El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara Alta e integrante de la comisión Especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que debe investigar los contratos entre la empresa China CAMC y el Estado, Arturo Murillo, solicitó que se llame a Gabriela Zapata, gerente de esa firma y exnovia de Evo Morales.
"Si mañana no se quiere iniciar con la investigación a Gabriela Zapata, de nada sirve la Comisión Especial; (entonces), tiene que investigarse todos los posibles tráficos de influencia de Zapata porque ése es la punta de ovillo, por ahí se va a encontrar a todos los que están haciendo negocios con Zapata", afirmó la autoridad.
Hace una semana, la Asamblea Legislativa conformó la Comisión Multipartidaria para investigar las denuncias de presuntos hechos de tráfico de influencias entre el Gobierno y la empresa China CAMC, a través de la expareja del presidente.
Esa instancia está integrada por los diputados Javier Zabaleta, Manuel Canelas, Susana Rivero, Víctor Borda, Romina Pérez, los senadores Milton Barón y Rubén Medinaceli del MAS. UD tiene al senador Oscar Ortiz, los diputados Wilson Santamaría y Griselda Muñoz. El Partido Demócrata Cristiano acreditó al senador Víctor Hugo Zamora y la diputada Norma Piérola.
lunes, 22 de febrero de 2016
Suman denuncias a la gestión de Lino por contrataciones
Nuevos documentos a los que tuvo acceso El País eN develan más lados oscuros en la contratación de consultoras y supervisoras en la gestión de Lino Condori. Esta vez se conoció que la Secretaría de Obras Públicas, entre septiembre y diciembre del pasado año 2015, hizo llegar tres llamadas de atención a la empresa consultora Conbolat, relacionadas a la presencia de un mismo gerente de proyecto y especialista en tres obras o contratos con la misma institución, hecho prohibido por los mismos contratos, que exigen que, en cada uno de ellos, el gerente del proyecto esté a tiempo completo en obra.
En la primera y segunda llamada de atención, de 25 de septiembre y de 30 de diciembre, respectivamente, el fiscal de obra detalla que se comprobó la presencia del ingeniero Abraham Rodrigo Alcoba Trujillo como gerente de proyecto en el contrato de supervisión técnica de la obra Construcción y Equipamiento Oncológico de Tarija. El mismo profesional aparece en el mismo cargo para la Construcción Hospital Materno Infantil Tarija. También aparece como Especialista en Instalaciones Hidrosanitarias en la obra Refacción y Ampliación de los Servicios de Emergencias, Esterilización y Archivo Clínico y Neonatología.
El mismo fiscal recuerda a Conbolat, gerentada por el mismo Alcoba, que los contratos exigen que el gerente de proyecto “tendrá residencia en el lugar previsto en el Documento Base de Contratación, prestará servicios a tiempo completo...”.
Añade que tal situación irregular (la de prestar servicios a “tiempo completo” en al menos tres obras para la misma institución), al ser materialmente imposible, conlleva un incumplimiento del contrato, causal suficiente para resolverlo por incumplimiento del Contratista.
Pero en días pasados El País eN conoció documentos que evidencian que el ingeniero Alcoba Trujillo se adjudicó otros trabajos de supervisión a título personal, como la Supervisión de la Construcción del Sistema de Microriego Quebrada Chica en Bermejo, función que habría ejercido simultáneamente a los otros proyectos citados.
Otros documentos revelan que también ejerció como gerente de supervisión de la obra Construcción Puentes Vehiculares Quebrada Honda - Quebrada Rosario en Yunchará, zona donde el ex gobernador interino Lino Condori fue elegido como asambleísta, desde donde se catapultó a gobernador interino, tras la huida de Mario Cossío en diciembre de 2010.
Esta última obra fue contratada por la Subgobernación de Yunchará en 2014.
Pero ¿por qué exactamente se resolvió el contrato con Conbolat en el diseño del hospital Oncológico o en la supervisión del hospital Materno Infantil?
Según la información difundida en pasadas semanas, en el caso del Oncológico fue la propia empresa supervisora Conbolat, pese a los antecedentes citados, la que cursó la carta de intención de resolución de contrato a la Gobernación.
Sin embargo, la falta de firma de convenios entre la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia del Estado y la Gobernación, así como la aprobación de estos por parte de la Asamblea Legislativa y otros trámites burocráticos, fueron los que pesaron para la resolución del contrato.
domingo, 21 de febrero de 2016
Trece expresidentes de Latinoamérica, en la mira por corrupción
La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica. Trece expresidentes fueron acusados de corrupción. Algunos de estos casos avanzaron hasta una sentencia y otros están en investigación.
