislativa creada para su investigación llegó a la conclusión que no hubo tráfico de influencias. La mayoría del MAS en la comisión se negó a convocar a Quintana y a ejecutivos de la CAMC.
En otros segmentos de los supuestos mensajes difundidos por Gonzalo Rivera se refleja nuevamente la intimidad que tenían Zapata y Quintana:
Quintana: "Esa voz tan importante, tan hermosa. Felicidades mi amor”.
Zapata: "La voz de guerra de este proceso, dios me lo cuide y me lo proteja siempre”.
Quintana: "La llamé mi reyna (sic). Por que no me responde”.
Zapata: "No se me enoje me desagrada esos reproches (…). O vienes o voy (…). Señor lo estoy esperando a que hora baja a la casa”.
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