Arrestan a dos ex ejecutivos de YPFB por ocultar información

Noticia publicada el 3 de Febrero de 2009 en La Prensa

Dos ex ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron arrestados ayer luego de que supuestamente intentaran esconder información confidencial, pero después de declarar en el Ministerio Público fueron liberados.

Desde las 07.30 de ayer, la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, intervino las oficinas de la estatal petrolera en La Paz para cumplir la misión encomendada por el presidente Evo Morales de investigar la corrupción en esa institución y la presunta firma irregular de un contrato con la sociedad accidental Catler-Uniservice.

Las presuntas irregularidades fueron conocidas después del asesinato del ingeniero Jorge O’Connor, a quien robaron 450.000 dólares hace una semana, dinero que presumiblemente estaba destinado a Santos Ramírez por una “comisión”.

El ahora titular de Yacimientos, Carlos Villegas, explicó que mientras YPFB era intervenido, los dos ex funcionarios fueron sorprendidos en actos sospechosos. “Se encontró in fraganti al ex gerente general de Comercialización Rodrigo Carrasco tratando de sacar información de una computadora, y en consecuencia la Fiscalía, que estaba presente, y la Policía tomaron acciones”.

Según su denuncia, el acusado extraía el disco duro de su computadora, en el que supuestamente está almacenada información confidencial.

“Hubo un segundo caso —denunció la autoridad— del ex gerente de Finanzas y Administración Julio Anagua, (a quien) se le encontró in fraganti destrozando un papel”.

El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, confirmó, según Erbol, que estas personas “pretendían ocultar información presuntamente relacionada con el caso de corrupción en YPFB”.

Carrasco y Anagua, además de otras nueve personas, fueron suspendidos de sus funciones el sábado por decisión del Jefe de Estado; el mismo día, Santos Ramírez fue destituido.

Los dos ex gerentes encontrados en actitud sospechosa fueron arrestados por policías, y por orden del Fiscal de Distrito los trasladaron a dependencias del Ministerio Público.

En diferentes momentos prestaron declaraciones en la oficina Anticorrupción, pero no se dio a conocer el contenido de éstas. Concluida la interrogación, fueron liberados, no sin antes ser conminados para otras convocatorias.

Carrasco, al abandonar las oficinas de la Fiscalía de La Paz, aseguró que no está suspendido de sus funciones en la estatal petrolera y que desconoce por qué lo trasladaron a ese lugar. “No puedo declarar nada en este momento, es en cumplimiento de investigaciones simplemente (refiriéndose a su presencia en el Ministerio Público)”.

El fiscal Luis Mamani, quien es parte de la comisión investigadora del asesinato del empresario O’Connor y de la corrupción en YPFB, no precisó el número de las personas que serán notificadas para declarar por esos hechos; se limitó a explicar que son “una multitud”.

Comenzaron a citar a los involucrados y testigos ayer por la tarde. El primer cedulón estaba dirigido a la esposa de Santos Ramírez, Jiovana Navia.

La citación fue entregada a un guardia de la casa del ex presidente de la estatal petrolera.

De no asistir a la convocatoria, será notificada por segunda vez, y si vuelve a incumplir, se emitirá un mandamiento de apremio. Sin embargo, la cónyuge del ex titular de Yacimientos es parlamentaria suplente, por lo tanto goza de fuero.

La comisión multipartidaria de la Cámara de Senadores inicia hoy las investigaciones sobre la presunta corrupción en YPFB.

En su cronograma de declaraciones están citados para esta jornada los fiscales que indagan los hechos. Para el miércoles está programada la presencia de la viceministra Nardy Suxo y para el jueves, del presidente interino de YPFB, Carlos Villegas.

No se descarta que después citen a Santos Ramírez y a más ex funcionarios de esa institución.

Presunto atracador dice que $us 450.000 eran “coima” para Ramírez

Uno de los presuntos atracadores y asesinos del empresario Jorge

O’Connor D’Arlach, socio de la sociedad accidental Catler-Uniservice, reveló que en los contactos que tuvo con los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba Santiváñez, quienes supuestamente planificaron el asalto, éstos le aseguraron que los 450.000 dólares robados eran una “coima” para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez. El Ministerio Público investigará la relación de esta ex autoridad con el dinero.

La red televisiva PAT difundió ayer la declaración policial de Franz Michael Rodríguez Caero, quien tras el asalto y asesinado del empresario condujo la motocicleta en la que huyó con Rufino Rodríguez Coca. Ambos están detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro desde el viernes con el resto de la banda implicada en este hecho de sangre, la que está formada por Ernesto Córdoba Santiváñez (presunto autor intelectual), Rodríguez Coca (quien disparó) y Verónica Mamani Quispe, esposa de este último.

Luis Fernando, hermano de Ernesto y empleado de confianza de O’Connor, también fue detenido el domingo.

En dicha declaración informativa, los policías le preguntan para quién era el dinero, y Rodríguez Caero responde: “El ‘Ticoco’ (Fernando Córdoba) nos dijo que el dinero era de Yacimientos para pagar una coima al señor Santos Ramírez, que iban a recoger el dinero el choco (Jorge O’Connor) y el chatito (Mario Cossío) y que estemos atentos”.

Tras la aprehensión y declaración de los atracadores, se establecieron nexos entre éstos y la familia política del ex titular de la estatal petrolera. Además se destaparon irregularidades en el acuerdo suscrito entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice. Esta última tiene como socios a los hermanos Miguel y Jorge O’Connor D’Arlach, además de Pablo Cossío, hermano del Prefecto de Tarija. El momento del asalto, Jorge O’Connor llevaba el maletín con el dinero que salió de la misma estatal petrolera a casa del primo de la esposa de Santos Ramírez, Gonzalo Aramayo, donde también se encontraban los hermanos políticos del ex Presidente de Yacimientos.

