La juez Marcela Siles decidió que el ex gerente de Planificación de Yacimientos y ex viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio, guarde detención domiciliaria a causa de las imputaciones planteadas por la Fiscalía en su contra.
La decisión fue recibida con beneplácito por la defensa y fue rechazada por los agentes del Ministerio Público, aunque el fiscal César Romano dijo que la decisión obedeció a que no existe riesgo de fuga del imputado.
La juez Siles ordenó el arresto domiciliario del ex ejecutivo, pues existe el peligro de que interfiera la labor de la justicia, pues podría ejercer influencia sobre otras personas que aún no prestaron sus declaraciones ante las autoridades competentes.
Además, la Magistrada adujo que Gemio está al cuidado de su única hija, cuya madre se encuentra en el exterior del país.
El abogado del imputado, Franz Avilés, refirió que “se ha determinado un aspecto: que la aprehensión hecha por el Ministerio Público ha sido ilegal e indebida”.
Criticó la acción de los fiscales al calificarla de “pobrísima”, porque “en ningún momento ha hecho referencia a un solo acto ilegal o antijurídico en el que Misael Gemio haya participado. Inclusive, esta medida de la detención domiciliaria está motivada por la excesiva presión que existe sobre las autoridades y sobre todas las personas que están investigadas en este proceso”.
Misael Gemio fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
El jurista Avilés sostuvo que su cliente “jamás ha firmado un contrato lesivo al Estado y ningún otro. No era su atribución. Intervino única y exclusivamente cuando se inicia el proceso, recibiendo las propuestas para participar y sugiere que se haga llegar la invitación a las siete empresas que mostraron interés en la licitación. No hace ningún tipo de selección. Simplemente hace lo mismo que una secretaria o un cartero: recibe y entrega. Eso no constituye en sí mismo un delito. Era su obligación como Gerente”.
El fiscal Romano explicó que la juez Siles valoró que “existen elementos de convicción respecto de la probabilidad de la autoría de los delitos ya imputados. En cuanto a los riesgos de obstaculización, también están acreditados, porque no se cuenta hasta el presente con los anexos que deberían estar adjuntados a los contratos” para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
Ambas partes coincidieron en destacar el hecho de que Gemio se hubiera presentado voluntariamente a prestar su testimonio y manifestó su decisión de colaborar con las investigaciones, por lo que ha descartado el riesgo de fuga, y bajo esas circunstancias ha dispuesto la detención domiciliaria.
Los fiscales determinaron que Gemio puso a consideración de Santos Ramírez las cartas de invitación a las empresas Equipetrol, Ballyco Enterprises, Cryoenergy, Exterran, Catler y Contreras para que participen en la licitación mencionada.
La causa abierta por hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio lugar a que, hasta ahora, la Fiscalía impute a tres personas: el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, la ex directora jurídica Esther Carmona y el ex gerente de Planificación Misael Gemio.
Sobre un cuarto ex gerente de YPFB, Rodrigo Carrasco, sólo pesan indicios por la comisión de un delito menor, que no da lugar a su formal imputación.
De los tres, sólo Ramírez se encuentra recluido en el penal de San Pedro, en tanto que Carmona quedó arraigada, debe presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público para firmar un registro y no puede cambiar de domicilio, mientras que Gemio no podrá abandonar el departamento que ocupa en el edificio V Centenario, en la ciudad de La Paz.
En los casos de detención domiciliaria, la Policía dispone que un grupo de efectivos controle el cumplimiento de la decisión judicial, aunque generalmente la alimentación y las comodidades, aunque sean mínimas, que debe brindarse a los uniformados corren por cuenta de quien está privado de su libertad de esta manera.
La Fiscalía sortea demanda de Transparencia
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción presentó el jueves por la tarde ante la Fiscalía una denuncia contra la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), que fue creada por Santos Ramírez.
Nardi Suxo, responsable de esa cartera, informó el miércoles que se descubrió un daño económico al Estado de, al menos, 60,7 millones de dólares por esta causa, después de que Yacimientos y esa empresa suscribieran contratos para la recalificación de garrafas, la perforación de los pozos 34D y 35H del campo Víbora y la instalación de plantas petroleras. Suxo denunció que aparentemente existen irregularidades en el alquiler que se habría pagado por un taladro venezolano, pese a que no fue efectivamente usado.
