Una funcionaria del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra ha sido acusada de los presuntos delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y uso indebido de bienes y servicios públicos, por el capitán grande de Alto y Bajo Isoso, Gualberto Manuel Gamarra, y por el vicepresidente de la APG Bolivia Nación Guaraní, Pedro Lizárraga Sánchez. Según la denuncia presentada el 15 de noviembre ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental, el 15 de octubre la funcionaria municipal, cuyo nombre responde a las siglas M.G.T.F. y que se desempeña en la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Alcaldía cruceña, se presentó en la propiedad de uno de los denunciantes, ubicada en el cantón Isoso, sección segunda de la provincia Cordillera, a bordo de una camioneta Hilux, marca Toyota, con placa de circulación 4730EKH, que es de uso oficial.
De acuerdo con el denunciante, la acusada insultó a sus trabajadores y a vecinos que se encontraban en el lugar. “Llevar un vehículo oficial a querer tomar por la fuerza unos terrenos que no le pertenecen es un delito y peor aún utilizando bienes del Estado”, expresa el denunciante. EL DEBER intentó conocer la versión de las autoridades del gobierno municipal para saber a quién está asignado este motorizado y qué responde la aludida sobre estas acusaciones, pero no fue posible. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el artículo 26, indica que la servidora o servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.
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