La Policía pacta luchar contra la corrupción en dos reparticiones

Noticia publicada el 20 de Junio de 2008 en La Prensa


Tránsito e Identificaciones son dos de las reparticiones policiales donde mayor número de quejas de corrupción se registran, según el viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, entidad que ayer firmó un acuerdo con la Policía para luchar contra esa lacra.

Con ese objetivo, el comandante general de la Policía Nacional, general Miguel Gemio, suscribió ayer un acta de entendimiento con la viceministra Nardy Suxo Iturry para la aplicación del plan de transparencia en la institución del orden.

“Volcaré todos mis esfuerzos para que se llegue a término y haya corrupción cero”, dijo Gemio al comprometerse a identificar a los malos policías, a fin de que sean sancionados por faltas y, en caso de delitos, pasen al Ministerio Público.

El Comandante General negó que sea la institución la involucrada en este tipo de hechos y acusó a algunos miembros, “porque no hay que olvidar que la mayoría está dispuesta a ofrendar su vida en el cumplimiento del deber”.

La viceministra Suxo, además de destacar la firma del acta, dijo que las quejas por cobros no establecidos son frecuentes contra Tránsito e Identificaciones, y entregó pancartas donde se describen los pasos que se deben dar para obtener la licencia de conducir y la cédula de identidad, en tres idiomas (aymara, quechua y español), las que deben ser exhibidas en esas unidades.

La Policía, al igual que las reparticiones del sector público, se compromete a implementar cuatro componentes: acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública.

“De acuerdo con el mandato presidencial, la lucha contra la corrupción y la transparencia es la gestión pública es indispensable en el actual proceso de cambio que vive el país”, dice el punto cuatro del acta suscrita, que regirá dos años, con opción de prórroga.

Sorprenden a un policía con dinero de coimas

Noticia publicada el 19 de Junio de 2008 en El Deber


Otra denuncia de corrupción afecta a la deteriorada imagen de la Policía. Un uniformado dependiente de la división Registro de Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito fue sorprendido con Bs 560 en el cajón del escritorio donde atiende al público, producto de las supuestas coimas que recibe para los trámites en las oficinas de Servicio & Operadores (SIO), que es la recaudadora de los impuestos municipales.
El hecho fue denunciado por el diputado Wilfredo Áñez, al que le sonsacaron Bs 70 cuando realizaba un trámite de registro de vehículos. El parlamentario cuestionó el cobro del policía y éste dijo que sólo cumplía órdenes superiores. Áñez avisó del caso de corrupción al Ministerio Público y el fiscal Raúl Roca abrió el cajón del escritorio donde halló la plata, como prueba del delito de cohecho.
Roca dijo que el policía Wálter Pérez Mamani deberá presentarse hoy a las 16:00 para dar su versión en torno a la denuncia del diputado. Por su parte, el subdirector de Tránsito, Carlos Gutiérrez, aseguró que el sargento aludido vendía valores policiales y dijo que no es cierto que cobraba dinero sin dar algún documento de respaldo. Contrariamente a esa explicación, el director de Recaudaciones de la Policía, Víctor Maldonado, afirmó que la suboficial Norberta Luna es la única autorizada para realizar solamente el canje de los comprobantes de pago en el banco por un valorado de esa repartición, de acuerdo con el trámite que realiza el interesado. “La suboficial no debe hacer ningún cobro en efectivo, sólo el cambio de la boleta bancaria por el valorado”, remarcó.
El director de Tránsito, Humberto Echalar, que estuvo presente cuando el diputado denunció el hecho, dijo que no sabía que el policía realizaba cobros ‘por órdenes superiores’, pero refirió que la jefa de Registro de Vehículos es la Tcnl. Margoth Cardozo de Heredia y que el caso es investigado por el Ministerio Público. EL DEBER intentó conocer la versión de Cardozo, pero no fue encontrada.
Vivian Calderón, representante de SIO, sostuvo que cedieron un espacio para Tránsito, pero no sabía que realizaba cobros.

