YPFB destituye al hombre que acusó a Carlos Villegas

Noticia publicada el 17 de Junio en La Razon

Gildo Angulo fue destituido ayer del cargo de presidente de YPFB Transporte, a cuatro días de que acusara al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, de una serie de irregularidades. El directorio de la empresa transportadora tomó la decisión

indicando que la saliente autoridad no tiene el conocimiento necesario para ocupar el puesto, que ahora está al mando de Cyro Camacho Chávez.

“Las acusaciones del ex presidente de la sociedad, Sr. Gildo Angulo, carecen de veracidad y denotan desconocimiento de la realidad financiera de la empresa, así como de la capacidad de gestión de la misma, lo que afecta la imagen de YPFB Transporte SA, al crear un clima de desconfianza y desestabilización al interior de la empresa”, señala el directorio de la estatal, mediante un comunicado difundido este martes.

Angulo, el viernes, denunció que Villegas manejaba Yacimientos como si fuese “su propiedad privada”. Además aseguró que para la nacionalización de Transredes se pagaron 250 millones de dólares cuando la empresa debía 200 millones al fisco y a otros.

Este lunes, Villegas rechazó las acusaciones, pero admitió que se liberó del pago de 50 millones de dólares que Transredes adeudaba por asuntos tributarios.

Ayer, en entrevista con La Razón, Angulo atribuyó su alejamiento a una decisión del presidente de YPFB . Aseguró que la medida fue tomada “sin un proceso judicial, simplemente porque es el dueño de la empresa (...) No me quise someter a sus caprichos y ésa es la bronca conmigo”.

Calificó su destitución como “arbitraria, ilegal” y “que viola todos los estatutos de la empresa”.

La autoridad saliente, designada presidente el 12 de mayo del 2008 por decisión del directorio, emplazó a Villegas a ir al Congreso para aclarar las denuncias.

YPFB Transporte informó además de que Camacho fue designado como nuevo presidente ejecutivo en una reunión de directorio. Es el quinto ejecutivo en este puesto.

Camacho se desempeñaba como vicepresidente de Comercialización y Regulaciones de la empresa, en la que trabaja desde el 2000. Es economista, especializado en regulaciones de transporte y distribución de gas natural.

También fueron promovidos Raúl Ferrufino al cargo que ocupaba el actual presidente y Cecilia Vidangos como vicepresidente de Recursos Humanos y Servicios Generales a.i.

Puntos de vista

“Se necesita gente calificada”
Cyro Camacho, nuevo presidente de YPFB Transporte.

“La empresa está en una etapa de enfrentar un crecimiento con nuevos proyectos. No conozco en detalle las denuncias del señor Angulo, pero sé que ante el inminente cambio, se debe retomar un rumbo de estándares de calidad y las anteriores autoridades estaban pasando por alto esa prioridad. Se necesita gente calificada, con experiencia en el negocio, algo que no sucedía con el anterior directorio. Tengo casi 30 años de experiencia en el sector”.

“No se quiere conocer la verdad”
BERNARDO MONTENEGRO, diputado de Podemos.

“Lo único que hace eso (la destitución de Angulo) es demostrar que no se quiere conocer la verdad y ello perjudicará las investigaciones. Lo que se analiza es que probablemente se va a convocar (al Senado) al presidente de YPFB y al Ministro (de Hidrocarburos) porque es un tema que no puede quedar así. Se habla de sumas millonarias de corrupción y estas señales demuestran que el MAS quiere tapar la corrupción campeante en todas las instituciones”.

“Su actuación fue política”
JORGE SILVA, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS).

“El tema se basa en los antecedentes. Gildo Angulo ha sido candidato a la presidencia por un partido neoliberal (NFR) y no entendemos su actuación posterior. Al parecer, logró convencer a algunas autoridades del MAS para hacerse cargo de la presidencia de esa entidad (YPFB Transporte). Sin embargo, al parecer su actuación fue estrictamente política y eso lógicamente ha generado su destitución, después de que el directorio ha hecho una evaluación”.

Entrevista

“Yo no le he mentido a mi país”

GILDO ANGULO,
ex presidente ejecutivo de YPFB Transporte.

