La Contraloría General de la República (CGR) auditará los bienes que posee el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, a fin de determinar cuál es su patrimonio. La ex autoridad también fue diputado y presidente de la Cámara de Senadores por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El ex titular de la estatal petrolera hizo su última declaración jurada de bienes y rentas el 14 de marzo de 2008 en la entidad fiscalizadora.
De acuerdo con ésta, sus bienes activos suman 154.000 bolivianos, sus pasivos o deudas hacen un total de 256.000 bolivianos, por lo que su patrimonio neto tiene un saldo negativo de 102.000 bolivianos. El total de sus rentas suma 199.500 bolivianos.
El Estatuto del Funcionario Público obliga a los servidores públicos a presentar su declaración jurada de bienes y rentas antes de asumir el cargo y a su conclusión.
Ramírez fue destituido de la Presidencia de Yacimientos el 31 de enero y al cabo de dos semanas de su alejamiento no actualizó su declaratoria.
La fiscalización a los bienes del ex titular de YPFB fue anunciada ayer por el contralor interino de la República, Gabriel Herbas. “No tenemos en este momento la idea exacta del patrimonio de Santos Ramírez, esto lo establecerán los auditores”.
Esta auditoría a los bienes de Santos Ramírez se anuncia en medio de otras investigaciones que fueron iniciadas por la Contraloría, la Fiscalía, el Senado y el Gobierno por la supuesta corrupción en YPFB y las irregularidades en la firma del contrato con la sociedad Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), cuyo costo es de 86,3 millones de dólares.
Ese escándalo fue destapado tras el asesinato y robo de 450.000 dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, socio de Catler-Uniservice. Ese dinero, al parecer, era una “comisión” para el ex Presidente de Yacimientos porque había favorecido la contratación de esa compañía.
Luego de que estos hechos fueran conocidos, el presidente Evo Morales lo destituyó y puso en su lugar a Carlos Villegas.
Para esclarecer el patrimonio de Ramírez y también otras irregularidades en Yacimientos, el Contralor informó que fue creado un equipo de investigadores integrado por cinco auditores y dos abogados.
“Ayer (viernes) el equipo de auditores se constituyó en YPFB para tomar a su cargo la investigación, entonces este proceso de investigación de la Contraloría se está llevando adelante”.
Una de las irregularidades que cometió Santos Ramírez está referida a que el contrato con Catler-Uniservice no fue remitido a la Contraloría General para su registro, ello porque ese documento no fue protocolizado en la Notaría de Gobierno.
Sin embargo, pese a no cumplir esos requisitos, la empresa había comenzado las obras y se hicieron al menos tres pagos por 6,8 millones de dólares.
El contralor Herbas no precisó si la auditoría alcanzará a la esposa de Ramírez, Jiovana Navia Doria Medina, también diputa suplente del MAS, quien declaró sus bienes el 16 de diciembre de 2006.
Según el documento de la Contraloría, la pareja de Santos Ramírez tiene bienes activos por 144.000 bolivianos, no tiene deudas, por lo que su patrimonio neto es de 144.000 bolivianos.
Sus rentas ascienden a 60.000 bolivianos.
La esposa de Ramírez es investigada por la Fiscalía porque el 27 de enero, día en que fue victimado O’Connor, al parecer estaba en la casa donde fue baleado el empresario.
Sus hermanos Juan Carlos, Mario y Javier también son indagados, además de su primo Gonzalo Aramayo. Los dos primeros trabajaron en YPFB y los otros dos son socios de la fundación Khantati y estaban presentes el día del asalto.
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