lunes, 15 de julio de 2013
Ministerio Público se propone acabar con la corrupción en la institución
Durante tres jornadas, este fin de semana, los más de 80 fiscales determinaron también adoptar medidas para descongestionar las causas, transparentar su trabajo, luchar contra la corrupción interna y externa y reafirmar su autonomía e independencia a través de sus resoluciones.
Hasta el próximo 31 de diciembre se comprometieron, en la declaración final del evento, a mostrar resultados cuantificables sobre las causas en trámite, según dijo el fiscal General, Ramiro Guerrero.
El objetivo de esta unidad será combatir la corrupción y castigar la impunidad dentro del Ministerio Público y recuperar la imagen de esta institución.
domingo, 14 de julio de 2013
Bolivia figura entre países donde más se soborna
Bolivia es el país que más paga sobornos en Latinoamérica respecto al número de su población, así lo hizo conocer un informe de Transparencia Internacional en su Barómetro Global de Corrupción 2013, informó Oxígeno.
Según los datos de esta entidad internacional difundidos por BBC Mundo, en el último año, el 36% de los bolivianos admitió haber pagado un soborno en una institución pública. Detrás de Bolivia aparecen México con el 33%, Venezuela 27%, Paraguay 25%, Colombia 22%, Perú 20%, Argentina 13%, Chile 10% y Uruguay 3%.
Los datos muestran que los países que más sobornan son Sierra Leona (85%) y Liberia (75%). Y entre los países que menos lo hacen aparecen Australia, Dinamarca, Japón y Finlandia con el 1%.
viernes, 12 de julio de 2013
Los bolivianos creen que la Policia y los políticos son los más corruptos
El reciente Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional asegura que los bolivianos consideran a la Policía, a los partidos políticos y al Órgano Judicial como las instituciones más corruptas del país.
El informe relativo a Bolivia revela que un 86 por ciento de la población cree que la institución policial está afectada por la corrupción.
En segundo lugar, con un 78 por ciento , figuran los partidos políticos como los más corruptos y , en tercero, el Órgano Judicial, con un 76 por ciento de esta “lista negra”.
Un 69 por ciento considera que luego se ubican los funcionarios y servidores públicos, y el Órgano Legislativo con un 68 por ciento .
Las instituciones mejor posicionadas son las religiosas y los medios de comunicación. Sólo un 19 por ciento de los entrevistados cree que hay corrupción en las entidades religiosas y un 27 por ciento que este mal corroe a los medios.
La consulta de Transparencia Internacional se hizo a 114 mil personas de 107 países, quienes consideraron que la corrupción empeoró en los últimos dos años por culpa de los partidos políticos y los gobiernos.
Alejandro Salas, responsable de Transparencia Internacional para las Américas, dijo a EFE que Bolivia, México, Paraguay y Venezuela son los cuatro países latinoamericanos que peor han puntuado en casi todas las preguntas, algo que en los dos últimos casos vincula a una “institucionalidad muy débil”.
También se destaca el empeoramiento de Argentina y México, donde un 72 por ciento y un 71 por ciento de los encuestados, respectivamente, cree que el nivel de corrupción se ha incrementado.
La entidad liga estos dos resultados a las “expectativas” de sus ciudadanos. “No me sorprenden los resultados de Argentina y México porque son países que lo tienen todo para salir, pero en los que año a año surgen problemas”, comentó Salas.
Sólo en 11 de los 107 países analizados los encuestados creen percibir mejoras en la transparencia, lo que tampoco significa que la situación en términos absolutos sea buena: Azerbaiyán, Bélgica, Camboya, Fiji, Filipinas, Georgia, Ruanda, Serbia, Sudán del Sur, Sudán y Taiwán. Mientras, en otros 13 países la situación no ha variado en el último bienio y en los 83 restantes ha empeorado, apunta el estudio.
Los países con encuestados más pesimistas son Argelia, donde el 87 por ciento piensa que la situación ha empeorado, Líbano (84 por ciento ), Nigeria (84 por ciento ), Túnez (80 por ciento ) y Vanuatu (80 por ciento ).
En España, dos de cada tres creen que la corrupción se ha agravado desde 2011, un extremo que Salas relaciona en parte con una mayor sensibilidad social con el tema de la crisis.
Políticos cuestionados
El 51 por ciento de los interrogados a escala global considera que los partidos políticos son los más corruptos, seguidos por la policía (31 por ciento ) y por el poder judicial (24 por ciento ), las tres instituciones dedicadas a erradicar precisamente este mal, que en muchos países es un delito (cohecho).
