Otra de las consecuencias son las obras inconclusas o mal ejecutadas. Además, de daño económico incluso por expropiaciones fuera de las normas que llevó a desembolsar recursos por encima de lo establecido. La mayoría de los casos no tiene sentencia o está en apelación.
La analista política María Teresa Zegada expresó que los procesos son el reflejo de varios factores entre ellos la debilidad institucional y el no respeto de la norma.
Manfred Reyes Villa
El exalcalde Manfred Reyes Villa, entre 1993 y 2000, arrastra dos procesos: uno por el pago excesivo de una expropiación de terrenos y el otro por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a ley.
Los dos procesos están para juicio oral. El exalcalde es juzgado en rebeldía, debido a que no está en el país ni se conoce su ubicación real. Por otro lado, como exprefecto afronta 15 procesos, en un caso por sentencia por la construcción del puente Vinto- Sacambaya en el camino alternativo a La Paz.
“Chaly” Terceros
Después de finalizar su gestión entre 2006 y 2010 tras perder frente al MAS, Gonzalo Terceros Rojas enfrentó varios procesos por concusión y presunta malversación de fondos. Es la autoridad con más procesos.
En la actualidad cuenta con nueve procesos penales. El más representativo es el del Mercado Santa Bárbara.
Terceros fue acusado de cobros irregulares junto a la dirigente de un sector de los comerciantes, Amanda Melendres. Tiene una sentencia en primera instancia de tres años por incumplimiento de deberes, concusión, extorsión y estafa. El caso está en apelación.
También es investigado por las deficiencias en la construcción del Hospital de El Niño, una obra paralizada desde 2009, que demandó una inversión de 6 millones de bolivianos.
El proceso está en el Ministerio Público, luego de que la Alcaldía elaboró una auditoría que identificó como único problema el helipuerto que se construyó al margen del diseño. La sanción fue una multa de 147 mil a los funcionarios y la supervisión. La actual gestión argumentó que Terceros como MAE no tenía por qué conocer el diseño del hospital.
Sin embargo, un informe técnico estableció que el edificio tiene fallas estructurales.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza peritajes en el marco de una investigación de la Fiscalía.
En otro proceso por los gastos de la II Cumbre Sudamericana de Naciones en 2006 fue absuelto junto con sus funcionarios.
Por otro lado, Terceros Rojas es procesado por la creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa) y el uso de recursos del Impuesto Directo al Hidrocarburo (IDH), que fueron destinados al pago de personal de limpieza del hospital Viedma.
Tatiana Rojas
La exalcaldesa Tatiana Rojas, que ocupó el cargo por un breve tiempo por la renuncia de Gonzalo Terceros para ser candidato a la reelección, fue procesada por incumplimiento de deberes, según documentos municipales. Sin embargo, en 2015 rechazaron la denuncia por la maquinaria del exmolino Saico y los comerciantes que se asentaron de manera ilegal en ese lugar.
Edwin Castellanos
El exalcalde Edwin Castellanos administró la ciudad entre 2010 y 2015, como el primer alcalde del MAS, en Cochabamba. No tenía procesos hasta el 22 de octubre de 2015, cuando una de sus obras estrella, el puente a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia, colapsó. Está imputado y a la espera de audiencia de medidas cautelares para el 7 de junio.
Después del hecho, el exasambleísta departamental Henry Paredes solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación. Luego, la Alcaldía hizo el mismo pedido por presunto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Está imputado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El 7 de junio se realizará la audiencia de medidas cautelares. Los fiscales observaron la contratación por excepción de la empresa Álvarez y el incremento del presupuesto de 9 a 11 millones sin justificación.
También están procesados la empresa, el ingeniero que diseñó la obra, Nelson Vega, y los exoficiales mayores de Infraestructura y Finanzas, Sergio Rodríguez y Oswaldo Delgadillo.
Armando Vargas
El exalcalde Armando Vargas, que sucedió a Castellanos tras su renuncia para buscar la reelección, afronta dos procesos interpuestos por la gestión de José María Leyes.
