En el caso "mochilas chinas" Procuraduría solicitó incautación de bienes y retención de fondos de Bazán

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En el caso "mochilas chinas", donde es imputado el alcalde, Edgar Bazán, por supuesto daño al Estado por un monto aproximado a 2.761.360 bolivianos, el director departamental de Oruro de la Procuraduría General del Estado, Raúl Serrano, indicó que como sujeto procesal bajo el objetivo de precautelar los recursos económicos del país, conjuntamente el Ministerio Público se pidió ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 2, la aplicación de medidas cautelares reales que contemplan la incautación, retención de fondos y anotación preventiva de los bienes del burgomaestre.

A la vez la Procuraduría estaría apoyando en la imputación formal del Ministerio Público la solicitud de medidas cautelares de carácter personal con detención preventiva, ante riesgos procesales por presunto peligro de fuga y obstaculización.

"La solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter real es pretensión interpuesta por el Ministerio Público, para evitar que el resultado de la sentencia se torne ineficaz debido a riesgos que puedan alterar, disminuir, desvalorizar o hacer desaparecer ciertos bienes o derechos que son en este caso del Estado, el mismo que constituye un fundamento con respaldo constitucional que garantiza un juicio pronto y efectivo que responda al cumplimiento de la decisión jurisdiccional", explicó Serrano.

El proceso en el caso "Mochilas Chinas", comenzó a denuncia de un particular (Severo Tórrez) el 2017, por un supuesto sobreprecio en la adquisición de 40 mil mochilas escolares mediante el programa "Mi Carpeta", las cuales presumiblemente fueron adquiridas de China y no fueron confeccionadas en el país incumpliendo las normativas nacionales.

Luego el Concejo Municipal también se constituyó como querellante en septiembre del mismo año. Desde el 22 de febrero de 2018 la Procuraduría se constituye como sujetos procesales de derecho siendo parte activa del proceso.

Por ello, ante la mora en la etapa de investigación de casi seis meses en el Ministerio Público, el 3 abril, la Procuraduría solicitó la imputación formal, que se produjo el 12 de abril.

Bazán fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, los querellantes y el imputado se encuentran en espera de la audiencia de medidas cautelares, a efectuarse el 11 de mayo a las 15:00 horas.