Noticia publicada el
5 de Febrero de 2009 en La Prensa
La comisión interventora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encontró indicios que comprometen al ex presidente de la estatal Santos Ramírez en la comisión de cuatro delitos de orden penal en la suscripción del contrato con el consorcio Catler-Uniservice. El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, advirtió que los culpables no serán protegidos.
“No vamos a preguntar apellido, amistad ni color político. El corrupto tendrá que ir a la cárcel, sea quien sea, no nos importa, ésa es la decisión del Presidente (Evo Morales) y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión del Presidente”.
La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, informó que los presuntos delitos tienen que ver con contratos lesivos, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, que derivan en un daño económico.
Estas figuras se encuentran tipificadas en el Código Penal y tienen diferentes penas, que van desde un mes hasta ocho años de privación de libertad (ver cuadro de apoyo).
Así lo reveló luego de brindar un informe a la comisión especial del Senado encargada de investigar el asesinato del empresario Jorge O’Connor, el pasado 27 de enero, y la presunta corrupción en YPFB.
Tanto el Poder Ejecutivo como esta instancia indagan las irregularidades cometidas en la suscripción del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande el 14 de julio de 2008.
Suxo informó: “De la revisión de alguna documentación ya hay algunos elementos que nos llevan a pensar que ha habido incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico y por supuesto uso indebido de influencias”. Añadió: “Una vez que tengamos toda la documentación y el respaldo jurídico vamos a presentar la denuncia correspondiente”.
Estas supuestas irregularidades se suman a la denuncia formulada el lunes por la Contraloría en sentido de que Ramírez incumplió la Ley 1178 Safco, que le obligaba a presentar el contrato con Catler-Uniservice ante esa entidad en los cinco días siguientes a su firma.
Esta falta podría derivar, según dijo el contralor Gabriel Herbas, en responsabilidad ejecutiva, civil, administrativa y penal una vez que se concluya con la auditoría iniciada a YPFB.
Además, la ex autoridad tampoco protocolizó el contrato con el consorcio en la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz pese a que erogó 6,8 millones de dólares en favor de la compañía para que emprendiera los primeros trabajos.
El vicepresidente García Linera admitió la existencia de hechos de corrupción en YPFB y subrayó, según ABI, que el presidente Evo Morales ordenó a las autoridades correspondientes encontrar a los “corruptos que pudieran estar implicados en el desvío de 450.000 dólares, que vincula hechos irregulares en YPFB, para enviarlos a la cárcel”.
El dignatario de Estado, muy sereno y antes de entrar en la reunión de gabinete en el Palacio Quemado, reconoció ante los medios de prensa que en el caso de empresa Catler-Uniservice, encargada de planta separadora de GLP, se cometió daño económico contra el Estado, asesinato, robo y además hay un proceso de extorsión económica que afecta los recursos del Estado.
“Hay corrupción, nosotros confiamos y esperamos que el ex presidente de YPFB, el compañero Santos Ramírez, habrá de demostrar su inocencia, pero lo hará como cualquier ciudadano, sin privilegio alguno y se defenderá”.
El Vicepresidente ratificó a los periodistas que la gestión de Evo Morales no protege ni protegerá, por encima de un nombre, apellido, amistad y compañerismo, actos de corrupción.
Añadió que si la Cámara de Senadores pretende investigar este caso y dejar de hacer un “show político”, lo primero que tienen que hacer los senadores es aprobar la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz .
Más información
Suxo informó que su Viceministerio solicitó información de las cuentas bancarias del ex presidente de YPFB, además de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Corte Nacional Electoral (CNE) para establecer el grado de parentesco que puede existir entre Santos Ramírez y la familia de su esposa, Jiovana Navia Doria Medina.
La autoridad añadió que también se analiza el contrato con Catler-Uniservice y las presuntas irregularidades cometidas, entre ellas la falta de presentación de tres boletas de garantía: la primera por seriedad del valor ofertado en la propuesta, equivalente al 2 por ciento del valor de la obra y que en este caso suponía 1,72 millones de dólares. La segunda, de “buena inversión del anticipo”, por el 20 por ciento, que corresponde a 17,2 millones de dólares.La tercera boleta de cumplimiento del contrato, es igual al 10 por ciento, es decir, 8,63 millones de dólares. A cambio, la firma sólo entregó una póliza del 1 por ciento que no estaba permitida en los términos de la licitación convocada por YPFB.
Suxo, tras la reunión con los senadores, dijo que se acordó con esa instancia realizar una labor coordinada con la Fiscalía.
Villegas posesionó un gerente acusado de nepotismo
El actual presidente de Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, posesionó como gerente general de Administración y Finanzas de esa empresa a Róger Uzquiano Alcoreza, un ex funcionario denunciado por nepotismo en el Ministerio de Hidrocarburos.
De acuerdo con un oficio dirigido a Villegas, firmado por la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, y fechado el 22 de abril de 2008, Róger Uzquiano Alcoreza fue acusado de contratar a su sobrino, familiar en tercer grado, Wálter Rodríguez Narváez.
El lunes 2 de febrero, cinco autoridades fueron posesionadas de sus cargos por el nuevo presidente de YPFB, entre ellas Uzquiano. Esto sucedió después de que la petrolera fuera intervenida para ser auditada como consecuencia de los hechos ocurridos días antes en relación con la empresa Catler- Uniservice y su contrato para construir la planta de extracción de licuables en Río Grande, provincia Cordillera, en Santa Cruz.