El primero por muebles donados que fueron trasladados a domicilios particulares y el segundo por la entrega de vehículos a la Policía. La exautoridad está imputada.
Hay fallas y otros intereses
Los procesos contra alcaldes después de que dejan el cargo son cada vez más comunes por varios factores. Hoy hay menos tolerancia a la corrupción, intereses de liderazgo, nueva legislación. Además, al no darse una transición ordenada, se detectan irregularidades en las contrataciones y obras.
La Ley de Autonomía Marcelo Quiroga Santa Cruz indica que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable de su firma y de hecho la totalidad de los contratos son suscritos por el alcalde. Sin embargo, en muchos casos la autoridad desconoce el alcance de sus decisiones y las implicaciones legales en el futuro simplemente porque confía en el trabajo de los técnicos y asesores.
“La ley te dice que la MAE es plenamente responsable de su firma. Pero, no contempla que muchas veces tiene que firmar demasiada documentación y revisarla a detalle supondría largas demoras por lo que simplemente confía en lo que le dicen los técnicos o asesores. A veces el error es de uno de los profesionales, pero la norma estipula que el alcalde es responsable desde el primer secretario hasta el profesional uno de cada unidad”, señaló el asesor general del municipio, Sergio Coca.
De igual modo, manifestó que en muchos casos se tiene personal subalterno que no tiene suficiente capacitación por lo que a veces asesora de mala manera a la MAE. “Se debe capacitar y tener personal idóneo”, aseveró.
OPINIONES
MARÍA TERESA ZEGADA, ANALISTA POLÍTICA
“La perjudicada es la ciudadanía”
Son varios factores con una raíz común y estructural que es la débil institucionalidad. Esto se traduce en ambigüedad en las normativas, incumplimiento de las mismas, inaplicabilidad por parte de las propias autoridades y demás.
Pero, también hay un carácter político muy fuerte. Como son acuerdos a los que llegan las autoridades con actores de la sociedad con el fin de mantener una legitimidad que va más allá del cumplimiento de las mismas normas, porque hay esa mezcla de intereses entre lo político y lo institucional.
Este componente político agrava estas situaciones, porque se busca cualquier eslabón débil para atacar. Algo que no se vería tanto si fuera la misma fuerza política que asume luego el mando.
Pero, no es un tema que sólo está sucediendo hoy, sino que se va arrastrando durante varios años. Y el perjudicado es el ciudadano.
ROCÍO MOLINA, CONCEJAL DEL MAS
“No puede existir impunidad”
Creo que son dos escenarios importantes para la madurez de la democracia. En el pasado, hay muchos temas que han quedado impunes, porque entre los funcionarios se achacaban las responsabilidades. Ahora con una MAE legislativa y una ejecutiva existe mayor posibilidad de fiscalizar.
Luego, en el marco de las leyes que se han creado en el Estado Plurinacional que han hecho hincapié en establecer mecanismos de control de responsabilidad funcionaria bajo la responsabilidad mayor de la MAE.
Creo que es un nivel de madurez asumir las responsabilidades y que no pueda existir impunidad. El funcionario público no puede aprovecharse y quedar impune.
El segundo escenario es que los asesores no tienen conocimiento del marco de leyes. Hemos visto un bajo nivel de asesoramiento.
EDWIN JIMÉNEZ, CONCEJAL ÚNICO
“Deberían aplicar controles internos”
En algunos casos tal vez es porque no han contado con el asesoramiento técnico y legal suficiente. Pero, también es difícil ser autoridad municipal en Cochabamba. Se tienen más de 2.000 planes, programas y proyectos en el POA. Es imposible que el alcalde esté detrás de ellos.
No le queda más que confiar en la firma que ponen sus secretarios o subalcaldes. Hay controles internos que deberían ejecutarse en niveles del ejecutivo, filtros que permitan tener al alcalde seguridad en lo que está firmando.
La MAE es responsable desde el proceso de elaboración del proyecto hasta la adjudicación. Imagínense cuántos proyectos hay.
Otra opción es que haga una revisión meticulosa de la documentación, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, a uno no le queda más que confiar en lo que dicen los técnicos y asesores que tiene la Alcaldía.
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