Además, un 54 por ciento de los encuestados asegura que los gobiernos trabajan en parte o en gran medida para grupos de interés, aunque llaman la atención las tasas registradas en los países en crisis de la eurozona.
El informe relativo a Bolivia revela que un 86 por ciento de la población cree que la institución policial está afectada por la corrupción.
En segundo lugar, con un 78 por ciento , figuran los partidos políticos como los más corruptos y , en tercero, el Órgano Judicial, con un 76 por ciento de esta “lista negra”.
Un 69 por ciento considera que luego se ubican los funcionarios y servidores públicos, y el Órgano Legislativo con un 68 por ciento .
Las instituciones mejor posicionadas son las religiosas y los medios de comunicación. Sólo un 19 por ciento de los entrevistados cree que hay corrupción en las entidades religiosas y un 27 por ciento que este mal corroe a los medios.
La consulta de Transparencia Internacional se hizo a 114 mil personas de 107 países, quienes consideraron que la corrupción empeoró en los últimos dos años por culpa de los partidos políticos y los gobiernos.
Alejandro Salas, responsable de Transparencia Internacional para las Américas, dijo a EFE que Bolivia, México, Paraguay y Venezuela son los cuatro países latinoamericanos que peor han puntuado en casi todas las preguntas, algo que en los dos últimos casos vincula a una “institucionalidad muy débil”.
También se destaca el empeoramiento de Argentina y México, donde un 72 por ciento y un 71 por ciento de los encuestados, respectivamente, cree que el nivel de corrupción se ha incrementado.
La entidad liga estos dos resultados a las “expectativas” de sus ciudadanos. “No me sorprenden los resultados de Argentina y México porque son países que lo tienen todo para salir, pero en los que año a año surgen problemas”, comentó Salas.
Sólo en 11 de los 107 países analizados los encuestados creen percibir mejoras en la transparencia, lo que tampoco significa que la situación en términos absolutos sea buena: Azerbaiyán, Bélgica, Camboya, Fiji, Filipinas, Georgia, Ruanda, Serbia, Sudán del Sur, Sudán y Taiwán. Mientras, en otros 13 países la situación no ha variado en el último bienio y en los 83 restantes ha empeorado, apunta el estudio.
Los países con encuestados más pesimistas son Argelia, donde el 87 por ciento piensa que la situación ha empeorado, Líbano (84 por ciento ), Nigeria (84 por ciento ), Túnez (80 por ciento ) y Vanuatu (80 por ciento ).
En España, dos de cada tres creen que la corrupción se ha agravado desde 2011, un extremo que Salas relaciona en parte con una mayor sensibilidad social con el tema de la crisis.
Políticos cuestionados
El 51 por ciento de los interrogados a escala global considera que los partidos políticos son los más corruptos, seguidos por la policía (31 por ciento ) y por el poder judicial (24 por ciento ), las tres instituciones dedicadas a erradicar precisamente este mal, que en muchos países es un delito (cohecho).
Además, un 54 por ciento de los encuestados asegura que los gobiernos trabajan en parte o en gran medida para grupos de interés, aunque llaman la atención las tasas registradas en los países en crisis de la eurozona.
Dircabi investiga a los funcionarios por apropiación indebida de bienes del Estado
La dirección nacional de registro control y administración de bienes incautados Dircabi inició 69 procesos investigativos en contra de exfuncionarios, porque incurrieron en los delitos de apropiación indebida de bienes del Estado e incumplimiento de deberes mientras cumplían funciones.
Mirtha Jiménez, directora nacional de Dircabi, informó que con el fin de cambiar la imagen de la institución que no transparentaba su labor, ni hacia gestión, ahora se realizan acciones de mejoramiento institucional, entre ellos las denuncias contra exfuncionarios que se beneficiaron ilícitamente a su paso por Dircabi.
Advirtió que las denuncias continuarán contra más exfuncionarios que incurrieron en actos de corrupción. “Muchos exfuncionarios serán denunciados e investigados, estamos cumpliendo el mandato del Vicepresidente, de meter a la cárcel a los corruptos”, expresó Jiménez.
Señaló que otras acciones que se ejecutan son la inventariación y valoración de los bienes incautados para determinar su destino a través de una codificación de cada bien.
“Hubo tal negligencia en administraciones anteriores que no se preocuparon de verificar si el registro de los papeles existe”, lamentó la autoridad.