1. BRASIL
La Fiscalía de Sao Paulo inició una investigación contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) por un supuesto blanqueo de dinero que estaría asociado a la corrupción en Petrobras. El expresidente sería propietario de un apartamento que no aparece en sus declaraciones fiscales, lo que es un delito.
2. PERÚ
El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) cumple desde 2009 una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y de corrupción.
3. ARGENTINA
El expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999) es juzgado por pago de sobresueldos a los altos funcionarios, con dinero presupuestado para otros destinos, según el Centro de Información Judicial. Tiene otros procesos en su contra.
4. EL SALVADOR
El expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), fallecido el 30 de enero de este año tras un accidente vascular que le causó un daño neurológico irreversible, fue acusado de apropiarse de cinco millones de dólares y desviar otros diez a una cuenta de su partido político. El dinero era proveniente de las donaciones taiwanesas y tenían como destino programas de reconstrucción y atención a víctimas de dos terremotos.
5-6. PANAMÁ
La Corte Suprema de Justicia de Panamá remontó, tras casi siete meses de suspensión, una investigación por supuestas compras irregulares autorizadas por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El exmandatario también enfrenta otros seis procesos por supuesta corrupción. Martinelli, que salió de su país hace un año, está vinculado con la firma de un contrato con supuestos sobrecostos para la compra de comida deshidratada de su cadena de supermercados. Tuvo un valor de 45 millones de dólares y se hizo a través de una agencia estatal. Se lo acusa de ganar contratos a precios inflados. En ese mismo país, la expresidenta Mireya Moscoso (2000-2004) es investigada por el uso de partidas secretas durante su mandato y el destino de 45 millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwán.
7. HONDURAS
El Gobierno de Honduras anunció que los EEUU pidió la extradición del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), acusado de recibir comisiones ilegales por contratos de transmisión televisiva de partidos cuando era presidente de la Federación Hondureña de Fútbol. La Fiscalía suspendió otro proceso en su contra por el desvío de 20 millones de dólares a cuentas personales de un fondo para subsidiar a los consumidores de petróleo y por la venta de maquinaria del Estado a precios subvaluados a los allegados a su gobierno.
8-9. GUATEMALA
Otto Pérez Molina (2012-2015) tuvo que dimitir de la presidencia de Guatemala en septiembre por un caso de corrupción. Espera en la cárcel el día de su juicio. Se lo acusa de pedir pagos a empresarios a cambio de liberar sus mercancías en las aduanas. La investigación de meses estuvo liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG) y sus fiscales extranjeros al mando de un colombiano. Otro expresidente, Alfonso Portillo (2000-2004), se halla autoexiliado en México. Es investigado por la presunta transferencia de unos 3.7 millones de dólares de fondos públicos a cuentas privadas fuera de su país.
10-11. COSTA RICA
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) se encuentra con arresto domiciliario, acusado de recibir millonarios sobornos por parte de la trasnacional francesa Alcatel, del Gobierno de Taiwán y de la compañía española Inabensa. Así devela la investigación del fiscal general Francisco Dall’Anesse.
Otro expresidente, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) fue imputado por la Fiscalía en el pago de “comisiones” por un préstamo de 29 millones de dólares del Gobierno de Finlandia a la Caja Costarricense de Seguro Social.
12-13. NICARAGUA
El Congreso de Nicaragua analiza una solicitud de la Contraloría General de destituir al presidente Enrique Bolaños (1990-1994) por negarse a explicar el origen y el destino de más de 300.000 dólares recibidos durante la campaña electoral de 2001.
Otro expresidente, Arnoldo Alemán (1997-2002) permaneció bajo arresto domiciliario y luego fue absuelto de uno de los cargos de corrupción que pesaban en su contra por desvío de fondos públicos.
Apuntes
La situación
La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica y así lo demuestra el último Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la ONG Transparencia Internacional.
Más transparente
En la región latinoamericana, Uruguay sigue a la cabeza como el país más transparente y ocupa el puesto 21 de la tabla, con 74 puntos del máximo de 100, que denotaría la ausencia total de corrupción.
Descenso
El estudio basado en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en el público, destaca el caso de Brasil, el país que más descendió en el índice mundial (cinco puntos), tras salir a la luz el escándalo de Petrobras. También bajó cuatro puntos Guatemala y Chile perdió dos puntos.
La tabla
Chile ocupa el puesto 23 y Costa Rica en el 40. La peor calificación es para Venezuela que está en el puesto 158.
La mano derecha del poder
Las exautoridades de los diferentes países de Latinoamérica también son investigadas por diferentes delitos.
El exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015) será procesado por el delito de “dádivas”. Habría realizado vuelos en un avión privado por el que nadie pagó. Ya tiene un proceso anterior por otro caso similar y negociaciones incompatibles con su cargo por la compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone y por la supuesta falsificación de la documentación de un automóvil de su propiedad. Tiene prohibido salir del país.
