Erbol y La Prensa.- Los propietarios de los 33 camiones, implicados en supuestos hechos de contrabando en Pando, ganaron un amparo constitucional, recurso que posibilita incluir al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al prefecto de ese departamento, Rafael Bandeira, en la investigación por este delito.
El recurso legal fue presentado ante la Corte de Distrito de Pando y resultó procedente.
La noche entre el 26 y el 27 de julio de 2008 salieron de la Zona Franca (Zofra) de Cobija 33 camiones con mercadería, que no había sido desaduanizada, con destino a la frontera con Brasil. En esa oportunidad, el líder de los transportistas Jesús Chambi alegó contar con la autorización de Juan Ramón Quintana para pasar el punto de control aduanero.
Los vehículos fueron detenidos en Santa Rosa del Abuná y liberados por la fuerza por los comerciantes el 23 de agosto.
El caso estalló a finales de ese año a raíz de la declaración que hizo el ex presidente de la Aduana César López. Quintana y Bandeira se vieron involucrados por las acusaciones del militar retirado, quien fue titular de la entidad de control hasta noviembre del año pasado, cuando fue destituido por el Gobierno.
La Prensa denunció en diciembre de 2008 que los comerciantes habían tomado contacto con el presidente Evo Morales mediante dos cartas en que le pedían una salida para los camiones que entonces estaban retenidos.
La comisión especial de Diputados, controlada por la mayoría oficialista, que investigó el caso y que hizo de cabeza de Ministerio Público quitó a ambas autoridades responsabilidad penal y administrativa.
En la Corte de Distrito de Pando, la Aduana abrió un caso por el que quedaron imputadas una treintena de personas, entre comerciantes y transportistas; esta causa está abierta desde antes de que los parlamentarios tomen conocimiento del caso.
Su abogado, Aurelio Valenzuela, indicó que el amparo ganado abre las puertas a que Quintana y Bandeira también sean investigados. Adelantó que se harán las acciones necesarias para que sus defendidos no sean los únicos acusados en Cobija.
“Ese recurso salió procedente y a partir de ahora vamos a intentar que todas las personas
sean procesadas bajo una misma medida de tipo penal que se está calificando en este proceso; vale decir que si todas las personas tienen responsabilidad de contrabando, todas tienen que ser procesadas, desde el más grande hasta el más pequeño y no como se viene haciendo, (con) una distinción en lo que es el Ministro, lo que es el Prefecto y lo que son los transportistas y los dueños de la mercadería”.
De acuerdo con el abogado, sólo a los transportistas y los dueños de la mercadería les imputaron los delitos de contrabando y sustracción de prendas aduaneras, quedando exonerados Quintana y Bandeira.
“Los transportistas me han confesado que están absolutamente frustrados porque el Ministro de la Presidencia los ha abandonado en este tema y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos siendo de que él es una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, ha instigado y ha coordinado esta acción que se ha cometido de los 33 camiones”.
Este medio trató de comunicarse con el prefecto Bandeira; sin embargo, éste no contestó su teléfono celular.
El 7 de mayo de este año, una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados investigó el supuesto contrabando de 33 camiones en Pando y presentó un informe en el que concluye que se hallaron indicios del delito de contrabando. Este documento fue remitido a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación y determine el inicio de un juicio contra los involucrados en este caso.
El diputado Javier Zavaleta (MSM), quien fue presidente de la comisión multipartidaria, indicó que el Ministerio Público es la instancia que decidirá si se incluye en este proceso a esas dos autoridades o se abre una nueva investigación en la Fiscalía.
De acuerdo con el informe legislativo, se imputa formalmente la comisión de delitos e incumplimiento de deberes al teniente miembro del Control Operativo Aduanero (COA) Cristian Deheza Lugones, al ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) general Cesar López Saavedra, al ex gerente regional de la Aduana Regional de La Paz Luis Fernando Sánchez y al administrador de la Aduana de Cobija, Mario Vásquez Peñaranda.
Este informe, que fue aprobado por la mayoría del Movimiento Al Socialismo en la Cámara Baja, desliga de toda culpa y responsabilidad al Prefecto interino del departamento de Pando, al ministro Quintana y a sus colegas de Defensa, Walker San Miguel, y de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, por no existir ningún indicio en su contra. Estas dos autoridades fueron implicadas porque son cabeza del Comando Conjunto.
Datos
Este caso fue investigado por una comisión multipartidaria durante ocho meses.
No hubo consenso y se presentaron tres informes al Pleno de la Cámara de Diputados.
