domingo, 15 de febrero de 2009

Los Córdova, de pobres a un clan con poder y dinero

Noticia publicada el 15 de febrero de 2009 en La Razon



Los hermanos Córdova Santiváñez llegaron de Potosí a La Paz muy pequeños. Comenzaron a trabajar recogiendo basura de las casas de su barrio y desde muy jóvenes se involucraron en negocios presuntamente ilícitos, lo que les permitió acumular una fortuna y tomar contacto con círculos de poder. Hoy, dos de los siete hermanos están encerrados en la cárcel de San Pedro.

Una persona que conoció a los Córdova en la zona de la Periférica y que pidió mantener su nombre en reserva, contó a La Razón que los hermanos cobraban para recoger la basura de sus vecinos.

Aproximadamente en 1986, los padres de los hermanos Córdova deciden separarse. Miguel Ángel, Ernesto, Juan Carlos, Luis Fernando, Leydi y Patricia se quedaron a vivir con su madre, mientras que Marco Antonio, el actual diputado por Podemos, optó por permanecer junto a su padre, relató un allegado a la familia. “Los hermanos que se quedaron con la madre estudiaban en colegio particular, en cambio Marco Antonio en colegios fiscales”, contó.

La señora Córdova ofrecía el servicio de té en la estatal YPFB desde hace unos 15 años, según la declaración que Ernesto Córdova hizo a la Policía.

Transcurridos los años, Ernesto y Luis Fernando conformaron una pandilla que era conocida desde la avenida Periférica hasta la Pérez Velasco: los Jodi’s. El grupo infundió temor en las personas que rondaban por esa zona y Ernesto, que era conocido como el Papi’s, era el más “cráneo, él planeaba todo”, según las fuentes. Luis Fernando era el Ticoco y a Miguel Ángel le decían Micky.

La separación de sus padres no impidió que los hermanos estén en permanente contacto. Según personas que conocieron la pandilla, el ahora diputado de Podemos, al que le decían Mijail , también formaba parte de ella, aunque el congresista lo negó.

En esa etapa de sus vidas comenzaron a ganar dinero fácil y rápido. “Vendían celulares robados, los daban por Bs 100 y no duraban ni una hora; luego Ernesto se dedicó a vender facturas, con las que logró acercarse a gente de mucho poder”, relató una de las fuentes que los conocía.

Para aquel entonces, los hermanos no sobrepasaban los 22 años de edad, pero ya habían denuncias en la Policía en contra de cuatro de los Córdova.

“Era raro ver a changos de 17, 20 años con autos modernos. Tenían modelos que no habían en el país”, contó una de las fuentes. Gente que conoció muy bien a la familia Córdova aseveró que “cuando le iba bien en los trabajos que hacía Ernesto, a la semana ganaba como $us 1.200, que por lo general era lo que recaudaba”.

Marco Antonio, Ernesto y Luis Fernando estudiaron Derecho. El primero logró obtener maestrías y diplomados en el exterior, según sus allegados, mientras que Ernesto no culminó la carrera. El último habría terminado sus estudios y aparentemente ejerció su profesión de abogado.

El 27 de enero, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado en la puerta de un domicilio en la avenida Tejada Sorzano. Le robaron 450 mil dólares y estaba acompañado de su asesor legal, Luis Fernando Córdova. Ese dinero, aparentemente, estaba destinado a pagar una coima, que involucra al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Las investigaciones en este caso revelaron que Luis Fernando Córdova también figuraba como asesor de la empresa estatal del petróleo, lo que muestra su cercanía con el ex presidente de YPFB. La Policía identificó a Ernesto y Luis Fernando como autores intelectuales del hecho.

El hermano del presidente Evo Morales, Hugo, admitió esta semana que conocía a los Córdova, pero negó vínculos con ellos.

Un pariente de los hermanos señaló a este medio que sus familiares lamentan que Ernesto y Luis Fernando no hayan pensado en sus padres y en sus hijos antes de involucrarse en estos hechos, que finalmente, tras varias denuncias sobre actividades ilegales, les costó la libertad.

“Los hermanos siempre estuvieron metidos en actos sucios, vendían autos robados, facturas, celulares, traficaban con mujeres, con menores de edad y con drogas, pero siempre tuvieron el apoyo de los cargos medios de la Policía, no tenían miedo a la Policía”, relató otra fuente.

El entrevistado contó que los hermanos habían encontrado apoyo en la Policía, en la Alcaldía y en el ámbito político. “Pagaron como $us 50 mil para que su hermano, Marco Antonio, sea diputado por Podemos, cuando ese cargo se encontraba destinado a un ex militante del MNR”, afirmó la fuente. El movimiento económico que generaron no fue suficiente para los hermanos, quienes vieron en los locales nocturnos el verdadero negocio.

“Como ya tenían plata, comenzaron a frecuentar locales de mujeres, iban muy seguido a El Caracol, que era un boliche en Villa Fátima. Ahí se hicieron amigos del dueño y comenzaron a ayudarle con sus contactos en la Alcaldía. Así evitaban que cierren su boliche preferido”, relató.

Luego, como empresarios, porque así son denominados por algunas autoridades ediles, abrieron sus propios locales.

“Ernesto abrió el Azabache, que estaba en la avenida Armentia, era un local de ‘remate’ y no tenía licencia ni nada, había tragos adulterados”, informó a este medio un funcionario de la Alcaldía, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Inmediatamente abrió El Caballito, local que aún continúa atendiendo a sus clientes en la zona de Villa Fátima. “Ese local fue intervenido como 15 veces, pero nunca fue clausurado. Cuando íbamos a cerrar el local, encontrábamos menores de edad, tragos, palos de picotas y, como eran las cinco o seis de la mañana, cuando se hacían los operativos, estaban ahí Ernesto y Luis Fernando, en estado de ebriedad, hasta parecían que estaban drogados”, contó.

Más tarde, Luis Fernando abrió el bar Ticoco’s. “Ese local sí tiene todo en orden, la licencia de funcionamiento, aunque tiene una tarjeta amarilla, porque se excedió en la hora de atención”, sostuvo.

