Noticia publicada el 17 de Febrero de 2009 en La Prensa
“El ‘Gordo’ tiene la plata…”, “el ‘Negro’ bajó las gradas…” Una hoja arrancada de un cuaderno encontrada en el allanamiento de la Casa Ejecutiva de Yacimientos, en Obrajes, contiene esas frases escritas de puño y letra por Santos Ramírez Valverde.
Éste es el primero de dos manuscritos encontrados por los investigadores que involucran al ex hombre fuerte del MAS detenido preventivamente desde el viernes 13 en el penal de San Pedro imputado de cinco delitos; ayer, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de su estrecha colaboradora, Esther Rosario Carmona Nogales.
Un segundo documento de similares características fue hallado el viernes 30 de enero en la oficina del ex gerente de Comercialización de YPFB, Rodrigo Carrasco, cuando éste trataba de introducirlo en una máquina destructora de papel.
Al no haber logrado su objetivo, Carrasco lo rompió con sus manos, pero los fiscales lograron recuperarlo y reconstruirlo.
Cuando el miércoles reciente el destituido presidente de la estatal petrolera prestaba sus declaraciones ante el Ministerio Público, los fiscales le mostraron la primera hoja y le preguntaron su significado.
Se conoció que, de inmediato, uno de los abogados defensores dio un pisotón a Ramírez para que guardara silencio; sin embargo, la ex autoridad se resistió a aceptar la recomendación legal: “Ésa es la letra de mi esposa y la de abajo es mía, déjenme hablar”.
En ese pedazo de papel, incautado en la residencia de YPFB, se encuentran referencias a la avenida Tejada Sorzano, a los 450.000 dólares, la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach y datos generales del plan.
María Teresa Montaño, abogada de la aún cónyuge del acusado, Jiovana Navia, refirió ayer: “Mi cliente se sentía muy presionada por su ex esposo, que le exigía que le explique qué tienen que ver tus hermanos, qué relación tienen con los Córdoba y los O’Connor”.
Entonces, Navia, según dijo, entabló contacto, “porque hay personas que creen en esas cosas”, con una clarividente que “vio en coca”, a los cinco días del crimen, algunos detalles del hecho de sangre en el que murió O’Connor D’Arlach.
Ella anotó a toda prisa y con letra prácticamente ilegible algunos apodos en la parte superior de una de las hojas: “Ticoco, Papis, Choco, Chato, Gordo…”, nombres que ya se habían dado a conocer por los medios.
Como se sabe, “Ticoco” es Luis Fernando Córdoba, acusado de ser el autor intelectual del crimen; “Papis” es su hermano Ernesto Vladimir; “Choco” era la víctima; “Chato” es Mario Ángel Cossío, y “Gordo”, probablemente sea Javier Navia.
Poco después, en el centro de la hoja, Ramírez apuntó las frases transcritas y declaró ante la Fiscalía que escribió su interpretación de las “revelaciones” de la parapsicóloga, de nombre Cristina.
El fiscal Sergio Céspedes informó que, por la importancia de esta prueba, será remitida al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se determine a quiénes corresponden las rasgos grafotécnicos y cuándo se hicieron las notas.
La prueba se encuentra aún en el cuaderno de investigación.
Montaño criticó el hecho de que el Ministerio Público aceptara indicios de esta naturaleza, porque “el derecho es una ciencia y no es especulativo”.
La adivina y Jiovana Navia comparecerán mañana o la próxima semana ante la Fiscalía de Corrupción Pública para repetir esta versión.
El segundo manuscrito
Después de que Carrasco fuera sorprendido por la Fiscalía mientras destruía algunos documentos en las oficinas que ocupaba en la empresa estatal petrolera, los representantes del Ministerio Público pudieron reconstruir el escrito que no pudo introducir en la máquina destructora de papeles, aunque alcanzó a hacerlo girones con las manos.
Los fiscales armaron el rompecabezas, que contiene anotaciones relativas al atraco, que el 27 de enero causó la muerte de O’Connor D’Arlach, pero el ex Gerente negó todo vínculo con esos apuntes.
En los pasillos de la Fiscalía se conoció ayer que Carrasco es un ex policía que prestó sus servicios en la DEA y el Centro de Operaciones Policiales Especiales (Copes), cuyas oficinas funcionaban en Alto Següencoma y que fueron clausuradas cuando estalló el escándalo del seguimiento a políticos, parlamentarios y autoridades nacionales.
