Desde 2006 se recibieron 1.140 denuncias de corrupción en la justicia

Noticia publicada el 28 de Agosto de 2011 en Cambio

Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

La elección de autoridades judiciales mediante el voto, el 16 de octubre, contribuirá a mejorar el Órgano Judicial “en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley”.

“Los que están promoviendo (el voto nulo) son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado...”.

“Logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado (por) $us 94 millones”.

Melina Valencia - Cambio

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, destaca las elecciones judiciales del 16 de octubre como una oportunidad de la población boliviana que contribuirá a mejorar la justicia en el país, lejos de influencias de partidos políticos.

Suxo da ejemplos de la complicada tarea que significa dar curso a las denuncias contra operadores de justicia —a veces acusados por delitos por prevaricato e incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones— debido a que algunos jueces, fiscales, se ayudan entre sí.

También existen casos de jueces que favorecen a personas que tiene cuentas con el Estado, según contó en la siguiente entrevista concedida a Cambio.

—¿Cuántas denuncias de corrupción en la justicia registra el Ministerio de Transparencia?

—Tenemos 662 denuncias que involucran a personeros del órgano jurisdiccional, 15 de las cuales están en el Ministerio Público. Hay 478 denuncias cerradas. En total se recibieron 1.140 denuncias desde 2006 a la fecha.

Tenemos todavía 662 en procesamiento en el Ministerio, la mayoría de los hechos por los cuales se procesa es por incumplimiento de deberes y prevaricato, también por obstrucción a la justicia. Ahora, la información que nosotros requerimos para llevar adelante estos procesos nos las tiene que brindar el propio órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura; ahí encontramos una traba muy seria.

Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hemos presentado (denuncias) incluso de manera pública a autoridades del órgano judicial y hemos recibido el compromiso del Consejo de que van a procesar y que agilizarán los procesos para sancionar, pero esos casos se quedaron allá. Ésa es una gran dificultad.

Las denuncias que hacemos ante el Ministerio Público después pasan al órgano jurisdiccional, allí es donde nosotros encontramos el favorecimiento que realizan algunos jueces en favor de gente que tiene (que) rendir cuentas con el Estado. De allí que nosotros presentamos denuncias contra estas personas.

—¿Contra quienes son las 15 denuncias que están en el Ministerio Público?

—Las denuncias son contra los Ministros del Órgano Judicial, los casos están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque es allí donde tiene que llevarse adelante la investigación y proceso. Siete (de las 15) denuncias contra vocales, por ejemplo, son dos en Sucre, (contra la vocal de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca) Elena Lowental y el vocal (Oswaldo) Fong, que permitieron que ‘Chito’ Valle (Luis Alberto Valle) pueda gozar de libertad y después se fuera al Perú. Después lo pudimos traer, pero eso causó un daño económico al Estado y retardación de justicia. Lo curioso es que estos dos vocales, que tienen mucho poder dentro del distrito judicial de Chuquisaca, lograron incluso que se observe la imputación formal que ya tenían y con esta (acción) están pidiendo al Consejo de la Magistratura su reincorporación.

También tenemos denuncias contra vocales de Oruro, Cochabamba y de La Paz. En total son siete vocales y cinco denuncias contra jueces por diferentes temas que tienen que ver con hechos de corrupción.

Aquí llamamos la atención de que pese a la denuncia y todo ello lo único que se ha (logrado), en el caso de un juez que ahora sigue ejerciendo en el departamento de La Paz, es que se de una suspensión de un año, pero con goce de haberes. Ya pasó un año y retornó el juez, ha ganado de no trabajar; a nosotros nos llama la atención.

—¿En qué estado se encuentran las denuncias en el Ministerio Público?

—Nueve están en etapa preliminar, tres en etapa preparatoria y tres con acusación formal. Esperemos que muy pronto se puedan constituir los tribunales de juicio para que estas autoridades jurisdiccionales puedan ser procesadas como corresponde.

Ahora lo que sí se debe decir es que cuando se trata de denuncias de magistrados, de vocales o jueces, la tarea se hace mucho más complicada porque ellos están muy bien relacionados con jueces y con fiscales.

Incluso tuvimos un par de casos que fueron a pedir a la encargada de plataforma de denuncias que los casos que nosotros hemos presentado como denuncias lleguen a fiscales conocidos de ellos. Es un gran problema, y más cuando está en la etapa de juicio, es mucho más complicado. (Las autoridades judiciales) son colegas (entre sí); es muy complicado el procesamiento.

—¿Qué acusaciones tienen los denunciados de corrupción en la justicia?

—El mayor número por los cuales se han realizado las denuncias es por incumplimiento de deberes, prevaricato (delito que se le atribuye a un juez u otro funcionario público porque dicta una resolución arbitraria con el conocimiento de que es injusta), uso indebido de influencias, y también hay denuncias por favorecimiento de manera totalmente ilegal a que se libere a gente acusada que ha cometido un daño económico al Estado.

—¿(En ese marco) qué espera de las próximas Elecciones Judiciales?

—Nosotros como Ministerio somos los más esperanzados en la elección del 16 de Octubre, porque esperamos tener autoridades en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental, en el Tribunal Constitucional, que realmente sean autoridades totalmente independientes y que cumplan la ley y no le deban su cargo a ningún partido político, y ojalá tengamos un gran número de mujeres en estos cargos. Esta elección es clave e importante.

—¿Cómo contribuirán las elecciones judiciales para mejorar la justicia en el país?