La fuente edil señaló que cuando se encontraba con los hermanos Córdova, “Ernesto era muy dejado, impresionaba su apariencia, tenía marcas en el rostro; en cambio Luis Fernando era más empresarial, más pulcro, era más fácil hablar con él”, dijo.

Como los negocios prosperaron, abrieron más clubes nocturnos, la Media Naranja por ejemplo, que era de Ernesto. Abrieron también el night club Anaconda, que tiempo después fue cerrado por la Alcaldía.

Otra autoridad señaló que los Córdova hallaron protección en ciertas esferas del municipio paceño. Otra fuente aseguró que los Córdova conocían a la concejal Rosario Aguilar, pero ella afirmó que hasta ahora nunca había oído hablar de ellos.

Ernesto Córdova Santiváñez, considerado como uno de los más grandes proxenetas de la ciudad de La Paz y actual dueño de un local de “remate” y prostitución llamado El Caballito, llegó a manejar nueve bares ilegales ubicados en diferentes zonas de la urbe paceña, según confirmaron autoridades de la Alcaldía.

“Desde el año 2002 hasta el 2004 tenía aproximadamente unos nueve locales. Que yo recuerde, tenía uno que estaba en la calle Armentia, otro en Villa Pabón, dos en Villa Fátima, inclusive han llegado a instancias judiciales porque han traficado con dos menores de edad que hacían de meretrices”, afirmó la autoridad municipal que pidió el anonimato por seguridad.

De acuerdo con las denuncias, Ernesto trabajaba con mujeres jóvenes y de procedencia extranjera. “Traían mujeres de Paraguay, Brasil, ofreciéndoles trabajar como meseras. Les pagaban los pasajes, las alojaban y luego las extorsionaban. Les decían que podían irse cuando quieran, pero después de pagar por el traslado y el alojamiento, con lo que las forzaban a ser damas de compañía en sus locales”, sostuvo una fuente policial.

Los relatos de personas que llegaron a conocerlo coinciden en que Ernesto Córdova no podía administrar solo sus lenocinios y, por ello, sus familiares le prestaban su colaboración.

“Sus hermanos eran los que le ayudaban, por lo menos he visto a tres o cuatro en la atención de los locales. Toda la familia estaba metida en esto, ellos trabajan muchísimo con la prostitución”, complementó otra fuente que conoció de cerca esos ambientes.

Córdova inició el negocio de los locales de remate y prostitución con El Azabache, según fuentes allegadas a él. Este bar estaba ubicado en la avenida Armentia, pero las autoridades lo clausuraron porque no contaba con licencia de funcionamiento.

Así, otros bares de remate como El Charro, ubicado en la avenida Armentia; El Melgarejo, en la calle Estados Unidos; el Media Naranja, situado en la calle Potosí, y otros ubicados en la subida del mirador de Killi Killi, en Alto Miraflores, funcionaron sólo un tiempo y luego fueron cerrados, hasta que Ernesto inició las gestiones para levantar El Caballito.

Ubicado a pocos pasos de la plaza Villarroel, es un local que funciona desde las 4.00. Con la infraestructura de un domicilio particular y un frontis nada revelador, los clientes habituales ingresan a la vivienda donde, escondida tras un mueble, hay una puerta de acceso a distintos ambientes clasificados para todo tipo de gustos y presupuestos.

La Alcaldía intervino ese local unas 15 veces, según revelaron fuentes ediles, y en las requisas hallaron a mujeres menores de edad y bebidas adulteradas, entre otros. “Muchas veces sus hermanos parecían estar drogados y se ponían agresivos cuando se hacía la requisa”, reveló la fuente.

Ahora El Caballito cuenta con todas las licencias de funcionamiento y trabaja hasta en el día.

Para Ernesto, el negocio de la prostitución y las casas de cita fue más provechoso que cualquier otro y su ambición lo llevó a crear un night club de mayor nivel: el Anaconda, ubicado en la calle Capitán Ravelo, a pasos del Puente de las Américas, que albergaba a clientes con mayor presupuesto económico. No obstante, fue clausurado el 2003.

Ernesto Córdova fue involucrado en el asesinato y volteo de 450 mil dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach. Su hermano menor, Luis Fernando, era socio del fallecido empresario y hoy ambos guardan detención preventiva en el penal de San Pedro, acusados de ser los autores intelectuales del crimen.

De acuerdo con una investigación realizada por este medio, Luis Fernando, el menor de los siete hermanos Córdova, también cuenta con su propio local, El Ticoco’s, ubicado en Villa Fátima. Este bar tiene licencias de funcionamiento, “pero ya tiene tarjeta amarilla, porque se excede del horario permitido, hasta las 4.00” manifestaron en la Alcaldía.

sábado, 14 de febrero de 2009

Santos, de “número 2” del MAS a número 1300 en San Pedro

Noticia publicada el 14 de Febrero de 2009 en La Prensa

A las 08.55 del viernes 13, Santos Ramírez Valverde se convirtió en el interno 1300 del penal de San Pedro, al que ingresó en medio de los aplausos de bienvenida de los reos. Fue una de las cuatro personas que fueron recibidas en el lugar la mañana de ayer.

La caída del ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue consecuencia del atraco seguido por el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, cometido el martes 27 de enero, hace 19 días, y el sábado 31, hace 15, el presidente Evo Morales lo destituyó de sus funciones al frente de la petrolera.

El Presidente exteriorizó su tristeza por la situación de su ex colaborador político, aunque exigió públicamente que demuestre su inocencia. El Mandatario tildó a los corruptos de “traidores” al proceso de cambio que vive el país.

A fin de precautelar la integridad personal de su defendido, el abogado Albo Lacaze solicitó a la juez Marcela Siles “la aplicación de medidas extraordinarias” de seguridad.

Después de haber determinado el encarcelamiento de Ramírez poco antes de las 18.00 del jueves, la magistrada Siles firmó alrededor de las 08.30 el correspondiente mandamiento de detención preventiva, documento que fue entregado a la Policía Judicial.