Carrasco comparecerá esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción para prestar sus declaraciones y no se descarta la posibilidad de su aprehensión.
Carmona, aprehendida
La ex asesora legal de YPFB
Esther Rosario Carmona Nogales prestó declaraciones ante el fiscal Edward Mollinedo durante tres horas, y a las 18.27, este último salió de su oficina y anunció su decisión: la abogada, con nueve años de experiencia en el ejercicio profesional, quedaba formalmente aprehendida.
Los agentes del Ministerio Público encontraron indicios de responsabilidad civil y penal, aunque la imputación oficial será presentada hoy, antes de que se celebre la audiencia de medidas cautelares, que será dirigida por la juez Marcela Siles, quien envió a la cárcel a Santos Ramírez.
Durante la legislatura 2006, Carmona fue secretaria personal de Santos Ramírez y al año siguiente pasó a desempeñar similares funciones en una de las comisiones de la Cámara Alta.
Junto con el grupo de confianza de Ramírez pasó a YPFB, en cuya planta ejecutiva formó parte del comité de concertación y la comisión de evaluación que determinó contratar al consorcio Catler-Uniservice.
El abogado defensor Freddy Cuentas sostuvo que su cliente formó parte del grupo calificador que hizo una evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas por la mencionada sociedad accidental y por la canadiense Exterran, también interesada en la obra.
El 26 de agosto del año pasado fue designada vicepresidenta del Directorio de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA), una empresa cuya legalidad se encuentra actualmente bajo investigación de los fiscales.
Siendo secretaria privada del entonces titular del Senado, organizó la fiesta de cumpleaños de su jefe que tuvo lugar en el Círculo de Oficiales del Ejército el 14 de agosto de 2006.
Ayer, la detenida fue trasladada alrededor de las 19.30 a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde fue llevada, en principio, a las oficinas de Corrupción Pública y de allí a la celda de mujeres, un ambiente de unos 25 metros cuadrados, con piso de cemento y catreras del mismo material. Una letrina, situada en un rincón y apenas protegida por una puerta de madera, despide un desagradable olor que impregna todo el ambiente.
Mientras era registrada, Carmona lloraba amargamente. Ante el escritorio ubicado en el ingreso de los calabozos, dejó sus joyas, pertenencias y todo elemento que pudiera ser utilizado para atentar contra su vida.
Minutos después, una sargento abría la reja para que pasara la aprehendida, la segunda persona detenida por el caso que llevó a Santos Ramírez al penal de San Pedro de La Paz.
Informe del Senado exime de responsabilidad a Evo Morales
El informe de la comisión investigadora del Senado determinará que el presidente Evo Morales “no está contaminado”sobre el manejo presuntamente irregular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según el presidente de esa instancia, Wálter Guiteras.
Denunció que el fondo de 45 millones de dólares destinados a la planta separadora de líquidos fue depositado inicialmente en el Banco de Desarrollo Productivo, pero al tratarse de un “banco de segundo piso” no puede abrir cartas de crédito como la que beneficia a Gulsby, la empresa estadounidense que se benefició con 35 millones de dólares por la fabricación de equipos para la planta de Río Grande.
El senador denunció que un decreto permitió transferir esa suma a una cuenta del Banco Unión, que sí puede efectuar esas operaciones.
Sin embargo, el opositor aseguró que conoce el mecanismo por el que se tramitan los decretos, por lo que “el Presidente de la República no está contaminado”, pero se buscará saber quiénes son “cómplices” de este cambio.
La comisión senatorial sugerirá que el directorio de la estatal sea compuesto, en el futuro, por personas con autoridad, que sólo pueden ser ministros. El titular de Hidrocarburos debería presidir la nacionalizada y contar con el apoyo de los responsables de Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas, Presidencia y Defensa Legal, “porque en Yacimientos mandaba Santos Ramírez y nadie más” y que los actuales directores de la estatal son, “cuando menos, responsables del delito de omisión”.
El hecho de que los presidentes cumplan sus funciones en forma interina genera improvisaciones en las actividades regulares.
El informe establecerá responsabilidad sobre Santos Ramírez, 12 ex ejecutivos de YPFB y otras autoridades, además de funcionarios del Órgano Ejecutivo y de la Superintendencia de Hidrocarburos, aunque Guiteras no quiso precisar de qué personas se trata.
La comisión preguntó a los fiscales que comparecieron ayer por la mañana por qué no son procesados Javier Navia, Gonzalo Aramayo y Miguel O’Connor D’Arlach. “Los fiscales nos pidieron guardar el secreto sobre este tema, pero nos adelantaron que estas personas forman parte de las próximas fases de la investigación”.