Informó que en las gestiones anteriores desaparecieron grandes cantidades de bienes a causa del sistema de registro, lo que fue aprovechado por los exfuncionarios y que ahora se realiza la georeferenciacion y auditorias de los bienes.
Según la directora la este trabajo se realiza en los bienes incautados desde la gestión 2006, pero que desde antes de la gestión 2005 los bienes habrían desaparecido a falta de un sistema de registro.
Mirtha Jiménez, directora nacional de Dircabi, informó que con el fin de cambiar la imagen de la institución que no transparentaba su labor, ni hacia gestión, ahora se realizan acciones de mejoramiento institucional, entre ellos las denuncias contra exfuncionarios que se beneficiaron ilícitamente a su paso por Dircabi.
Advirtió que las denuncias continuarán contra más exfuncionarios que incurrieron en actos de corrupción. “Muchos exfuncionarios serán denunciados e investigados, estamos cumpliendo el mandato del Vicepresidente, de meter a la cárcel a los corruptos”, expresó Jiménez.
Señaló que otras acciones que se ejecutan son la inventariación y valoración de los bienes incautados para determinar su destino a través de una codificación de cada bien.
“Hubo tal negligencia en administraciones anteriores que no se preocuparon de verificar si el registro de los papeles existe”, lamentó la autoridad.
Informó que en las gestiones anteriores desaparecieron grandes cantidades de bienes a causa del sistema de registro, lo que fue aprovechado por los exfuncionarios y que ahora se realiza la georeferenciacion y auditorias de los bienes.
Según la directora la este trabajo se realiza en los bienes incautados desde la gestión 2006, pero que desde antes de la gestión 2005 los bienes habrían desaparecido a falta de un sistema de registro.
Aprehende a una abogada por extorsión
La abogada Lizeth Marcela G. M. fue aprehendida en instalaciones del Tribunal Departamental de La Paz, imputada de los delitos de extorsión y estafa, informó Humberto Quispe, fiscal de materia.
De acuerdo con el informe del fiscal, la jurista cobró la suma de 23.000 bolivianos y 700 dólares a sus clientes implicados en un caso de falsificación de energizantes de la marca Kris, dinero que iba a ser entregados –supuestamente– a dos fiscales y un oficial de Policía.
“Los clientes y, a su vez, víctimas, denunciaron que su abogada defensora les solicitó la suma de 6.000 dólares que iban a ser entregados a la fiscal Mery Gutiérrez, al subteniente Víctor Hugo Gutiérrez y mi persona, Humberto Quispe, para que se los beneficie con el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que establece poner el caso a conocimiento del juez para que disponga su libertad”.
El Fiscal explicó que la profesional fue hallada en flagrancia por los efectivos de Inteligencia de la Policía porque los familiares de los imputados ya los habían alertado.
Proceso abreviado. Al ser descubierta y trasladada a la fuerza anticrimen de la zona Sur, la abogada admitió el cobro y devolvió las sumas de dinero a los afectados y, después, se acogió al proceso abreviado.
Quispe explicó que el Ministerio Público solicitó al juez la detención preventiva de la imputada en la carcel de Obrajes.
De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la abogada puede ser detenida de uno a tres años por acogerse al proceso abreviado, pena que será resuelta en la audiencia cautelar de hoy.
De acuerdo con el informe del fiscal, la jurista cobró la suma de 23.000 bolivianos y 700 dólares a sus clientes implicados en un caso de falsificación de energizantes de la marca Kris, dinero que iba a ser entregados –supuestamente– a dos fiscales y un oficial de Policía.
“Los clientes y, a su vez, víctimas, denunciaron que su abogada defensora les solicitó la suma de 6.000 dólares que iban a ser entregados a la fiscal Mery Gutiérrez, al subteniente Víctor Hugo Gutiérrez y mi persona, Humberto Quispe, para que se los beneficie con el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que establece poner el caso a conocimiento del juez para que disponga su libertad”.
El Fiscal explicó que la profesional fue hallada en flagrancia por los efectivos de Inteligencia de la Policía porque los familiares de los imputados ya los habían alertado.
Proceso abreviado. Al ser descubierta y trasladada a la fuerza anticrimen de la zona Sur, la abogada admitió el cobro y devolvió las sumas de dinero a los afectados y, después, se acogió al proceso abreviado.
Quispe explicó que el Ministerio Público solicitó al juez la detención preventiva de la imputada en la carcel de Obrajes.
De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la abogada puede ser detenida de uno a tres años por acogerse al proceso abreviado, pena que será resuelta en la audiencia cautelar de hoy.