También, en Guatemala, el exvicepresidente Francisco Reyes (2000-2004) está en prisión acusado de pretender apropiarse de un terreno del Patronato Antialcohólico. En Panamá, se investiga actualmente a Marta Susana de Varela, quien fue viceministra de Desarrollo Social, durante el gobierno de Martinelli y tía del actual presidente del país, Juan Carlos Varela por la compra de comida deshidratada.
Los hijos y hermanos que incomodan a los líderes políticos por sus acciones
Algunos familiares de los gobernantes o políticos de América Latina son vinculados a casos de corrupción y tráfico de influencias, lo que les permitió aumentar su fortuna de manera considerable. Esto demuestra que la política también puede ser un negocio de familia.
El más reciente caso es del hijo de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en EEUU e Irán. El hijo mayor de la Mandataria y del fallecido expresidente Néstor Kirchner y su hermana Florencia figuran como directores suplentes de la sociedad Hotesur de la que es accionista su madre.
Esta sociedad es investigada por la Justicia por presuntas irregularidades administrativas.
También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es investigado junto a su esposa Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada. El caso es de un negocio inmobiliario en el que Sebastián adquirió tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de uno de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mayor.
Fabio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, fue cuestionado por los jugosos negocios con grandes empresas que consiguió como propietario de una compañía de desarrollo de juegos de computador cuando su padre, Luiz Inácio Lula da Silva era presidente de Brasil. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente.
En Colombia, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013, cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con inversiones en un paraíso fiscal. Ambos ya fueron acusados de tráfico de influencias mientras su padre era presidente. También el hermano de Uribe, Santiago, fue acusado de colaborar en el asesinato de un conductor de autobús como parte de una estrategia del grupo paramilitar “Los doce apóstoles”.
En Perú, el hermano del mandatario Ollanta Humala, Antauro, está condenado a 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en 2005.
Los gobiernos afectados por sus funcionarios
En Venezuela, tres jefes de empresas estatales venezolanas de alimentos fueron apresados y acusados de corrupción. Se trata de la presidente y la administradora de la estatal Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Héber Aguilar y Bárbara Figueroa, y la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario, Bárbara González. El ministro venezolano del Interior, Gustavo Gonzales, explicó que los empleados públicos detenidos sacaban provecho individual de la venta "de los alimentos de los humildes, de los pobres que eran desviados a una red privada que estamos investigando" y que aglutina supermercados, empresas de servicios y restaurantes.
González mostró un video en el que se aprecia grandes cantidades de dinero en efectivo hallado, dijo, en las oficinas, los domicilios y hasta en los vehículos estatales al servicio de los tres detenidos.
En Brasil, la justicia electoral despojó de su mandato al gobernador del estado Amazonas, José Melo, por el delito de “compra de votos” en los comicios celebrados en 2014, en los que fue reelegido. Se lo acusa de distribuir dinero entre miles de electores a cambio de votos. El dinero habría sido obtenido en forma fraudulenta de los cofres públicos.
En Perú, un tribunal condenó a 11 años de prisión a la exalcaldesa del distrito de Santa María del Valle, en la región peruana de Huánuco, Aydee Salazar de Ríos, por delitos de malversación de fondos en su gestión.
La Sala penal liquidadora de la Corte dictó la sentencia a pesar de que no asistieron los acusados, por lo que ordenó su ubicación y captura.
Otros tres exfuncionarios fueron condenados a siete años de prisión y un exservidor municipal a cuatro años. Se habrían apropiado indebidamente de fondos de la municipalidad a través de la sobrevaluación en las obras ejecutadas por designación directa, sin contar con los respectivos expedientes.
En Argentina, el fiscal Carlos Rívolo pidió procesar al exalcalde de la ciudad costera de Necochea, Héctor Tellechea, acompañante del exvicepresidente Amado Boudou, en uno de los viajes investigados para ir a un acto político en 2011, sin tener la habilitación del vuelo.
Frente a esta situación, comienzan a verse movimiento de millones de personas en las calles pidiendo que se ponga freno a la corrupción. Las últimas protestas se dieron en Guatemala, Honduras y Brasil.
1. BRASIL
La Fiscalía de Sao Paulo inició una investigación contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) por un supuesto blanqueo de dinero que estaría asociado a la corrupción en Petrobras. El expresidente sería propietario de un apartamento que no aparece en sus declaraciones fiscales, lo que es un delito.
2. PERÚ
El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) cumple desde 2009 una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y de corrupción.
3. ARGENTINA
El expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999) es juzgado por pago de sobresueldos a los altos funcionarios, con dinero presupuestado para otros destinos, según el Centro de Información Judicial. Tiene otros procesos en su contra.