Hasta la fecha, la Policía ha recuperado apenas 88.000 dólares de los 450.000 robados el martes 27 de enero.

La Fiscalía y la Policía sospecharon desde el inicio que los 450.000 que él llevaba eran para pagar una “comisión” por la adjudicación de una obra, hecho que fue confirmado por los investigadores.

El fiscal Edward Mollinedo informó ayer que el Ministerio Público determinó investigar de oficio el aparente vínculo entre la suma de dinero y el ex Presidente de YPFB.

Los hechos

A las 10.25 del 27 de enero se registró un atraco y un asesinato en la ciudad de La Paz.

En el hecho murió Jorge O’Connor D’Arlach por una herida de arma de fuego.

Los delincuentes también se llevaron dos maletines con 450.000 dólares.

De la Policía y la Fiscalía surge la hipótesis de que el dinero era para una coima.

A las 48 horas, la Policía descubre a la banda de atracadores, formada por siete.

En Cochabamba atrapan a cuatro y en La Paz detienen a dos, y recuperan $us 88.000.

Los presuntos autores son los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba.

Por estos hechos, el presidente Evo Morales destituye de YPFB a Santos Ramírez.

También se suspende a 11 funcionarios implicados en irregularidades.

Dos de éstos fueron arrestados ayer por actos sospechosos en la intervención de YPFB.

Ramírez pagó $us 6,8 millones sin protocolizar el contrato

Noticia publicada el 3 de Febrero de 2009 en La Prensa

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez desembolsó 6,8 millones de dólares para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz) a pesar de que el contrato con la sociedad accidental Catler Uniservice, encargada de la obra, aún no fue protocolizado y no adquirió carácter público, por lo que, según expertos, puede ser anulado.

Las obras para la edificación y puesta en funcionamiento de esa planta fueron adjudicadas el 11 de julio de 2008 por un valor total de 86,35 millones de dólares y con un plazo de entrega de 340 días. El 14 de julio se firmó el contrato pero, a los seis meses y medio de ese acto, del que incluso fue testigo el presidente Evo Morales, el documento suscrito legalmente aún no entró en vigor.

El ex titular de la estatal petrolera admitió ayer que el legajo firmado con la sociedad accidental todavía no fue protocolizado, al explicar el por qué no fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR), como corresponde. “Todos los contratos tienen que llegar a la Contraloría, llegan cuando cumplen los requisitos, una vez que se dé su protocolización”.

La notaria de Gobierno de la Prefectura de La Paz, Ivana Rodríguez, también confirmó a la red Uno que el documento no llegó a esa instancia.

Santos Ramírez no entró en mayores detalles del por qué no remitió el contrato con la sociedad accidental a la Notaría de Gobierno, ni tampoco por qué, no habiendo adquirido valor legal, hizo pagos a ese consorcio en cuatro a cinco cuotas.

Al respecto, el ministro Héctor Arce dijo, según ANF, que la comisión interventora, encargada de investigar los actos de corrupción en la estatal petrolera, tendrá que “evidenciar” el registro del contrato de YPFB en la Contraloría y la Notaría de Gobierno.

Las supuestas irregularidades cometidas en la suscripción y posterior ejecución de este contrato fueron conocidas luego de que la pasada semana uno de los socios de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, fuera asesinado cuando portaba dos maletines con cerca de 450.000 dólares que al parecer eran una “comisión” para Santos Ramírez.

Procedimiento

El trámite de protocolización es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Tras esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro.

Un comunicado de YPFB del 31 de enero de 2007 indica que los contratos firmados entre “los titulares de las empresas petroleras y YPFB, entre el 27 y 28 de octubre del año pasado (2006), aún no fueron protocolizados, por lo que aún no ingresan en vigencia hasta garantizar las condiciones técnico-jurídicas”.

Según el analista en hidrocarburos Hugo Del Granado, en términos legales la protocolización de un contrato entre una empresa estatal y otra privada permite que el documento adquiera un carácter público, de lo contrario continúa siendo un legajo privado. Ese hecho, según el experto, también permite iniciar “las acciones de incumplimiento (del legajo) o lo que fuere”.

Además, en términos operativos, sostuvo Del Granado, el que un acuerdo sea reconocido por la Notaría de Gobierno marca la fecha efectiva en la que se empiezan a computar los plazos fijados para que las obras sean concluidas por la compañía.

Al no haberse cumplido ese requisito, el contrato no está legalmente vigente, por lo que puede ser declarado nulo.

El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el acuerdo firmado entre la estatal petrolera y la sociedad accidental Catler Uniservice puede ser anulado por un juez competente porque no se cumplió el requisito de la protocolización y no tiene valor legal.

Añadió que al no haberse cumplido ese requisito para que se constituya en documento público no se debió haber ejecutado ningún pago y que de haberlo hecho fue ilegal.

“Un contrato no debería ser ejecutado mientras no reúna la forma legal que requiere la ley; tratándose de contratos celebrados por entidades del Estado, la ley exige que sean hechos un instrumento público y que sean protocolizados ante la Notaría de Gobierno, si no se cumple esa forma legal no debería haberse ejecutado ese documento”.

Según Alarcón, aun habiéndose ejecutado los términos de éste, si es declarado nulo por un juez competente, “uno de los efectos de la nulidad es que las partes deben devolverse lo que hubieran obtenido en virtud del contrato anulado, éste es el régimen civil de la nulidad de contratos del Estado”.