Los presos por la red de extorsión se declaran confinados
Los abogados Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas se declararon víctimas de incomunicación y confinamiento en el PC-7 de Palmasola. Denunciaron que sus familiares y abogados fueron retirados de manera violenta ayer del penal cuando los visitaban. Además, denunciaron que personas a bordo de un vehículo sin placa les tomaron fotografías y los seguían.
Boris Villegas escribió una carta para denunciar que su abogado, Carmelo Alberio, estaba en el penal cuando los policías lo sacaron con torpeza coartándole el derecho a la legítima defensa. Similar acción dijo haber sufrido Wilma Limachi, madre de Rodas, y familiares de Rivera.
Villegas señala que la acción contra su abogado es una respuesta del Gobierno a su deseo de decir la verdad de todos los hechos que conoció desde 2007 hasta 2012. “Hago conocer esto porque no sabemos cuál será la próxima arremetida de estas personas perseguidas por su conciencia”, expresó.
Visita de una senadora
Ayer por la mañana, la senadora Carmen Eva Gonzales visitó a los detenidos y aseguró que les violaron sus derechos no solo físicos, sino también a la libertad de expresión, por lo que denunciará los abusos
Boris Villegas escribió una carta para denunciar que su abogado, Carmelo Alberio, estaba en el penal cuando los policías lo sacaron con torpeza coartándole el derecho a la legítima defensa. Similar acción dijo haber sufrido Wilma Limachi, madre de Rodas, y familiares de Rivera.
Villegas señala que la acción contra su abogado es una respuesta del Gobierno a su deseo de decir la verdad de todos los hechos que conoció desde 2007 hasta 2012. “Hago conocer esto porque no sabemos cuál será la próxima arremetida de estas personas perseguidas por su conciencia”, expresó.
Visita de una senadora
Ayer por la mañana, la senadora Carmen Eva Gonzales visitó a los detenidos y aseguró que les violaron sus derechos no solo físicos, sino también a la libertad de expresión, por lo que denunciará los abusos
miércoles, 10 de julio de 2013
Abren el proceso contra Soza y citan a 4 testigos
El Ministerio Público abrió las investigaciones sobre el presunto delito de soborno del que es acusado el exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza. Para ello ha citado a declarar para la próxima semana a cuatro personas, según informó por teléfono el fiscal Gómer Padilla, asignado al caso.
Padilla informó que ha pedido a su personal de apoyo citar a declarar al gobernador Rubén Costas, al exprefecto Zvonko Matkovic, a su hijo Zvonko Matkovic Ribera y al empresario Cristóbal Roda.
El fiscal no precisó la hora ni día exacto aún porque recién han salido a realizar las notificaciones y eso dependerá desde cuándo sean avisados con el contenido del tema en cuestión.
Padilla informó que se trata de cuatro testigos que fueron ofrecidos por la senadora de Convergencia Nacional, Carmen Eva Gonzales, que supuestamente tienen conocimientos de los hechos denunciados contra Soza.
Conexitud y audios. Asimismo, el representante del Ministerio Público informó que, aunque el caso originalmente se abrió en La Paz con el fiscal Genaro Quenta, igual le corresponde abrir las investigaciones en Santa Cruz hasta que en el transcurso del proceso vea si se trata de los mismos hechos y entonces unificar el caso.
Las investigaciones se iniciaron luego que la senadora Gonzales presentara dos audios en los que supuestamente aparece la voz del entonces fiscal Marcelo Soza señalando que el denominado caso Terrorismo o Rózsa fue un montaje del Gobierno para contrarrestar a los líderes que promovieron un movimiento autonómico contrario al régimen del presidente Evo Morales.
Las evidencias. Por su parte, la senadora Gonzales informó que ha presentado la denuncia contra Soza y contra quienes resulten encubridores por los delitos de cohecho pasivo propio, prevaricato fiscal, extorsión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y consorcio ilegal.
Por esa razón, pide la detención preventiva del fiscal Marcelo Soza antes que se dé a la fuga y considerando que “es experto en aparecer y desaparecer” como ha ocurrido varias veces aprovechando la protección que tiene de las autoridades de Gobierno.
También confirmó que en el audio presentado a la Fiscalía acompaña recortes de prensa con declaraciones de Ana Claudia Arruda admitiendo que Soza estuvo en su casa de la avenida Alemania, de Santa Cruz, donde los empresarios Cristóbal Roda y Zvonko Matkovic Fleig le entregaron dos sobres a Soza.