La comisión del Senado conoció que una empresa perteneciente a la familia O’Connor D’Arlach es una de las proveedoras de la Empresa Metalúrgica de Vinto.
Dos careos todavía no tienen fecha definida
Los careos que deben sostener Javier Navia y Gonzalo Aramayo con Rufino Rodríguez y Franz Michael Rodríguez, así como el que deben mantener estos últimos con los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez aún no tienen fecha.
Los dos Rodríguez son los presuntos sicarios que participaron en el atraco y el primero de ellos se inculpó del disparo que mató al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el 27 de enero.
En el primer caso, el fiscal de Homicidios Luis Mamani pretende aclarar algunas contradicciones que advirtió entre los testimonios brindados por ellos.
El segundo interrogatorio cruzado fue propuesto por los defensores de los hermanos Córdoba, Williams Sánchez y Jorge Borda.
La decisión de Mamani causó extrañeza en Sánchez, pues explicó que los careos se realizan sólo en caso de que existan contradicciones entre dos protagonistas de un hecho determinado, pero no halla razón para que Luis Fernando Córdoba deba participar en un acto de este tipo con quienes se encontraban en la escena del crimen, el martes 27 de enero por la mañana, cuando el empresario Jorge O’Connor D’Arlach sufrió el robo de 450.000 dólares y fue asesinado.
“Luis Fernando Córdoba estaba en ese sitio y ahora está detenido, pero los señores Navia y Aramayo, que se encontraban en la misma situación, no tienen problemas. Son cosas que no se comprenden”.
Sánchez y el penalista Jorge Borda solicitaron a los fiscales que acepten enfrentar a sus representados con los Rodríguez, a objeto de que éstos demuestren cómo conocieron a sus clientes y en qué condiciones se llevó a cabo la reunión en la que presumiblemente fue planificado el atraco.
“La casa en la que funciona El Caballito es un laberinto, queremos ver si pueden volver a ingresar al lugar y reconstruir lo que teóricamente hicieron el lunes 26 en ese lugar, queremos que digan cómo sucedieron las cosas el martes 27”.
Borda refirió que su defendido Ernesto Córdoba le aseguró, entre lágrimas, que no conoce a los Rodríguez y exigió a la Fiscalía que repare los daños causados al inmueble de su representado durante el allanamiento practicado a principios de mes.
Fiscales irán a 4 ciudades
El Senado Nacional financiará el viaje de los fiscales que investigan el caso de presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, Argentina; Houston, Estados Unidos, y Tarija el jueves 5 de marzo.
El fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez, explicó que gracias a una coordinación entre poderes se logró que el Legislativo prestara su apoyo, de esta manera, a la justicia.
El grupo, que se dirigirá al país del norte, averiguará si efectivamente la empresa Gulsby Process Systems fabrica los equipos y tubería destinados a la planta separadora de líquidos de Río Grande, Santa Cruz.
Los agentes del Ministerio Público desplazados a la República Argentina verificarán si las factorías Sika y Lito Gonella cumplen similares labores, además de verificar la magnitud e importancia de Catler International.
Los investigadores que viajarán a Tarija harán parecidas averiguaciones sobre la empresa Uniservice, de los hermanos O’Connor D’Arlach.
Defensores no apelarán
“El ‘Gordo’ tiene la plata…”, “el ‘Negro’ bajó las gradas…” Una hoja arrancada de un cuaderno encontrada en el allanamiento de la Casa Ejecutiva de Yacimientos, en Obrajes, contiene esas frases escritas de puño y letra por Santos Ramírez Valverde.
Éste es el primero de dos manuscritos encontrados por los investigadores que involucran al ex hombre fuerte del MAS detenido preventivamente desde el viernes 13 en el penal de San Pedro imputado de cinco delitos; ayer, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de su estrecha colaboradora, Esther Rosario Carmona Nogales.
Un segundo documento de similares características fue hallado el viernes 30 de enero en la oficina del ex gerente de Comercialización de YPFB, Rodrigo Carrasco, cuando éste trataba de introducirlo en una máquina destructora de papel.
Al no haber logrado su objetivo, Carrasco lo rompió con sus manos, pero los fiscales lograron recuperarlo y reconstruirlo.
Cuando el miércoles reciente el destituido presidente de la estatal petrolera prestaba sus declaraciones ante el Ministerio Público, los fiscales le mostraron la primera hoja y le preguntaron su significado.
Se conoció que, de inmediato, uno de los abogados defensores dio un pisotón a Ramírez para que guardara silencio; sin embargo, la ex autoridad se resistió a aceptar la recomendación legal: “Ésa es la letra de mi esposa y la de abajo es mía, déjenme hablar”.
En ese pedazo de papel, incautado en la residencia de YPFB, se encuentran referencias a la avenida Tejada Sorzano, a los 450.000 dólares, la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach y datos generales del plan.
María Teresa Montaño, abogada de la aún cónyuge del acusado, Jiovana Navia, refirió ayer: “Mi cliente se sentía muy presionada por su ex esposo, que le exigía que le explique qué tienen que ver tus hermanos, qué relación tienen con los Córdoba y los O’Connor”.
Entonces, Navia, según dijo, entabló contacto, “porque hay personas que creen en esas cosas”, con una clarividente que “vio en coca”, a los cinco días del crimen, algunos detalles del hecho de sangre en el que murió O’Connor D’Arlach.
Ella anotó a toda prisa y con letra prácticamente ilegible algunos apodos en la parte superior de una de las hojas: “Ticoco, Papis, Choco, Chato, Gordo…”, nombres que ya se habían dado a conocer por los medios.
Como se sabe, “Ticoco” es Luis Fernando Córdoba, acusado de ser el autor intelectual del crimen; “Papis” es su hermano Ernesto Vladimir; “Choco” era la víctima; “Chato” es Mario Ángel Cossío, y “Gordo”, probablemente sea Javier Navia.
Poco después, en el centro de la hoja, Ramírez apuntó las frases transcritas y declaró ante la Fiscalía que escribió su interpretación de las “revelaciones” de la parapsicóloga, de nombre Cristina.
El fiscal Sergio Céspedes informó que, por la importancia de esta prueba, será remitida al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se determine a quiénes corresponden las rasgos grafotécnicos y cuándo se hicieron las notas.
La prueba se encuentra aún en el cuaderno de investigación.
Montaño criticó el hecho de que el Ministerio Público aceptara indicios de esta naturaleza, porque “el derecho es una ciencia y no es especulativo”.
La adivina y Jiovana Navia comparecerán mañana o la próxima semana ante la Fiscalía de Corrupción Pública para repetir esta versión.
El segundo manuscrito
Después de que Carrasco fuera sorprendido por la Fiscalía mientras destruía algunos documentos en las oficinas que ocupaba en la empresa estatal petrolera, los representantes del Ministerio Público pudieron reconstruir el escrito que no pudo introducir en la máquina destructora de papeles, aunque alcanzó a hacerlo girones con las manos.
Los fiscales armaron el rompecabezas, que contiene anotaciones relativas al atraco, que el 27 de enero causó la muerte de O’Connor D’Arlach, pero el ex Gerente negó todo vínculo con esos apuntes.
En los pasillos de la Fiscalía se conoció ayer que Carrasco es un ex policía que prestó sus servicios en la DEA y el Centro de Operaciones Policiales Especiales (Copes), cuyas oficinas funcionaban en Alto Següencoma y que fueron clausuradas cuando estalló el escándalo del seguimiento a políticos, parlamentarios y autoridades nacionales.
Carrasco comparecerá esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción para prestar sus declaraciones y no se descarta la posibilidad de su aprehensión.
Carmona, aprehendida
La ex asesora legal de YPFB
Esther Rosario Carmona Nogales prestó declaraciones ante el fiscal Edward Mollinedo durante tres horas, y a las 18.27, este último salió de su oficina y anunció su decisión: la abogada, con nueve años de experiencia en el ejercicio profesional, quedaba formalmente aprehendida.
Los agentes del Ministerio Público encontraron indicios de responsabilidad civil y penal, aunque la imputación oficial será presentada hoy, antes de que se celebre la audiencia de medidas cautelares, que será dirigida por la juez Marcela Siles, quien envió a la cárcel a Santos Ramírez.
Durante la legislatura 2006, Carmona fue secretaria personal de Santos Ramírez y al año siguiente pasó a desempeñar similares funciones en una de las comisiones de la Cámara Alta.
Junto con el grupo de confianza de Ramírez pasó a YPFB, en cuya planta ejecutiva formó parte del comité de concertación y la comisión de evaluación que determinó contratar al consorcio Catler-Uniservice.