Los uniformados planificaron un rápido operativo de traslado. Una patrulla llegó a la puerta principal del panóptico, por donde entró el acusado.

Los detenidos entran en el recinto por una puerta lateral ubicada sobre la calle Cañada Strongest, que da acceso directo a las oficinas de Registro y Filiación.

En ese sitio se habían congregado los periodistas, pero éstos fueron sorprendidos, pues Ramírez pasó por el portón de la plaza Sucre.

Bajó rápidamente del motorizado policial y los uniformados que lo rodeaban impidieron que fuera retratado en esos instantes.

En un primer momento, el nuevo inquilino de San Pedro no se mezcló con sus nuevos compañeros de reclusión, aunque éstos lo saludaron y ovacionaron a través de la reja que comunica al patio principal.

Aún custodiado, Santos Ramírez caminó por un pasillo que conduce directamente desde ese sitio a la oficina de Registro.

En ese ambiente, un policía llenó la ficha prontuario del ex Presidente Ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la que se consignan sus generales de ley, y posteriormente se le tomaron fotografías de frente y de perfil.

Concluidos los trámites, alrededor de las 11.00 fue conducido a la sección Guanay, en cuya segunda planta fue destinado a una celda que comparte con otro de los presos.

Al ingresar en la cárcel, Ramírez no llevaba cosa alguna. Vestía la misma ropa que había lucido desde el martes, cuando aún era un hombre libre.

Cerca del mediodía, su hija mayor llevó un maletín que contenía ropa y unas frazadas, que en el ingreso fue minuciosamente revisado por los uniformados, según disponen las normas.

A mediodía se sirvió el almuerzo, ají de fideos, que Régimen Penitenciario destina a los detenidos y comenzó la rutina que será habitual mientras permanezca en el panóptico.

El gobernador del penal, Ernesto Michel, desmintió anoche una versión que daba cuenta de que Ramírez había sido transferido a la sección La Posta.

Mientras la ex autoridad cumplía los trámites burocráticos, su abogado Albo Lacaze explicó que la exigencia de la defensa hacia la Policía es que ésta resguarde su seguridad.

“Estamos pidiendo fotocopias de todo el cuaderno de investigaciones, que debemos estudiar para establecer nuestra estrategia de acción”. No hay un tiempo definido para la detención preventiva, pero Lacaze estima que en cuanto se disipe el riesgo de que presione a otros declarantes podría recuperar su libertad o sería cuando se presenten recursos destinados a lograr el cese de la reclusión a la que es sometido por un fallo cautelar.

“Dentro del recinto no hay un mecanismo especial de protección. Por ello, lo único que estamos pidiendo es que sea ubicado en un lugar en el que tenga la seguridad personal y pediremos al Juzgado la aplicación de medidas extraordinarias” de resguardo y vigilancia.

Preso en una sección “de segunda” en el penal

Santos Ramírez fue internado ayer en el sector Guanay del penal de San Pedro, sitio escogido por la Gobernación para brindar seguridad al ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para aislarlo de quienes están involucrados en el caso de presunto soborno, robo y asesinato.

Dentro del recinto, Guanay es considerada una sección de “segunda categoría” y es ocupada principalmente por procesados por narcotráfico, “cogoteros” e incluso por asesinos.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López Arenas, negó ayer que haya ido a la cárcel para visitar a Ramírez, pero admitió que fue a verificar que no sea instalado “en los mismos espacios” en los que están Ernesto y Luis Fernando Córdoba, Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Rodríguez, otros implicados en el caso.

El gobernador del penal, Ernesto Michel Mendoza, compartió ese criterio y ambos coincidieron en que el ex presidente de la petrolera es un “interno más” y no gozará de privilegios, e insistió en que López no le hizo ningún pedido especial para conceder ventajas al ex dirigente masista.

Los Córdoba están detenidos en el sector Chonchocorito, y los Rodríguez, en San Martín.

Michel explicó que la seguridad interna del recinto penitenciario precautela por los privados de libertad, aunque no especificó, por estrategia, con cuántos policías se realiza esa labor. Estos agentes recorren las diferentes secciones.

El Gobernador del Panóptico es el primer esposo de Jiovana Navia Doria Medina, de quien Santos Ramírez quiere divorciarse, 33 días después de haber contraído matrimonio.

Evo Morales está apenado

Aunque declaró ayer en Guaqui sentirse entristecido por la situación que anfronta su ex colaborador político, el presidente Evo Morales sostuvo que “Santos Ramírez y otros funcionarios tienen la obligación de demostrar su inocencia, para eso es la justicia boliviana. El Gobierno va a coadyuvar en la investigación y hacer las demandas correspondientes”.

Morales calificó, en la oportunidad, como traidores al proceso de cambio a los administradores de la cosa pública que incurren en delitos de corrupción.

Aseguró que se siente fortalecido por la tarea de investigación que desarrollan sobre el particular los ministros y autoridades del Órgano Ejecutivo a fin de que el caso se esclarezca.

“Los movimientos sociales felicitan la acción que estamos tomando”.

Atribuyó, sin embargo, algunas irregularidades a la acción de “agentes externos infiltrados en Yacimientos”.

Evo Morales formuló estas afirmaciones en la población de Guaqui, departamento de La Paz, donde participó en el acto de estreno de una embarcación multipropósito que, bajo manejo de la Fuerza Naval Boliviana, surcará aguas del lago Titicaca.

Rejas

La ex autoidad ingresó a las 08.55, en medio de aplausos, en el penal de La Paz.

El otrora hombre fuerte del Gobierno pasó a una celda en la sección Guanay a las 11.00.

A mediodía se sirvió el almuerzo que Régimen Penitenciario da a todos los reos.

viernes, 13 de febrero de 2009

Santos Ramírez será encarcelado hoy, acusado de cinco delitos, y se enfrenta a una pena máxima de ocho años

Noticia publicada el 13 de Febrero de 2009 en La Prensa



Grupo Líder.- La juez Marcela Siles decidió ayer la detención preventiva de Santos Ramírez en el penal de San Pedro, aunque firmará esta mañana el mandamiento correspondiente, pues no lo hizo ayer porque la audiencia de medidas cautelares que presidió concluyó cerca de las 18.00, cuando no hay posibilidades de que el penal de San Pedro albergue reclusos provenientes de La Paz.