Precisó inclusive que Soza le pidió entretenerlos para que no se juntaran en la misma casa. Arruda supuestamente es tía de la ex Miss Bolivia y candidata a la gobernación beniana por el MAS, Jessica Jordan y está también en la lista de 25 personas que han sido llamadas a declarar.
Soza no responde. Se desconoce el paradero del exfiscal Marcelo Soza. Su abogado Moisés Ponce no responde al teléfono celular que siempre era ubicado.
La última aparición de ambos fue en La Paz hace tres semanas cuando anunciaron que estaban ingresando en la justicia una querella contra la senadora Carmen Eva Gonzales y el gobernador cruceño Rubén Costas.
Proceso
Hay 25 personas en la lista, entre ellos exabogados del Gobierno
Figuran Ana Claudia Arruda (supuesta tía de Jessica Jordan), el periodista Carlos Valverde Bravo, el gobernador Rubén Costas, el exagente del Gobierno Luis Nolberto Clavijo, Francisco Cirbián, Roly Aguilera, Zvonko Matkovic Fleig y su hijo Zvonko Matkovic, el empresario Cristóbal Roda, los exabogados, Denis Rodas Limachi, Fernando Rivera Tardío, Boris Villegas, el abogado Carlos Subirana, los fiscales Sergio Céspedes, Isabelino Gómez, Harry Suaznábar, César Romano, Sacha Llorentty, el ministro Juan Ramón Quintana, Jessica Jordan, Raúl García Linera, Richard Efre Cerda y Gustavo Torrico.
Cronograma El fiscal Gómer Padilla informó que en este caso la única que ha ratificado su denuncia es la senadora Carmen Eva Gonzales. A partir de ahí el fiscal evaluará a quiénes y cuándo va a convocar de acuerdo a la lista de testigos e involucrados, entre ellos el fiscal Marcelo Soza.
Punto de vista
Yimmy Ortiz
Analista Político
"Este es un escándalo plurinacional de extorsión"
"Capítulo tras capítulo se van develado los entretelones de esta sórdida historia política-judicial. La ciudadanía observa azorada los extremos a que es capaz de llegar el gobierno. El poder revela nuestro verdadero rostro.
En su reparto aparecen ministros, dragones, fiscales, espectros, jueces, brujas, abogados plenipotenciarios y Mefistófeles. Se sospecha también que están implicados el Rey y la Reina. Los que no están, son La viudita y El carretón de la otra vida, ellos pertenecen a una saga más benigna.
Hoy la guerra está centrada al interior de la propia estructura delincuencial. Las batallas se están dando entre los otrora operadores estrella y los actores intelectuales, camuflados en los laberintos de ministerios y palacios. La batalla es encarnizada, gangsteril, sin piedad ni cuartel. Sin Derechos Humanos, ni respeto a la ley, como es característico en ellos. Le meten nomás y listo.
Confieso que pocas esperanzas tengo que este caso se devele, como Dios manda. Esto terminará en nada, igual que con la quema de la Prefectura de Cochabamba, el golpe de Estado en Pando, la masacre de La Calancha. El cerco a Santa Cruz, Caranavi, el caso del narcogeneral Sanabria, Chaparina y otros. ¿Por qué tendría que ser diferente? Entre hermanos no se cornean. A los únicos que le están cayendo con todo el peso de su 'justicia' torcida, es a Leopoldo Fernández y a los del montaje ‘terrorista', ellos no son sus hermanos, son sus enemigos políticos".
Padilla informó que ha pedido a su personal de apoyo citar a declarar al gobernador Rubén Costas, al exprefecto Zvonko Matkovic, a su hijo Zvonko Matkovic Ribera y al empresario Cristóbal Roda.
El fiscal no precisó la hora ni día exacto aún porque recién han salido a realizar las notificaciones y eso dependerá desde cuándo sean avisados con el contenido del tema en cuestión.
Padilla informó que se trata de cuatro testigos que fueron ofrecidos por la senadora de Convergencia Nacional, Carmen Eva Gonzales, que supuestamente tienen conocimientos de los hechos denunciados contra Soza.
Conexitud y audios. Asimismo, el representante del Ministerio Público informó que, aunque el caso originalmente se abrió en La Paz con el fiscal Genaro Quenta, igual le corresponde abrir las investigaciones en Santa Cruz hasta que en el transcurso del proceso vea si se trata de los mismos hechos y entonces unificar el caso.
