El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez desembolsó 6,8 millones de dólares para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz) a pesar de que el contrato con la sociedad accidental Catler Uniservice, encargada de la obra, aún no fue protocolizado y no adquirió carácter público, por lo que, según expertos, puede ser anulado.
Las obras para la edificación y puesta en funcionamiento de esa planta fueron adjudicadas el 11 de julio de 2008 por un valor total de 86,35 millones de dólares y con un plazo de entrega de 340 días. El 14 de julio se firmó el contrato pero, a los seis meses y medio de ese acto, del que incluso fue testigo el presidente Evo Morales, el documento suscrito legalmente aún no entró en vigor.
El ex titular de la estatal petrolera admitió ayer que el legajo firmado con la sociedad accidental todavía no fue protocolizado, al explicar el por qué no fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR), como corresponde. “Todos los contratos tienen que llegar a la Contraloría, llegan cuando cumplen los requisitos, una vez que se dé su protocolización”.
La notaria de Gobierno de la Prefectura de La Paz, Ivana Rodríguez, también confirmó a la red Uno que el documento no llegó a esa instancia.
Santos Ramírez no entró en mayores detalles del por qué no remitió el contrato con la sociedad accidental a la Notaría de Gobierno, ni tampoco por qué, no habiendo adquirido valor legal, hizo pagos a ese consorcio en cuatro a cinco cuotas.
Al respecto, el ministro Héctor Arce dijo, según ANF, que la comisión interventora, encargada de investigar los actos de corrupción en la estatal petrolera, tendrá que “evidenciar” el registro del contrato de YPFB en la Contraloría y la Notaría de Gobierno.
Las supuestas irregularidades cometidas en la suscripción y posterior ejecución de este contrato fueron conocidas luego de que la pasada semana uno de los socios de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, fuera asesinado cuando portaba dos maletines con cerca de 450.000 dólares que al parecer eran una “comisión” para Santos Ramírez.
Procedimiento
El trámite de protocolización es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Tras esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro.
Un comunicado de YPFB del 31 de enero de 2007 indica que los contratos firmados entre “los titulares de las empresas petroleras y YPFB, entre el 27 y 28 de octubre del año pasado (2006), aún no fueron protocolizados, por lo que aún no ingresan en vigencia hasta garantizar las condiciones técnico-jurídicas”.
Según el analista en hidrocarburos Hugo Del Granado, en términos legales la protocolización de un contrato entre una empresa estatal y otra privada permite que el documento adquiera un carácter público, de lo contrario continúa siendo un legajo privado. Ese hecho, según el experto, también permite iniciar “las acciones de incumplimiento (del legajo) o lo que fuere”.
Además, en términos operativos, sostuvo Del Granado, el que un acuerdo sea reconocido por la Notaría de Gobierno marca la fecha efectiva en la que se empiezan a computar los plazos fijados para que las obras sean concluidas por la compañía.
Al no haberse cumplido ese requisito, el contrato no está legalmente vigente, por lo que puede ser declarado nulo.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el acuerdo firmado entre la estatal petrolera y la sociedad accidental Catler Uniservice puede ser anulado por un juez competente porque no se cumplió el requisito de la protocolización y no tiene valor legal.
Añadió que al no haberse cumplido ese requisito para que se constituya en documento público no se debió haber ejecutado ningún pago y que de haberlo hecho fue ilegal.
“Un contrato no debería ser ejecutado mientras no reúna la forma legal que requiere la ley; tratándose de contratos celebrados por entidades del Estado, la ley exige que sean hechos un instrumento público y que sean protocolizados ante la Notaría de Gobierno, si no se cumple esa forma legal no debería haberse ejecutado ese documento”.
Según Alarcón, aun habiéndose ejecutado los términos de éste, si es declarado nulo por un juez competente, “uno de los efectos de la nulidad es que las partes deben devolverse lo que hubieran obtenido en virtud del contrato anulado, éste es el régimen civil de la nulidad de contratos del Estado”.
Por ello, según el legalista, bajo ese procedimiento se puede solicitar la devolución de los recursos que ya fueron erogados por Yacimientos, es decir, los 6,8 millones de dólares.
Alarcón también explicó que se puede demandar a los que firmaron el contrato por haber suscrito un acuerdo que es lesivo para los intereses del Estado, para lo cual se puede acudir a un proceso de tipo penal, y se tendría que hacer una revisión de los términos bajo los que fue firmado.
Irregularidades en la constitución de la sociedad
Las empresas Catler y Uniservice inscribieron una empresa de responsabilidad limitada, Catler Uniservice, en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato con Santos Ramírez, presidente de YPFB. Según El Deber, datos de la Superintendencia de Empresas dan cuenta de que Uniservice tiene personería jurídica tramitada en Bolivia, pero el asiento legal de Catler corresponde a Panamá.
La sociedad se adjudicó una obra por 86,35 millones de dólares, pero declaró un capital de 50.000 bolivianos. Ese bajo capital, asegura el diario cruceño, provocó problemas para que pudiera conseguir las boletas de garantías del sistema bancario nacional, lo que demoró el desembolso de la primera partida.
Catler Uniservice no tiene experiencia en la construcción de plantas de separación de líquidos, que debían producir entre 200 y 350 toneladas de gas licuado por día y 800 barriles de gasolina natural.
Para hacer efectivo el contrato, YPFB evaluó la experiencia de una subcontratada por la sociedad con la que firmó el acuerdo. La empresa experimentada en el ramo, Gulsby, compañía subcontratada por Catler Uniservice, asentada en Texas (Estados Unidos) ya hizo 150 complejos de este tipo. Sin embargo, esta última y las que se asociaron son desconocidas en el contexto petrolero sudamericano.
Una fuente citada por El Deber, que sería secretario de Catler, informó que la planta ya tiene avance de un 30 por ciento, aunque no se puso ni un tubo en Bolivia. Hace dos semanas, una comisión de YPFB había inspeccionado los 37 o 38 equipos que están en construcción en Houston (Estados Unidos). Otro grupo verificó los tanques fijos y móviles que se están construyendo en Esperanza (Argentina). Según la fuente, unas 2.800 toneladas de láminas de acero se fabricaron para esos tanques.
Más datos
Las supuestas irregularidades salieron a la luz desde el martes de la pasada semana.
Ese día fue asesinado Jorge O’Connor, socio de la sociedad Catler Uniservice.
Estaba en posesión de dinero que al parecer era “coima” para Santos Ramírez.
Esos recursos serían un pago porque este último benefició a esa sociedad.
Por el asesinato del empresario a la fecha se encuentran detenidas cinco personas.
Entre ellas, Ernesto y Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero.
Además, Rufino Rodríguez Coca y Verónica Mamani Quispe, esposa de este último.
El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez el fin de semana por ese escándalo.
En su lugar fue posesionado el ex ministro de Planificación Carlos Villegas.
Ayer fueron intervenidas las instalaciones de la estatal, de la que se recabó información.
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