viernes, 6 de marzo de 2009

Una destitución destapa peleas por corrupción en ABC

Noticia publicada el 6 de Marzo de 2009 en La Prensa


La destitución del director de Vías Bolivia, Josué Salvatierra, ocurrida ayer, sacó a la luz una serie de irregularidades que se habrían cometido en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“En el caso del anterior director de Vías Bolivia ha habido denuncias formales ante la Fiscalía de Santa Cruz, ha habido la solicitud expresa del directorio de ABC para su investigación ante el Ministerio de Transparencia y auditorías importantes por la baja de las recaudaciones e indicios de clonaje en los boletos que venden en las trancas”, aseguró la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, tras posesionar a Juan Enrique Jurado como nuevo jefe de la entidad encargada del cobro de peajes en todo el país.

A su vez, Salvatierra negó las versiones de Ballivián y dijo que ésta “mandó raptar a un funcionario de Vías Bolivia para increparlo y hacerle firmar a la fuerza una denuncia en mi contra”.

La ex autoridad entregó a los medios un informe enviado a su persona, el 26 de febrero del 2009, por el encargado de Valores, Ariel Cahuana, cuya referencia es “Informe Reunión Interrogatorio Oficinas Lic. Ballivián ABC”.

El documento menciona que un día antes, el 25 de febrero, un hombre que dijo ser el Capitán Cerrudo, Edecán de Ballivián, visitó a Cahuana en su oficina y lo llevó con la presidenta de la ABC, donde fue cuestionado sobre la entrega de dos cheques —uno a nombre de Salvatierra y otro a nombre de Billy Villalta—, y acerca de la emisión de boletas valoradas clonadas desde la oficina regional de Vías Bolivia.

El funcionario, según el informe, responde no tener conocimiento de ninguno de los hechos.

“La intención (de Ballivián) era utilizar a la gente dependiente de mi dirección para que firmen denuncias incoherentes y sin pruebas; prometiendo protección judicial, policial y de otros niveles de decisión del Estado”, complementó Salvatierra.

Un documento enviado a La Razón por una fuente ligada con el ente caminero afirma que en las trancas del Kilómetro 17 y Guapilo, en Santa Cruz, se opera con boletos de peaje clonados “que tienen como objetivo recaudar Bs 15 mil, hasta diciembre”.

Precisa que se trata de boletos por un valor de 20 bolivianos, con la numeración 120001 y de la serie LP08-U-1 para adelante. Señala como responsables del ilícito a Salvatierra y a otros funcionarios de Vías Bolivia.

“Tengo las manos limpias y estoy dispuesto a que demuestren si ha habido la supuesta corrupción”, afirmó el aludido y atribuyó su destitución a “un problema personal” con Patricia Ballivián.

Agregó que su gestión logró recaudaciones históricas por el cobro de peajes y planteó además la modernización del mismo.
Mientras, Ballivián instruyó a Jurado una investigación contundente y en el marco de la ley.

La entidad pide una auditoría

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) remitió a la Contraloría General de la República (CGR) la documentación sobre la adjudicación del proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

En una carta dirigida al contralor Gabriel Herbas, la presidenta de ABC, Patricia Ballivián, señala que el objetivo del envío es que la entidad reguladora inicie una auditoría al mencionado proyecto caminero.

La Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba denunció un sobreprecio en la construcción de la vía, adjudicada por $us 415 millones a la empresa brasileña OAS Ltda.

El senador Jorge Aguilera (Podemos) aseguró a La Razón que el costo de la carretera, sin asfalto y sin mantenimiento, será de $us 1,3 millones el kilómetro. Para la entidad caminera, las versiones del parlamentario carecen de sustento legal y técnico.

miércoles, 4 de marzo de 2009

Prefectura de Tarija abre el primer juicio contra Evo Morales por caso de corrupción en YPFB

Noticia publicada el 4 de Marzo de 2009 en La Prensa


La Prefectura de Tarija presentó la primera acusación formal para la apertura de un juicio de responsabilidades en contra del presidente Evo Morales por la aprobación del Decreto Supremo 29506, que permitió la contratación directa de Catler-Uniservice y desencadenó el mayor caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB).

La acusación fue rechazadas por los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y de Defensa, Walker San Miguel, quienes consideran que no tiene asidero legal.

La demanda fue interpuesta el viernes 27 de febrero ante la Fiscalía General de la República, en Sucre, a través de un memorial por el prefecto de ese departamento, Mario Cossío Cortez, y ayer se adhirieron a la causa sus colegas de Chuquisaca, Savina Cuéllar; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.

En la demanda se acusa al Mandatario de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El fiscal general, Mario Uribe, dijo, según Efe, que la “proposición acusatoria” aduce que Morales supuestamente violó la ley al emitir un decreto que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en la petrolera estatal.