Soborno: fiscal recibió apoyo de Diputados
Según el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, presidida por Gonzalo Lazcano, le ha brindado su apoyo para procesar a los implicados en la repartija de $us 300.000 de un presunto narco.
La Fiscalía imputó varios delitos, entre ellos cohecho, a los teniente coroneles Ramiro Soliz, Freddy Meneses; al capitán Orlando Araujo, al teniente Fidel Garnica, a los policías Vidolfo Chávez, Juan Calisaya y Eugenio Mamani; al fiscal José Luis Molina y al dueño de la plata, Luis Alberto Suárez Gil (evadido).
El diputado Lazcano, el martes 17, recibió un informe del fiscal del caso, Álvaro La Torre, tras el cual dijo que no convocará a los procesados por la Fiscalía, pero sí a Enrique Urquidi (ex comandante de la Policía), Edwin Foronda (subcomandante) y al fiscal Jaime Soliz, que dijo estar dispuesto a colaborar con las inquietudes de Lazcano.
Por otra parte, ayer se supo que el juez Roque Leaños fijo la audiencia cautelar para el 26 de este mes.

El fiscal revive el caso Enron y enjuicia a Goni

Noticia publicada el 10 de junio de 2008 en La Prensa

El Ministerio Público presentó ayer ante la Corte Suprema una acusación formal para el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ex ministros y ex ejecutivos de YPFB, por el contrato firmado con la empresa estadounidense Enron para la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil.
El fiscal de Recursos, Orlando Riveros, informó que la Fiscalía General inició la investigación luego de que el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, planteara el proceso contra los ex mandatarios, sus ex ministros, funcionarios de la estatal petrolera YPFB y los representantes legales de la compañía estadounidense en Bolivia.

En junio del 2006, Soliz Rada anunció el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras 40 personas, incluidos varios estadounidenses, por una supuesta “brutal estafa” de la quebrada firma petrolera Enron Corp.

En aquella oportunidad, Soliz indicó que el juicio podría afectar a la firma con sede en Londres, Ashmore Energy International Limited, que compró en enero de ese año los negocios de Prisma en Bolivia. También implicó a la anglo-holandesa Shell, su socia en la transportadora de hidrocarburos Transredes.

El 9 de diciembre de 1994, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se firmó el contrato entre la empresa estadounidense Enron y la estatal petrolera YPFB, con el objetivo de construir el gasoducto Brasil-Bolivia.

El fiscal Orlando Riveros explicó que, fruto de ese contrato, se suscribieron otros documentos modificatorios que abrieron paso para que la Enron inclusive sea parte de Transredes.

“El origen reside en el contrato original que tenía cláusulas muy lesivas y contrarias al interés nacional. Basta mencionar que este contrato ha posibilitado el ingreso de la Enron al gasoducto de Brasil-Bolivia, con el compromiso sólo de que haga sus mejores esfuerzos para conseguir financiamiento”, explicó Riveros a

La Razón y recordó que el financiamiento para este proyecto provino de Petrobras; y al tener financiamiento brasileño ya no era necesaria la presencia de Enron, pero se mantuvo en contra de los intereses nacionales.

De acuerdo al procedimiento, una vez presentada la proposición acusatoria por el Ministerio Público, será la Corte Suprema la que remita el caso al Congreso y esta instancia legislativa autorice el juicio. Este medio se contactó ayer con el ex vicepresidente Cárdenas, quien se excusó de hacer declaraciones. Dijo que hoy atenderá cualquier requerimiento. Redacción Central y Redacción Sucre

YPFB despide a un director por presunta corrupción

Noticia publicada el 21 de Mayo de 2008 en La Razon


El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, destituyó ayer al director de Comunicación de esta empresa, Víctor Hugo Chávez, por supuestos actos de corrupción y entregó una evidencia de la denuncia al Ministerio Público.
Al recordar que la política del presidente Evo Morales es de transparencia, Ramírez explicó que recibió una denuncia por un cobro indebido que habría realizado Chávez, lo que le obligó a tomar esta decisión.