4. EL SALVADOR
El expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), fallecido el 30 de enero de este año tras un accidente vascular que le causó un daño neurológico irreversible, fue acusado de apropiarse de cinco millones de dólares y desviar otros diez a una cuenta de su partido político. El dinero era proveniente de las donaciones taiwanesas y tenían como destino programas de reconstrucción y atención a víctimas de dos terremotos.
5-6. PANAMÁ
La Corte Suprema de Justicia de Panamá remontó, tras casi siete meses de suspensión, una investigación por supuestas compras irregulares autorizadas por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El exmandatario también enfrenta otros seis procesos por supuesta corrupción. Martinelli, que salió de su país hace un año, está vinculado con la firma de un contrato con supuestos sobrecostos para la compra de comida deshidratada de su cadena de supermercados. Tuvo un valor de 45 millones de dólares y se hizo a través de una agencia estatal. Se lo acusa de ganar contratos a precios inflados. En ese mismo país, la expresidenta Mireya Moscoso (2000-2004) es investigada por el uso de partidas secretas durante su mandato y el destino de 45 millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwán.
7. HONDURAS
El Gobierno de Honduras anunció que los EEUU pidió la extradición del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), acusado de recibir comisiones ilegales por contratos de transmisión televisiva de partidos cuando era presidente de la Federación Hondureña de Fútbol. La Fiscalía suspendió otro proceso en su contra por el desvío de 20 millones de dólares a cuentas personales de un fondo para subsidiar a los consumidores de petróleo y por la venta de maquinaria del Estado a precios subvaluados a los allegados a su gobierno.
8-9. GUATEMALA
Otto Pérez Molina (2012-2015) tuvo que dimitir de la presidencia de Guatemala en septiembre por un caso de corrupción. Espera en la cárcel el día de su juicio. Se lo acusa de pedir pagos a empresarios a cambio de liberar sus mercancías en las aduanas. La investigación de meses estuvo liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG) y sus fiscales extranjeros al mando de un colombiano. Otro expresidente, Alfonso Portillo (2000-2004), se halla autoexiliado en México. Es investigado por la presunta transferencia de unos 3.7 millones de dólares de fondos públicos a cuentas privadas fuera de su país.
10-11. COSTA RICA
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) se encuentra con arresto domiciliario, acusado de recibir millonarios sobornos por parte de la trasnacional francesa Alcatel, del Gobierno de Taiwán y de la compañía española Inabensa. Así devela la investigación del fiscal general Francisco Dall’Anesse.
Otro expresidente, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) fue imputado por la Fiscalía en el pago de “comisiones” por un préstamo de 29 millones de dólares del Gobierno de Finlandia a la Caja Costarricense de Seguro Social.
12-13. NICARAGUA
El Congreso de Nicaragua analiza una solicitud de la Contraloría General de destituir al presidente Enrique Bolaños (1990-1994) por negarse a explicar el origen y el destino de más de 300.000 dólares recibidos durante la campaña electoral de 2001.
Otro expresidente, Arnoldo Alemán (1997-2002) permaneció bajo arresto domiciliario y luego fue absuelto de uno de los cargos de corrupción que pesaban en su contra por desvío de fondos públicos.
Apuntes
La situación
La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica y así lo demuestra el último Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la ONG Transparencia Internacional.
Más transparente
En la región latinoamericana, Uruguay sigue a la cabeza como el país más transparente y ocupa el puesto 21 de la tabla, con 74 puntos del máximo de 100, que denotaría la ausencia total de corrupción.
Descenso
El estudio basado en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en el público, destaca el caso de Brasil, el país que más descendió en el índice mundial (cinco puntos), tras salir a la luz el escándalo de Petrobras. También bajó cuatro puntos Guatemala y Chile perdió dos puntos.
La tabla
Chile ocupa el puesto 23 y Costa Rica en el 40. La peor calificación es para Venezuela que está en el puesto 158.
La mano derecha del poder
Las exautoridades de los diferentes países de Latinoamérica también son investigadas por diferentes delitos.
El exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015) será procesado por el delito de “dádivas”. Habría realizado vuelos en un avión privado por el que nadie pagó. Ya tiene un proceso anterior por otro caso similar y negociaciones incompatibles con su cargo por la compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone y por la supuesta falsificación de la documentación de un automóvil de su propiedad. Tiene prohibido salir del país.
También, en Guatemala, el exvicepresidente Francisco Reyes (2000-2004) está en prisión acusado de pretender apropiarse de un terreno del Patronato Antialcohólico. En Panamá, se investiga actualmente a Marta Susana de Varela, quien fue viceministra de Desarrollo Social, durante el gobierno de Martinelli y tía del actual presidente del país, Juan Carlos Varela por la compra de comida deshidratada.