Ramírez enfrenta acusaciones por cinco delitos, cuya pena máxima es de ocho años de cárcel. Los delitos de los que se sindica a Ramírez son conducta antieconómica, penado con uno a seis años de reclusión; uso indebido de influencias, dos a ocho años; contratos lesivos al Estado, uno a cinco años; incumplimiento de deberes, un mes a dos años, y cohecho pasivo, do a seis años.

La economía jurídica nacional no acumula las penas, por lo que el sentenciado las cumple en forma paralela.

La juez Marcela Siles consideró que hay elementos suficientes que permiten establecer que Ramírez influenciará en los testigos y sindicados que deben declarar sobre los malos manejos que hubo en la contratación de la empresa Catler-Uniservice para la implementación de una planta de líquidos en Río Grande.

Aunque el fiscal Edwin Sarmiento aseguró que no existe riesgo de fuga porque el acusado se presentó a declarar en cuanto fue convocado, dijo que las otras acusaciones son las que pesan para justificar la detención preventiva de Ramírez.

En un extenso alegato, el Ministerio Público describió paso a paso la formación de la empresa internacional y los pasos que se dieron dentro de YPFB para beneficiar a esta empresa. El fiscal Edward Mollinedo dijo que la empresa Catler se dedicaba a los empréstitos financieros y no a la actividad petrolera. Uniservice apenas tiene un capital de Bs 20.800 y no en el sector petrolero.

A pesar de la resistencia de la defensa, Mollinedo explicó que la sociedad accidental Catler-Uniservice nace en Panamá el 8 de julio de 2008 y en sus documentos de constitución hacen figurar un capital de un millón de dólares; la Fiscalía cree que Ramírez sabía de todos estos pasos porque un mes antes, el 5 de junio, participaron en una reunión sobre la adjudicación de la planta Mario Cossío Galem y el abogado Julio Salazar en la estatal petrolera y los dos participan a nombre de Catler-Uniservice cuando el consorcio aún no existía. Los trámites para formar de la firma estuvieron a cargo de Salazar, quien reveló que por este trabajo cobró cinco mil dólares a Agustín Melano, Miguel O’Connor y Mario Cossío Galem, responsables de la sociedad accidental.

Pero existen otras irregularidades que vinculan al ex Presidente de YPFB. El 11 de julio aparece un memorándum con la firma de Santos Ramírez en la que se convoca a “algunos funcionarios” para la reunión de concertación.

Para ello incluso envió memorándos de ascenso a algunos jefes de unidad, quienes accedieron a gerencias de la empresa para que puedan integrar la comisión calificadora.

Otro de los designados de forma inmediata fue Julio Anagua, detenido el 2 de febrero cuando intentaba destruir documentos y encendía su computador.

Los cinco integrantes de esta comisión, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña y Esther Carmona, eran de confianza de Santos y se “autodesignaron” el 9 de julio, quienes ahora son investigados.

Mollinedo dijo que no se cumplieron los requisitos exigidos por las normas y Ramírez firmó cuatro adendas al contrato para beneficiar a la empresa.

No firmó documentos sobre la supervisión de las obras, no había certificado de garantía y tampoco un calendario de operaciones; cuando Ramírez fue consultado por la Fiscalía sobre estas anomalías y el por qué no había supervisores, dijo que la empresa no tenía presupuesto, aunque firmó con un contrato de $us 86,351 millones con la mencionada finalidad.

Y por eso, añadió Ramírez, se contrataron “fiscales de obras” pero éstos emitieron un informe a favor de Catler-Uniservice y facilitaron el pago del dinero, que autorizó el Ministerio de Hacienda el 2 de septiembre.

El monto desembolsado es de $us 45 millones; de este monto, 35 millones eran para la empresa estadounidense Gulsby y 10 millones al consorcio Catler-Uniservice.

“Es un chivo expiatorio”

Víctor Borda, miembro del foro potosino y que parece ser el director del grupo de abogados de Santos Ramírez, señaló nuevamente que detrás de esta determinación hay “una ingerencia política, pero no voy a mencionar su origen ”, aunque dijo que su cliente es un “chivo expiatorio”.

Albo Lacaze lamentó la decisión de la juez Marcela Siles, pero anunció que después de evaluar el caso, se presentará un recurso para dejar sin efecto la detención preventiva de su cliente en la cárcel.

Otro asesor legal de Ramírez, José Luis Paredes Oblitas, anunció que el equipo de juristas que asesora a la ex autoridad, estudiará la determinación judicial en procura de lograr la libertad de su defendido.

Franz Avilés, quien había participado en las declaraciones ante la Fiscalía, junto con el otrora hombre fuerte del Movimiento al Socialismo (MAS), se ubicó entre el público y no junto con Ramírez. Avilés fue contratado por los ex funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). contra quienes se amplió la demanda judicial, por lo que se encuentran bajo investigación.

Cronología

12/03: Catler International se forma en Houston, EEUU, con un capital de 10.000 dólares.

12/03: La firma, cuyo principal ejecutivo es Agustín Melano, concede préstamos.

06/01/2006: En Tarija se constituye Uniservice de los socios Jorge y Miguel O’Connor.

06/01/2006: El balance de apertura muestra un capital de 20.800 boliviano.

15/11/06: Miguel O’Connor D’Arlach rec ibe un poder para administrar la empresa.

01/04/08: Santos Ramírez es autorizado a buscar un contratista para la planta de Río Grande.

21/05/08: YPFB invita a cuatro petroleras a participar en ese proceso.

27/05/08: Catler International participa con YPFB en una reunión aclaratoria sobre el pliego.

25/06/08: Julio Salazar participa en otra reunión como delegado de Catler-Uniservice.

30/06/08: Santos Ramírez forma la comisión calificadora de la licitación.