Según el presidente de YPFB, se habría depositado Bs 7.650 en la cuenta personal de Chávez en el Banco Mercantil Santa Cruz. “Además de pasar el caso al Ministerio Público, la empresa va a entregar su memorándum de despido a Chávez”, dijo.

“La instrucción del Presidente es mantener transparencia en el manejo no sólo de YPFB sino de nuestras instituciones públicas, sean éstas descentralizadas o no”, señaló el titular de la empresa petrolera estatal.

Al explicar que muchas de las actividades de YPFB fueron descentralizadas a las gerencias y direcciones para lograr una mayor agilidad en las contrataciones, indicó que, en este caso en particular, para hacer trabajos o tomar servicios de los medios de comunicación, la dirección era la encargada de cerrar los diferentes contratos con los dueños o propietarios de programas.

Ramírez señaló que tiene la copia de la denuncia y que quien se encargará de la certificación y la investigación será el Ministerio Público. Chávez ingresó a Yacimientos en la gestión de Guillermo Aruquipa y continuó sus funciones hasta ayer.

Este medio trató de comunicarse vía teléfono con Chávez, pero éste no contestó su celular.

Un diputado ve negligencia en el caso Vanessa

Noticia publicada el 20 demayo de 2008 en La Prensa


El diputado de Podemos Marco Antonio Córdova, ante la presunción de negligencia cometida por el Ministerio Público, informó que pidió a la fiscal de Distrito de La Paz, Teresa Vera, que le remita los antecedentes del caso de la niña Vanessa Flores, atropellada el sábado 10 de mayo en la avenida Costanera de la ciudad de La Paz.

Según un boletín de la Cámara Baja, el congresista manifestó que el fiscal Elías Bueno, quien dirige el caso, actuó con negligencia y dando concesiones preferenciales al autor del hecho, dejándolo en libertad con el perjuicio de producirse su fuga o acciones legales en su contra. La solicitud de libertad, sostuvo, no puede presentarse ante la autoridad policial, sino judicial.

La Fiscalía imputa al chofer que hirió a la niña Vanessa

Noticia publicada el 17 de Mayo en La Prensa




El Ministerio Público decidió ayer acusar formalmente al abogado Marcelo A.C., quien el sábado pasado chocó su vehículo contra un auto en el que viajaba la niña Vanessa Flores, por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas producidas en un accidente de tránsito.

El acusado, en declaraciones a la red televisiva ATB, dijo: “Estoy completamente arrepentido, he pedido perdón a los padres y lo vuelvo a hacer. Gracias más bien por darme la oportunidad. Les pido de todo, de todo corazón (perdón). Es algo que jamás en la vida hubiera querido ocasionar. Que no me estigmaticen como un delincuente cualquiera; no soy un delincuente, he cometido un error, he sido actor de un accidente de tránsito”.

Observación

La defensa de Iván Flores, padre de Vanessa, informó que no está conforme con la imputación de la Fiscalía ya que, según la familia de la niña, el Ministerio Público se olvidó de acusar a Marcelo A.C. por las figuras legales de omisión de socorro en accidentes y conducción peligrosa.

La siguiente semana, una vez que el Fiscal que atiende el caso, Elías Bueno, realizó su acusación formal, se iniciará el proceso ante las autoridades judiciales que determinarán si el acusado permanece en libertad o es detenido.

La niña Vanessa, según informó su progenitor, salió ayer de la sala de Terapia Intensiva de la Clínica del Sur. Ella tiene el cráneo astillado por el choque automovilístico.

Este caso comenzó la noche del sábado 10 de mayo cuando la menor, de nueve años, viajaba en la vagoneta de su padre por la avenida Costanera de la zona Sur. El vehículo se detuvo por un embotellamiento y fue embestido por el jeep de Marcelo A.C., quien, según Iván Flores, escapó sin atender a las víctimas.

Sin embargo, el acusado dijo ayer a los periodistas que no huyó del lugar sino que, tras el choque, fue agredido por los familiares de la menor.