Por ello, según el legalista, bajo ese procedimiento se puede solicitar la devolución de los recursos que ya fueron erogados por Yacimientos, es decir, los 6,8 millones de dólares.

Alarcón también explicó que se puede demandar a los que firmaron el contrato por haber suscrito un acuerdo que es lesivo para los intereses del Estado, para lo cual se puede acudir a un proceso de tipo penal, y se tendría que hacer una revisión de los términos bajo los que fue firmado.

Irregularidades en la constitución de la sociedad

Las empresas Catler y Uniservice inscribieron una empresa de responsabilidad limitada, Catler Uniservice, en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato con Santos Ramírez, presidente de YPFB. Según El Deber, datos de la Superintendencia de Empresas dan cuenta de que Uniservice tiene personería jurídica tramitada en Bolivia, pero el asiento legal de Catler corresponde a Panamá.

La sociedad se adjudicó una obra por 86,35 millones de dólares, pero declaró un capital de 50.000 bolivianos. Ese bajo capital, asegura el diario cruceño, provocó problemas para que pudiera conseguir las boletas de garantías del sistema bancario nacional, lo que demoró el desembolso de la primera partida.

Catler Uniservice no tiene experiencia en la construcción de plantas de separación de líquidos, que debían producir entre 200 y 350 toneladas de gas licuado por día y 800 barriles de gasolina natural.

Para hacer efectivo el contrato, YPFB evaluó la experiencia de una subcontratada por la sociedad con la que firmó el acuerdo. La empresa experimentada en el ramo, Gulsby, compañía subcontratada por Catler Uniservice, asentada en Texas (Estados Unidos) ya hizo 150 complejos de este tipo. Sin embargo, esta última y las que se asociaron son desconocidas en el contexto petrolero sudamericano.

Una fuente citada por El Deber, que sería secretario de Catler, informó que la planta ya tiene avance de un 30 por ciento, aunque no se puso ni un tubo en Bolivia. Hace dos semanas, una comisión de YPFB había inspeccionado los 37 o 38 equipos que están en construcción en Houston (Estados Unidos). Otro grupo verificó los tanques fijos y móviles que se están construyendo en Esperanza (Argentina). Según la fuente, unas 2.800 toneladas de láminas de acero se fabricaron para esos tanques.

Más datos

Las supuestas irregularidades salieron a la luz desde el martes de la pasada semana.

Ese día fue asesinado Jorge O’Connor, socio de la sociedad Catler Uniservice.

Estaba en posesión de dinero que al parecer era “coima” para Santos Ramírez.

Esos recursos serían un pago porque este último benefició a esa sociedad.

Por el asesinato del empresario a la fecha se encuentran detenidas cinco personas.

Entre ellas, Ernesto y Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero.

Además, Rufino Rodríguez Coca y Verónica Mamani Quispe, esposa de este último.

El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez el fin de semana por ese escándalo.

En su lugar fue posesionado el ex ministro de Planificación Carlos Villegas.

Ayer fueron intervenidas las instalaciones de la estatal, de la que se recabó información.

El caso Ramírez se complica y se denuncian tres coimas

Noticia publicada el 3 de Febrero de 2008 en La Razon

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, habría recibido dinero de “diezmo” en dos ocasiones previas al martes 27, día en que se suscitó el volteo de 450 mil dólares y el asesinato al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, en la puerta de un domicilio en la calle Tejada Sorzano.

La información fue proporcionada ayer por una persona allegada a la familia de Ernesto y Luis Fernando Córdova, acusados de ser los autores intelectuales del hecho.

La mañana del martes, Luis Fernando Córdova (socio del empresario), Jorge O’Connor y Mario Cossío Magalen (ex funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos) retiraron $us 450 mil del banco Unión para presuntamente pagar un “diezmo” a Ramírez por la adjudicación de Catler Uniservice, presidida por O’Connor, a YPFB, por la instalación de una planta separadora de licuables.

“Ésa no era la primera vez, han sido dos veces en que él (Ramírez) ha recibido un diezmo (...) fueron en casas de la avenida Saavedra (Miraflores). No sé por qué esta vez han querido cambiar de casa, ésa en la Tejada Sorzano”, reveló la fuente.

Al consultarle sobre si Ramírez habría recibido el dinero “en sus propias manos”, la persona contestó: “No, todo era a través de su cuñado o su esposa”.

Según el entrevistado, el diezmo corresponde a una suma de dinero equivalente al 10 por ciento del desembolso que una empresa del Estado realiza a otra que se adjudicó a algún proyecto, “esta última vez, YPFB ha desembolsado cinco millones a Catler, el diezmo era esa plata que le roban (a O’Connor)”, acotó.

La fuente reveló que Ramírez recibía un diezmo de manos de O’Connor cada vez que YPFB realizaba un desembolso a su empresa. Según esta persona, se efectuaron tres desembolsos desde la firma del contrato, el 14 de julio del 2008 .

Ayer, Ramírez dijo que hubo “como cuatro o cinco desembolsos”, y que el último pago a la empresa Catler Uniservice fue de cinco millones de dólares.

“Hay montos de 800 mil, de un millón y de cinco millones”, afirmó Ramírez en las puertas de las oficinas de YPFB en La Paz, sin especificar el monto de los demás dos desembolsos.

La fuente allegada a los acusados dijo que será “difícil” probar que Ramírez está involucrado en el caso, pues, a su criterio, “ya han hecho desaparecer todo de las oficinas y de las casas”. Acotó que los hermanos Córdova “no tienen nada que ver con el asesinato” del empresario y dijo que podría tratarse de una “trampa” de personas interesadas en la caída de Ramírez, pero que conocían los antecedentes.

