La destitución del director de Vías Bolivia, Josué Salvatierra, ocurrida ayer, sacó a la luz una serie de irregularidades que se habrían cometido en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
“En el caso del anterior director de Vías Bolivia ha habido denuncias formales ante la Fiscalía de Santa Cruz, ha habido la solicitud expresa del directorio de ABC para su investigación ante el Ministerio de Transparencia y auditorías importantes por la baja de las recaudaciones e indicios de clonaje en los boletos que venden en las trancas”, aseguró la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, tras posesionar a Juan Enrique Jurado como nuevo jefe de la entidad encargada del cobro de peajes en todo el país.
A su vez, Salvatierra negó las versiones de Ballivián y dijo que ésta “mandó raptar a un funcionario de Vías Bolivia para increparlo y hacerle firmar a la fuerza una denuncia en mi contra”.
La ex autoridad entregó a los medios un informe enviado a su persona, el 26 de febrero del 2009, por el encargado de Valores, Ariel Cahuana, cuya referencia es “Informe Reunión Interrogatorio Oficinas Lic. Ballivián ABC”.
El documento menciona que un día antes, el 25 de febrero, un hombre que dijo ser el Capitán Cerrudo, Edecán de Ballivián, visitó a Cahuana en su oficina y lo llevó con la presidenta de la ABC, donde fue cuestionado sobre la entrega de dos cheques —uno a nombre de Salvatierra y otro a nombre de Billy Villalta—, y acerca de la emisión de boletas valoradas clonadas desde la oficina regional de Vías Bolivia.
El funcionario, según el informe, responde no tener conocimiento de ninguno de los hechos.
“La intención (de Ballivián) era utilizar a la gente dependiente de mi dirección para que firmen denuncias incoherentes y sin pruebas; prometiendo protección judicial, policial y de otros niveles de decisión del Estado”, complementó Salvatierra.
Un documento enviado a La Razón por una fuente ligada con el ente caminero afirma que en las trancas del Kilómetro 17 y Guapilo, en Santa Cruz, se opera con boletos de peaje clonados “que tienen como objetivo recaudar Bs 15 mil, hasta diciembre”.
Precisa que se trata de boletos por un valor de 20 bolivianos, con la numeración 120001 y de la serie LP08-U-1 para adelante. Señala como responsables del ilícito a Salvatierra y a otros funcionarios de Vías Bolivia.
“Tengo las manos limpias y estoy dispuesto a que demuestren si ha habido la supuesta corrupción”, afirmó el aludido y atribuyó su destitución a “un problema personal” con Patricia Ballivián.
Agregó que su gestión logró recaudaciones históricas por el cobro de peajes y planteó además la modernización del mismo.
Mientras, Ballivián instruyó a Jurado una investigación contundente y en el marco de la ley.
La entidad pide una auditoría
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) remitió a la Contraloría General de la República (CGR) la documentación sobre la adjudicación del proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
En una carta dirigida al contralor Gabriel Herbas, la presidenta de ABC, Patricia Ballivián, señala que el objetivo del envío es que la entidad reguladora inicie una auditoría al mencionado proyecto caminero.
La Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba denunció un sobreprecio en la construcción de la vía, adjudicada por $us 415 millones a la empresa brasileña OAS Ltda.
El senador Jorge Aguilera (Podemos) aseguró a La Razón que el costo de la carretera, sin asfalto y sin mantenimiento, será de $us 1,3 millones el kilómetro. Para la entidad caminera, las versiones del parlamentario carecen de sustento legal y técnico.
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