Las investigaciones se iniciaron luego que la senadora Gonzales presentara dos audios en los que supuestamente aparece la voz del entonces fiscal Marcelo Soza señalando que el denominado caso Terrorismo o Rózsa fue un montaje del Gobierno para contrarrestar a los líderes que promovieron un movimiento autonómico contrario al régimen del presidente Evo Morales.
Las evidencias. Por su parte, la senadora Gonzales informó que ha presentado la denuncia contra Soza y contra quienes resulten encubridores por los delitos de cohecho pasivo propio, prevaricato fiscal, extorsión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y consorcio ilegal.
Por esa razón, pide la detención preventiva del fiscal Marcelo Soza antes que se dé a la fuga y considerando que “es experto en aparecer y desaparecer” como ha ocurrido varias veces aprovechando la protección que tiene de las autoridades de Gobierno.
También confirmó que en el audio presentado a la Fiscalía acompaña recortes de prensa con declaraciones de Ana Claudia Arruda admitiendo que Soza estuvo en su casa de la avenida Alemania, de Santa Cruz, donde los empresarios Cristóbal Roda y Zvonko Matkovic Fleig le entregaron dos sobres a Soza.
Precisó inclusive que Soza le pidió entretenerlos para que no se juntaran en la misma casa. Arruda supuestamente es tía de la ex Miss Bolivia y candidata a la gobernación beniana por el MAS, Jessica Jordan y está también en la lista de 25 personas que han sido llamadas a declarar.
Soza no responde. Se desconoce el paradero del exfiscal Marcelo Soza. Su abogado Moisés Ponce no responde al teléfono celular que siempre era ubicado.
La última aparición de ambos fue en La Paz hace tres semanas cuando anunciaron que estaban ingresando en la justicia una querella contra la senadora Carmen Eva Gonzales y el gobernador cruceño Rubén Costas.
Proceso
Hay 25 personas en la lista, entre ellos exabogados del Gobierno
Figuran Ana Claudia Arruda (supuesta tía de Jessica Jordan), el periodista Carlos Valverde Bravo, el gobernador Rubén Costas, el exagente del Gobierno Luis Nolberto Clavijo, Francisco Cirbián, Roly Aguilera, Zvonko Matkovic Fleig y su hijo Zvonko Matkovic, el empresario Cristóbal Roda, los exabogados, Denis Rodas Limachi, Fernando Rivera Tardío, Boris Villegas, el abogado Carlos Subirana, los fiscales Sergio Céspedes, Isabelino Gómez, Harry Suaznábar, César Romano, Sacha Llorentty, el ministro Juan Ramón Quintana, Jessica Jordan, Raúl García Linera, Richard Efre Cerda y Gustavo Torrico.
Cronograma El fiscal Gómer Padilla informó que en este caso la única que ha ratificado su denuncia es la senadora Carmen Eva Gonzales. A partir de ahí el fiscal evaluará a quiénes y cuándo va a convocar de acuerdo a la lista de testigos e involucrados, entre ellos el fiscal Marcelo Soza.
Punto de vista
Yimmy Ortiz
Analista Político
"Este es un escándalo plurinacional de extorsión"
"Capítulo tras capítulo se van develado los entretelones de esta sórdida historia política-judicial. La ciudadanía observa azorada los extremos a que es capaz de llegar el gobierno. El poder revela nuestro verdadero rostro.
En su reparto aparecen ministros, dragones, fiscales, espectros, jueces, brujas, abogados plenipotenciarios y Mefistófeles. Se sospecha también que están implicados el Rey y la Reina. Los que no están, son La viudita y El carretón de la otra vida, ellos pertenecen a una saga más benigna.
Hoy la guerra está centrada al interior de la propia estructura delincuencial. Las batallas se están dando entre los otrora operadores estrella y los actores intelectuales, camuflados en los laberintos de ministerios y palacios. La batalla es encarnizada, gangsteril, sin piedad ni cuartel. Sin Derechos Humanos, ni respeto a la ley, como es característico en ellos. Le meten nomás y listo.
Confieso que pocas esperanzas tengo que este caso se devele, como Dios manda. Esto terminará en nada, igual que con la quema de la Prefectura de Cochabamba, el golpe de Estado en Pando, la masacre de La Calancha. El cerco a Santa Cruz, Caranavi, el caso del narcogeneral Sanabria, Chaparina y otros. ¿Por qué tendría que ser diferente? Entre hermanos no se cornean. A los únicos que le están cayendo con todo el peso de su 'justicia' torcida, es a Leopoldo Fernández y a los del montaje ‘terrorista', ellos no son sus hermanos, son sus enemigos políticos".
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