Un fiscal que indaga el caso afirmó que el domicilio donde se suscitaron los hechos era de la familia de la esposa de Ramírez, Jiovanna Navia Doria Medina. La fuente dijo que ese departamento pertenecía al hermano de ella, Javier Navia, aunque el cuaderno de investigaciones dice que es de un primo. Según la pesquisa, los hermanos Córdova sirvieron de vínculo entre YPFB y el empresario, pues serían sobrinos de Ramírez. Ambas partes lo desmintieron la semana pasada.

Antecedentes

Contrato • Catler Uniservice firmó un contrato con YPFB en julio del 2008. La empresa debía instalar una planta separadora de gas licuado de petróleo y gasolina en Santa Cruz en el lapso de 340 días. El costo sería de 86,35 millones de dólares.

Hermanos Córdova • La Policía halló como autores intelectuales a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova. Según la investigación, los sindicados habrían planificado el asalto al empresario. Ernesto fue detenido dos días después, mientras que Luis Fernando se recupera de una golpiza.

Santos aparece como principal responsable de irregularidades

Noticia publicada el 2 de Febrero de 2009 en La Prensa


Santos Ramírez aparece como principal responsable de una serie de irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El Gobierno ha identificado a 25 personas que serán investigadas por once delitos.

La viceministra Anticorrupción, Nardy Suxo, afirmó que Santos Ramírez es el principal responsable de las irregularidades en Yacimientos por haber estado al frente de la estatal durante este tiempo.

“Santos Ramírez cometió varias irregularidades y presuntos actos de corrupción mientras estuvo al frente de YPFB”.

Suxo detalló ante la radio Erbol las irregularidades cometidas por la ex autoridad en el contrato suscrito por YPFB con la empresa que representaba el extinto Jorge O’Connor D’Arlach, Catler Uniservice. “Al parecer hubo irregularidades no sólo en el proceso de licitación, sino también en la adjudicación y en el desembolso de recursos económicos que hizo YPFB a favor de la empresa Uniservice”.

La investigación se precipitó luego de que el martes 27 un grupo de asaltantes asesinara a O’Connor D’Arlach para arrebatarle los 450.000 dólares que este último llevaba en dos maletines. Las declaraciones tomadas a los atracadores establecieron nexos entre éstos y la familia política de Santos Ramírez. Además se destaparon irregularidades en el acuerdo suscrito entre YPFB y Catler Uniservice.

La empresa tiene como accionistas a los hermanos O’Connor D’Arlach, Miguel y Jorge (†), además de Pablo Cossío, hermano del Prefecto de Tarija. Los accionistas quedaron bajo investigación del Viceministerio de Transparencia, según informó Nardy Suxo.

La anterior semana, con Santos Ramírez aún al frente de Yacimientos, Suxo pidió copias de los contratos firmados con Catler. La autoridad informó que el ex Presidente de YPFB nunca se los hizo llegar.

Además se supo que Ramírez nunca envió las copias correspondientes de los documentos suscritos a la Contraloría General de la República, en contravención de la ley. Los contratos se firmaron a mediados de 2008 y debían enviarse las copias en un plazo no mayor a diez días de la rubrica.

Suxo indicó que es posible que a Catler Uniservice se le haya adjudicado irregularmente el contrato para la construcción de una planta para abastecer el mercado interno y que también hay sospechas sobre los montos desembolsados por YPFB.

“Al parecer fue una contratación de manera directa. La empresa no tenía la experiencia para la actividad que se contrató, además parece que contaba con capital de apenas 50.000 bolivianos, cuando tendría que ser una empresa con fuerte capital para semejante obra de construcción de una planta”.

Ayer, en un acto de entrega de cheques a alcaldes en el Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales reiteró que uno de los objetivos de la investigación es determinar adónde iban los 450.000 dólares robados. “Todos sabemos de dónde venía esa plata, del Estado boliviano, de los contratos de Yacimientos”.

Diez funcionarios públicos han sido suspendidos por sus posibles vínculos con el caso O’Connor. Entre ellos el viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio, y el gerente nacional de Comercialización, Rodrigo Carrasco (ver gráfico).

Suxo afirmó que el “panorama se esclarecerá” cuando comience la revisión de los documentos en YPFB, que permanece intervenido. Efectivos policiales resguardan el predio de la empresa en La Paz y las cuatro dependencias de Santa Cruz. Funcionarios del Viceministerio de Transparencia, adelantó la autoridad, ingresarán en las oficinas de Yacimientos hoy desde las siete de la mañana.

“Mañana (hoy) nosotros ya estaremos haciendo, por instrucciones del Presidente, una auditoría jurídica para acceder a toda la documentación que se tenga en el departamento legal (de YPFB) sobre este tema. Tenemos que hallar las copias de los contratos”.

También fueron suspendidos dos hermanos de la esposa de Santos Ramírez, Jiovana Navia. Juan Carlos y Mario Navia Doria Medina quedaron suspendidos de las funciones que cumplían en YPFB. El primero de ellos había sido transferido a Transredes este año.

El día del siniestro, otro hermano de la esposa de Santos Ramírez, Javier Navia, y el primo de ésta Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina condujeron a Jorge O’Connor a un domicilio que tenían en la avenida Tejada Sorzano, donde finalmente sucedió el asalto.

Los fiscales asignados a investigar el caso procuran establecer los nexos entre la familia política del dirigente masista y la banda de atracadores que perpetró el asesinato, denominada “Los Rufos”.

Suxo indicó que se investigará a los cinco hermanos Navia Doria Medina, incluida la esposa de Santos Ramírez, y también, “lógicamente”, al ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

En una conversación telefónica con La Prensa, Suxo habló de corrupción pública y daños económicos al Estado como posibles delitos cometidos por Ramírez y otros funcionarios.