Los hijos y hermanos que incomodan a los líderes políticos por sus acciones
Algunos familiares de los gobernantes o políticos de América Latina son vinculados a casos de corrupción y tráfico de influencias, lo que les permitió aumentar su fortuna de manera considerable. Esto demuestra que la política también puede ser un negocio de familia.
El más reciente caso es del hijo de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en EEUU e Irán. El hijo mayor de la Mandataria y del fallecido expresidente Néstor Kirchner y su hermana Florencia figuran como directores suplentes de la sociedad Hotesur de la que es accionista su madre.
Esta sociedad es investigada por la Justicia por presuntas irregularidades administrativas.
También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es investigado junto a su esposa Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada. El caso es de un negocio inmobiliario en el que Sebastián adquirió tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de uno de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mayor.
Fabio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, fue cuestionado por los jugosos negocios con grandes empresas que consiguió como propietario de una compañía de desarrollo de juegos de computador cuando su padre, Luiz Inácio Lula da Silva era presidente de Brasil. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente.
En Colombia, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013, cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con inversiones en un paraíso fiscal. Ambos ya fueron acusados de tráfico de influencias mientras su padre era presidente. También el hermano de Uribe, Santiago, fue acusado de colaborar en el asesinato de un conductor de autobús como parte de una estrategia del grupo paramilitar “Los doce apóstoles”.
En Perú, el hermano del mandatario Ollanta Humala, Antauro, está condenado a 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en 2005.
Los gobiernos afectados por sus funcionarios
En Venezuela, tres jefes de empresas estatales venezolanas de alimentos fueron apresados y acusados de corrupción. Se trata de la presidente y la administradora de la estatal Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Héber Aguilar y Bárbara Figueroa, y la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario, Bárbara González. El ministro venezolano del Interior, Gustavo Gonzales, explicó que los empleados públicos detenidos sacaban provecho individual de la venta "de los alimentos de los humildes, de los pobres que eran desviados a una red privada que estamos investigando" y que aglutina supermercados, empresas de servicios y restaurantes.
González mostró un video en el que se aprecia grandes cantidades de dinero en efectivo hallado, dijo, en las oficinas, los domicilios y hasta en los vehículos estatales al servicio de los tres detenidos.
En Brasil, la justicia electoral despojó de su mandato al gobernador del estado Amazonas, José Melo, por el delito de “compra de votos” en los comicios celebrados en 2014, en los que fue reelegido. Se lo acusa de distribuir dinero entre miles de electores a cambio de votos. El dinero habría sido obtenido en forma fraudulenta de los cofres públicos.
En Perú, un tribunal condenó a 11 años de prisión a la exalcaldesa del distrito de Santa María del Valle, en la región peruana de Huánuco, Aydee Salazar de Ríos, por delitos de malversación de fondos en su gestión.
La Sala penal liquidadora de la Corte dictó la sentencia a pesar de que no asistieron los acusados, por lo que ordenó su ubicación y captura.
Otros tres exfuncionarios fueron condenados a siete años de prisión y un exservidor municipal a cuatro años. Se habrían apropiado indebidamente de fondos de la municipalidad a través de la sobrevaluación en las obras ejecutadas por designación directa, sin contar con los respectivos expedientes.
En Argentina, el fiscal Carlos Rívolo pidió procesar al exalcalde de la ciudad costera de Necochea, Héctor Tellechea, acompañante del exvicepresidente Amado Boudou, en uno de los viajes investigados para ir a un acto político en 2011, sin tener la habilitación del vuelo.
Frente a esta situación, comienzan a verse movimiento de millones de personas en las calles pidiendo que se ponga freno a la corrupción. Las últimas protestas se dieron en Guatemala, Honduras y Brasil.
Controversia sobre desaparición de pruebas en caso Terrorismo I
Un arma y un mapa de la ciudad de Santa Cruz fueron dados como prueba para la acusación formal contra los implicados en el denominado caso Terrorismo I.
Funcionarios judiciales de la ciudad de La Paz fueron a conocer este extremo bajo el cuidado de no dar a conocer su identidad para evitar represalias. Las pruebas fueron presentadas por el fiscal Marcelo Soza y así sustentar su acusación formal en contra de 39 personas.
De acuerdo con el detalle, esas pruebas consisten en un arma de fuego y un mapa de la ciudad de Santa Cruz. Ese extremo, sin embargo, fue negado por el presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández, a tiempo de señalar que se cuenta con una lista de las pruebas, pero desconoce alguna denuncia formal en sentido de que se habrían perdido algunas de estas.
En el portal de El Deber se informó que el año pasado en la audiencia de juicio se hicieron presentes técnicos de la Universidad Policial para investigar huellas digitales y otras evidencias entre las cajas y bolsones de las pruebas.