Es ex almirante de la Armada. Cursó estudios en la Escuela Militar de Ingeniería, donde obtuvo un título en Geodesia. Logró un diplomado en Hidrología en Holanda. El 2005 postuló a la presidencia del país por Nueva Fuerza Republicana (NFR).

¿Cómo toma su destitución?
El mal uso del poder da para eso y muchas cosas más. Este hombre (Carlos Villegas) está herido porque le dije las verdades que nadie le dijo en el país. Yo no le he mentido a mi país (...) Se ha enojado y ejerce todo su poder y fuerza para destituirme, lo puede hacer porque es el accionista mayoritario, pero legalmente ha violado la normativa estatutaria.

¿Qué va a hacer ahora?
Públicamente emplazo a Villegas a que, en el menor tiempo posible, nos presentemos ante el Congreso para decir la verdad al país sobre estas denuncias.

¿Asumirá alguna acción legal?
No tengo plata para contratar un abogado y porque además no hace falta argumentar la destitución a mi favor; sería aferrarme a un cargo que ya no deseo ejercer, mientras existan funcionarios corruptos como Carlos Villegas.

¿Le bastó un mes para conocer YPFB Transporte?
Llevo como director 11 meses, la conozco (a la empresa) porque la temática central para entender cómo funciona el proceso es la hidráulica y yo soy especialista, sobre todo, en mecánica de fluidos por los tubos (...) No soy un advenedizo, soy un profesional apropiado para esta empresa.

¿Por qué denunciar ahora?
Quise hacerlo estando en ejercicio de mi cargo, hacerlo después es respirar por la herida. Redacción Santa Cruz

Destituyen a Angulo por denunciar corrupción en la nacionalización

Noticia publicada el Miercoles 17 de Junio de 2009 en La Patria

No pasó ni una semana después de las denuncias del ex almirante Gildo Angulo por una supuesta “nacionalización” con beneficios millonarios para una transnacional y el directorio de YPFB, decidió ayer su destitución.
“El Directorio de YPFB-Transporte le retiró su confianza al vicealmirante Gildo Angulo”, se informó ayer oficialmente.
Angulo denunció que en la “nacionalización” de la transnacional Transredes se realizó con un “perdonazo” millonario.
El lunes, el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas reconoció que se aprobó el denominado “perdonazo” tributario para poder adquirir la mayoría de las acciones de la transportadora Transredes.
Angulo dijo además que se nacionalizó la empresa con sobreprecio, pues sólo se debería cancelar 50 millones de dólares y no los 250 que se pagó al capital transnacional.
Villegas justificó la decisión porque supuestamente la mayoría de las empresas socias de Transredes pretendían iniciar un juicio internacional por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que supuestamente apuró la decisión de liberar la deuda que tenían con el fisco para evitar este proceso, pese a un fallo de la justicia.
El militar en retiro fue posesionado el 12 de mayo y fue nombrado por esa máxima instancia de la transportadora de hidrocarburos.

En cuatro alcaldías de La Paz se malversaron unos Bs 4 millones

Noticia publicada el 5 de abril de 2009 en LA Prensa

Los alcaldes y algunos funcionarios de los municipios de Achocalla, Calamarca, Inquisivi y Pucarani afrontan procesos en la justicia ordinaria por malversación de fondos y otros delitos que fueron denunciados entre 2007 y 2008, y que provocaron un daño económico de, al menos, cuatro millones de bolivianos.

Estos casos son parte de los diez que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción remitió al Ministerio Público, luego de evidenciar la existencia de indicios de comisión de los delitos denunciados.

De acuerdo con técnicos del Ministerio de Transparencia, en todos estos casos, que hoy son investigados en la justicia, “hay dolo, pues no puede argumentarse falta de conocimiento de la norma o el manejo de los recursos públicos cuando se descubren estos hechos”.

Para los especialistas, los funcionarios que son cómplices inmediatos de las principales autoridades municipales son el asesor legal y el administrativo. De modo que ellos aconsejan “verificar de qué gente se rodean”.

Un aspecto que sobresale en los cuatro casos indicados es el “manejo directo” de los recursos (decidir en qué invertir) por parte del Alcalde y sus allegados. También que en cada uno de los cuatro municipios el monto malversado llega al millón de bolivianos.