Este matutino conversó con penalistas y se llegó a identificar once distintos delitos que se han destapado desde la desaparición de Jorge O’Connor.

A los delitos de que se sindica a la banda de atracadores (asesinato, robo agravado y asociación delictuosa) se sumarían los delitos cometidos en Yacimientos y también por parte de la empresa Catler Uniservice. Bajo ese criterio, se han cometido corrupción pública, nepotismo, daño económico al Estado, negligencia administrativa, firma de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, infidencia económica y asociación ficticia, pues no se esclareció la situación legal de la sociedad Catler Uniservice (ver tabla).

Cuestionan investigación de Suxo contra Ramírez

La investigación que el Gobierno encara contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez por presuntos actos de corrupción fue duramente criticada por sectores de oposición que consideran que “una investigación entre masistas no prosperará”.

El analista económico Julio Alvarado y el ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas comentaron, cada uno por su lado, que “una mano tapa a la otra”, por lo que pidieron una investigación independiente.

Tras destituir a Ramírez y sustituirlo por el ex ministro de Planificación, antes de Hidrocarburos, Carlos Villegas, el presidente Evo Morales instruyó intervenir la estatal petrolera y designó a la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, para iniciar una investigación jurídico-legal, tarea que comenzará este lunes.

“La viceministra Suxo no puede participar por que es parte interesada, parte del Ejecutivo, es del MAS”, dijo Alvarado, y advirtió que esta investigación puede ser politizada si no actúa una instancia independiente y no comprometida con el partido en función de gobierno.

Catler Uniservice tiene antecedentes desde 2008

La empresa Catler Uniservice tiene dos antecedentes de irregularidades desde 2008, una de ellas se refiere a incumplimiento en una obra en Tarija, informó ayer la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo.

Catler Uniservice es investigada por un contrato con YPFB para la construcción de una separadora de líquidos en Río Grande. Se descubre una irregularidad en este negocio luego del atraco y asesinato del dueño de este consorcio, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, el 27 de enero, en la avenida Tejada Sorzano, donde le arrebatan 450.000 dólares, posiblemente una comisión.

“Esta empresa no cumplió con su contrato con la Prefectura de Tarija —explicó Suxo— y hay un informe del departamento de Auditoría de esa Prefectura en la Contraloría”.

Este hecho fue denunciado al Viceministerio de Transparencia a principios y mediados de 2008.

Suxo indicó que O’Connor tenía como socios a su hermano Miguel O’Connor D’Arlach, al hermano del Prefecto de Tarija (Mario Cossío) Pablo Cossío Cortez y a Víctor Sánchez Grandchant, éstos a su vez forman diferentes empresas accidentales aglutinadas en el Consorcio Tarija, al que la Prefectura de ese departamento adjudica obras.

La Viceministra, al cuestionar a quienes eran ejecutivos de YPFB, dijo que “ya había antecedentes contra esta empresa; sin embargo no se preguntó y no se consultó si existía o no alguna observación”.

Indicó que Catler Uniservice es una empresa accidental porque fue formada “precariamente” con un capital de 50.000 dólares y no estaba capacitada para responder por obras de gran envergadura para el Estado, como la planta de Río Grande.

“Se tiene que investigar los antecedentes

—apuntó—, si tiene contratos incumplidos, si tiene la capacidad, la infraestructura en personal y maquinaria, todo refrendado con documentación”.

La Viceministra informó que ella en persona inició la investigación el jueves, visitó las oficinas de YPFB y el entonces presidente de esa institución, Santos Ramírez, mediante su jefa de Gabinete, Esther Carmona, le respondió que él personalmente le entregaría una copia del contrato con Catler Uniservice, esto a fin de conocerse el proceso de la licitación y la adjudicación, pero no se cumplió aquello y el viernes nadie dio la cara.

Fracaso

El constitucionalista Carlos Alarcón aseguró que el Gobierno ha fracasado en su política de hidrocarburos porque en los tres años y días de gestión Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo cinco presidentes, de los cuales cuatro estuvieron implicados con actos irregulares.

“Tiene que ver con el fracaso de la política de hidrocarburos, el gran engaño que se ha hecho al pueblo de Bolivia al vender esta política de hidrocarburos de la nacionalización, porque ¿cuál era el emblema de esta política de hidrocarburos?, era la refundación de Yacimientos”.

El analista y ex activista por el No a la nueva Carta Magna Jorge Alvarado coincidió con Alarcón y criticó también el hecho de que Santos Ramírez haya sido sustituido por el ex ministro de Hidrocarburos y más recientemente de Planificación Carlos Villegas.

Alvarado declaró a la Agencia de Noticias Fides que “el señor Villegas ya fue ministro de Hidrocarburos y su gestión no fue de las más exitosas, por eso el Presidente (Evo Morales) lo cambió y ahora nuevamente lo toma. Llama la atención que el Gobierno y el MAS no tenga gente preparada en materia de hidrocarburos y siempre tenga que recurrir a las mismas personas que demostraron que no son competentes en esta materia”.

