Dos familiares del dirigente de la Federación de Micro y Pequeña Empresa (Fedepyme) de Cochabamba, Edgar Siles Medrano, fueron los primeros beneficiados con los fondos del programa Alternativa Boliviariana para las Américas–Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba–TCP), financiado con un crédito venezolano, según la documentación presentada al proyecto y a la que tuvo acceso La Prensa.
El dato se suma a un informe del Ministerio de la Producción y la Microempresa, aún no aclarado, donde se alerta —en abril—por la falta de rendición de cuentas de 11 millones de dólares de este programa bilateral.
Los documentos del programa develan que Siles Medrano registró a su esposa, Celina Vásquez Mamani; a su hermano, Vidal Siles Medrano y a su hijo Ariel Siles Vásquez en las listas de los empresarios que requerían apoyo del programa Alba–TCP. Dos de ellos, el hermano y la esposa fueron beneficiados con 15 mil dólares cada uno, y el hijo fue excluido de la lista.
En contacto con La Prensa, Siles admitió que sus tres familiares fueron incluidos en las listas aunque aclaró que su hijo no fue beneficiado, pero su esposa sí accedió a 15 mil dólares con documentos similares a las de su hijo, Ariel Siles.
En el Ministerio de Producción y Microempresa confirmaron que ambos figuran como beneficiarios pero dijeron que, en dicha institución, no se fijan sobre el parentesco familiar sino en las unidades productivas que presentan los requerimientos.
Aunque en el Ministerio aseguraron que no se tuvo contacto con Edgar Siles, el dirigente reveló a este medio que acompañó a sus afiliados para la gestión de los créditos y, junto a la dirigencia nacional, se reunió personalmente con la ministra Sosa.
El presidente del Comité de Defensa de la Industria Boliviana (Codeina), Porfirio Quispe, confirmó que las irregularidades involucran al ejecutivo de Fedemype, Edgar Siles.
El 26 de julio de 2006, las empresas “Ariel Jeans” y “Edsil Jeans” de propiedad supuestamente de Ariel Siles y de Celina Vásquez Mamani respectivamente, presentaron sus perfiles.
Sin embargo, la revisión de estos documentos permite ver varias similitudes, desde el tenor de la carta dirigida al viceministro de la Pequeña Empresa, Ramiro Uchani, hasta el croquis de la supuesta fábrica, que está en Villa Venezuela, frente al mercado Campesino y la calle Juan de la Rosa, de la capital del Valle.
Las dos empresas tienen la misma dirección, el mismo número de NIT 6.512.660.013 y el registro de Fundempresa es similar, 120940. La maquinaria que describen como “inventario del activo fijo”, es igual y asciende a supuestamente 24.900 bolivianos.
En los dos casos, los microempresarios declaran tener 16 empleados y pretenden incorporar otros dos. Incluso Celina Vásquez presentó como referencia el número de teléfono celular de su esposo, el dirigente Edgar Siles.
Para los microempresarios de La Paz, la generación de empleo en el doble de su capacidad actual fue uno de los requisitos. En cambio, la familia Siles sólo ofrecía generar dos empleos directos en esas fábricas, los demás son familiares.
De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Producción y Microempresa, “Edsil Jeans” de Celina Vásquez fue beneficiada con una “bordadora industrial de 6 cabezales y nueve hilos”, con un costo de 15 mil dólares, la máquina fue entregada por la empresa “importadora Rubén Canaviri Flores” el 29 de diciembre de 2006. No figura en la planilla la fábrica “Ariel Jeans”, pero Edgar Siles declaró ser propietario de esa empresa de confección.
Pero al margen de su esposa, el hermano de Edgar Siles, Vidal, también accedió a 15 mil dólares y su perfil de proyecto tiene el mismo tenor que el de su cuñada y el de su sobrino, aunque difiere en la actividad.
Mientras sus familiares piden dinero para ingresar al mercado de la elaboración de pantalones para damas, Vidal requirió dinero para extender su actividad de “lavado y teñido de jeans” y le entregaron un caldero a un costo de 15 mil, también, el 29 de diciembre de 2006. En los dos casos no existe solicitud para capital de operaciones, simplemente, figura la maquinaria.
Su perfil de proyecto no establece el número de NIT y tampoco tiene registro Fundempresa, pero la Unidad Operativa de Proyectos del Alba-TCP autorizó el desembolso de los 15 mil en 2006.
Edgar Siles dijo que sus familiares tienen “todo el derecho” de beneficiarse con los préstamos. “Mi hermano es un pequeño empresario con muchos años de antigüedad y tiene todo el derecho de participar, nosotros hemos cumplido todos los requisitos” que exigía el Ministerio.
El lunes, en entrevista con Radio Panamericana, la ministra Celinda Sosa justificó la existencia de empresas colectivas familiares porque la naturaleza de trabajo así lo exige ya que, según dijo, “las familias elaboran partes de una misma prenda y, por tanto, no existen irregularidades en la adjudicación de créditos”.
Sin embargo, Porfirio Quispe dijo que en el caso de la familia Siles Vásquez, la madre y el hijo se dedican a la fabricación de pantalones, “vemos que tienen la misma maquinaria, requieren el mismo monto y tienen el mismo mercado, entonces eso no es empresa colectiva, es una misma empresa que se beneficia”.
Asimismo, dijo que en todo el país, los dirigentes elaboraron listas de posibles adjudicatarios y eso es irregular, según su percepción, “porque las federaciones departamentales tienen asociaciones y son las asociaciones las que debían presentar listas de sus afiliados y no la Federación, porque la relación es institucional y no personal.
Por las presuntas irregularidades, el Gobierno venezolano resolvió suspender el programa TCP-Alba.
El viceministro de la Pequeña Empresa, Ramiro Uchani, confirmó que el proyecto había sido suspendido. Aseguró que el Gobierno se responsabilizará para que los microempresarios cuenten con los recursos prometidos para la compra de maquinaria y desarrollo productivo.
Los microempresarios consultados el martes por La Prensa denunciaron que, en muchos casos, se firmaron contratos por montos totales que nunca se entregaron.
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