La documentación sobre estos hechos fue entregada junto con el respectivo memorial de denuncia a la ventanilla del Ministerio Público, que sortea-rá el caso ante determinado fiscal.
Después de los feriados de Carnaval, el elegido iniciará las actuaciones a través de la investigación.
El Ministerio anticorrupción se querelló por estos hechos contra el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez; además de Misael Gemio, presidente del directorio de SIPSA; Rogelio Ashimine, gerente general; además de Lucy Barbery y Nilda Domínguez, accionistas; Esther Carmona, quien además fue asesora jurídica de YPFB; Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra y Rolando Aguado, integrantes del directorio de esta compañía.
Los delitos que constan en la demanda interpuesta por la autoridad son: contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conducta antieconómica, asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, además de resoluciones contrarias a la Constitución Política al Estado y a las leyes.
Imputación para tres
Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdoba, quienes acompañaron al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el día en el que fue asesinado, están imputados por organización criminal y cohecho activo, según informó ayer el fiscal Anticorrupción César Romano.
El Ministerio Público investiga a unas 30 personas por el asesinato de O’Connor D’Arlach, ocurrido el 27 de enero, cuando le arrebataron 450.000 dólares.
Miguel O’Connor D’Arlach, hermano menor de la víctima, Cossío Mc Galem y Córdoba, quien se encuentra detenido en San Pedro, acompañaron al fallecido aquel día a recoger ese dinero del Banco Unión.
El fiscal Romano informó que el miércoles se presentó la imputación contra estas personas por los delitos de cohecho activo y organización criminal.
El primero se define como el pago a un funcionario público por alguna ventaja concedida como consecuencia de sus labores específicas, y el segundo tipo penal, organización criminal, es una figura que se refiere a formar una asociación de tres o más personas destinada a cometer hechos de genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, legitimación de ganancias ilícitas y otros.
Expediente
Misael Gemio se desempeñó como gerente nacional de Planificación de YPFB.
Posteriormente fue designado Viceministro de Desarrollo Energético.
En ambos casos, la ex autoridad juró a sus cargos con el puño izquierdo en alto
La decisión fue recibida con beneplácito por la defensa y fue rechazada por los agentes del Ministerio Público, aunque el fiscal César Romano dijo que la decisión obedeció a que no existe riesgo de fuga del imputado.
La juez Siles ordenó el arresto domiciliario del ex ejecutivo, pues existe el peligro de que interfiera la labor de la justicia, pues podría ejercer influencia sobre otras personas que aún no prestaron sus declaraciones ante las autoridades competentes.
Además, la Magistrada adujo que Gemio está al cuidado de su única hija, cuya madre se encuentra en el exterior del país.
El abogado del imputado, Franz Avilés, refirió que “se ha determinado un aspecto: que la aprehensión hecha por el Ministerio Público ha sido ilegal e indebida”.
Criticó la acción de los fiscales al calificarla de “pobrísima”, porque “en ningún momento ha hecho referencia a un solo acto ilegal o antijurídico en el que Misael Gemio haya participado. Inclusive, esta medida de la detención domiciliaria está motivada por la excesiva presión que existe sobre las autoridades y sobre todas las personas que están investigadas en este proceso”.
Misael Gemio fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
El jurista Avilés sostuvo que su cliente “jamás ha firmado un contrato lesivo al Estado y ningún otro. No era su atribución. Intervino única y exclusivamente cuando se inicia el proceso, recibiendo las propuestas para participar y sugiere que se haga llegar la invitación a las siete empresas que mostraron interés en la licitación. No hace ningún tipo de selección. Simplemente hace lo mismo que una secretaria o un cartero: recibe y entrega. Eso no constituye en sí mismo un delito. Era su obligación como Gerente”.
El fiscal Romano explicó que la juez Siles valoró que “existen elementos de convicción respecto de la probabilidad de la autoría de los delitos ya imputados. En cuanto a los riesgos de obstaculización, también están acreditados, porque no se cuenta hasta el presente con los anexos que deberían estar adjuntados a los contratos” para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
Ambas partes coincidieron en destacar el hecho de que Gemio se hubiera presentado voluntariamente a prestar su testimonio y manifestó su decisión de colaborar con las investigaciones, por lo que ha descartado el riesgo de fuga, y bajo esas circunstancias ha dispuesto la detención domiciliaria.