Los técnicos con uniforme rojo requisaron las cajas buscando las pruebas, pero no se rindió informes sobre el resultado. Funcionarios judiciales hicieron conocer que hace tiempo no se llevan las pruebas para exponerlas en las audiencias, como establecen los procedimientos.
Asimismo, se deja constancia que el 3 de febrero de 2012 el secretario del juzgado octavo, Juan Pablo Pastor Aguilera, dejó pruebas materiales y documentales de la Fiscalía contra Mario Tadic y otros en sala del Tribunal Séptimo de Sentencia, pero aclaró en su acta que ello no implicaba la entrega definitiva de manera formal. Dejó constancia de que no se tiene un detalle de la descripción, cantidad ni otras especificaciones.
FISCAL
Al respecto el fiscal Marco Antonio Rodríguez, componente de la comisión de fiscales que sigue el proceso del caso Terrorismo I, afirmó que la denuncia sobre la pérdida de pruebas se deberá en la audiencia del desfile probatorio, que es parte del juicio oral que se ventila en la ciudad de Santa Cruz.
En contacto telefónico, el fiscal Rodríguez sostuvo que los abogados de la defensa manejaron ese “rumor” desde hace tiempo, pero deslindó todo tipo de responsabilidad en la manipulación de las pruebas, tomando en cuenta que las mismas se encuentran en custodia del Tribunal Primero de Sentencia, donde se ventila el juicio oral.
“No conocemos ese extremo porque todo está bajo control jurisdiccional del Tribunal Sexto”, afirmó el fiscal Rodríguez.
Asimismo, mencionó que todas las pruebas fueron presentadas en su momento por el fiscal Marcelo Soza, para luego dar a conocer la acusación respectiva que derivó luego en el juicio oral.
El caso Terrorismo I se investiga a partir del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y del operativo del 16 de abril de 2009, en el hotel Las Américas, donde mueren el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. En dicho operativo fueron arrestados el húngaro Elód Tóasó y el boliviano Mario Tadic.
El proceso cambió de rumo luego de que Villa Vargas ‘El Viejo’ Mario Tadic, Elod Toaso. Juan Kudelka y Zoilo Salces se sometieron a juicio abreviado. En tanto que Zvonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y Gelafio Santistevan siguen presos y juran inocencia.
Funcionarios judiciales de la ciudad de La Paz fueron a conocer este extremo bajo el cuidado de no dar a conocer su identidad para evitar represalias. Las pruebas fueron presentadas por el fiscal Marcelo Soza y así sustentar su acusación formal en contra de 39 personas.
De acuerdo con el detalle, esas pruebas consisten en un arma de fuego y un mapa de la ciudad de Santa Cruz. Ese extremo, sin embargo, fue negado por el presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández, a tiempo de señalar que se cuenta con una lista de las pruebas, pero desconoce alguna denuncia formal en sentido de que se habrían perdido algunas de estas.
En el portal de El Deber se informó que el año pasado en la audiencia de juicio se hicieron presentes técnicos de la Universidad Policial para investigar huellas digitales y otras evidencias entre las cajas y bolsones de las pruebas.
Los técnicos con uniforme rojo requisaron las cajas buscando las pruebas, pero no se rindió informes sobre el resultado. Funcionarios judiciales hicieron conocer que hace tiempo no se llevan las pruebas para exponerlas en las audiencias, como establecen los procedimientos.
Asimismo, se deja constancia que el 3 de febrero de 2012 el secretario del juzgado octavo, Juan Pablo Pastor Aguilera, dejó pruebas materiales y documentales de la Fiscalía contra Mario Tadic y otros en sala del Tribunal Séptimo de Sentencia, pero aclaró en su acta que ello no implicaba la entrega definitiva de manera formal. Dejó constancia de que no se tiene un detalle de la descripción, cantidad ni otras especificaciones.
FISCAL
Al respecto el fiscal Marco Antonio Rodríguez, componente de la comisión de fiscales que sigue el proceso del caso Terrorismo I, afirmó que la denuncia sobre la pérdida de pruebas se deberá en la audiencia del desfile probatorio, que es parte del juicio oral que se ventila en la ciudad de Santa Cruz.
En contacto telefónico, el fiscal Rodríguez sostuvo que los abogados de la defensa manejaron ese “rumor” desde hace tiempo, pero deslindó todo tipo de responsabilidad en la manipulación de las pruebas, tomando en cuenta que las mismas se encuentran en custodia del Tribunal Primero de Sentencia, donde se ventila el juicio oral.
“No conocemos ese extremo porque todo está bajo control jurisdiccional del Tribunal Sexto”, afirmó el fiscal Rodríguez.
Asimismo, mencionó que todas las pruebas fueron presentadas en su momento por el fiscal Marcelo Soza, para luego dar a conocer la acusación respectiva que derivó luego en el juicio oral.