Según el documento, Uzquiano hizo uso indebido de influencias, delito tipificado en el Código Penal, al contratar a este pariente. Para esto se valió de un poder especial que le había conferido Villegas.
Este poder le dio al entonces funcionario la capacidad de seleccionar personal eventual. El 1 de febrero de 2008 contrató a su sobrino como consultor individual en línea hasta el 31 de diciembre del mismo año, por una paga de 38.500 bolivianos.
Según la carta, en audiencia pública, el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal determinó la extinción de la acción porque el daño fue mínimo, además ambos funcionarios renunciaron a sus cargos.
La viceministra Nardy Suxo señaló que Uzquiano fue liberado de responsabilidad porque había subsanada los cargos bajo los cuales se lo investigó al haber salido de la entidad dos de sus parientes.
Súper investiga a tres empresas
El superintendente de Empresas, Rolando Morales, aseguró ayer que existen tres firmas con el nombre de Catler-Uniservice y se averigua el origen de cada una.
Explicó que la primera es Catler-Uniservice S.R.L., con sede en Cochabamba, dedicada al aprovechamiento de la madera y que no tienen ninguna relación con el contrato para la ejecución de la planta separadora de líquidos en la localidad de Río Grande.
La segunda es Uniservice, que forma parte de la sociedad accidental con la que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez dice que suscribió un contrato para ejecutar el proyecto de extracción de licuables. La tercera es Catler International Corporation, la que se une a Uniservice para hacer la sociedad accidental de la cual no se tiene ningún registro en el país.
Según las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Empresas, este consorcio se formó el 1 de julio de 2008, pero tampoco se tiene constancia de su inscripción en el país.
La reguladora intenta aclarar las relaciones de cada una de estas tres empresas con YPFB e investiga a sus representaciones en Panamá y Argentina, pero aún no logró resultados.
Contraloría exige orden judicial
La Contraloría General de la República (CGR) exige a los medios de comunicación orden judicial para proporcionar información sobre el patrimonio del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez de las gestiones pasadas.
Esto a pesar del compromiso asumido por el contralor interino Gabriel Herbas de brindar los datos correspondientes a La Prensa el pasado lunes al término de una conferencia de prensa cuando se le aclaró que en la página web de la entidad sólo figura la declaración del 14 de marzo de 2008 y que no ha sido renovada. En ésta se señala que el ex Presidente de YPFB tenía un patrimonio neto de -102.000 bolivianos, que se desglosan de un total de bienes valorados en 154.000 bolivianos y una deuda de 256.000 bolivianos.
Ayer, la Contraloría envió por fax a este medio una copia del Decreto Supremo 28695, en donde se subraya el artículo 21 (transparencia), que dispone que la solicitud debe hacerse a través de una orden judicial que acredite legítimo interés y dentro de un proceso formal.
Además se remarca el artículo 33 (publicación), cuyo último párrafo precisa que la publicación en la página web será de la última declaración o actualización realizada por el funcionario público.
El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez explicó que las declaraciones juradas tienen el objetivo de que haya una fiscalización de la población. En este caso la comparación del patrimonio que tenía un funcionario hace un año y en la actualidad es la única manera de verificar si hubo o no un crecimiento significativo de su patrimonio.
Según la ex autoridad, si bien puede ser legítimo que la entidad se ampare en el Decreto 28695 para no entregar información, el Gobierno debería posibilitar que la Contraloría la canalizara para que se transparenten las cuentas del ex presidente de YPFB.
El contralor suspendido Osvaldo Gutiérrez opinó que, aunque de por medio la norma señala la necesidad de una orden judicial, en este caso se debe dar a conocer esta información que está archivada.
Señaló que el decreto al que hace referencia la Contraloría exige que esta información cada año se la vaya resguardando para que sea recabada en cualquier momento.
La Prensa intentaba con estos datos verificar con cuánto de patrimonio ingresó Ramírez a ejercer una función pública y el valor que consolidó al dejar la Presidencia de YPFB.
Herbas, cuando asumió el cargo, el 29 de diciembre de 2008, se comprometió a que la información de la Contraloría sería totalmente transparente hacia los medios de comunicación.
Los delitos tipificados
1.- Uso indebido de influencias (artículo 146)
“El funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de 100 a 500 días.
2.- Contratos lesivos al Estado (artículo 221)
“El funcionario público que, a sabiendas, celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de seis meses a dos años. El particular que, en las mismas condiciones anteriores, celebrare contrato perjudicial a la economía nacional será sancionado con reclusión de uno a tres años.
3.- Incumplimiento de deberes (artículo 154)
El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año.
4.- Daño económico al Estado
Emerge de los delitos anteriormente mencionados y que se podrá verificar luego de una auditoría.
Más datos
El ex presidente de YPFB Santos Ramírez fue destituido por el caso Catler-Uniservice el sábado.
En su lugar se designó a Carlos Villegas como presidente de la estatal petrolera.
El Gobierno instruyó una intervención de la entidad para erradicar la corrupción.
La UIF investiga las cuentas bancarias de la familia del ex Presidente de YPFB.
Villegas posesionó a nuevos gerentes en lugar de los funcionarios designados por Ramírez.
La Contraloría anunció que iniciará una auditoría a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Antecedentes
La planta separadora de líquidos de Río Grande buscaba aumenta la oferta de GLP
YPFB ya desembolsó 6,8 millones de dólares para que la empresa inicie los trabajos
El consorcio aseguró que la construcción de los equipos e insumos tiene un avance de 30%.