El abogado defensor Freddy Cuentas sostuvo que su cliente formó parte del grupo calificador que hizo una evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas por la mencionada sociedad accidental y por la canadiense Exterran, también interesada en la obra.
El 26 de agosto del año pasado fue designada vicepresidenta del Directorio de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA), una empresa cuya legalidad se encuentra actualmente bajo investigación de los fiscales.
Siendo secretaria privada del entonces titular del Senado, organizó la fiesta de cumpleaños de su jefe que tuvo lugar en el Círculo de Oficiales del Ejército el 14 de agosto de 2006.
Ayer, la detenida fue trasladada alrededor de las 19.30 a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde fue llevada, en principio, a las oficinas de Corrupción Pública y de allí a la celda de mujeres, un ambiente de unos 25 metros cuadrados, con piso de cemento y catreras del mismo material. Una letrina, situada en un rincón y apenas protegida por una puerta de madera, despide un desagradable olor que impregna todo el ambiente.
Mientras era registrada, Carmona lloraba amargamente. Ante el escritorio ubicado en el ingreso de los calabozos, dejó sus joyas, pertenencias y todo elemento que pudiera ser utilizado para atentar contra su vida.
Minutos después, una sargento abría la reja para que pasara la aprehendida, la segunda persona detenida por el caso que llevó a Santos Ramírez al penal de San Pedro de La Paz.
Informe del Senado exime de responsabilidad a Evo Morales
El informe de la comisión investigadora del Senado determinará que el presidente Evo Morales “no está contaminado”sobre el manejo presuntamente irregular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según el presidente de esa instancia, Wálter Guiteras.
Denunció que el fondo de 45 millones de dólares destinados a la planta separadora de líquidos fue depositado inicialmente en el Banco de Desarrollo Productivo, pero al tratarse de un “banco de segundo piso” no puede abrir cartas de crédito como la que beneficia a Gulsby, la empresa estadounidense que se benefició con 35 millones de dólares por la fabricación de equipos para la planta de Río Grande.
El senador denunció que un decreto permitió transferir esa suma a una cuenta del Banco Unión, que sí puede efectuar esas operaciones.
Sin embargo, el opositor aseguró que conoce el mecanismo por el que se tramitan los decretos, por lo que “el Presidente de la República no está contaminado”, pero se buscará saber quiénes son “cómplices” de este cambio.
La comisión senatorial sugerirá que el directorio de la estatal sea compuesto, en el futuro, por personas con autoridad, que sólo pueden ser ministros. El titular de Hidrocarburos debería presidir la nacionalizada y contar con el apoyo de los responsables de Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas, Presidencia y Defensa Legal, “porque en Yacimientos mandaba Santos Ramírez y nadie más” y que los actuales directores de la estatal son, “cuando menos, responsables del delito de omisión”.
El hecho de que los presidentes cumplan sus funciones en forma interina genera improvisaciones en las actividades regulares.
El informe establecerá responsabilidad sobre Santos Ramírez, 12 ex ejecutivos de YPFB y otras autoridades, además de funcionarios del Órgano Ejecutivo y de la Superintendencia de Hidrocarburos, aunque Guiteras no quiso precisar de qué personas se trata.
La comisión preguntó a los fiscales que comparecieron ayer por la mañana por qué no son procesados Javier Navia, Gonzalo Aramayo y Miguel O’Connor D’Arlach. “Los fiscales nos pidieron guardar el secreto sobre este tema, pero nos adelantaron que estas personas forman parte de las próximas fases de la investigación”.
La comisión del Senado conoció que una empresa perteneciente a la familia O’Connor D’Arlach es una de las proveedoras de la Empresa Metalúrgica de Vinto.
Dos careos todavía no tienen fecha definida
Los careos que deben sostener Javier Navia y Gonzalo Aramayo con Rufino Rodríguez y Franz Michael Rodríguez, así como el que deben mantener estos últimos con los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez aún no tienen fecha.
Los dos Rodríguez son los presuntos sicarios que participaron en el atraco y el primero de ellos se inculpó del disparo que mató al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el 27 de enero.
En el primer caso, el fiscal de Homicidios Luis Mamani pretende aclarar algunas contradicciones que advirtió entre los testimonios brindados por ellos.
El segundo interrogatorio cruzado fue propuesto por los defensores de los hermanos Córdoba, Williams Sánchez y Jorge Borda.