El caso Terrorismo I se investiga a partir del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y del operativo del 16 de abril de 2009, en el hotel Las Américas, donde mueren el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. En dicho operativo fueron arrestados el húngaro Elód Tóasó y el boliviano Mario Tadic.
El proceso cambió de rumo luego de que Villa Vargas ‘El Viejo’ Mario Tadic, Elod Toaso. Juan Kudelka y Zoilo Salces se sometieron a juicio abreviado. En tanto que Zvonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y Gelafio Santistevan siguen presos y juran inocencia.
sábado, 20 de febrero de 2016
ExFondioc benefició con dos proyectos a una misma familia
Los 84.738,54 bolivianos para un proyecto de riego del exFondioc, en Arani, fueron desembolsados a la cuenta personal de Carolina Aguilar Flores, hija de Damiana Flores Gonzáles, quien recibió 142.779,46 bolivianos para otro proyecto en el mismo municipio.
Según los comunarios, el primer proyecto fue abandonado y el otro no existe, aunque la Interventora del exFondioc afirma que el dinero fue devuelto.
En un recorrido realizado por este medio, el pasado jueves, se constató que en el municipio de Arani no existe el proyecto “Perforación de pozo más tanque semienterrado para agua potable y riego en la comunidad de Villa Flores” que recibió un desembolso de 84.738,54 bolivianos.
El dinero desembolsado para ese proyecto figura a nombre de Aguilar Flores, la hija de Flores Gonzáles que recibió recursos para la ejecución del proyecto “Perforación de un pozo para riego Chilijchi–Villa Barrientos”, que actualmente está abandonado.
El exFondioc fue intervenido al descubrirse varios casos de corrupción y malversación de fondos en proyectos “fantasma”.
Según el informe de la Interventora del exFondioc, Lariza Fuentes, no existe ningún proyecto “fantasma” en Cochabamba.
Datos proporcionados ayer por el área de Comunicación de la oficina de Fuentes señalan que cuando se realizó la verificación en sitio en el proyecto de Villa Flores, las dirigentes informaron que no se presentó una empresa constructora acorde a sus exigencias para ejecutar el proyecto, por lo que fue desestimado.
La información añade que Aguilar Flores devolvió el dinero a la cuenta única del Tesoro General del Estado el 31 de julio de 2015, fecha en que fenecía el plazo para devolución de recursos.
El proyecto figura en el informe como “proyecto con observaciones parciales que generan posible daño al Estado”.
Respecto al proyecto abandonado en Chilijchi, resta el desembolso de 95.019,65 bolivianos por lo que aún está pendiente.
Según la presidenta de la Asamblea Legislativa, Leonilda Zurita, los proyectos ejecutados en el valle alto son tuición de la Federación de Mujeres Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”.
Recordó que por requerimiento de algunos asambleístas, la Interventora realizó una explicación sobre los proyectos del exFondioc ante la Asamblea Legislativa, en la que no precisó el avance de cada proyecto.
Por su parte, el asambleísta Mario Orellana afirmó que la semana pasada presentó una carta para que la interventora Fuentes envíe el detalle de cada uno de los proyectos que corresponden a Cochabamba, tal como se comprometió en la presentación del informe ante la Asamblea Legislativa el pasado 3 de febrero.
En tanto, la dirigente de las “Bartolinas”, Juanita Ancieta, indicó que por respeto al trabajo de Fuentes no puede prestar declaraciones respecto a los proyectos del exFondioc.
Antecedentes
De los 1.100 proyectos del exFondioc que recibieron desembolso, 79 están en Cochabamba, por un valor de 51,6 millones de bolivianos. De esos 79 proyectos, 51 se encuentran ubicados en el trópico del departamento, el resto está en diferentes regiones.
A la fecha, alrededor de 20 millones de bolivianos no ejecutados en proyectos del exFondioc fueron recuperados desde el pasado año.
Según los comunarios, el primer proyecto fue abandonado y el otro no existe, aunque la Interventora del exFondioc afirma que el dinero fue devuelto.
En un recorrido realizado por este medio, el pasado jueves, se constató que en el municipio de Arani no existe el proyecto “Perforación de pozo más tanque semienterrado para agua potable y riego en la comunidad de Villa Flores” que recibió un desembolso de 84.738,54 bolivianos.
El dinero desembolsado para ese proyecto figura a nombre de Aguilar Flores, la hija de Flores Gonzáles que recibió recursos para la ejecución del proyecto “Perforación de un pozo para riego Chilijchi–Villa Barrientos”, que actualmente está abandonado.
El exFondioc fue intervenido al descubrirse varios casos de corrupción y malversación de fondos en proyectos “fantasma”.
Según el informe de la Interventora del exFondioc, Lariza Fuentes, no existe ningún proyecto “fantasma” en Cochabamba.
