El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez reveló ayer en su declaración a la Fiscalía que la nacionalizada pagó 16,5 millones de dólares al consorcio Catler-Uniservice en seis partidas diferentes, de las que al menos tres fueron respaldadas por pólizas de cumplimiento y no boletas de garantía, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa.
Para dar lugar a estos pagos, la ex autoridad se respaldó en una nota remitida por el cesante superintendente interino de Pensiones, Valores y Seguros Mario Guillén Suárez, quien comunicó que con la Resolución Administrativa 731/007 es posible la sustitución indicada a pesar de que la licitación y el compromiso del consorcio exigían a esa empresa presentar estos documentos, según su propuesta técnica.
Ramírez se presentó ayer a declarar ante el fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, en una sesión que duró entre las 14.15 y las 18.30.
Los investigadores prepararon desde la semana pasada un cuestionario de diez preguntas, de las que Ramírez respondió la mitad y se prevé que desde las 14.00 de hoy conteste las restantes cinco.
El ex hombre fuerte del MAS está involucrado en dos procesos penales. Uno es el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ejecutivo de Catler-Uniservice, a quien robaron 450.000 dólares, y el segundo tiene que ver con estos hechos relacionados con delitos de daño económico al Estado por presuntas irregularidades en la suscripción de contrato de YPFB con ese consorcio para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Además, según María Teresa Montaño, abogada de su esposa, tanto su representada como Santos Ramírez son investigados por nepotismo.
Los hermanos de Jiovana de Ramírez, Juan Carlos y Mario Christian, trabajaron en la estatal petrolera nacionalizada, lo que da pie a esta nueva causa.
Ramírez declaró el viernes pasado dentro de la investigación del homicidio y atraco.
En el interrogatorio de ayer, al que asistió acompañado por al menos cuatro abogados, el Fiscal le hizo preguntas en términos técnicos sobre el contrato.
En la oportunidad, admitió los desembolsos de YPFB a favor de la constructora por 16.508.750,77 dólares “para asegurar los tanques de almacenaje y asegurar la construcción”.
El lunes, cuando las oficinas de la estatal petrolera fueron intervenidas por el Viceministerio de Transparencia, Ramírez informó que se desembolsaron 6,8 millones de dólares.
Hoy, la Fiscalía cuestionará a Ramírez sobre su relación con los 450.000 dólares robados.
El ex dirigente político, al concluir su declaración, resguardado por policías, abandonó el Ministerio Público.
Su defensor, Víctor Borda, dijo que Ramírez presentará pruebas de descargo después de que concluya su comparecencia ante la Fiscalía. “Declaró sobre los hechos que se le pretende atribuir —explicó el jurista—, como contratos lesivos, resoluciones contrarias a la Constitución, cohecho activo y cohecho pasivo”.
Borda indicó que ayer se presentó documentación del proceso de contratación con Catler y de la existencia real de la empresa contratista, el informe que acredita que la empresa estadounidense Gulsby Process System avanza en la fabricación de tanques y tuberías para la planta.
Habla pareja de detenido
Carla Bolaños Arauco dijo que desconoce la presunta participación del padre de sus hijos, Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez, en el atraco y asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ocurrido la mañana del 27 de enero.
Ella se presentó ayer en en el Ministerio Público a declarar por esos hechos.
Para el abogado defensor del imputado, Jorge Borda, “nada tiene que ver ella, (además) nunca vivió con él, nunca tuvo una relación estable con él, y no estaba ese día con él”, y aunque es mamá de sus tres hijos, dijo que no están casados.
El jurista indicó que su defendida fue convocada por el fiscal Luis Mamani sólo para prestar declaraciones informativas sobre el caso.
Bolaños es estilista y posee un salón de belleza. Pidió mediante su abogado que no se la fotografiara al salir de la Fiscalía para resguardar la dignidad de sus tres hijos.
Ernesto y su hermano Luis Fernando están recluidos preventivamente en la cárcel de San Pedro bajo la sindicación de ser autores intelectuales de ese crimen.
De Obrajes a Pampahasi
Hasta hace una semana, Santos Ramírez ocupaba una cómoda vivienda en la avenida Héctor Ormachea, cerca de la calle 16 de Obrajes. Es el inmueble que la empresa reservó para que lo ocupe su presidente, cuando éste no reside habitualmente en la ciudad de La Paz.
La familia Ramírez-Navia habitó esa casa hasta unos
días después de ser destituido por instrucción del presidente Evo Morales. A partir de ese momento, el matrimonio se instaló en un departamento perteneciente a una sobrina de la ex autoridad ubicado en un modesto edificio de la calle 4 de Pampahasi. Se trata de una sencilla construcción de tres plantas. El investigado ocupa la segunda planta. La fachada es de ladrillo, como en todas las laderas, y las ventanas son de perfiles de fierro.
La abogada María Teresa Montaño informó que su representada Jiovana Cristina Navia Doria Medina abandonará ese inmueble después de recibir la demanda de divorcio de su todavía esposo, Santos Ramírez.
Indicios
El ex Presidente de YPFB inició su declaración ayer alrededor de las 14.15 en la Fiscalía.
La sesión se suspendió alrededor de las 18.30, al cabo de más de cuatro horas.
Al salir, Santos Ramírez no formuló declaración alguna a los periodistas que lo esperaban.
Víctor Borda, defensor de Ramírez, dijo que su cliente presentó todos sus descargos.