Más en municipios

Según las estadísticas que maneja Transparencia, del total de las denuncias que recibe, entre un 30 y 40 por ciento se refieren a los gobiernos municipales. Para los técnicos, esta situación es preocupante.

El resto se divide entre las prefecturas, el Gobierno nacional y sus dependencias, y otras entidades y poderes del Estado, hoy órganos de la República.

La denuncia formal de un hecho de corrupción, explicaron, provoca un conflicto de ingobernabilidad, pues generalmente el Alcalde denunciado es suspendido y si se aferra al cargo, “compra conciencias”, divide y enfrenta a la población. Esta situación paraliza la administración de la gestión edilicia, lo que redunda en un perjuicio para el desarrollo del municipio.

Este alto índice de corrupción municipal obliga al Ministerio de Transparencia a insistir en la recuperación de los montos malversados y no sólo a buscar la sanción para los responsables, además de aplicar políticas de prevención que eviten o al menos reduzcan los hechos ilícitos cometidos por las autoridades municipales.

El año pasado, el hoy Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción desarrolló un plan piloto de transparencia en la gestión pública en el municipio de Shinaota, en el departamento de Cochabamba, con resultados, entre ellos, por ejemplo, que la comunidad conoció los procedimientos que se emplean para la adjudicación de una obra.

En esa oportunidad se aplicaron los cuatro ejes del plan: acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública en el accionar de los munícipes.

Tras esta experiencia, se anunció en este despacho que la meta en esta gestión es desarrollar ese plan en entidades de los gobiernos municipales, prefecturales y nacional porque se trata de prevenir. Para eso hay un Viceministerio encargado de esa área que busca reducir la corrupción con los cursos de capacitación.

Familiares del Alcalde eran contratados

El alcalde de Inquisivi, Severino Calle Cachi, adjudicó la ejecución de obras a sus familiares, según la denuncia que se conoció el 31 de octubre de 2007. La queja fue planteada por dos concejales; sin embargo, uno de ellos fue recluido en la cárcel por acciones judiciales de la autoridad edil.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, las concubinas de los dos hijos de Calle organizaron una empresa denominada MIYANS, la cual durante el último tiempo de su administración recibió la adjudicación de obras.

En ese proceso participó directamente uno de los hijos de la ex autoridad edil en calidad de apoderado de la empresa y como firmante de los contratos de construcción. Esta misma persona llegó a figurar en los contratos de supervisión, como prueba de la intromisión directa de la familia del Alcalde en tareas de administración del gobierno municipal.

Transparencia identificó también el fraccionamiento de contratos, procesos de contratación irregulares con empresas ilegales como Moxauma, que no está registrada en Fundempresa.

Severino Calle negó estas acusaciones, a las que calificó de “confabulación política”. “Si fuera cierto, ya los jueces hubiesen hecho algo, pero no hacen nada y yo sigo como Alcalde”.

Contratos irregulares y obras fantasmas

El ex alcalde de Achocalla René Pérez Alejo fue denunciado por contratar empresas para la ejecución de obras de modo irregular, violando la norma que demanda la convocatoria a licitaciones públicas.

Según los datos del Ministerio de Transparencia, el 17 de noviembre de 2007, Pérez suscribió 16 contratos con las compañías Búfalo, Bunsa, Mecoin y Ruway, sin que existiese un proceso de contratación transparente, incluso, indican los denunciantes, las suscripciones eran resultado de acuerdos previos entre los representantes de las firmas y el Ejecutivo municipal.

Entre las denuncias y posterior verificación se encuentra una obra fantasma, como es el empedrado de la avenida Añahuani que conduce a la parada 26, contrato que se adjudicó a la empresa Mecoin y a la que se adelantó el 90 por ciento del costo, cuyo monto no fue proporcionado, sin que haya resultados, aunque los responsables de la comuna emitían evaluaciones favorables que daban cuenta de la ejecución de la obra.

Este hecho fue admitido por Pérez, aunque en su descargo señaló que el dinero se destinó a otra obra, lo cual también resultó ser falso, según Transparencia. En la actualidad, las funciones de Alcalde son cumplidas por Max Torres.