Repercusiones

“El Gobierno nacional no va a permitir el brote de ninguna clase de acto de corrupción al interior de las instituciones del Estado boliviano. Mucho menos al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Se continuará con las investigaciones”

Alfredo Rada

Ministro de Gobierno

“Este caso en particular va a ser aclarado por el Ministerio Público, nos ponemos a orden del Ministerio Público para lo que se requiera, el Viceministerio de Transparencia va a dar esa información, va a transparentar Yacimientos. El Gobierno es claro: cero corrupción”

Wilfredo Chávez

Viceministro de Justicia

“Los bolivianos y bolivianas no nos merecemos esto, debemos exigir las condiciones para una investigación imparcial. Tengo serias dudas para que el Viceministerio (de Transparencia) esté encargado de aclarar el caso, porque es juez y parte”

Víctor Hugo Cárdenas

Ex vicepresidente de Bolivia

“Exigimos la erradicación de la corrupción en YPFB. Las garrapatas del neoliberalismo se estaban apegando al proceso de cambio y por eso en esta última metida de pata se hizo quedar mal nuevamente a esta lucha desde las bases para erradicar la corrupción”

Édgar Patana

COR de El Alto

Posibles delitos

Asesinato. La investigación del Ministerio Público estableció que Rufino Rodríguez disparó contra Jorge O’Connor D’Arlach a diez centímetros. La bala entró por la boca y salió por el cuello. O’Connor falleció cuando era trasladado al hospital.

Robo agravado. Las cinco personas detenidas, Ernesto y Fernando Córdoba Santiváñez; Rufino Rodríguez; su esposa, Sandra Verónica Mamani, y Franz Rodríguez, también son acusadas del “volteo” de 450.000 dólares. Hasta ahora se han recuperado únicamente 80.000, durante la captura de los Rodríguez en Cochabamba.

Asociación delictuosa. Los hermanos Córdoba contactaron a “Los Rufos” para efectuar el atraco. Se planearon los detalles el operativo en la casa de Fernando “Ticoco” Córdoba.

Nepotismo. Dos hermanos de la esposa de Santos Ramírez trabajaron en YPFB. Jiovana Navia Doria Medina es diputada suplente del MAS.

Corrupción pública. Las denuncias y las investigaciones hablan de un soborno a favor de los familiares políticos de Ramírez.

Daño económico al Estado. El presidente Evo Morales afirmó que los 450.000 dólares robados eran dinero “del pueblo boliviano”. La viceministra anticorrupción, Nardy Suxo, informó que hay indicios de desembolsos irregulares.

Negligencia administrativa. Ramírez no envió copias de los contratos a la Contraloría ni al Viceministerio de Transparencia.

Contratos lesivos al Estado. Catler Uniservice puede no estar capacitada para cumplir el contrato que se le adjudicó.

Conducta antieconómica.

Infidencia económica. La investigación apunta a un soborno o de tráfico de datos.

Asociación ficticia. No se precisó si Catler es una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) o una sociedad accidental.

Cronología

27 de enero: en un atraco asesinan a Jorge O’Connor D’Arlach y se llevan 450.000 dólares.

28 de enero: Rufino Rodríguez, su esposa y Franz Rodríguez son capturados.

29 de enero: el juez Williams Dávila determina el traslado de éstos a la prisión.

31 de enero: el juez Constancio Alcón ordena la detención de Fernando Córdoba.

Las investigaciones

El Ministerio público creó una comisión de fiscales para que indaguen en el caso.

El Senado creó una comisión especial para investigar la corrupción en Yacimientos.

El Viceministerio de Transparencia iniciará hoy una auditoría financiera y una jurídica.

El atraco da pistas de presunta coima que salpica a YPFB

Noticia publicada el 30 de enero de 2009 en La Prensa

El atraco del martes, en el que el empresario Jorge O’Connor D’arlach perdió la vida tras recibir un impacto de bala, suelta pistas de una supuesta coima que salpicaría a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El martes, al menos cinco delincuentes irrumpieron en una casa, sobre la avenida Tejada Sorzano, en la que la víctima llegó con 450 mil dólares, junto a otras tres personas. Un sujeto le disparó en el cuello y minutos después falleció en un hospital.

El monto de dinero que el empresario O’Connor llevaba en un maletín junto con una computadora portátil habrían servido para pagar una comisión por la adjudicación de una licitación con YPFB, según informaron fuentes de la investigación y otras judiciales conocedoras del caso.

Así lo confirmaron al menos cuatro fuentes policiales y otra relacionada con la Fiscalía, que pidieron el anonimato y que dijeron que el tema es muy delicado porque toca a círculos de poder.

El fiscal encargado del caso, Luis Mamani, informó de manera oficial que O’Connor llegó hasta ese lugar con el fin de “hacer una transferencia de información que debía obtenerla de una computadora de la persona que tiene su casa en la Tejada Sorzano”.

El representante del Ministerio Público no quiso admitir una compra de información, aseveró que llegó para recabar datos relativos a construcciones. “Del dinero no se tiene conocimiento”.

Anoche, Cadena A informó que el inmueble es del cuñado del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. Dos fuentes policiales señalaron que había indicios en ese sentido, aunque oficialmente no se confirmó el mencionado dato.

La vivienda a la que arribó O’Connor resulta ser “el origen y el destino del problema”, según aseveró una fuente policial. Pues ahí, alguien recibiría de la víctima esa suma de dinero.

Otro jefe policial dijo a este medio que el caso es muy delicado y peligroso porque involucra a personas con poder. “Ya no investiguen más”, alertó.

O’Connor arribó el martes en la mañana de Santa Cruz, se alojó en el hotel Presidente y luego se encontró con tres personas más, entre ellas Fernando Córdova, quien sería el representante de su empresa petrolera. Horas más tarde sacaron $us 450 mil del Banco Unión, en la avenida Camacho, y en una vagoneta llegaron a la casa de Miraflores, sin ningún resguardo policial.

Otras fuentes, tanto policiales como civiles, a quienes este medio consultó sobre este hecho, revelaron que éste es complicado.

Sin embargo, la historia de este hecho no empezó el martes. Hace una semana, la víctima habría tenido una reunión con Córdova y con una tercera persona en un café de La Paz para concretar el pago por la adjudicación de la licitación con YPFB, según fuentes cercanas a la Fiscalía.