—Yo creo que contribuirá en la medida en que los magistrados electos tengan un compromiso de cumplimiento con la ley, no los conozco, pero creo que están ante un gran reto, porque por primera vez habrá una elección (judicial) en el país.

Ellos (los candidatos al Órgano Judicial) tienen el gran reto de mostrar que este proceso de elección es la mejor manera de elegir a los magistrados de la justicia, confiamos en que esos profesionales sea gente comprometida con su trabajo, con la noble labor de administrar justicia, y cumplan un rol que está demandando la ciudadanía de una justicia oportuna, una justicia con transparencia, una justicia en la cual sólo valga la ley y no otras influencias.

—¿Qué opina de los que promueven el voto nulo?

—Los que están promoviendo el voto nulo tienen temor de los cambios que se darán en la justicia, porque si la prensa investiga podrá ver que todos los que se oponen a la elección judicial, los que están liderizando esta postura antidemocrática, son personas que tiene que rendir cuentas con el Estado, o los jefes de sus partidos de estos personajes que promueven el voto nulo tienen cuentas pendientes con el Estado.

Pues tienen temor porque son parte y resabios del cuoteo político que hubo antes, no todos, no se puede generalizar, pero es la gran mayoría.

Por ejemplo, una denuncia que teníamos por el caso Vergel, una urbanización en Cochabamba, el fiscal de ese distrito, en ese entonces el doctor Cartagena —que ya no está— me decía: “Usted tiene la razón, todas las pruebas están claras, pero yo le debo mi cargo a Manfred Reyes Villa”. Y lo mismo nos pasaba en Beni con los fiscales.

Yo creo que el temor que tienen ahora es que la gente ya no se calla, la gente denuncia sabiendo que va a tener una respuesta, no es una denuncia que va ser archivada, negociada o encajonada, la gente denuncia porque sabe que va a tener una respuesta no sólo del Ministerio de Transparencia, también de los fiscales anticorrupción y de algunos jueces que van a actuar con lo que manda la ley.

—¿Cuáles son los problemas (más frecuentes) de la gente, como usuaria de la administración de la justicia?

—Toda la ciudadanía se queja de la justicia, cualquiera de nosotros que tiene que hacer un trámite por una autorización de viaje para un niño tiene que ir al juzgado, para hacer una declaratoria de herederos tiene que ir al juzgado, para pedir asistencia familiar tiene que ir al juzgado, para pedir inscripción de su partida de nacimiento o por cualquier razón tiene que ir al juzgado, y esa gente es la más perjudicada.

Normalmente hablamos de los casos en materia penal, de los juicios de la gente que está en la cárcel, pero la gran mayoría de los que son usuarios de la administración de la justicia es gente que tiene procesos voluntarios (por) pedir su declaratoria de herederos, pedir la rectificación de su apellido, o pedir simplemente una autorización de viaje para su hijo.

Este tipo de situaciones son las que marcan todos los días ante la gente, sin mencionar de los procesos laborales, que normalmente siempre se apelan y se recurre hasta el Tribunal Supremo (de Justicia), y pueden pasar años sin que el trabajador pueda recibir sus beneficios sociales.

—¿La corrupción en la justicia es sólo de las personas que la administran?

—Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que no pueden resolver sus problemas ofreciendo coimas, 10, 20 bolivianos, a veces mucho más, porque eso lleva a poner precios. Yo recuerdo, hace años una fiscal que tenía un tarifario de las coimas que recibí. Las fiscales, por ejemplo, que asistían a los procesos de adopción cobraban 500 dólares para estar presentes en una audiencia donde no pronunciaban palabra, la ley exigía que esté el representante del Ministerio Público. La fiscal decía: “perfecto, voy, pero son 500 dólares”. Entonces la gente desesperada por su trámite de adopción pagaba y había incluso tarifarios.

La corrupción no sólo está en los abogados, no se olvide que el órgano jurisdiccional trabaja con apoyo de médicos, con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el apoyo de peritos y de los investigadores de la Policía Nacional, es un tema que poco a poco debe cambiar. Nosotros como Ministerio ya empezamos todo el trabajo desde las escuelas, ya está en el nuevo currículo educativo el tema de valores y la ética que esperemos vayan sembrando la semillita.

—¿Cuál es la responsabilidad que le toca a la población para contribuir a cambiar la justicia?

—Es la gente que tiene que cambiar y empezar a exigir sus derechos, dejar en claro que la administración de justicia es gratuita.

Nosotros, como Ministerio, hemos visto que un tema muy importante es el hecho de informar, por ejemplo, si una persona hará un trámite corriente ante un juzgado tiene que exponerse los requisitos y cuánto va a costar, si es que tienen un costo; el tiempo que va a tardar, todos los requisitos estén a la vista. Realizamos esta experiencia con Identificación y Tránsito, los comandantes de ese momento (2006) estaban felices, hicimos unos banners (letreros) gigantes pero sólo estuvieron dos días y después de los días los sacaron porque no les convenía.

—¿Qué avances hay en la lucha contra la corrupción?

—Hemos avanzado de manera muy importante (...) hasta 2006 no había sentencias por hechos de corrupción, pero a partir de ese año, cuando nosotros empezamos a trabajar, logramos hasta ahora más de 41 sentencias; hemos recuperado recursos para el Estado boliviano por 94 millones de dólares.

La gran mayoría son ex alcaldes, luego sentencias para ex personeros, incluso de la Caja Nacional de Salud, para gente de la Policía Nacional. (...) (Hay) mucha resistencia al trabajo que nosotros hacemos de parte de fiscales y de jueces, pese a eso hemos logrado tener un número importante de sentencias.