La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica. Trece expresidentes fueron acusados de corrupción. Algunos de estos casos avanzaron hasta una sentencia y otros están en investigación.
1. BRASIL
La Fiscalía de Sao Paulo inició una investigación contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) por un supuesto blanqueo de dinero que estaría asociado a la corrupción en Petrobras. El expresidente sería propietario de un apartamento que no aparece en sus declaraciones fiscales, lo que es un delito.
2. PERÚ
El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) cumple desde 2009 una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y de corrupción.
3. ARGENTINA
El expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999) es juzgado por pago de sobresueldos a los altos funcionarios, con dinero presupuestado para otros destinos, según el Centro de Información Judicial. Tiene otros procesos en su contra.
4. EL SALVADOR
El expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), fallecido el 30 de enero de este año tras un accidente vascular que le causó un daño neurológico irreversible, fue acusado de apropiarse de cinco millones de dólares y desviar otros diez a una cuenta de su partido político. El dinero era proveniente de las donaciones taiwanesas y tenían como destino programas de reconstrucción y atención a víctimas de dos terremotos.
5-6. PANAMÁ
La Corte Suprema de Justicia de Panamá remontó, tras casi siete meses de suspensión, una investigación por supuestas compras irregulares autorizadas por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El exmandatario también enfrenta otros seis procesos por supuesta corrupción. Martinelli, que salió de su país hace un año, está vinculado con la firma de un contrato con supuestos sobrecostos para la compra de comida deshidratada de su cadena de supermercados. Tuvo un valor de 45 millones de dólares y se hizo a través de una agencia estatal. Se lo acusa de ganar contratos a precios inflados. En ese mismo país, la expresidenta Mireya Moscoso (2000-2004) es investigada por el uso de partidas secretas durante su mandato y el destino de 45 millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwán.
7. HONDURAS
El Gobierno de Honduras anunció que los EEUU pidió la extradición del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), acusado de recibir comisiones ilegales por contratos de transmisión televisiva de partidos cuando era presidente de la Federación Hondureña de Fútbol. La Fiscalía suspendió otro proceso en su contra por el desvío de 20 millones de dólares a cuentas personales de un fondo para subsidiar a los consumidores de petróleo y por la venta de maquinaria del Estado a precios subvaluados a los allegados a su gobierno.
8-9. GUATEMALA
Otto Pérez Molina (2012-2015) tuvo que dimitir de la presidencia de Guatemala en septiembre por un caso de corrupción. Espera en la cárcel el día de su juicio. Se lo acusa de pedir pagos a empresarios a cambio de liberar sus mercancías en las aduanas. La investigación de meses estuvo liderada por la Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG) y sus fiscales extranjeros al mando de un colombiano. Otro expresidente, Alfonso Portillo (2000-2004), se halla autoexiliado en México. Es investigado por la presunta transferencia de unos 3.7 millones de dólares de fondos públicos a cuentas privadas fuera de su país.
10-11. COSTA RICA
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) se encuentra con arresto domiciliario, acusado de recibir millonarios sobornos por parte de la trasnacional francesa Alcatel, del Gobierno de Taiwán y de la compañía española Inabensa. Así devela la investigación del fiscal general Francisco Dall’Anesse.
Otro expresidente, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) fue imputado por la Fiscalía en el pago de “comisiones” por un préstamo de 29 millones de dólares del Gobierno de Finlandia a la Caja Costarricense de Seguro Social.
12-13. NICARAGUA
El Congreso de Nicaragua analiza una solicitud de la Contraloría General de destituir al presidente Enrique Bolaños (1990-1994) por negarse a explicar el origen y el destino de más de 300.000 dólares recibidos durante la campaña electoral de 2001.
Otro expresidente, Arnoldo Alemán (1997-2002) permaneció bajo arresto domiciliario y luego fue absuelto de uno de los cargos de corrupción que pesaban en su contra por desvío de fondos públicos.
Apuntes
La situación
La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica y así lo demuestra el último Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la ONG Transparencia Internacional.
Más transparente
En la región latinoamericana, Uruguay sigue a la cabeza como el país más transparente y ocupa el puesto 21 de la tabla, con 74 puntos del máximo de 100, que denotaría la ausencia total de corrupción.
Descenso
El estudio basado en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en el público, destaca el caso de Brasil, el país que más descendió en el índice mundial (cinco puntos), tras salir a la luz el escándalo de Petrobras. También bajó cuatro puntos Guatemala y Chile perdió dos puntos.
La tabla
Chile ocupa el puesto 23 y Costa Rica en el 40. La peor calificación es para Venezuela que está en el puesto 158.