05/06/2008: Julio Salazar y Mario Cossío Galem representan al consorcio ante YPFB.

08/06/08: En Panamá se expide un registro de Catler con capital de $us 1.000.000.

08/06/08: Ese documento es presentado a YPFB para crear convicción de Catler.

08/07/08: Tres días antes de firmar contrato con YPFB, se forma Catler-Uniservice.

10/07/08: Santos Ramírez participa en la concertación con representantes de Catler.

11/07/08: Media hora antes de firmar contrato, se protocoliza la sociedad accidental.

11/07/08: Santos Ramírez dicta la resolución para adjudicar la obra a Catler-Uniservice.

11/07/08: Se forma una comisión de concertación, aunque el memorándum no es firmado.

11/07/08: Santos Ramírez aprueba la firma del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice.

14/07/08: Ramírez, Melano y Miguel O’Connor participan en un acto público de firma.

07/08/08: Fenece el plazo para que Catler-Uniservice presente sus garantías. No lo hace.

02/09/08: Hacienda deposita en el Banco Unión un fideicomiso de $us 45.000.000.

02/12/08: Catler-Uniservice recibe un primer pago de 1,65 millones de dólares.

02/12/08: Jorge O’Connor abre dos cuentas en ese banco, una en dólares y otra en bolivianos.

03/12/08: Jorge O’Connor recoge 580.000 dólares sin haberse iniciado las obras.

03/12/08: Gloria Miranda, una particular, retira 99.000 dólares para el pago de un seguro.

03/12/08: A las 12.04, Jorge O’Connor retira 100.000 dólares para el inicio de las obras.

03/12/08: Fernando Córdoba recoge 110.000 dólares para la compra de tuberías.

03/12/08: Mario Cossío Galem hace otro retiro para equipamiento, hidrocarburos y autos.

03/12/08: Jorge O’Connor pasa $us 200.000 de su cuenta en dólares a bolivianos.

04/12/08: El empresario Jorge O’Connor retira otros 939.000 dólares.

14/11/09: Se hace un segundo pago de 1,65 millones de dólares a Catler-Uniservice.

15/01/09: Mario Cossío Galem retira 55.000 dólares de ese pago.

15/01/09: Gloria Paola Miranda cobra 78.000 dólares de esa cuenta.

15/01/09: Luis Fernando Córdoba saca 20.000 dólares de ese pago.

27/01/08: O’Connor, Cossío Galem y Córdoba retiran 450.000 dólares de esa cuenta.

REPERCUSIONES

Iván Canelas

Portavoz gubernamental

“El Gobierno no va a permitir un sólo acto de corrupción sea del oficialismo o de la oposición. Ésta es una clara muestra de que, al margen de que se trate de cualquier persona, el Gobierno y el presidente Evo Morales van a exigir y demandar las más drásticas sanciones contra aquellos que hayan caído en el mal, en el delito, de la corrupción. Si alguien del oficialismo ha incurrido en actos de corrupción, es un traidor y también debe ir a la cárcel”.

Ricardo Díaz

Senador del MAS

“Ésta es una muestra de que no hay inmolaciones concertadas ni nada parecido en el Gobierno. Es una muestra clara de la posición que tenemos en el Gobierno: definiciones que nunca hubo antes en temas de esta naturaleza. Hay una definición clara del Gobierno y del Presidente, que muestra también una decisión de investigar a fondo absolutamente todos los temas oscuros en este país. Santos Ramírez no tuvo protección del Gobierno, no hubo complicidad y será recluido en la cárcel.”.

Fidel Herrera

Concejal de Sucre

“Esperemos que se llegue hasta lo último en el esclarecimiento y se dé con todos los autores intelectuales y materiales de los hechos de los que se acusa a Santos Ramírez y a otras personas en relación con las irregularidades en Yacimientos, pero consideramos que existe complicidad en quienes viabilizan mecanismos legales que dan paso, en cualquier institución del Estado, para que no se ingresar en los marcos formales de las licitaciones”.

Lourdes Millares

Diputada de Podemos

“En un Estado de derecho se tienen que cumplir las normas y, en este caso, el Ministerio Público en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, hizo la fundamentación ante las pruebas que han sido acumuladas como parte del proceso de investigación. Por supuesto que quienes administran la justicia han actuado en el marco de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Se está cumpliendo la ley”.

Peter Maldonado

Diputado de Unidad Nacional

“La detención de Santos Ramírez en el penal de San Pedro, dispuesta por una juez, es una señal positiva en la lucha contra la corrupción, como es destacable la decisión gubernamental de investigar el caso hasta lograr su total esclarecimiento. Esperemos que se aclare todo y que no queden cosas poco claras cuando concluya la labor de la justicia. Ésta es una medida acertada que le hace bien a la administración pública, porque de ahora en adelante, los pillos que quieran hacer negocios tendrán que pensarlo mucho”.

Gabriel Dabdoub

Presidente de la Confederación de Empresarios Privados

“La detención de Santos Ramírez es una demostración de que el Gobierno pretende luchar contra la corrupción, por lo que corresponde apoyar el gesto del Presidente de la República, que ordenó escarbar hasta el fondo el daño económico que se hizo al país con este hecho. Pero no sólo debe investigarse este hecho, sino que todas las denuncias que surgieron en el último tiempo deben ser objeto de indagación para que no queden dudas acerca de la voluntad de enfrentar la corrupción”.

Carlos Daboub

Secretario de Autonomía de Santa Cruz

“La corrupción es tan grande en el país que hasta el segundo hombre del Movimiento al Socialismo se ve obligado a guardar detención en la cárcel. El tema es tan complejo que no pudo ser escondido ni tapado. Esperamos que las investigaciones lleguen verdaderamente al fondo del asunto y todo quede esclarecido, para que todos los que resulten culpables de las irregularidades reciban las sanciones que merecen y se recupere el daño económico inferido al Estado de esta manera”.

La sesión se desarrolló en el quinto piso de la Corte Superior y no en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal.