El interrogatorio continuará hoy con las últimas cinco preguntas del cuestionario.
El investigado abandonó el Ministerio Público sin atender a los periodistas.
Para dar lugar a estos pagos, la ex autoridad se respaldó en una nota remitida por el cesante superintendente interino de Pensiones, Valores y Seguros Mario Guillén Suárez, quien comunicó que con la Resolución Administrativa 731/007 es posible la sustitución indicada a pesar de que la licitación y el compromiso del consorcio exigían a esa empresa presentar estos documentos, según su propuesta técnica.
Ramírez se presentó ayer a declarar ante el fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, en una sesión que duró entre las 14.15 y las 18.30.
Los investigadores prepararon desde la semana pasada un cuestionario de diez preguntas, de las que Ramírez respondió la mitad y se prevé que desde las 14.00 de hoy conteste las restantes cinco.
El ex hombre fuerte del MAS está involucrado en dos procesos penales. Uno es el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ejecutivo de Catler-Uniservice, a quien robaron 450.000 dólares, y el segundo tiene que ver con estos hechos relacionados con delitos de daño económico al Estado por presuntas irregularidades en la suscripción de contrato de YPFB con ese consorcio para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Además, según María Teresa Montaño, abogada de su esposa, tanto su representada como Santos Ramírez son investigados por nepotismo.
Los hermanos de Jiovana de Ramírez, Juan Carlos y Mario Christian, trabajaron en la estatal petrolera nacionalizada, lo que da pie a esta nueva causa.
Ramírez declaró el viernes pasado dentro de la investigación del homicidio y atraco.
En el interrogatorio de ayer, al que asistió acompañado por al menos cuatro abogados, el Fiscal le hizo preguntas en términos técnicos sobre el contrato.
En la oportunidad, admitió los desembolsos de YPFB a favor de la constructora por 16.508.750,77 dólares “para asegurar los tanques de almacenaje y asegurar la construcción”.
El lunes, cuando las oficinas de la estatal petrolera fueron intervenidas por el Viceministerio de Transparencia, Ramírez informó que se desembolsaron 6,8 millones de dólares.
Hoy, la Fiscalía cuestionará a Ramírez sobre su relación con los 450.000 dólares robados.
El ex dirigente político, al concluir su declaración, resguardado por policías, abandonó el Ministerio Público.
Su defensor, Víctor Borda, dijo que Ramírez presentará pruebas de descargo después de que concluya su comparecencia ante la Fiscalía. “Declaró sobre los hechos que se le pretende atribuir —explicó el jurista—, como contratos lesivos, resoluciones contrarias a la Constitución, cohecho activo y cohecho pasivo”.
Borda indicó que ayer se presentó documentación del proceso de contratación con Catler y de la existencia real de la empresa contratista, el informe que acredita que la empresa estadounidense Gulsby Process System avanza en la fabricación de tanques y tuberías para la planta.
Habla pareja de detenido
Carla Bolaños Arauco dijo que desconoce la presunta participación del padre de sus hijos, Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez, en el atraco y asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ocurrido la mañana del 27 de enero.
Ella se presentó ayer en en el Ministerio Público a declarar por esos hechos.
Para el abogado defensor del imputado, Jorge Borda, “nada tiene que ver ella, (además) nunca vivió con él, nunca tuvo una relación estable con él, y no estaba ese día con él”, y aunque es mamá de sus tres hijos, dijo que no están casados.
El jurista indicó que su defendida fue convocada por el fiscal Luis Mamani sólo para prestar declaraciones informativas sobre el caso.
Bolaños es estilista y posee un salón de belleza. Pidió mediante su abogado que no se la fotografiara al salir de la Fiscalía para resguardar la dignidad de sus tres hijos.
Ernesto y su hermano Luis Fernando están recluidos preventivamente en la cárcel de San Pedro bajo la sindicación de ser autores intelectuales de ese crimen.
De Obrajes a Pampahasi
Hasta hace una semana, Santos Ramírez ocupaba una cómoda vivienda en la avenida Héctor Ormachea, cerca de la calle 16 de Obrajes. Es el inmueble que la empresa reservó para que lo ocupe su presidente, cuando éste no reside habitualmente en la ciudad de La Paz.
La familia Ramírez-Navia habitó esa casa hasta unos
días después de ser destituido por instrucción del presidente Evo Morales. A partir de ese momento, el matrimonio se instaló en un departamento perteneciente a una sobrina de la ex autoridad ubicado en un modesto edificio de la calle 4 de Pampahasi. Se trata de una sencilla construcción de tres plantas. El investigado ocupa la segunda planta. La fachada es de ladrillo, como en todas las laderas, y las ventanas son de perfiles de fierro.
La abogada María Teresa Montaño informó que su representada Jiovana Cristina Navia Doria Medina abandonará ese inmueble después de recibir la demanda de divorcio de su todavía esposo, Santos Ramírez.
Indicios
El ex Presidente de YPFB inició su declaración ayer alrededor de las 14.15 en la Fiscalía.
La sesión se suspendió alrededor de las 18.30, al cabo de más de cuatro horas.
Al salir, Santos Ramírez no formuló declaración alguna a los periodistas que lo esperaban.
Víctor Borda, defensor de Ramírez, dijo que su cliente presentó todos sus descargos.
El interrogatorio continuará hoy con las últimas cinco preguntas del cuestionario.
El investigado abandonó el Ministerio Público sin atender a los periodistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario