El abogado de los transportistas y comerciantes implicados en la fuga de 33 camiones con contrabando en Cobija (Pando), Aurelio Valenzuela, dijo que buscará que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sea procesado por el hecho; luego que un amparo constitucional resultara favorable a sus clientes.
En julio del 2008, los 33 camiones evadieron el control de la Aduana, con el argumento de que tenían el permiso del ministro Quintana para pasar. Aunque fueron retenidos durante un mes, huyeron por la fuerza tras rebasar a los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA).
“Los transportistas me han confesado de que están absolutamente frustrados porque el Ministro de la Presidencia los ha abandonado en este tema y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos siendo de que él es una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, ha instigado y ha coordinado esta acción que se ha cometido de los 33 camiones”, dijo Valenzuela, según la Red Erbol.
En ese sentido, explicó, “hemos presentado el recurso de amparo constitucional porque se está vulnerando el derecho al trabajo; se ha secuestrado camiones, los transportistas están sin trabajo y la gente ha perdido su mercadería, son los únicos perjudicados”. Luego, agregó que “ese recurso salió procedente y a partir de ahora vamos a intentar que todas las personas sean procesadas bajo una misma medida de tipo penal, que (es la que) se está calificando en este proceso”.
En contacto telefónico con La Razón, el abogado indicó que se encontraba en la Fiscalía de Pando y que “estaba trabajando en el tema”; por lo que pidió que lo llamaran dentro de media hora. No volvió a contestar su celular.
La comisión de diputados que investigó los hechos acaecidos en Pando elaboró un informe, que luego fue aprobado por la Cámara Baja, en la que el oficialista MAS ostenta la mayoría.
El documento libera de responsabilidad en el caso al ministro y al prefecto de Pando, Rafael Bandeira, entonces jefe del Comando Conjunto de esa región.
“En el informe de la omisión se lo sustrae de cualquier responsabilidad al ministro Quintana y al prefecto Bandeira y sólo propone el tema de responsabilidad administrativa. Sólo ellos (los transportistas y comerciantes) fueron perjudicados, se los está imputando por los delitos de contrabando y sustracción de prensas aduaneras”, declaró.
Este medio intentó conocer la versión del presidente de la comisión, Javier Zavaleta (MSM-MAS), pero su secretaria señaló que éste estaba en una reunión.
En tanto que el diputado Arturo Murillo (UN) —también miembro de la comisión— señaló a La Razón que el fallo judicial “abre la posibilidad de que puedan ser juzgados Quintana, Bandeira, Jesús Chambi (dirigente de los comerciantes) y todos los que fueron excluidos por los parlamentarios masistas”. Anunció que este mes presentará su informe de minoría sobre el tema. José Pimentel, uno de los diputados del MAS que firmó el informe, señaló: “Lo que nosotros hemos podido ver es que no ha habido ninguna participación, directa o indirecta, del ministro (Quintana) en el hecho de contrabando, que se ha circunscrito a los contrabandistas y a los funcionarios del COA”.
Los antecedentes datan del 2008
26 de julio • Una flota de 33 camiones evadió el control aduanero en la tranca del kilómetro 19, en Cobija (Pando). Los dueños de la mercadería dijeron tener el permiso del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
27 de julio • Los vehículos llegaron a la localidad de Santa Rosa del Abuná, a 180 kilómetros de Cobija, donde fueron interceptados por efectivos del Comando Conjunto. En ese lugar permanecieron detenidos 27 días.
30 de julio • El Ministro de la Presidencia se reunió con los comerciantes de Pando y con autoridades de la Aduana Nacional en el Palacio de Gobierno (La Paz), para encontrar una salida a lo acontecido en Cobija.
23 de agosto • Pobladores y comerciantes de Puerto Evo, a donde se dirigía la mercancía, rebasaron a los efectivos aduaneros que custodiaban los camiones y fugaron con ellos a la localidad fronteriza con Brasil.
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