El contrato no tiene calendario de ope-raciones y la empresa no dio un certificado de garantía.

jueves, 12 de febrero de 2009

Fiscal atribuye 6 delitos a Santos, que comparece hoy ante una juez

Noticia publicada el 12 de Febrero de 2009 en La Prensa


Santos Ramírez comparecerá a las 14.00 de hoy ante la juez Décima de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, en una audiencia de medidas cautelares en la que se decidirá si será recluido en el penal de San Pedro o se deberá defender en libertad de los seis delitos imputados por la Fiscalía.

En un operativo cumplido alrededor de las 16.00, Ramírez fue llevado en un todoterreno del edificio del Ministerio Público a la Corte de Justicia, en la vereda opuesta de la calle Potosí.

La ex autoridad fue conducida de inmediato a las celdas de la Policía Judicial, en las que seis activistas cívicos chaqueños permanecieron durante un mes aproximadamente.

Sin embargo, no fue recluido en uno de esos ambientes, sino en el dormitorio de los guardias policiales.

Los delitos

La Fiscalía imputa a Ramírez por seis delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y asociación delictuosa.

La juez Marcela Siles evaluará los alegatos de los agentes del Ministerio Público para dar a conocer su determinación.

Edward Mollinedo, fiscal anticorrupción, presentó a las 16.00 el correspondiente requerimiento, e inmediatamente después Santos Ramírez abandonó el edificio en el que había permanecido desde la víspera para quedar formalmente detenido en un ambiente más cómodo, aunque fue visto con la misma ropa con la que había concurrido a la convocatoria del Fiscal para contestar el interrogatorio sobre el procedimiento seguido para contratar a la sociedad accidental Catler-Uniservice para que construya una planta separadora de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz.

Mollinedo decidió aprehender a Santos Ramírez por considerar que puede ejercer presión sobre otros involucrados en el caso, quienes deben prestar declaraciones y aportar pruebas o elementos para esclarecer el caso de presunto cohecho pasivo que se investiga.

Como resultado del trabajo de la comisión investigadora compuesta por el interventor de YPFB, Carlos Villegas, y sus colaboradores, además de los equipos de los ministerios de Defensa Legal del Estado y Transparencia Institucional, junto con Ramírez, la demanda se ampliará contra 12 ex ejecutivos y funcionarios de la petrolera nacionalizada: Esther Carmona, Marco Antonio Vega, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña, Federico Galán, Linet Ontiveros, Richard Aguilera, Juan Carlos Arellano, Iván García Coca y Elizabeth Morales.

Filemón Escóbar y Félix Santos salen al frente

El ex dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Filemón Escóbar aseguró ayer que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez fue denunciado por corrupción desde 2001, cuando era integrante del Concejo Municipal de Potosí.

“En 2001, en una gran reunión del MAS en La Paz, se le entregó a Evo Morales papeles sobre las supuestas irregularidades de Santos Ramírez cuando era miembro del Concejo Municipal, aunque todos pensábamos que era una pelea personal entre Santos Ramírez y Félix Santos”, dirigente campesino.

“Es un hombre peligroso”. Es la definición del ex diputado masista Félix Santos en torno a su ex compañero Santos Ramírez, a quien acusó de haber montado una red de corrupción en el departamento de Potosí cuyos orígenes se remontan a 1996, cuando el ex Presidente de YPFB era presidente del Concejo Municipal.

“Ramírez es un personaje peligroso. No hay que sentarse ni siquiera a su lado porque se corre riesgo”, dijo Félix Santos, ex secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Filemón Escóbar confirmó esa versión y agregó que las denuncias surgieron cuando el MAS designaba a sus candidatos a parlamentarios para las elecciones de 2002. “Al final, se decidió que los dos sean diputados por Potosí”.

Félix Santos ratificó esa historia y mencionó que se esforzó por destapar la corrupción de Ramírez, pero ningún dirigente del MAS le hizo caso.

La demanda se ampliará contra 12 ex autoridades de la empresa petrolera nacionalizada.

miércoles, 11 de febrero de 2009

La Fiscalía detiene a Ramírez y hoy se sabrá si va a la cárcel


Noticia publicada el 11 de Febrero de 2009 en La Razon

Con el cuerpo erguido, el ceño fruncido y mostrando seriedad, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez llegó a la Fiscalía de Distrito de La Paz a las 14.00 de ayer para concluir su declaración. Sin hablar con los medios, ingresó a la oficina del fiscal Edward Mollinedo. Cinco horas después, el Ministerio Público anunció su aprehensión.

La decisión surgió un día antes de que el ex presidente de YPFB se presente ante la comisión multipartidaria del Senado, que también investiga el caso.

“El Ministerio Público determinó la aprehensión del señor Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que se tienen”, informó escuetamente Mollinedo a las 19.15, y pidió a los medios desalojar el lugar.

Hoy se espera que la jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, defina su detención preventiva o su libertad.

Mientras pasaban las horas, en los pasillos corría el rumor de que Ramírez iba a ser aprehendido, sin embargo ningún fiscal informaba al respecto. Fuentes de la investigación confirmaron a La Razón que la aprehensión estaba definida y sólo se tramitaba su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La actitud de Ramírez al llegar a la Fiscalía cambió más tarde. Sentado en una silla, al interior de la oficina de Mollinedo, mantuvo su cabeza agachada durante varios minutos. Afuera, un grupo de personas que en anteriores días agredió a los periodistas, esperaba su salida.

Tras el desalojo de los medios y de otras personas, el fiscal Mollinedo y los otros miembros de la comisión que investigan el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach permanecieron junto a Ramírez y sus abogados por al menos 20 minutos.

Más tarde, uno de los abogados del ex presidente de Yacimientos, Franz Avilés, afirmó que la decisión del Ministerio Público tiene un matiz político y que no existe una imputación formal.

El fiscal Edward Mollinedo, que está a cargo de la investigación sobre corrupción, afirmó días atrás que los delitos que se investigan son: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes, cohecho activo, pasivo y otros. Aclaró que todas las personas llamadas a declarar estaban en calidad de sospechosas.