Marcelo Antonio A Abogado atropella a niña y recibe trato preferencial

Noticia publicada el 14 de MAyo de 2008 en La Prensa


“Tiene mucha influencia, por eso no fue detenido”. Con esas palabras se refiere Iván Flores al abogado Marcelo Antonio A., quien el sábado protagonizó una colisión que dejó herida a la niña Vanessa Flores (10), quien tiene el cráneo roto y permanece en Terapia Intensiva de la Clínica del Sur.

Ese día, Iván se trasladaba en su vehículo por la avenida Costanera. Allí fue embestido por la vagoneta del abogado, que le chocó con violencia dejando cuatro personas heridas, entre ellas Vanessa.

Marcelo Antonio A. huyó del lugar. Un fiscal que conoció el caso le dejó libre y no instruyó el decomiso del vehículo infractor. El acusado logró con rapidez salir de vacaciones del banco en el cual es asesor legal para evitar ser encontrado y, pese a que visitó la clínica donde está la menor, hasta ahora no se hizo cargo de los daños o de los medicamentos. Dos días después del hecho de tránsito acudió ante las autoridades para hacerse una prueba de alcoholemia.

“El Fiscal se ha parcializado con él porque tiene mucha influencia”, se queja el padre de la niña, quien ayer, junto con sus familiares y vecinos de la zona de San Pedro, participó en una marcha de protesta a las puertas de la Fiscalía, en la calle Potosí.

La familia Flores pide que el acusado pague los daños médicos y los destrozos de su vehículo y que se someta a la justicia por haber conducido en aparente estado de embriaguez.

Fuentes cercanas al acusado dijeron que él está dispuesto a correr con los gastos médicos pero que rechaza que haya estado ebrio el día del accidente. El banco del cual es asesor legal prefirió no pronunciarse al respecto.

Antecedentes

El sabado 10 de mayo, Iván Flores, sus hijas y su esposa salieron de paseo en su vehículo Toyota Rav 4. Desde su casa, en la zona de San Pedro, fueron al Coliseo Cerrado a ver partidos de voleibol. Luego, en la noche, se dirigieron a su oficina, en la zona Sur, para recoger una computadora. Recorrieron la avenida Costanera en su carril de bajada. Dos cuadras antes del mercado de Las Cholas se produjo un embotellamiento que obligó al conductor a detener el vehículo.

En ese instante, otro motorizado se estrelló violentamente contra el auto de Flores. “Fuimos embestidos por el vehículo conducido por Marcelo Antonio A. El golpe fue tan fuerte, tan fuerte que yo aparecí en el carril de subida traspasando la jardinera. Y me bajé y vi quién era el chofer para que no se escape. Logré que este señor se baje de vehículo”.

Luego, relató, “mi esposa me hizo dar cuenta de la gravedad de la salud de mis hijas, (entonces) me dediqué a auxiliar a mis hijas. Viví momentos terribles porque no se podían abrir las puertas del auto” donde estaban las niñas.

“El auto de nosotros quedó destrozado, van a ver las fotos. En ese momento este señor (el abogado) se dio a la fuga dejando sin auxilio a una de sus acompañantes, Alison A. Había ocho personas en el vehículo de ellos, totalmente borrachos, estaban regresando de una fiesta del banco”.

Las dos menores fueron llevadas de urgencia a la Clínica del Sur. La menor, de siete años, Marissa, sufrió heridas en la cabeza y el cuerpo. Vanessa se llevó la peor parte. Una tomografía cerebral muestra que su cráneo está roto y astillado y que sufrió el ingreso de aire.

Según la Unidad Operativa de Tránsito, en los nueve departamentos, cada año, mueren en promedio mil personas en choques, vuelcos, atropellos y embarrancamientos de vehículos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó prohibir el consumo de alcohol para quienes conduzcan.

Apuntes

El sábado, el vehículo de Iván Flores y su familia fue embestido en la Costanera.

El presunto infractor es Marcelo Antonio A., quien se fue del lugar y no fue detenido.

La niña Vanessa tiene el cráneo roto y astillas en la cabeza. Está en terapia intensiva.

El padre de la menor pide el pago de gastos médicos y la detención del sospechoso.