El Gobierno de Perú le negó asilo político al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Chito Valle, acusado de corrupción por un monto superior a 17 millones de dólares durante su gestión (1997-1999). La comisión que evaluó su caso consideró que no cabía el argumento de perseguido político para otorgarle el beneficio.
El diario peruano El Comercio publicó ayer que la Comisión Multisectorial, que evalúa los pedidos de asilo al Gobierno peruano, rechazó, por segunda vez, darle el beneficio a Valle. Arguyó que “afronta una acusación por corrupción desde cuando se desempeñaba como prefecto de La Paz, durante la época en la que su suegro, Hugo Banzer (ADN), era presidente (1997-2001)”.
La publicación agrega que la respuesta a la solicitud de Valle fue distinta a la que recibieron tres ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, que sí recibieron asilo político en ese país, es decir Javier Torres-Goitia, Mirtha Quevedo y Jorge Torres.
Éstos son procesados en Bolivia por su presunta responsabilidad en el caso Octubre del 2003.
El gobierno de Evo Morales tramita ante la Cancillería de Perú la extradición de las ex autoridades de Estado.
El diario peruano añade que “ellos (los tres ex ministros) han sido acusados por participar en un gabinete en el que se aprobó que la Policía boliviana actúe en los desmanes de El Alto”. La Comisión Multisectorial consideró que al tratarse de un acto político sí eran perseguidos políticos.
Aunque el Gobierno de Perú no le otorgó el beneficio de asilo, Valle podría quedarse en ese país como turista o incluso pedir la residencia, según El Comercio.
Al respecto, Rolando Rivero, el fiscal de recurso que investiga la denuncia contra Valle en Sucre, anunció que solicitará a Perú la detención preventiva del ex prefecto para evitar su posible fuga a un tercer país, reportó PAT.
En tanto que el fiscal Milton Mendoza calificó de “positiva la decisión del vecino país de rechazar el pedido de asilo político”.
Mendoza recordó que el ex prefecto “está buscado por la justicia boliviana por hechos de corrupción cometidos durante su gestión prefectural en el departamento de La Paz”.
Indicó que sobre el ex prefecto pesa un mandamiento de aprehensión y en cuanto las fuerzas de la Interpol lo encuentren, se procederá a su extradición. Además afirmó que la posición asumida por Perú “servirá de precedente para todos quienes pretendan escapar de la justicia”.
Hace una semana, se informó que dos venezolanos y un boliviano solicitaron asilo al Gobierno de Perú. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el boliviano era el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle Ureña.
LAS ACUSACIONES
Caso Bamin • Hace 10 años comenzó un juicio de responsabilidades contra Valle por los casos Banco Minero, por $us 7,1 millones, y la compra de muebles a La Cuisine por $us 210.049.
“Chitochatarra y casa” • Una casa de la Prefectura, en la calle Antonio Gallardo, fue vendida en $us 100 mil. Vendió vehículos como chatarra en $us 2 millones. Después transfirió 8,2 millones de dólares a Ferreco.
Recusación • El juicio oral contra Valle comenzó el 22 de septiembre del 2008, pero desde el 4 de marzo del 2009 la ex autoridad recusó en seis ocasiones a los jueces, luego desapareció.
Libre • El 27 de febrero del 2007, el ex prefecto fue detenido por solicitud de la Corte Suprema por la venta ilegal de vehículos. El 2 de marzo salió en libertad por un fallo de la Corte de Superior de Distrito de Sucre.
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