El volteo de los 450 mil dólares que presuntamente eran una coima y la muerte de O’Connor destaparon el escándalo que derivó en su detención y desnudó un presunto caso de corrupción relacionado con la adjudicación para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, que involucró también a Catler Uniservice, la compañía del empresario asesinado.

Avilés dijo que la aprehensión es por seguridad “hasta presentarlo ante el juez y que éste determine si lo detendrán, aunque no lo creo porque cumple con requisitos como domicilio fijo y familia, salvo que haya presiones”.

Mientras Ramírez declaraba en la oficina de Mollinedo, en el tercer piso de la Fiscalía, sobre el mismo nivel, pero en otro despacho, prestaban su informe el testigo clave del volteo del dinero y el asesinato de O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem, y el cuñado de Ramírez, Juan Carlos Navía Doria Medina.

Mollinedo transitó al menos cinco veces de una oficina a otra. En una de ellas, llevó en las manos una computadora portátil en cuya pantalla se observó fotos.

Los fiscales César Román, Sergio Céspedes y Edwin Sarmiento también entraban y salían de ese espacio. Aproximadamente a las 18.00, los abogados de Ramírez salieron de la oficina de Mollinedo y no declararon nada a los medios de comunicación.

Poco antes del anuncio del fiscal Mollinedo, este medio reconoció a un teniente de la Policía que trabaja en Palacio de Gobierno. El mismo ingresó al despacho, donde estaba Ramírez, y salió minutos después.

Luego de la determinación de la Fiscalía, otro de los abogados de Ramírez, Albo Lacaze, aseguró que su cliente está firme en sus convicciones y que su defensa demostrará su inocencia. “Vamos a revisar la resolución de fundamentación y luego señalar si hubo o no un error procedimental o algo”, manifestó.

Lacaze conversó con un periodista de este medio y le comentó que Ramírez sería llevado a la FELCC. Sin embargo, más tarde se vio que una persona entregaba una frazada y una mochila a un policía, supuestamente para Ramírez. Un funcionario cercano a los fiscales informó que el detenido se quedaría en el Ministerio Público.

Dos vagonetas, una roja y otra blanca, salieron de la Fiscalía media hora después de la declaración de Mollinedo.

Ramírez fue aprehendido horas antes de su declaración informativa ante la comisión del Senado que investiga el caso.

Por la mañana, la esposa de Santos Ramírez, Jiovanna Navía, declaró ante los fiscales. Su abogada, Teresa Montaño, advirtió que “de ninguna manera su informe pudo influir en la decisión de aprehenderlo”.

El Gobierno, a través del ministro de Descentralización y Autonomías, Carlos Romero, señaló que aunque lamentaba la situación de Ramírez, ésta es una muestra de que el Gobierno no intervendrá en el proceso. El diputado del MAS Gustavo Torrico dijo que “es un sopapo tapabocas a todos aquellos que han ido denigrando el actuar del Gobierno y de nuestro Presidente (...) Les ha mostrado que en este Gobierno no se tapa a nadie la corrupción”, aseveró.

La oposición saludó la decisión. El senador de Podemos Wálter Guiteras y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, esperan que no sea un “show político”.

El analista Humberto Vacaflor fue más escéptico, y señaló que espera que no sea una “inmolación negociada”.

“Se determinó la aprehensión de Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que hay”
Edward Mollinedo, fiscal a cargo del caso de corrupción.

Glosario

Aprehensión • Tomar alguna cosa o persona; por ejemplo, la detención material de un presunto delincuente, según establece un diccionario jurídico.

martes, 10 de febrero de 2009

Ramírez pagó $us 16,5 millones y es investigado por nepotismo

Noticia publicada el 10 de Febrero de 2009 en La Prensa


El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez reveló ayer en su declaración a la Fiscalía que la nacionalizada pagó 16,5 millones de dólares al consorcio Catler-Uniservice en seis partidas diferentes, de las que al menos tres fueron respaldadas por pólizas de cumplimiento y no boletas de garantía, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa.

Para dar lugar a estos pagos, la ex autoridad se respaldó en una nota remitida por el cesante superintendente interino de Pensiones, Valores y Seguros Mario Guillén Suárez, quien comunicó que con la Resolución Administrativa 731/007 es posible la sustitución indicada a pesar de que la licitación y el compromiso del consorcio exigían a esa empresa presentar estos documentos, según su propuesta técnica.

Ramírez se presentó ayer a declarar ante el fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, en una sesión que duró entre las 14.15 y las 18.30.

Los investigadores prepararon desde la semana pasada un cuestionario de diez preguntas, de las que Ramírez respondió la mitad y se prevé que desde las 14.00 de hoy conteste las restantes cinco.

El ex hombre fuerte del MAS está involucrado en dos procesos penales. Uno es el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ejecutivo de Catler-Uniservice, a quien robaron 450.000 dólares, y el segundo tiene que ver con estos hechos relacionados con delitos de daño económico al Estado por presuntas irregularidades en la suscripción de contrato de YPFB con ese consorcio para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

Además, según María Teresa Montaño, abogada de su esposa, tanto su representada como Santos Ramírez son investigados por nepotismo.

Los hermanos de Jiovana de Ramírez, Juan Carlos y Mario Christian, trabajaron en la estatal petrolera nacionalizada, lo que da pie a esta nueva causa.

Ramírez declaró el viernes pasado dentro de la investigación del homicidio y atraco.

En el interrogatorio de ayer, al que asistió acompañado por al menos cuatro abogados, el Fiscal le hizo preguntas en términos técnicos sobre el contrato.

En la oportunidad, admitió los desembolsos de YPFB a favor de la constructora por 16.508.750,77 dólares “para asegurar los tanques de almacenaje y asegurar la construcción”.

El lunes, cuando las oficinas de la estatal petrolera fueron intervenidas por el Viceministerio de Transparencia, Ramírez informó que se desembolsaron 6,8 millones de dólares.

Hoy, la Fiscalía cuestionará a Ramírez sobre su relación con los 450.000 dólares robados.

El ex dirigente político, al concluir su declaración, resguardado por policías, abandonó el Ministerio Público.