El martes, O’Connor habría llegado para sacar el dinero y llevarlo a una persona que lo esperaba en la casa de la Tejada Sorzano, admitió la fuente.

Dos personas que trabajan por el lugar del crimen indicaron que en esa casa había un inquilino que sólo llegaba por temporadas. Otro vecino contó que el tercer piso estaba ocupado por un varón, pero “desde ayer ya no está aquí”.

Este medio se comunicó con la oficina de prensa de YPFB para consultar si había un contrato nuevo con la empresa Catler Uniservice, de la que O’Connor era presidente. Desde allí informaron ayer a La Razón que desconocían cualquier vínculo.

Sin embargo, en julio del 2008, O’Connor firmó un contrato con el presidente de YPFB, Santos Ramírez, para la construcción de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El costo es de 86,35 millones de dólares. Días atrás, la petrolera estatal hizo efectivo un pago de alrededor de 4,5 millones de dólares, según ANF.

Fernando Córdova, quien acompañaba a O’Connor el momento del atraco, salió ileso. Ayer denunció que fue secuestrado en la mañana cuando salía de su casa y que fue llevado a La Cumbre, donde lo golpearon brutalmente, supuestamente para que brinde datos sobre el hecho criminal.

Familiares de Córdova informaron a este medio que éste es gestor de una empresa petrolera, pero que no conocían otras actividades que realizaba.

El comandante departamental de la Policía, coronel Raúl Mantilla, afirmó que dentro de la pesquisa se debe indagar a todas las personas que hayan tenido contacto con O’Connor.

De acuerdo con fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad del Banco Unión grabaron el momento en que sacaron el dinero. Según informaron, O’Connor no fue quien recibió el dinero.

Lo que tampoco nadie confirmó es el lugar de dónde salió el dinero, de bóvedas o de las cajas.

El gerente regional de la entidad financiera, Iver Vargas, sostuvo ayer que tiene restricción para brindar información a los medios de comunicación.

Por otra parte, ni la Policía ni la Fiscalía dieron datos sobre a quién pertenecía el dinero, si a la empresa Catler Uniservice o al empresario O’Connor.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, general Alberto Castillo, detalló que la Policía está en plena indagación de este caso y que no se puede dar ningún dato por el momento.

Ayer hubo un inusual movimiento en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Castillo se reunió en privado, tanto en la mañana como en la noche, con jefes policiales que llevan adelante el caso. Las autoridades del orden se mostraron herméticas en revelar oficialmente información a los medios de comunicación.

Córdova participó el martes por la tarde de la reconstrucción de los hechos. El fiscal Mamani no dio mayores detalles.

“O’Connor llegó al lugar para hacer una transferencia de información que obtendría de una computadora”.
LUIS MAMANI, fiscal a cargo del caso.

“Este caso es muy delicado y peligroso, involucra a personas de poder. No investiguen más”.
JEFE POLICIAL de la entidad del orden.

La Fiscalía indaga a Santos Ramírez; dos de sus parientes esperaban a O’Connor

Noticia publicada el 30 de Enero 2009 en La Prensa

La Fiscalía de La Paz, el Viceministerio de Transparencia y el Senado abren investigaciones sobre el asesinato de Jorge O’Connor, y sus derivaciones y las miradas se vuelcan sobre el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Valverde, y sobre el diputado Marco Antonio Córdoba, de Podemos.

El martes 27 por la mañana, Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, en cuyo departamento iba a producirse una reunión, y Javier René Navia Doria Medina, dialogaban con los policías que iniciaban la investigación en el mismo lugar del crimen.

El primero es primo y el segundo es hermano de Jiovana Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y flamante esposa de Ramírez. La pareja se casó el miércoles 7 de este mes en Caiza D, Potosí. El presidente Evo Morales fue el padrino de la boda.

El inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano es un edificio de tres pisos en cuya planta baja funciona un taller de serigrafía y en el primer piso se encuentra el departamento de Aramayo, a quienes sus vecinos saludan como “doctor”, en señal de respeto.

En ese lugar, los dos familiares políticos del titular de YPFB debían reunirse con el fallecido, con su hermano menor Miguel O’Connor D’Arlach y además con Luis Fernando Córdoba Santiváñez, empleado de Jorge O’Connor.

Cuando la víctima y el dueño de casa se aprestaban a entrar en el edificio, cinco antisociales, que bajaron de una vagoneta Caldina verde y una motocicleta roja, empujaron a Aramayo contra la pared y lo mantuvieron aprisionado por la reja, en tanto que O’Connor fue introducido por la fuerza al zaguán. Llevaba dos maletines, en los que tenía una computadora personal y 450.000 dólares. Se los arrebataron antes de matarlo.

Los delincuentes huyeron en los motorizados ya descritos. Se fueron a velocidad normal por la avenida Tejada Sorzano para tomar la calle Teniente coronel Agustín Saavedra.

Aramayo Doria Medina preside la Fundación Kantati, que funciona en la oficina 108, piso 10, del edificio Mariscal Ballivián. Ayer, sus puertas estaban cerradas. Esta entidad, en la que también trabaja Navia Doria Medina, se dedica a canalizar recursos para construir viviendas de carácter social.

En el lugar del crimen y conmocionado por el hecho, Navia Doria Medina declaró que la reunión tenía la finalidad de “cerrar un proyecto” de la fundación y la empresa Uniservice, de la que la familia O’Connor es propietaria.