El Decreto 29506, aprobado el 9 de abril de 2008, en su artículo 3 dice: “Se autoriza a YPFB la contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de los hidrocarburos señaladas en los artículos 14 y 31 de la Ley de Hidrocarburos”.

La norma, aprobada un mes después de que asumiera el cargo el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, tenía el objetivo, de acuerdo con el Gobierno, de establecer procedimientos de contratación ágiles, eficientes y transparentes que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa petrolera estatal.

Según resume la proposición acusatoria, el departamento de Tarija es uno de los más perjudicados porque posee el 80 por ciento de las reservas de gas del país y vive de los ingresos que genera su explotación.

“El Decreto 29506 abrió las puertas a un manejo discrecional de los recursos que administra YPFB, cuyo accionar hoy está marcado por escandalosos hechos de corrupción públicamente demostrados, que se originan precisamente en la decisión del presidente Evo Morales expresada en ese sui géneris decreto supremo que lleva su firma y que lo convierte en autor directo de los ilícitos que hoy se denuncian”.

La proposición agrega que el Presidente de la República, al generar reglas excepcionales de contratación que contradicen las establecidas en la Ley 1178, de modo directo ha dado lugar a que se ejecute un decreto supremo por encima de una ley de la República.

Precisa que sin estos instrumentos legales no habría sido posible firmar el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos.

El ministro Walker San Miguel aseguró que la acusación pretende constituirse en una “cortina de humo” sobre las responsabilidades de Cossío en el intento de “golpe cívico prefectural” gestado en septiembre del año pasado contra Morales.

Además no tiene sustento legal, por lo que el Gobierno confía en que será rechazada, sin embargo se evaluará si amerita la presentación de una demanda penal contra el prefecto Cossío.

El ministro Arce precisó que “la norma (el Decreto 29506) tiene su justificación y amparo en la legalidad. El hecho de que no se haya aplicado correctamente en este caso específico de YPFB, por lo cual se está llevando una investigación, no quiere decir que el marco legal con el que trabaja el Gobierno tenga errores, vicios”. Añadió que para hacer una fiscalización previa y posterior se creó un Ministerio.

Luis Córdoba pedirá libertad

Aunque fue suspendido el careo que debieron sostener ayer los acusados Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero sobre los pormenores del atraco ocurrido el 27 de enero en la avenida Tejada Sorzano, el abogado defensor del ex empleado del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, Williams Sánchez Peña, anunció que solicitará hoy la libertad pura y simple de su cliente.

El acto judicial solicitado por la Fiscalía de Homicidios fue dejado ayer sin efecto como consecuencia de que, por diversas razones, demoró alrededor de una hora y media en instalarse y los dos detenidos debían regresar al penal de San Pedro, donde cumplen detención preventiva por la muerte del empresario tarijeño.

Sin embargo, Rodríguez Caero aseguró en el Ministerio Público que no conoce a Luis Fernando Córdoba y retiró sus declaraciones con respecto a que el golpe había sido planificado en El Caballito, un local de diversión nocturno perteneciente a Ernesto Córdoba, quien también se halla bajo detención preventiva.

Rodríguez Caero, quien en principio había solicitado acogerse a proceso abreviado para minimizar la condena que recaería sobre él, sostuvo que, si bien su firma aparece en la declaración en la que inculpa a Luis Fernando Córdoba y admite haber participado en el atraco, fue obligado a rubricar documentos en blanco cuyo contenido desconocía y que en éstos figura la firma del fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien no estuvo presente mientras era interrogado.

Fiscalía encuentra más pistas

El fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, aseguró que tiene indicios de que la acusada Sandra Verónica Mamani Quispe se reunió después del atraco con Ernesto Córdoba en el club nocturno El Caballito para entregarle parte del dinero arrebatado al fallecido durante el atraco perpetrado en la avenida Tejada Sorzano el martes 27 de enero.

Mamani aseguró que ha concluido la primera fase de la investigación del caso con la identificación positiva de los protagonistas del asalto seguido de muerte, sus declaraciones y la recolección de pruebas, que a partir de esta semana son procesadas por peritos para elaborar el requerimiento conclusivo, que será puesto a consideración del juez penal que conocerá la causa.

El Código de Procedimiento Penal vigente establece que los investigadores disponen de seis meses para llevar adelante este proceso, al cabo de los cuales debe comenzar el juicio oral, público y contradictorio que concluirá con una sentencia condenatoria o absolutoria.

Caso YPFB-SIPSA

El fiscal Edwin Sarmiento, quien hasta la semana pasada trabajaba en la indagación del asesinato de O’Connor D’Arlach, asumió el lunes la responsabilidad de conducir las investigaciones del caso YPFB-SIPSA, que involucra directamente al ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, quien afronta otra querella, instaurada por los actuales ejecutivos de Yacimientos.

Los delitos con el que se pretende juzgar al mandatario

De acuerdo con la proposición acusatoria de la Prefectura de Tarija, la conducta del presidente Evo Morales se adecua a las previsiones de los siguientes delitos del Código Penal:

Art. 153 (resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes)

“El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años”. Este delito pudo haberse consumado al momento de suscribir y emitir el Decreto Supremo 29506, el 9 de abril de 2008.

Art. 154 (Incumplimiento de deberes)

“El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función (…)”.

Morales subsume su conducta a este tipo al omitir cumplir con la atribución conferida en el artículo 196 de la Constitución Política del Estado entonces vigente, que le obligaba a cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes, siendo evidente que ha incumplido la Ley 1178 (Safco) al suscribir el DS 29506.

Art. 224 (Conducta antieconómica)

“El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado (…)”.

Este ilícito fue cometido al flexibilizarse las reglas de selección y contratación aplicables a YPFB, como resultado de la publicación del DS 29506.

IV. Con relación a la autoría y participación:

El artículo 20 del Código Penal establece:

“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito”. En este contexto jurídico, se reitera que YPFB no habría podido realizar la contratación con Catler- Uniservice sin la promulgación del Decreto 29506.

LOS DATOS

La Contraloría inició una investigación del contrato con Catler-Uniservice.

El Ministerio de Transparencia practicó una auditoría técnico-legal .

La Fiscalía investiga los hechos de corrupción que envuelven al ex Presidente de YPFB.

Más datos

La corrupción en YPFB se develó tras el asesinato de Jorge O’Connor, el 27 de enero.

Se conoce que la adjudicación de la planta separadora de líquidos de Río Grande fue irregular.

Se entregaron las obras a Catler-Uniservice, formada tres días antes de la firma del contrato.

El documento no fue protocolizado ante notario y tampoco llegó a la Contraloría.

Por estos actos irregulares, Santos Ramírez fue encarcelado en forma preventiva.

Se lo acusa de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos y otros.

domingo, 1 de marzo de 2009

“Chito” Valle tiene hasta el lunes para presentar testigos

Noticia publicada el 1 de marzo de 2009 en La Prensa


El Tribunal que lleva adelante el juicio de responsabilidades contra el ex Prefecto de La Paz Luis Alberto Valle (ADN) determinó esperar hasta el próximo lunes la presencia en Sucre de los testigos de descargo propuestos por la defensa.

El presidente del Tribunal, Eddy Fernández, dijo que esa determinación fue asumida a causa de la nueva inasistencia de los declarantes en la audiencia programada para la mañana de ayer.

Ante dificultades surgidas en la notificación de los testigos, Fernández dijo que dejará a iniciativa de la defensa la presencia de esos declarantes en Sucre y que el Tribunal aguardará hasta el martes para tomar las declaraciones de descargo.

Fernández consideró que la próxima semana será importante para la conclusión de la fase probatoria e insinuó que la subsiguiente semana el juicio contra el ex Prefecto podría ingresar en la etapa de conclusiones.

En otra de sus determinaciones, el Tribunal decidió mantener su rechazo a la intervención de la perito Marisel Prokopca ya que, según lo establecido por los reglamentos, ella no se ajustaría a las especificaciones señaladas en el Código de Procedimiento Penal. La defensa del coimputado Jorge Sánchez Peña deberá acreditar hasta el lunes la designación de otro perito o de lo contrario perderá el derecho a hacerlo en días siguientes.

También se conoció, mediante el fiscal de recursos Orlando Riveros, que el ex ministro de Hacienda Édgar Millares arribó ayer a La Paz para prestar su declaración ante el Tribunal. Por decisión del presidente, esas declaraciones y las de otros testigos podrán recibirse a partir del lunes.

Luis Alberto “Chito” Valle está acusado de irregularidades presuntamente cometidas en la subasta del parque automotor de la Prefectura y en la enajenación de bienes inmuebles de esa institución, lo que causó un perjuicio de miles de dólares. En la actualidad, la ex autoridad vive en la localidad de Rurrenabaque, Beni, en un hotel turístico que, según algunas versiones, es de su propiedad, aunque los papeles están a otro nombre.

jueves, 26 de febrero de 2009

Juicio a Chito Valle continuará mañana

Noticia publicada el 26 de Febrero de 2009 en Correo del Sur




El juicio contra el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto "Chito" Valle, continuará este viernes 27 de febrero con las audiencias de la fase probatoria, cuando comparezcan los testigos de descargo propuestos por la defensa.
El proceso al ex Prefecto quedó en cuarto intermedio la semana pasada ante la proximidad de las fiestas de Carnaval y ante la ausencia de algunos de los declarantes convocados al proceso.
Las últimas declaraciones que se presentaron al Tribunal fueron las de la testigo Milka Becerra Luján, quien en su condición de ex funcionaria de la Contraloría General de la República en las gestiones 1996-1997 afirmó haber participado en la elaboración de distintos informes que involucrarían a Valle.
La testigo manifestó conocer esos informes "en tanto y en cuanto, toda la evidencia que se ha podido contrastar producto de la auditoria es lo que consta en los informes es de cuanto puedo testificar", añadió. Becerra Luján reconoció ante el Tribunal haber participado en la elaboración de los informes de Auditoria Especial del Proceso de Avalúo de Enajenación de Vehículos de chatarra de la Prefectura de La Paz, como también, en otros dos Informes Complementarios de Auditoria, en las que -según aseveró- se establecieron indicios de responsabilidad administrativa en contra de Luís Alberto Valle Ureña.
En los próximos días serán convocados a declarar otros testigos de descargo que fueron propuestos por la Defensa de la ex autoridad.
Por su parte, Valle ha reiterado la inconsistencia de las pruebas presentadas hasta ahora por la Fiscalía, asegurando que las mismas carecen de legalidad, pues estarían compuestas por "fotocopias" sin ninguna validez legal.

sábado, 21 de febrero de 2009

Otro imputado por corrupción en YPFB se salva de ir a la cárcel

Noticia publicada el 21 de Febrerod e 2009 en La Prensa

La juez Marcela Siles decidió que el ex gerente de Planificación de Yacimientos y ex viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio, guarde detención domiciliaria a causa de las imputaciones planteadas por la Fiscalía en su contra.

La decisión fue recibida con beneplácito por la defensa y fue rechazada por los agentes del Ministerio Público, aunque el fiscal César Romano dijo que la decisión obedeció a que no existe riesgo de fuga del imputado.

La juez Siles ordenó el arresto domiciliario del ex ejecutivo, pues existe el peligro de que interfiera la labor de la justicia, pues podría ejercer influencia sobre otras personas que aún no prestaron sus declaraciones ante las autoridades competentes.

Además, la Magistrada adujo que Gemio está al cuidado de su única hija, cuya madre se encuentra en el exterior del país.

El abogado del imputado, Franz Avilés, refirió que “se ha determinado un aspecto: que la aprehensión hecha por el Ministerio Público ha sido ilegal e indebida”.

Criticó la acción de los fiscales al calificarla de “pobrísima”, porque “en ningún momento ha hecho referencia a un solo acto ilegal o antijurídico en el que Misael Gemio haya participado. Inclusive, esta medida de la detención domiciliaria está motivada por la excesiva presión que existe sobre las autoridades y sobre todas las personas que están investigadas en este proceso”.

Misael Gemio fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.

El jurista Avilés sostuvo que su cliente “jamás ha firmado un contrato lesivo al Estado y ningún otro. No era su atribución. Intervino única y exclusivamente cuando se inicia el proceso, recibiendo las propuestas para participar y sugiere que se haga llegar la invitación a las siete empresas que mostraron interés en la licitación. No hace ningún tipo de selección. Simplemente hace lo mismo que una secretaria o un cartero: recibe y entrega. Eso no constituye en sí mismo un delito. Era su obligación como Gerente”.

El fiscal Romano explicó que la juez Siles valoró que “existen elementos de convicción respecto de la probabilidad de la autoría de los delitos ya imputados. En cuanto a los riesgos de obstaculización, también están acreditados, porque no se cuenta hasta el presente con los anexos que deberían estar adjuntados a los contratos” para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.

Ambas partes coincidieron en destacar el hecho de que Gemio se hubiera presentado voluntariamente a prestar su testimonio y manifestó su decisión de colaborar con las investigaciones, por lo que ha descartado el riesgo de fuga, y bajo esas circunstancias ha dispuesto la detención domiciliaria.

Los fiscales determinaron que Gemio puso a consideración de Santos Ramírez las cartas de invitación a las empresas Equipetrol, Ballyco Enterprises, Cryoenergy, Exterran, Catler y Contreras para que participen en la licitación mencionada.

La causa abierta por hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio lugar a que, hasta ahora, la Fiscalía impute a tres personas: el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, la ex directora jurídica Esther Carmona y el ex gerente de Planificación Misael Gemio.

Sobre un cuarto ex gerente de YPFB, Rodrigo Carrasco, sólo pesan indicios por la comisión de un delito menor, que no da lugar a su formal imputación.

De los tres, sólo Ramírez se encuentra recluido en el penal de San Pedro, en tanto que Carmona quedó arraigada, debe presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público para firmar un registro y no puede cambiar de domicilio, mientras que Gemio no podrá abandonar el departamento que ocupa en el edificio V Centenario, en la ciudad de La Paz.

En los casos de detención domiciliaria, la Policía dispone que un grupo de efectivos controle el cumplimiento de la decisión judicial, aunque generalmente la alimentación y las comodidades, aunque sean mínimas, que debe brindarse a los uniformados corren por cuenta de quien está privado de su libertad de esta manera.

La Fiscalía sortea demanda de Transparencia

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción presentó el jueves por la tarde ante la Fiscalía una denuncia contra la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), que fue creada por Santos Ramírez.

Nardi Suxo, responsable de esa cartera, informó el miércoles que se descubrió un daño económico al Estado de, al menos, 60,7 millones de dólares por esta causa, después de que Yacimientos y esa empresa suscribieran contratos para la recalificación de garrafas, la perforación de los pozos 34D y 35H del campo Víbora y la instalación de plantas petroleras. Suxo denunció que aparentemente existen irregularidades en el alquiler que se habría pagado por un taladro venezolano, pese a que no fue efectivamente usado.

La documentación sobre estos hechos fue entregada junto con el respectivo memorial de denuncia a la ventanilla del Ministerio Público, que sortea-rá el caso ante determinado fiscal.

Después de los feriados de Carnaval, el elegido iniciará las actuaciones a través de la investigación.

El Ministerio anticorrupción se querelló por estos hechos contra el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez; además de Misael Gemio, presidente del directorio de SIPSA; Rogelio Ashimine, gerente general; además de Lucy Barbery y Nilda Domínguez, accionistas; Esther Carmona, quien además fue asesora jurídica de YPFB; Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra y Rolando Aguado, integrantes del directorio de esta compañía.

Los delitos que constan en la demanda interpuesta por la autoridad son: contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conducta antieconómica, asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, además de resoluciones contrarias a la Constitución Política al Estado y a las leyes.

Imputación para tres

Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdoba, quienes acompañaron al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el día en el que fue asesinado, están imputados por organización criminal y cohecho activo, según informó ayer el fiscal Anticorrupción César Romano.

El Ministerio Público investiga a unas 30 personas por el asesinato de O’Connor D’Arlach, ocurrido el 27 de enero, cuando le arrebataron 450.000 dólares.

Miguel O’Connor D’Arlach, hermano menor de la víctima, Cossío Mc Galem y Córdoba, quien se encuentra detenido en San Pedro, acompañaron al fallecido aquel día a recoger ese dinero del Banco Unión.

El fiscal Romano informó que el miércoles se presentó la imputación contra estas personas por los delitos de cohecho activo y organización criminal.

El primero se define como el pago a un funcionario público por alguna ventaja concedida como consecuencia de sus labores específicas, y el segundo tipo penal, organización criminal, es una figura que se refiere a formar una asociación de tres o más personas destinada a cometer hechos de genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, legitimación de ganancias ilícitas y otros.

Expediente

Misael Gemio se desempeñó como gerente nacional de Planificación de YPFB.

Posteriormente fue designado Viceministro de Desarrollo Energético.

En ambos casos, la ex autoridad juró a sus cargos con el puño izquierdo en alto

martes, 17 de febrero de 2009

La Fiscalía halla una importante prueba contra Santos, cuya “mano derecha” fue aprehendida


Noticia publicada el 17 de Febrero de 2009 en La Prensa




“El ‘Gordo’ tiene la plata…”, “el ‘Negro’ bajó las gradas…” Una hoja arrancada de un cuaderno encontrada en el allanamiento de la Casa Ejecutiva de Yacimientos, en Obrajes, contiene esas frases escritas de puño y letra por Santos Ramírez Valverde.

Éste es el primero de dos manuscritos encontrados por los investigadores que involucran al ex hombre fuerte del MAS detenido preventivamente desde el viernes 13 en el penal de San Pedro imputado de cinco delitos; ayer, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de su estrecha colaboradora, Esther Rosario Carmona Nogales.

Un segundo documento de similares características fue hallado el viernes 30 de enero en la oficina del ex gerente de Comercialización de YPFB, Rodrigo Carrasco, cuando éste trataba de introducirlo en una máquina destructora de papel.

Al no haber logrado su objetivo, Carrasco lo rompió con sus manos, pero los fiscales lograron recuperarlo y reconstruirlo.

Cuando el miércoles reciente el destituido presidente de la estatal petrolera prestaba sus declaraciones ante el Ministerio Público, los fiscales le mostraron la primera hoja y le preguntaron su significado.

Se conoció que, de inmediato, uno de los abogados defensores dio un pisotón a Ramírez para que guardara silencio; sin embargo, la ex autoridad se resistió a aceptar la recomendación legal: “Ésa es la letra de mi esposa y la de abajo es mía, déjenme hablar”.

En ese pedazo de papel, incautado en la residencia de YPFB, se encuentran referencias a la avenida Tejada Sorzano, a los 450.000 dólares, la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach y datos generales del plan.

María Teresa Montaño, abogada de la aún cónyuge del acusado, Jiovana Navia, refirió ayer: “Mi cliente se sentía muy presionada por su ex esposo, que le exigía que le explique qué tienen que ver tus hermanos, qué relación tienen con los Córdoba y los O’Connor”.

Entonces, Navia, según dijo, entabló contacto, “porque hay personas que creen en esas cosas”, con una clarividente que “vio en coca”, a los cinco días del crimen, algunos detalles del hecho de sangre en el que murió O’Connor D’Arlach.

Ella anotó a toda prisa y con letra prácticamente ilegible algunos apodos en la parte superior de una de las hojas: “Ticoco, Papis, Choco, Chato, Gordo…”, nombres que ya se habían dado a conocer por los medios.

Como se sabe, “Ticoco” es Luis Fernando Córdoba, acusado de ser el autor intelectual del crimen; “Papis” es su hermano Ernesto Vladimir; “Choco” era la víctima; “Chato” es Mario Ángel Cossío, y “Gordo”, probablemente sea Javier Navia.

Poco después, en el centro de la hoja, Ramírez apuntó las frases transcritas y declaró ante la Fiscalía que escribió su interpretación de las “revelaciones” de la parapsicóloga, de nombre Cristina.

El fiscal Sergio Céspedes informó que, por la importancia de esta prueba, será remitida al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se determine a quiénes corresponden las rasgos grafotécnicos y cuándo se hicieron las notas.

La prueba se encuentra aún en el cuaderno de investigación.

Montaño criticó el hecho de que el Ministerio Público aceptara indicios de esta naturaleza, porque “el derecho es una ciencia y no es especulativo”.

La adivina y Jiovana Navia comparecerán mañana o la próxima semana ante la Fiscalía de Corrupción Pública para repetir esta versión.

El segundo manuscrito

Después de que Carrasco fuera sorprendido por la Fiscalía mientras destruía algunos documentos en las oficinas que ocupaba en la empresa estatal petrolera, los representantes del Ministerio Público pudieron reconstruir el escrito que no pudo introducir en la máquina destructora de papeles, aunque alcanzó a hacerlo girones con las manos.

Los fiscales armaron el rompecabezas, que contiene anotaciones relativas al atraco, que el 27 de enero causó la muerte de O’Connor D’Arlach, pero el ex Gerente negó todo vínculo con esos apuntes.

En los pasillos de la Fiscalía se conoció ayer que Carrasco es un ex policía que prestó sus servicios en la DEA y el Centro de Operaciones Policiales Especiales (Copes), cuyas oficinas funcionaban en Alto Següencoma y que fueron clausuradas cuando estalló el escándalo del seguimiento a políticos, parlamentarios y autoridades nacionales.

Carrasco comparecerá esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción para prestar sus declaraciones y no se descarta la posibilidad de su aprehensión.

Carmona, aprehendida

La ex asesora legal de YPFB

Esther Rosario Carmona Nogales prestó declaraciones ante el fiscal Edward Mollinedo durante tres horas, y a las 18.27, este último salió de su oficina y anunció su decisión: la abogada, con nueve años de experiencia en el ejercicio profesional, quedaba formalmente aprehendida.

Los agentes del Ministerio Público encontraron indicios de responsabilidad civil y penal, aunque la imputación oficial será presentada hoy, antes de que se celebre la audiencia de medidas cautelares, que será dirigida por la juez Marcela Siles, quien envió a la cárcel a Santos Ramírez.

Durante la legislatura 2006, Carmona fue secretaria personal de Santos Ramírez y al año siguiente pasó a desempeñar similares funciones en una de las comisiones de la Cámara Alta.

Junto con el grupo de confianza de Ramírez pasó a YPFB, en cuya planta ejecutiva formó parte del comité de concertación y la comisión de evaluación que determinó contratar al consorcio Catler-Uniservice.

El abogado defensor Freddy Cuentas sostuvo que su cliente formó parte del grupo calificador que hizo una evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas por la mencionada sociedad accidental y por la canadiense Exterran, también interesada en la obra.

El 26 de agosto del año pasado fue designada vicepresidenta del Directorio de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA), una empresa cuya legalidad se encuentra actualmente bajo investigación de los fiscales.

Siendo secretaria privada del entonces titular del Senado, organizó la fiesta de cumpleaños de su jefe que tuvo lugar en el Círculo de Oficiales del Ejército el 14 de agosto de 2006.