Datos proporcionados ayer por el área de Comunicación de la oficina de Fuentes señalan que cuando se realizó la verificación en sitio en el proyecto de Villa Flores, las dirigentes informaron que no se presentó una empresa constructora acorde a sus exigencias para ejecutar el proyecto, por lo que fue desestimado.
La información añade que Aguilar Flores devolvió el dinero a la cuenta única del Tesoro General del Estado el 31 de julio de 2015, fecha en que fenecía el plazo para devolución de recursos.
El proyecto figura en el informe como “proyecto con observaciones parciales que generan posible daño al Estado”.
Respecto al proyecto abandonado en Chilijchi, resta el desembolso de 95.019,65 bolivianos por lo que aún está pendiente.
Según la presidenta de la Asamblea Legislativa, Leonilda Zurita, los proyectos ejecutados en el valle alto son tuición de la Federación de Mujeres Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”.
Recordó que por requerimiento de algunos asambleístas, la Interventora realizó una explicación sobre los proyectos del exFondioc ante la Asamblea Legislativa, en la que no precisó el avance de cada proyecto.
Por su parte, el asambleísta Mario Orellana afirmó que la semana pasada presentó una carta para que la interventora Fuentes envíe el detalle de cada uno de los proyectos que corresponden a Cochabamba, tal como se comprometió en la presentación del informe ante la Asamblea Legislativa el pasado 3 de febrero.
En tanto, la dirigente de las “Bartolinas”, Juanita Ancieta, indicó que por respeto al trabajo de Fuentes no puede prestar declaraciones respecto a los proyectos del exFondioc.
Antecedentes
De los 1.100 proyectos del exFondioc que recibieron desembolso, 79 están en Cochabamba, por un valor de 51,6 millones de bolivianos. De esos 79 proyectos, 51 se encuentran ubicados en el trópico del departamento, el resto está en diferentes regiones.
A la fecha, alrededor de 20 millones de bolivianos no ejecutados en proyectos del exFondioc fueron recuperados desde el pasado año.
Caso Rózsa Declaración de testigo carece de credibilidad
En la jornada de ayer, el testigo del Ministerio Público, coronel de Policía Julio Larrea Moscoso, dijo que el ahora sentenciado Ignacio Villa Vargas se abrogaba la titularidad de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
Declaración que generó dudas entre algunos abogados de la defensa, al considerar que la misma carece de credibilidad. También dijo al titular del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, que los cartuchos colectados en el stand de Cotas eran los mismos que los recogidos en el polígono de la Villa Olímpica. Cerca del mediodía de ayer, Larrea le pidió al juez Fernández que su pudiera suspender la audiencia por la tarde, ya que recibió instrucción de volver de inmediato a La Paz. Por ello, el juzgador determinó para el lunes 29 a las 15:30 una nueva audiencia./El Día
Declaración que generó dudas entre algunos abogados de la defensa, al considerar que la misma carece de credibilidad. También dijo al titular del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, que los cartuchos colectados en el stand de Cotas eran los mismos que los recogidos en el polígono de la Villa Olímpica. Cerca del mediodía de ayer, Larrea le pidió al juez Fernández que su pudiera suspender la audiencia por la tarde, ya que recibió instrucción de volver de inmediato a La Paz. Por ello, el juzgador determinó para el lunes 29 a las 15:30 una nueva audiencia./El Día
viernes, 19 de febrero de 2016
Indagarán llamadas de Zapata
En la comisión especial que investigará los contratos suscritos entre el Estado y la empresa china CAMC se abren para indagar las llamadas telefónicas y las cuentas bancarias de los posibles implicados en un presunto tráfico de influencias a raíz de la relación que sostuvo Gabriela Zapata con el presidente Evo Morales, según ANF.
El senador Rubén Medinacelli (MAS), miembro de la comisión, dijo a ANF que no solo se revisarán los contratos sino la existencia o no de tráfico de influencias y en ese marco no descartó utilizar diversas metodologías para esclarecer este tema. Consultado sobre si se puede investigar la comunicación telefónica de varias personas dijo: “Con toda seguridad. O sea en las reuniones de la comunión se debe definir lo que es tráfico de influencias, y llevar adelante todas las actividades para establecer la existencia o no de este hecho”.
El senador Rubén Medinacelli (MAS), miembro de la comisión, dijo a ANF que no solo se revisarán los contratos sino la existencia o no de tráfico de influencias y en ese marco no descartó utilizar diversas metodologías para esclarecer este tema. Consultado sobre si se puede investigar la comunicación telefónica de varias personas dijo: “Con toda seguridad. O sea en las reuniones de la comunión se debe definir lo que es tráfico de influencias, y llevar adelante todas las actividades para establecer la existencia o no de este hecho”.
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