La decisión de Mamani causó extrañeza en Sánchez, pues explicó que los careos se realizan sólo en caso de que existan contradicciones entre dos protagonistas de un hecho determinado, pero no halla razón para que Luis Fernando Córdoba deba participar en un acto de este tipo con quienes se encontraban en la escena del crimen, el martes 27 de enero por la mañana, cuando el empresario Jorge O’Connor D’Arlach sufrió el robo de 450.000 dólares y fue asesinado.
“Luis Fernando Córdoba estaba en ese sitio y ahora está detenido, pero los señores Navia y Aramayo, que se encontraban en la misma situación, no tienen problemas. Son cosas que no se comprenden”.
Sánchez y el penalista Jorge Borda solicitaron a los fiscales que acepten enfrentar a sus representados con los Rodríguez, a objeto de que éstos demuestren cómo conocieron a sus clientes y en qué condiciones se llevó a cabo la reunión en la que presumiblemente fue planificado el atraco.
“La casa en la que funciona El Caballito es un laberinto, queremos ver si pueden volver a ingresar al lugar y reconstruir lo que teóricamente hicieron el lunes 26 en ese lugar, queremos que digan cómo sucedieron las cosas el martes 27”.
Borda refirió que su defendido Ernesto Córdoba le aseguró, entre lágrimas, que no conoce a los Rodríguez y exigió a la Fiscalía que repare los daños causados al inmueble de su representado durante el allanamiento practicado a principios de mes.
Fiscales irán a 4 ciudades
El Senado Nacional financiará el viaje de los fiscales que investigan el caso de presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, Argentina; Houston, Estados Unidos, y Tarija el jueves 5 de marzo.
El fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez, explicó que gracias a una coordinación entre poderes se logró que el Legislativo prestara su apoyo, de esta manera, a la justicia.
El grupo, que se dirigirá al país del norte, averiguará si efectivamente la empresa Gulsby Process Systems fabrica los equipos y tubería destinados a la planta separadora de líquidos de Río Grande, Santa Cruz.
Los agentes del Ministerio Público desplazados a la República Argentina verificarán si las factorías Sika y Lito Gonella cumplen similares labores, además de verificar la magnitud e importancia de Catler International.
Los investigadores que viajarán a Tarija harán parecidas averiguaciones sobre la empresa Uniservice, de los hermanos O’Connor D’Arlach.
Defensores no apelarán
Los abogados del ex presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez no apelarán el fallo de la juez Marcela Siles que dispuso la detención preventiva de su cliente en la cárcel pública de San Pedro de La Paz.
La decisión fue comunicada ayer en la ciudad de Potosí por el abogado Víctor Borda, quien dijo que, si bien no se hará uso del recurso de apelación en los tres días que les franquea la ley, sí pedirán la cesación de la detención preventiva del ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Indicó que la idea no es buscar de inmediato la libertad de Ramírez, sino reunir todas las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su defendido y esclarecer la presunta corrupción en la estatal petrolera.
Borda, ex asambleísta del MAS, declaró que se está preparando un legajo de documentos y certificaciones que prueban la existencia legal de Catler-Uniservice.
Declarará Misael Gemio
Mañana comparecerá ante la Fiscalía Anticorrupción el ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio, cuya declaración debió realizarse ayer, acto que fue postergado por razones no explicadas.
Sobre Gemio pesan indicios de que conocía los detalles del proceso de contratación del consorcio accidental Catler-Uniservice y fue destituido por orden del presidente Evo Morales junto con otros diez ex funcionarios del sector energético del país.
Además, Gemio fue designado en agosto de 2008 presidente del directorio de YPFB-Servicios a la Industria Petrolera Sociedad Anónima (YPFB-SIPSA), otra empresa que es objeto de investigación por el Ministerio Público.
Entretanto, en el curso de la siguiente semana continuarán las declaraciones de los destituidos, mientras que no se descarta que la Fiscalía ordene otras aprehensiones por esta causa.
Declaraciones
Esther Carmona llegó a la Fiscalía alrededor de las 15.45 para prestar declaraciones.
La abogada mostraba tranquilidad mientras contestaba las preguntas del fiscal Mollinedo.
En la oficina tomó ubicación al lado del transcriptor y al frente de su interrogador.
La declaración informativa debía durar una media hora, pero se prolongó dos horas y media.
Después del anuncio de la aprehensión de Carmona, los periodistas fueron desalojados.
La aprehendida fue llevada a la FELCC en un vehículo del Ministerio Público.
En principio fue conducida a la División de Corrupción Pública y de allí a las celdas.
La ex autoridad pernoctó en la celda de mujeres de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen.
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