Ayer, la detenida fue trasladada alrededor de las 19.30 a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde fue llevada, en principio, a las oficinas de Corrupción Pública y de allí a la celda de mujeres, un ambiente de unos 25 metros cuadrados, con piso de cemento y catreras del mismo material. Una letrina, situada en un rincón y apenas protegida por una puerta de madera, despide un desagradable olor que impregna todo el ambiente.

Mientras era registrada, Carmona lloraba amargamente. Ante el escritorio ubicado en el ingreso de los calabozos, dejó sus joyas, pertenencias y todo elemento que pudiera ser utilizado para atentar contra su vida.

Minutos después, una sargento abría la reja para que pasara la aprehendida, la segunda persona detenida por el caso que llevó a Santos Ramírez al penal de San Pedro de La Paz.

Informe del Senado exime de responsabilidad a Evo Morales

El informe de la comisión investigadora del Senado determinará que el presidente Evo Morales “no está contaminado”sobre el manejo presuntamente irregular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según el presidente de esa instancia, Wálter Guiteras.

Denunció que el fondo de 45 millones de dólares destinados a la planta separadora de líquidos fue depositado inicialmente en el Banco de Desarrollo Productivo, pero al tratarse de un “banco de segundo piso” no puede abrir cartas de crédito como la que beneficia a Gulsby, la empresa estadounidense que se benefició con 35 millones de dólares por la fabricación de equipos para la planta de Río Grande.

El senador denunció que un decreto permitió transferir esa suma a una cuenta del Banco Unión, que sí puede efectuar esas operaciones.

Sin embargo, el opositor aseguró que conoce el mecanismo por el que se tramitan los decretos, por lo que “el Presidente de la República no está contaminado”, pero se buscará saber quiénes son “cómplices” de este cambio.

La comisión senatorial sugerirá que el directorio de la estatal sea compuesto, en el futuro, por personas con autoridad, que sólo pueden ser ministros. El titular de Hidrocarburos debería presidir la nacionalizada y contar con el apoyo de los responsables de Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas, Presidencia y Defensa Legal, “porque en Yacimientos mandaba Santos Ramírez y nadie más” y que los actuales directores de la estatal son, “cuando menos, responsables del delito de omisión”.

El hecho de que los presidentes cumplan sus funciones en forma interina genera improvisaciones en las actividades regulares.

El informe establecerá responsabilidad sobre Santos Ramírez, 12 ex ejecutivos de YPFB y otras autoridades, además de funcionarios del Órgano Ejecutivo y de la Superintendencia de Hidrocarburos, aunque Guiteras no quiso precisar de qué personas se trata.

La comisión preguntó a los fiscales que comparecieron ayer por la mañana por qué no son procesados Javier Navia, Gonzalo Aramayo y Miguel O’Connor D’Arlach. “Los fiscales nos pidieron guardar el secreto sobre este tema, pero nos adelantaron que estas personas forman parte de las próximas fases de la investigación”.

La comisión del Senado conoció que una empresa perteneciente a la familia O’Connor D’Arlach es una de las proveedoras de la Empresa Metalúrgica de Vinto.

Dos careos todavía no tienen fecha definida

Los careos que deben sostener Javier Navia y Gonzalo Aramayo con Rufino Rodríguez y Franz Michael Rodríguez, así como el que deben mantener estos últimos con los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez aún no tienen fecha.

Los dos Rodríguez son los presuntos sicarios que participaron en el atraco y el primero de ellos se inculpó del disparo que mató al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el 27 de enero.

En el primer caso, el fiscal de Homicidios Luis Mamani pretende aclarar algunas contradicciones que advirtió entre los testimonios brindados por ellos.

El segundo interrogatorio cruzado fue propuesto por los defensores de los hermanos Córdoba, Williams Sánchez y Jorge Borda.

La decisión de Mamani causó extrañeza en Sánchez, pues explicó que los careos se realizan sólo en caso de que existan contradicciones entre dos protagonistas de un hecho determinado, pero no halla razón para que Luis Fernando Córdoba deba participar en un acto de este tipo con quienes se encontraban en la escena del crimen, el martes 27 de enero por la mañana, cuando el empresario Jorge O’Connor D’Arlach sufrió el robo de 450.000 dólares y fue asesinado.

“Luis Fernando Córdoba estaba en ese sitio y ahora está detenido, pero los señores Navia y Aramayo, que se encontraban en la misma situación, no tienen problemas. Son cosas que no se comprenden”.

Sánchez y el penalista Jorge Borda solicitaron a los fiscales que acepten enfrentar a sus representados con los Rodríguez, a objeto de que éstos demuestren cómo conocieron a sus clientes y en qué condiciones se llevó a cabo la reunión en la que presumiblemente fue planificado el atraco.

