El atraco del martes, en el que el empresario Jorge O’Connor D’arlach perdió la vida tras recibir un impacto de bala, suelta pistas de una supuesta coima que salpicaría a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El martes, al menos cinco delincuentes irrumpieron en una casa, sobre la avenida Tejada Sorzano, en la que la víctima llegó con 450 mil dólares, junto a otras tres personas. Un sujeto le disparó en el cuello y minutos después falleció en un hospital.
El monto de dinero que el empresario O’Connor llevaba en un maletín junto con una computadora portátil habrían servido para pagar una comisión por la adjudicación de una licitación con YPFB, según informaron fuentes de la investigación y otras judiciales conocedoras del caso.
Así lo confirmaron al menos cuatro fuentes policiales y otra relacionada con la Fiscalía, que pidieron el anonimato y que dijeron que el tema es muy delicado porque toca a círculos de poder.
El fiscal encargado del caso, Luis Mamani, informó de manera oficial que O’Connor llegó hasta ese lugar con el fin de “hacer una transferencia de información que debía obtenerla de una computadora de la persona que tiene su casa en la Tejada Sorzano”.
El representante del Ministerio Público no quiso admitir una compra de información, aseveró que llegó para recabar datos relativos a construcciones. “Del dinero no se tiene conocimiento”.
Anoche, Cadena A informó que el inmueble es del cuñado del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. Dos fuentes policiales señalaron que había indicios en ese sentido, aunque oficialmente no se confirmó el mencionado dato.
La vivienda a la que arribó O’Connor resulta ser “el origen y el destino del problema”, según aseveró una fuente policial. Pues ahí, alguien recibiría de la víctima esa suma de dinero.
Otro jefe policial dijo a este medio que el caso es muy delicado y peligroso porque involucra a personas con poder. “Ya no investiguen más”, alertó.
O’Connor arribó el martes en la mañana de Santa Cruz, se alojó en el hotel Presidente y luego se encontró con tres personas más, entre ellas Fernando Córdova, quien sería el representante de su empresa petrolera. Horas más tarde sacaron $us 450 mil del Banco Unión, en la avenida Camacho, y en una vagoneta llegaron a la casa de Miraflores, sin ningún resguardo policial.
Otras fuentes, tanto policiales como civiles, a quienes este medio consultó sobre este hecho, revelaron que éste es complicado.
Sin embargo, la historia de este hecho no empezó el martes. Hace una semana, la víctima habría tenido una reunión con Córdova y con una tercera persona en un café de La Paz para concretar el pago por la adjudicación de la licitación con YPFB, según fuentes cercanas a la Fiscalía.
El martes, O’Connor habría llegado para sacar el dinero y llevarlo a una persona que lo esperaba en la casa de la Tejada Sorzano, admitió la fuente.
Dos personas que trabajan por el lugar del crimen indicaron que en esa casa había un inquilino que sólo llegaba por temporadas. Otro vecino contó que el tercer piso estaba ocupado por un varón, pero “desde ayer ya no está aquí”.
Este medio se comunicó con la oficina de prensa de YPFB para consultar si había un contrato nuevo con la empresa Catler Uniservice, de la que O’Connor era presidente. Desde allí informaron ayer a La Razón que desconocían cualquier vínculo.
Sin embargo, en julio del 2008, O’Connor firmó un contrato con el presidente de YPFB, Santos Ramírez, para la construcción de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El costo es de 86,35 millones de dólares. Días atrás, la petrolera estatal hizo efectivo un pago de alrededor de 4,5 millones de dólares, según ANF.
Fernando Córdova, quien acompañaba a O’Connor el momento del atraco, salió ileso. Ayer denunció que fue secuestrado en la mañana cuando salía de su casa y que fue llevado a La Cumbre, donde lo golpearon brutalmente, supuestamente para que brinde datos sobre el hecho criminal.
Familiares de Córdova informaron a este medio que éste es gestor de una empresa petrolera, pero que no conocían otras actividades que realizaba.
El comandante departamental de la Policía, coronel Raúl Mantilla, afirmó que dentro de la pesquisa se debe indagar a todas las personas que hayan tenido contacto con O’Connor.
De acuerdo con fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad del Banco Unión grabaron el momento en que sacaron el dinero. Según informaron, O’Connor no fue quien recibió el dinero.
Lo que tampoco nadie confirmó es el lugar de dónde salió el dinero, de bóvedas o de las cajas.
El gerente regional de la entidad financiera, Iver Vargas, sostuvo ayer que tiene restricción para brindar información a los medios de comunicación.
Por otra parte, ni la Policía ni la Fiscalía dieron datos sobre a quién pertenecía el dinero, si a la empresa Catler Uniservice o al empresario O’Connor.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, general Alberto Castillo, detalló que la Policía está en plena indagación de este caso y que no se puede dar ningún dato por el momento.
Ayer hubo un inusual movimiento en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Castillo se reunió en privado, tanto en la mañana como en la noche, con jefes policiales que llevan adelante el caso. Las autoridades del orden se mostraron herméticas en revelar oficialmente información a los medios de comunicación.
Córdova participó el martes por la tarde de la reconstrucción de los hechos. El fiscal Mamani no dio mayores detalles.
“O’Connor llegó al lugar para hacer una transferencia de información que obtendría de una computadora”.
LUIS MAMANI, fiscal a cargo del caso.
“Este caso es muy delicado y peligroso, involucra a personas de poder. No investiguen más”.
JEFE POLICIAL de la entidad del orden.
El martes, al menos cinco delincuentes irrumpieron en una casa, sobre la avenida Tejada Sorzano, en la que la víctima llegó con 450 mil dólares, junto a otras tres personas. Un sujeto le disparó en el cuello y minutos después falleció en un hospital.
El monto de dinero que el empresario O’Connor llevaba en un maletín junto con una computadora portátil habrían servido para pagar una comisión por la adjudicación de una licitación con YPFB, según informaron fuentes de la investigación y otras judiciales conocedoras del caso.
Así lo confirmaron al menos cuatro fuentes policiales y otra relacionada con la Fiscalía, que pidieron el anonimato y que dijeron que el tema es muy delicado porque toca a círculos de poder.
El fiscal encargado del caso, Luis Mamani, informó de manera oficial que O’Connor llegó hasta ese lugar con el fin de “hacer una transferencia de información que debía obtenerla de una computadora de la persona que tiene su casa en la Tejada Sorzano”.
El representante del Ministerio Público no quiso admitir una compra de información, aseveró que llegó para recabar datos relativos a construcciones. “Del dinero no se tiene conocimiento”.
Anoche, Cadena A informó que el inmueble es del cuñado del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. Dos fuentes policiales señalaron que había indicios en ese sentido, aunque oficialmente no se confirmó el mencionado dato.
La vivienda a la que arribó O’Connor resulta ser “el origen y el destino del problema”, según aseveró una fuente policial. Pues ahí, alguien recibiría de la víctima esa suma de dinero.
Otro jefe policial dijo a este medio que el caso es muy delicado y peligroso porque involucra a personas con poder. “Ya no investiguen más”, alertó.
O’Connor arribó el martes en la mañana de Santa Cruz, se alojó en el hotel Presidente y luego se encontró con tres personas más, entre ellas Fernando Córdova, quien sería el representante de su empresa petrolera. Horas más tarde sacaron $us 450 mil del Banco Unión, en la avenida Camacho, y en una vagoneta llegaron a la casa de Miraflores, sin ningún resguardo policial.
Otras fuentes, tanto policiales como civiles, a quienes este medio consultó sobre este hecho, revelaron que éste es complicado.
Sin embargo, la historia de este hecho no empezó el martes. Hace una semana, la víctima habría tenido una reunión con Córdova y con una tercera persona en un café de La Paz para concretar el pago por la adjudicación de la licitación con YPFB, según fuentes cercanas a la Fiscalía.
El martes, O’Connor habría llegado para sacar el dinero y llevarlo a una persona que lo esperaba en la casa de la Tejada Sorzano, admitió la fuente.
Dos personas que trabajan por el lugar del crimen indicaron que en esa casa había un inquilino que sólo llegaba por temporadas. Otro vecino contó que el tercer piso estaba ocupado por un varón, pero “desde ayer ya no está aquí”.
Este medio se comunicó con la oficina de prensa de YPFB para consultar si había un contrato nuevo con la empresa Catler Uniservice, de la que O’Connor era presidente. Desde allí informaron ayer a La Razón que desconocían cualquier vínculo.
Sin embargo, en julio del 2008, O’Connor firmó un contrato con el presidente de YPFB, Santos Ramírez, para la construcción de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El costo es de 86,35 millones de dólares. Días atrás, la petrolera estatal hizo efectivo un pago de alrededor de 4,5 millones de dólares, según ANF.
Fernando Córdova, quien acompañaba a O’Connor el momento del atraco, salió ileso. Ayer denunció que fue secuestrado en la mañana cuando salía de su casa y que fue llevado a La Cumbre, donde lo golpearon brutalmente, supuestamente para que brinde datos sobre el hecho criminal.
Familiares de Córdova informaron a este medio que éste es gestor de una empresa petrolera, pero que no conocían otras actividades que realizaba.
El comandante departamental de la Policía, coronel Raúl Mantilla, afirmó que dentro de la pesquisa se debe indagar a todas las personas que hayan tenido contacto con O’Connor.
De acuerdo con fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad del Banco Unión grabaron el momento en que sacaron el dinero. Según informaron, O’Connor no fue quien recibió el dinero.
Lo que tampoco nadie confirmó es el lugar de dónde salió el dinero, de bóvedas o de las cajas.
El gerente regional de la entidad financiera, Iver Vargas, sostuvo ayer que tiene restricción para brindar información a los medios de comunicación.
Por otra parte, ni la Policía ni la Fiscalía dieron datos sobre a quién pertenecía el dinero, si a la empresa Catler Uniservice o al empresario O’Connor.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, general Alberto Castillo, detalló que la Policía está en plena indagación de este caso y que no se puede dar ningún dato por el momento.
Ayer hubo un inusual movimiento en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Castillo se reunió en privado, tanto en la mañana como en la noche, con jefes policiales que llevan adelante el caso. Las autoridades del orden se mostraron herméticas en revelar oficialmente información a los medios de comunicación.
Córdova participó el martes por la tarde de la reconstrucción de los hechos. El fiscal Mamani no dio mayores detalles.
“O’Connor llegó al lugar para hacer una transferencia de información que obtendría de una computadora”.
LUIS MAMANI, fiscal a cargo del caso.
“Este caso es muy delicado y peligroso, involucra a personas de poder. No investiguen más”.
JEFE POLICIAL de la entidad del orden.