Uno fue presentado por el diputado Zavaleta, otro por el MAS y otro por la oposición.
El recurso legal fue presentado ante la Corte de Distrito de Pando y resultó procedente.
La noche entre el 26 y el 27 de julio de 2008 salieron de la Zona Franca (Zofra) de Cobija 33 camiones con mercadería, que no había sido desaduanizada, con destino a la frontera con Brasil. En esa oportunidad, el líder de los transportistas Jesús Chambi alegó contar con la autorización de Juan Ramón Quintana para pasar el punto de control aduanero.
Los vehículos fueron detenidos en Santa Rosa del Abuná y liberados por la fuerza por los comerciantes el 23 de agosto.
El caso estalló a finales de ese año a raíz de la declaración que hizo el ex presidente de la Aduana César López. Quintana y Bandeira se vieron involucrados por las acusaciones del militar retirado, quien fue titular de la entidad de control hasta noviembre del año pasado, cuando fue destituido por el Gobierno.
La Prensa denunció en diciembre de 2008 que los comerciantes habían tomado contacto con el presidente Evo Morales mediante dos cartas en que le pedían una salida para los camiones que entonces estaban retenidos.
La comisión especial de Diputados, controlada por la mayoría oficialista, que investigó el caso y que hizo de cabeza de Ministerio Público quitó a ambas autoridades responsabilidad penal y administrativa.
En la Corte de Distrito de Pando, la Aduana abrió un caso por el que quedaron imputadas una treintena de personas, entre comerciantes y transportistas; esta causa está abierta desde antes de que los parlamentarios tomen conocimiento del caso.
Su abogado, Aurelio Valenzuela, indicó que el amparo ganado abre las puertas a que Quintana y Bandeira también sean investigados. Adelantó que se harán las acciones necesarias para que sus defendidos no sean los únicos acusados en Cobija.
“Ese recurso salió procedente y a partir de ahora vamos a intentar que todas las personas
sean procesadas bajo una misma medida de tipo penal que se está calificando en este proceso; vale decir que si todas las personas tienen responsabilidad de contrabando, todas tienen que ser procesadas, desde el más grande hasta el más pequeño y no como se viene haciendo, (con) una distinción en lo que es el Ministro, lo que es el Prefecto y lo que son los transportistas y los dueños de la mercadería”.
De acuerdo con el abogado, sólo a los transportistas y los dueños de la mercadería les imputaron los delitos de contrabando y sustracción de prendas aduaneras, quedando exonerados Quintana y Bandeira.
“Los transportistas me han confesado que están absolutamente frustrados porque el Ministro de la Presidencia los ha abandonado en este tema y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos siendo de que él es una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, ha instigado y ha coordinado esta acción que se ha cometido de los 33 camiones”.
Este medio trató de comunicarse con el prefecto Bandeira; sin embargo, éste no contestó su teléfono celular.
El 7 de mayo de este año, una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados investigó el supuesto contrabando de 33 camiones en Pando y presentó un informe en el que concluye que se hallaron indicios del delito de contrabando. Este documento fue remitido a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación y determine el inicio de un juicio contra los involucrados en este caso.
El diputado Javier Zavaleta (MSM), quien fue presidente de la comisión multipartidaria, indicó que el Ministerio Público es la instancia que decidirá si se incluye en este proceso a esas dos autoridades o se abre una nueva investigación en la Fiscalía.
De acuerdo con el informe legislativo, se imputa formalmente la comisión de delitos e incumplimiento de deberes al teniente miembro del Control Operativo Aduanero (COA) Cristian Deheza Lugones, al ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) general Cesar López Saavedra, al ex gerente regional de la Aduana Regional de La Paz Luis Fernando Sánchez y al administrador de la Aduana de Cobija, Mario Vásquez Peñaranda.
Este informe, que fue aprobado por la mayoría del Movimiento Al Socialismo en la Cámara Baja, desliga de toda culpa y responsabilidad al Prefecto interino del departamento de Pando, al ministro Quintana y a sus colegas de Defensa, Walker San Miguel, y de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, por no existir ningún indicio en su contra. Estas dos autoridades fueron implicadas porque son cabeza del Comando Conjunto.
Datos
Este caso fue investigado por una comisión multipartidaria durante ocho meses.
No hubo consenso y se presentaron tres informes al Pleno de la Cámara de Diputados.
Uno fue presentado por el diputado Zavaleta, otro por el MAS y otro por la oposición.
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