Otras investigaciones

La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, y una comisión del Senado anunciaron que investigarán si Santos Ramírez está implicado en el asesinato del contratista de YPFB, en tanto que el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fernando Figueredo, anunciaron que convocarán a declarar a “toda persona” que tenga relación con este tema.

El Senado formó una comisión investigadora integrada por Luis Vásquez, de Podemos; Ricardo Díaz y Antonio Peredo, del MAS; José Villavicencio, de UN, y Fernando Romero, del MNR.

En relación con la denuncia de irregularidades en la contratación de la empresa de la familia O’Connor, el fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, dijo que “se va a convocar a las personas que se mencionan”, o sea, Ramírez y el diputado Córdoba.

Entretanto, funcionarios de la Unidad de Comunicación de la estatal se limitaron a referir que el “Presidente de la empresa ha estado reunido todo el día para considerar temas inherentes al funcionamiento de Yacimientos. No habrá una posición oficial sobre el caso” de YPFB ni de su Presidente.

Los tres hermanos Córdoba Santiváñez tienen antecedentes

Los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez se vieron involucrados en mayo de 2008 en un caso de prostitución de menores, a denuncia de un cliente a quien no permitían abandonar el local.

Cuando intervino la Policía se encontró a tres menores, de 15, 16 y 17 años, quienes posiblemente trabajaban como prostitutas en ese club. Los dos hermanos y el administrador del centro de diversión, Juan Marcelo Quiroga Álvarez, fueron detenidos y después liberados.

Antes, en noviembre de 2006, un tercer hermano, el diputado de Poder Democrático y Social (Podemos) por La Paz Marco Antonio Córdoba, fue involucrado en el caso de la concesión de visas a ciudadanos chinos, junto con otros parlamentarios oficialistas y opositores.

El 10 de julio del año pasado se denunció que este diputado contaba con tres cédulas de identidad, signadas con los números 43309461 LP y con antecedentes cancelados, 4521756 LP con antecedentes por el delito de falsedad material procesado el 23 de junio de 1997, y 4330946 LP otorgada el 14 de mayo de 2007.

Este parlamentario causó malestar en Podemos cuando se supo que había visitado al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle cuando éste estaba detenido en el penal de San Pedro.

Ayer por la tarde, el abogado Marco Guía denunció que Fernando Córdoba “pagó a un sicario” para eliminar físicamente a su cliente, un empresario de nombre “Johnny”, quien teme por su vida y se encuentra muy asustado.

Guía aseguró que la demanda planteada ante la FELCC no sigue avance alguno.

Se mencionó, aunque la versión no pudo ser confirmada, que los tres hermanos son sobrinos de Santos Ramírez, actual presidente de YPFB e importante dirigente del MAS, quien fue implicado en los casos de las visas chinas y en la venta de avales de su partido para acceder a cargos en la administración estatal.

Un consorcio irregular

La sociedad de responsabilidad limitada Catler-Uniservice se registró en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Tarija, de acuerdo con el padrón respectivo.

El acuerdo suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad mencionada fue suscrito en julio de 2008 por Santos Ramírez y Agustín Melano, en representación de la constructora.

Además, Catler-Uniservice se inscribió con un capital de 50.000 bolivianos, cuando el contrato que firmó con YPFB en julio de 2008 fue por 86.315.000 dólares.

Como representante legal del consorcio figura Patricio Thomas Jurglevicius, y como único socio, José Alejandro Salinas. En esta nómina no figura Jorge O’Connor D’Arlach, el empresario asesinado el martes cuando portaba 450.000 dólares, de los cuales tan sólo 50.000 fueron recuperados, según el informe oficial de la Policía.

Catler-Uniservice se registró en Fundempresa como una compañía dedicada a la actividad minera, ejecución de plantas y fabricación de productos químicos.

En Santa Cruz se indica que la sociedad de responsabilidad limitada tan sólo tiene un almacén, en tanto que la dirección establecida en el sitio web del grupo señala: Avenida Busch, entre el tercer y cuarto anillo, calle 5, número 100.

El registro de la sociedad en Fundempresa data de septiembre de 2008 y es posterior a la suscripción del contrato de construcción “llave en mano”, el 14 de julio de ese mismo año.

El fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, declaró que días antes del asesinato recibió una carta anónima en la que se denunciaban irregularidades en la relación contractual de YPFB con la sociedad Catler Uniservice, documento que da a conocer la existencia de una adjudicación supuestamente irregular.

El documento refiere que Luis Fernando Córdoba realizó las gestiones para lograr los registros legales del consorcio accidental tiempo después de la firma de los documentos legales.

Piden ampliar juicio a Chito a la flia. Banzer

Noticia publicada el 17 de Enero de 2009 en La Razon

El Movimiento al Socialismo (MAS) anunció ayer que formalizará la próxima semana el pedido de la ampliación del juicio de responsabilidades del ex prefecto Luis Alberto Valle a la familia del fallecido ex presidente Hugo Banzer Suárez por daños económicos al Estado.

“Es una ampliación de proceso, la Corte Suprema tiene que ir indagando a los familiares de Valle y ahí está el propio Hugo Banzer y todos los familiares que han tenido que ver con la administración, no sólo de siete años de dictadura, sino de años de democracia donde estuvo ADN”, expresó el senador masista Ricardo Díaz, según reportó la agencia gubernamental ABI.

Ayer en Santa Cruz, el fiscal Alexander Osinaga informó que el Ministerio Público solicitará el embargo de los bienes de la familia del fallecido ex presidente Banzer mientras se procede con la investigación de un supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Ayer se tenía previsto interrogar a Yolanda Prada de Banzer, pero ella solicitó que las declaraciones se realicen en su domicilio y adujo enfermedades como diabetes, cardiopatía, y lo avanzado de su edad (74).