La mano derecha del poder
Las exautoridades de los diferentes países de Latinoamérica también son investigadas por diferentes delitos.
El exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015) será procesado por el delito de “dádivas”. Habría realizado vuelos en un avión privado por el que nadie pagó. Ya tiene un proceso anterior por otro caso similar y negociaciones incompatibles con su cargo por la compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone y por la supuesta falsificación de la documentación de un automóvil de su propiedad. Tiene prohibido salir del país.
También, en Guatemala, el exvicepresidente Francisco Reyes (2000-2004) está en prisión acusado de pretender apropiarse de un terreno del Patronato Antialcohólico. En Panamá, se investiga actualmente a Marta Susana de Varela, quien fue viceministra de Desarrollo Social, durante el gobierno de Martinelli y tía del actual presidente del país, Juan Carlos Varela por la compra de comida deshidratada.
Los hijos y hermanos que incomodan a los líderes políticos por sus acciones
Algunos familiares de los gobernantes o políticos de América Latina son vinculados a casos de corrupción y tráfico de influencias, lo que les permitió aumentar su fortuna de manera considerable. Esto demuestra que la política también puede ser un negocio de familia.
El más reciente caso es del hijo de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en EEUU e Irán. El hijo mayor de la Mandataria y del fallecido expresidente Néstor Kirchner y su hermana Florencia figuran como directores suplentes de la sociedad Hotesur de la que es accionista su madre.
Esta sociedad es investigada por la Justicia por presuntas irregularidades administrativas.
También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es investigado junto a su esposa Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada. El caso es de un negocio inmobiliario en el que Sebastián adquirió tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de uno de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mayor.
Fabio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, fue cuestionado por los jugosos negocios con grandes empresas que consiguió como propietario de una compañía de desarrollo de juegos de computador cuando su padre, Luiz Inácio Lula da Silva era presidente de Brasil. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente.
En Colombia, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013, cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con inversiones en un paraíso fiscal. Ambos ya fueron acusados de tráfico de influencias mientras su padre era presidente. También el hermano de Uribe, Santiago, fue acusado de colaborar en el asesinato de un conductor de autobús como parte de una estrategia del grupo paramilitar “Los doce apóstoles”.
En Perú, el hermano del mandatario Ollanta Humala, Antauro, está condenado a 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en 2005.
Los gobiernos afectados por sus funcionarios
En Venezuela, tres jefes de empresas estatales venezolanas de alimentos fueron apresados y acusados de corrupción. Se trata de la presidente y la administradora de la estatal Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Héber Aguilar y Bárbara Figueroa, y la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario, Bárbara González. El ministro venezolano del Interior, Gustavo Gonzales, explicó que los empleados públicos detenidos sacaban provecho individual de la venta "de los alimentos de los humildes, de los pobres que eran desviados a una red privada que estamos investigando" y que aglutina supermercados, empresas de servicios y restaurantes.
González mostró un video en el que se aprecia grandes cantidades de dinero en efectivo hallado, dijo, en las oficinas, los domicilios y hasta en los vehículos estatales al servicio de los tres detenidos.
En Brasil, la justicia electoral despojó de su mandato al gobernador del estado Amazonas, José Melo, por el delito de “compra de votos” en los comicios celebrados en 2014, en los que fue reelegido. Se lo acusa de distribuir dinero entre miles de electores a cambio de votos. El dinero habría sido obtenido en forma fraudulenta de los cofres públicos.
En Perú, un tribunal condenó a 11 años de prisión a la exalcaldesa del distrito de Santa María del Valle, en la región peruana de Huánuco, Aydee Salazar de Ríos, por delitos de malversación de fondos en su gestión.
La Sala penal liquidadora de la Corte dictó la sentencia a pesar de que no asistieron los acusados, por lo que ordenó su ubicación y captura.
Otros tres exfuncionarios fueron condenados a siete años de prisión y un exservidor municipal a cuatro años. Se habrían apropiado indebidamente de fondos de la municipalidad a través de la sobrevaluación en las obras ejecutadas por designación directa, sin contar con los respectivos expedientes.
En Argentina, el fiscal Carlos Rívolo pidió procesar al exalcalde de la ciudad costera de Necochea, Héctor Tellechea, acompañante del exvicepresidente Amado Boudou, en uno de los viajes investigados para ir a un acto político en 2011, sin tener la habilitación del vuelo.
Frente a esta situación, comienzan a verse movimiento de millones de personas en las calles pidiendo que se ponga freno a la corrupción. Las últimas protestas se dieron en Guatemala, Honduras y Brasil.
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