Los fiscales determinaron que Gemio puso a consideración de Santos Ramírez las cartas de invitación a las empresas Equipetrol, Ballyco Enterprises, Cryoenergy, Exterran, Catler y Contreras para que participen en la licitación mencionada.
La causa abierta por hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio lugar a que, hasta ahora, la Fiscalía impute a tres personas: el ex presidente de la estatal Santos Ramírez, la ex directora jurídica Esther Carmona y el ex gerente de Planificación Misael Gemio.
Sobre un cuarto ex gerente de YPFB, Rodrigo Carrasco, sólo pesan indicios por la comisión de un delito menor, que no da lugar a su formal imputación.
De los tres, sólo Ramírez se encuentra recluido en el penal de San Pedro, en tanto que Carmona quedó arraigada, debe presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público para firmar un registro y no puede cambiar de domicilio, mientras que Gemio no podrá abandonar el departamento que ocupa en el edificio V Centenario, en la ciudad de La Paz.
En los casos de detención domiciliaria, la Policía dispone que un grupo de efectivos controle el cumplimiento de la decisión judicial, aunque generalmente la alimentación y las comodidades, aunque sean mínimas, que debe brindarse a los uniformados corren por cuenta de quien está privado de su libertad de esta manera.
La Fiscalía sortea demanda de Transparencia
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción presentó el jueves por la tarde ante la Fiscalía una denuncia contra la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), que fue creada por Santos Ramírez.
Nardi Suxo, responsable de esa cartera, informó el miércoles que se descubrió un daño económico al Estado de, al menos, 60,7 millones de dólares por esta causa, después de que Yacimientos y esa empresa suscribieran contratos para la recalificación de garrafas, la perforación de los pozos 34D y 35H del campo Víbora y la instalación de plantas petroleras. Suxo denunció que aparentemente existen irregularidades en el alquiler que se habría pagado por un taladro venezolano, pese a que no fue efectivamente usado.
La documentación sobre estos hechos fue entregada junto con el respectivo memorial de denuncia a la ventanilla del Ministerio Público, que sortea-rá el caso ante determinado fiscal.
Después de los feriados de Carnaval, el elegido iniciará las actuaciones a través de la investigación.
El Ministerio anticorrupción se querelló por estos hechos contra el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez; además de Misael Gemio, presidente del directorio de SIPSA; Rogelio Ashimine, gerente general; además de Lucy Barbery y Nilda Domínguez, accionistas; Esther Carmona, quien además fue asesora jurídica de YPFB; Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra y Rolando Aguado, integrantes del directorio de esta compañía.
Los delitos que constan en la demanda interpuesta por la autoridad son: contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conducta antieconómica, asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, además de resoluciones contrarias a la Constitución Política al Estado y a las leyes.
Imputación para tres
Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdoba, quienes acompañaron al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el día en el que fue asesinado, están imputados por organización criminal y cohecho activo, según informó ayer el fiscal Anticorrupción César Romano.
El Ministerio Público investiga a unas 30 personas por el asesinato de O’Connor D’Arlach, ocurrido el 27 de enero, cuando le arrebataron 450.000 dólares.
Miguel O’Connor D’Arlach, hermano menor de la víctima, Cossío Mc Galem y Córdoba, quien se encuentra detenido en San Pedro, acompañaron al fallecido aquel día a recoger ese dinero del Banco Unión.
El fiscal Romano informó que el miércoles se presentó la imputación contra estas personas por los delitos de cohecho activo y organización criminal.
El primero se define como el pago a un funcionario público por alguna ventaja concedida como consecuencia de sus labores específicas, y el segundo tipo penal, organización criminal, es una figura que se refiere a formar una asociación de tres o más personas destinada a cometer hechos de genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, legitimación de ganancias ilícitas y otros.
Expediente
Misael Gemio se desempeñó como gerente nacional de Planificación de YPFB.
Posteriormente fue designado Viceministro de Desarrollo Energético.
En ambos casos, la ex autoridad juró a sus cargos con el puño izquierdo en alto
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