Su defensor, Víctor Borda, dijo que Ramírez presentará pruebas de descargo después de que concluya su comparecencia ante la Fiscalía. “Declaró sobre los hechos que se le pretende atribuir —explicó el jurista—, como contratos lesivos, resoluciones contrarias a la Constitución, cohecho activo y cohecho pasivo”.

Borda indicó que ayer se presentó documentación del proceso de contratación con Catler y de la existencia real de la empresa contratista, el informe que acredita que la empresa estadounidense Gulsby Process System avanza en la fabricación de tanques y tuberías para la planta.

Habla pareja de detenido

Carla Bolaños Arauco dijo que desconoce la presunta participación del padre de sus hijos, Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez, en el atraco y asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ocurrido la mañana del 27 de enero.

Ella se presentó ayer en en el Ministerio Público a declarar por esos hechos.

Para el abogado defensor del imputado, Jorge Borda, “nada tiene que ver ella, (además) nunca vivió con él, nunca tuvo una relación estable con él, y no estaba ese día con él”, y aunque es mamá de sus tres hijos, dijo que no están casados.

El jurista indicó que su defendida fue convocada por el fiscal Luis Mamani sólo para prestar declaraciones informativas sobre el caso.

Bolaños es estilista y posee un salón de belleza. Pidió mediante su abogado que no se la fotografiara al salir de la Fiscalía para resguardar la dignidad de sus tres hijos.

Ernesto y su hermano Luis Fernando están recluidos preventivamente en la cárcel de San Pedro bajo la sindicación de ser autores intelectuales de ese crimen.

De Obrajes a Pampahasi

Hasta hace una semana, Santos Ramírez ocupaba una cómoda vivienda en la avenida Héctor Ormachea, cerca de la calle 16 de Obrajes. Es el inmueble que la empresa reservó para que lo ocupe su presidente, cuando éste no reside habitualmente en la ciudad de La Paz.

La familia Ramírez-Navia habitó esa casa hasta unos

días después de ser destituido por instrucción del presidente Evo Morales. A partir de ese momento, el matrimonio se instaló en un departamento perteneciente a una sobrina de la ex autoridad ubicado en un modesto edificio de la calle 4 de Pampahasi. Se trata de una sencilla construcción de tres plantas. El investigado ocupa la segunda planta. La fachada es de ladrillo, como en todas las laderas, y las ventanas son de perfiles de fierro.

La abogada María Teresa Montaño informó que su representada Jiovana Cristina Navia Doria Medina abandonará ese inmueble después de recibir la demanda de divorcio de su todavía esposo, Santos Ramírez.

Indicios

El ex Presidente de YPFB inició su declaración ayer alrededor de las 14.15 en la Fiscalía.

La sesión se suspendió alrededor de las 18.30, al cabo de más de cuatro horas.

Al salir, Santos Ramírez no formuló declaración alguna a los periodistas que lo esperaban.

Víctor Borda, defensor de Ramírez, dijo que su cliente presentó todos sus descargos.

El interrogatorio continuará hoy con las últimas cinco preguntas del cuestionario.

El investigado abandonó el Ministerio Público sin atender a los periodistas.

Ramírez gastó Bs 196 mil en ocho viajes en avioneta

Noticia publicada el 10 de Febrero de 2009 en La Razon


El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, gastó 196.128 bolivianos en ocho viajes que realizó en una avioneta privada, en su mayoría por el eje central del país, cuando presidía la estatal petrolera.

En ocho memorandos escritos por el gerente nacional administrativo y finanzas, Julio Anagua Chumacero, y dirigidos al director nacional de Finanzas, Federico Galán Laime, se solicita la disposición de diferentes montos de dinero para cubrir gastos de contratación de una avioneta para transportar a Ramírez a diversos lugares del país. Cadena A accedió a los documentos.

Julio Anagua fue sorprendido en oficinas de YPFB destruyendo algunos documentos. Fue citado a declarar a la Fiscalía. El presidente Evo Morales pidió que se lo destituya junto a otros nueve funcionarios más.

En el primer memorándum se solicita Bs 19.500 destinados a Martín Quino Huasco, con el fin de contratar una avioneta que transporte al ex presidente de YPFB en el tramo La Paz- Potosí - La Paz, del 25 al 26 de enero.

“Por instrucciones de la presidencia” se solicita disponer de 11.536,85 bolivianos a nombre de Raúl Acho Portillo, con el fin de contratar una avioneta para transportar a Ramírez de La Paz a Potosí el 1 de noviembre del 2008 para participar de diferentes reuniones de la empresa.

En octubre, se envía otra solicitud para la obtención de 28.280 bolivianos destinados a Acho Portillo para el transporte de Ramírez y el Gerente Nacional de Administración y Finanzas. El documento no especifica el tramo que cubriría la aeronave.

En la cuarta solicitud se pide 50.322,42 bolivianos a nombre de Juan Maidana Flores, “destinados a cubrir el gasto de contratación de una avioneta” para el traslado de Ramírez hacia Cobija, Guayaramerín, Santa Cruz, del 20 al 23 de noviembre del año pasado.

Para que el ex presidente de YPFB sea transportado desde La Paz a Santa Cruz y desde esa ciudad de regreso, otro documento solicita al Director de Finanzas el desembolso de Bs 16.560,77, el 19 de diciembre del 2008.

Tres días después, se envía otro pedido para cubrir la misma ruta, pero con el monto de 29.778 bolivianos. En esa oportunidad, Ramírez participaría de diversas reuniones de trabajo.

En septiembre, se solicita de nuevo 29.778 bolivianos para cubrir el tramo La Paz- Cochabamba- Santa Cruz- La Paz con el traslado de Ramírez para que participe en diferentes reuniones de trabajo con empresas, en todas esas ciudades.

En el último memorándum, Anagua solicita la disposición de 10.372,67 bolivianos para el traslado del ex presidente de YPFB de La Paz a Potosí y el viaje de regreso para participar de diversas reuniones de la empresa.

Santos Ramírez es investigado por la Fiscalía, por el ahora Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y por una comisión del Senado por actos de corrupción.