Un nuevo informe de la Contraloría General del Estado observa que el periodo mínimo de garantía de las mochilas entregadas por la Alcaldía en 2016, caso Mochilas III, era “sólo tres meses de uso normal”.
Señala que ese plazo no contribuía a apoyar a los padres como señalaba el Programa 21 “Servicios de Educación” .
“En el acápite de garantía del proveedor se determina: Deberá brindar una garantía por el lapso de tres meses como mínimo sobre la calidad del producto entregado”, detalla el documento al cual accedió Los Tiempos.
En el Documento Base de Contratación (DBC), en las especificaciones técnicas, se estableció que la lona impermeabilizante tenía que ser de primera calidad y de material duradero en cuanto a calidad y con un tiempo garantizado de uso mínimo de tres meses.
El informe indica que uno de los objetivos del Programa 21 consistía en “apoyar a los padres con la compra de materiales educativos y otros”. Sin embargo, el tiempo de garantía de la mochila “no contribuiría a apoyarlos, toda vez que el calendario escolar comprende 200 días hábiles de trabajo, por lo que el producto sólo iba a cubrir el 30% del periodo escolar”.
Más observaciones
La segunda observación apuntada por la Contraloría General del Estado, según el documento, fueron las deficiencias en la formulación del Programa 21, que tiene como fin dotar de material escolar a los estudiantes, porque fue incorporada en el cuarto reformulado del POA 2015 y el primer reformulado de 2016.
La Contraloría detectó también la falta de sustento en la determinación del precio referencial de las mochilas y útiles escolares, porque la cotización no contempló precios unitarios, sino sólo por la cantidad requerida de 92 mil piezas.
Además, cinco días antes que dos librerías presentaran sus cotizaciones (14 de octubre de 2015), la Unidad Solicitante contaba con el pliego de especificaciones técnicas y el precio referencial de las mochilas escolares por 1,3 millones de bolivianos para el nivel inicial y 9,6 millones de bolivianos para el nivel primario.
La cuarta y última observación se centra en que las enmiendas aprobadas en el DBC no emergieron de la reunión de aclaración de las empresas.
El informe remarca que se identificaron deficiencias de control interno y acciones y omisiones que configuran indicios de delitos.
Otro detalle, remarca el informe de la Contraloría, es que la cantidad de alumnos que se iban a beneficiar con las mochilas escolares no se determinó en base a una estadística de la Dirección Distrital de Educación.
Defensa
El abogado del alcalde José María Leyes, Humberto Trigo, calificó los informes de la Contraloría General como “inconstitucionales”, porque no dan lugar a la defensa y presentación de pruebas de descargo.
ANTECEDENTES: UN PROCESO POR COMPRA EN 2016
El pasado 11 de diciembre, la Contraloría General del Estado presentó una nueva denuncia penal en contra del alcalde electo José María Leyes conocida como Mochilas III.
Esta vez por presuntas irregularidades durante el proceso de contratación “Compra de Mochilas Escolares gestión 2015-2016”.
Los presuntos delitos son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Además de otros previstos en la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción como presunto enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.
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