“La casa en la que funciona El Caballito es un laberinto, queremos ver si pueden volver a ingresar al lugar y reconstruir lo que teóricamente hicieron el lunes 26 en ese lugar, queremos que digan cómo sucedieron las cosas el martes 27”.

Borda refirió que su defendido Ernesto Córdoba le aseguró, entre lágrimas, que no conoce a los Rodríguez y exigió a la Fiscalía que repare los daños causados al inmueble de su representado durante el allanamiento practicado a principios de mes.

Fiscales irán a 4 ciudades

El Senado Nacional financiará el viaje de los fiscales que investigan el caso de presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, Argentina; Houston, Estados Unidos, y Tarija el jueves 5 de marzo.

El fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez, explicó que gracias a una coordinación entre poderes se logró que el Legislativo prestara su apoyo, de esta manera, a la justicia.

El grupo, que se dirigirá al país del norte, averiguará si efectivamente la empresa Gulsby Process Systems fabrica los equipos y tubería destinados a la planta separadora de líquidos de Río Grande, Santa Cruz.

Los agentes del Ministerio Público desplazados a la República Argentina verificarán si las factorías Sika y Lito Gonella cumplen similares labores, además de verificar la magnitud e importancia de Catler International.

Los investigadores que viajarán a Tarija harán parecidas averiguaciones sobre la empresa Uniservice, de los hermanos O’Connor D’Arlach.

Defensores no apelarán

Los abogados del ex presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez no apelarán el fallo de la juez Marcela Siles que dispuso la detención preventiva de su cliente en la cárcel pública de San Pedro de La Paz.

La decisión fue comunicada ayer en la ciudad de Potosí por el abogado Víctor Borda, quien dijo que, si bien no se hará uso del recurso de apelación en los tres días que les franquea la ley, sí pedirán la cesación de la detención preventiva del ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Indicó que la idea no es buscar de inmediato la libertad de Ramírez, sino reunir todas las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su defendido y esclarecer la presunta corrupción en la estatal petrolera.

Borda, ex asambleísta del MAS, declaró que se está preparando un legajo de documentos y certificaciones que prueban la existencia legal de Catler-Uniservice.

Declarará Misael Gemio

Mañana comparecerá ante la Fiscalía Anticorrupción el ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio, cuya declaración debió realizarse ayer, acto que fue postergado por razones no explicadas.

Sobre Gemio pesan indicios de que conocía los detalles del proceso de contratación del consorcio accidental Catler-Uniservice y fue destituido por orden del presidente Evo Morales junto con otros diez ex funcionarios del sector energético del país.

Además, Gemio fue designado en agosto de 2008 presidente del directorio de YPFB-Servicios a la Industria Petrolera Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA), otra empresa que es objeto de investigación por el Ministerio Público.

Entretanto, en el curso de la siguiente semana continuarán las declaraciones de los destituidos, mientras que no se descarta que la Fiscalía ordene otras aprehensiones por esta causa.

Declaraciones

Esther Carmona llegó a la Fiscalía alrededor de las 15.45 para prestar declaraciones.

La abogada mostraba tranquilidad mientras contestaba las preguntas del fiscal Mollinedo.

En la oficina tomó ubicación al lado del transcriptor y al frente de su interrogador.

La declaración informativa debía durar una media hora, pero se prolongó dos horas y media.

Después del anuncio de la aprehensión de Carmona, los periodistas fueron desalojados.

La aprehendida fue llevada a la FELCC en un vehículo del Ministerio Público.

En principio fue conducida a la División de Corrupción Pública y de allí a las celdas.

La ex autoridad pernoctó en la celda de mujeres de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen.

lunes, 16 de febrero de 2009

La Suprema define hoy el inicio del juicio contra Goni

Noticia publicada el 16 de Febrero de 2009 en La Razon


La Corte Suprema definirá hoy la fecha del inicio del juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y miembros del Alto Mando Militar de la gestión 2003. Además, podría determinar la detención preventiva contra Guido Áñez (ex ministro de Agricultura), asilado político en Estados Unidos.

El anuncio llegó luego de que el Comité Impulsor del juicio “octubre negro” acusara al presidente de la Suprema, Eddy Fernández, de retardación de justicia al no tomar decisión alguna después de un año y cuatro meses de que se presentara la acusación formal.

El ex mandatario, sus ministros y autoridades militares están acusados de genocidio, homicidio, lesiones graves y gravísimas, entre otros delitos.

Fernández anunció que se considerará el caso de Áñez, ya que el Ministerio Público pidió la detención preventiva, mientras que los abogados de las víctimas solicitaron su arraigo.

La Fiscalía pidió la extradición de Áñez, quien se fue a EEUU pese a la imputación. Redacción Sucre