Giro irregular de cheques y nepotismo

El ex alcalde de Pucarani Alejandro Mamani Quispe, según la denuncia, nombró en el cargo de subalcalde del cantón Cohana a su hermano Esteban Mamani; como chofer de servicio y sereno municipal, a otro de sus hermanos, Wilson Mamani, y como encargado de cotización, a su cuñado, Ricardo Choque.

El 10 de septiembre de 2007 se constató, mediante documentación, la firma de un contrato entre el Alcalde y Lucio Pomacusi para la construcción de viviendas destinadas a maestros de la comunidad Calería, pero “extrañamente” los recursos fueron desembolsados a favor de uno de sus hermanos, según comprobantes de contabilidad y cheques.

El Ministerio de Transparencia evidenció que Mamani Quispe realizó contrataciones de empresas para la edificación de obras sin que éstas estén presupuestadas en el Plan Operativo Anual (POA).

La ex autoridad edil, además, junto con el Oficial Mayor Administrativo y la Jefa de Personal, emitió cheques de modo discrecional por concepto de “fondos de avance” (recursos que se entregan a funcionarios para realizar determinadas compras a condición de un posterior descargo de facturas) en favor de funcionarios municipales, consultores y contratistas, que incluso datan de la gestión 2005.

Estos recursos no se descargaron en el acápite correspondiente, sino que se cargaron a la partida presupuestaria de gastos.

Entre los beneficiados con los cheques se encuentran cinco funcionarios de la Alcaldía y otros 20 particulares.

El ex Alcalde autorizó el desembolso de recursos municipales para pagar gastos personales, presumiblemente de vivienda, a favor de un tercero, cuya relación contractual con aquél se desconoce, al igual que el destino de los recursos entregados.

La denuncia fue realizada el 6 de junio de 2008. La Prensa no pudo contactarse con Mamani Quispe por su condición de ex autoridad.

Dinero de proyectos, destinado a eventos

El ex alcalde de Calamarca Mario Rojas Fernández suscribió, el 16 de junio de 2007, un convenio con la Embajada de Venezuela para el financiamiento de los proyectos de construcción del microrriego Vilaque-Copata y del alcantarillado sanitario de Calamarca, obras que jamás se ejecutaron.

Ambos trabajos se consideran de vital importancia para la población puesto que permitirán mejorar la calidad de vida, ya que la gran mayoría se dedica al cultivo y, por otro lado, carece del servicio sanitario domiciliario.

El convenio se suscribió por 136.000 dólares, de los cuales, en una primera instancia, se desembolsaron 110.080 dólares a favor del municipio, monto que no fue destinado a las dos obras. La ex autoridad presentó justificaciones del gasto de dichos recursos que no guardan relación con la ejecución de las obras, por cuanto se presume una malversación.

El Ministerio de Transparencia identificó indicios de la supuesta comisión del delito, porque los recursos asignados a las dos obras por el Gobierno de Venezuela, en el marco del programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”, se habrían utilizado en el pago de viáticos a personas particulares, quienes formaban parte del Comité de Consulta y Toma de Decisiones, además del pago de gastos de concejales en actividades de confraternización intermunicipal.

La denuncia fue conocida el 23 de septiembre de 2008 e involucra además a tres personas que ejercieron el cargo de Oficial Mayor Administrativo de la comuna de Calamarca.

El Concejo Municipal nombró a otra persona como Alcalde, quien desde la destitución de Rojas se desempeña en el cargo. La Prensa intentó sin éxito contactarse con la ex autoridad.

Este tipo de hechos, consideraron los técnicos del Ministerio de Transparencia, son comunes en la gestión de los gobiernos ediles rurales.

Los delitos

En Calamarca, el daño económico supera el millón de bolivianos. Los supuestos delitos de los que se acusa al ex Alcalde y a otros funcionarios son: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado.

En Inquisivi, el daño también supera el millón de bolivianos y los supuestos delitos cometidos por las autoridades ediles son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En Pucarani, los supuestos delitos cometidos por las ahora ex autoridades son: contratos lesivos al Estado, peculado, negociaciones incompatibles con el cargo y uso indebido de influencias. El daño también es de un millón de bolivianos.

En Achocalla, los supuestos delitos de los que se acusa a las ex autoridades municipales son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.

Las quejas

Transparencia tiene que analizar 99 denuncias en contra de 33 municipios paceños.

Los casos concluidos con una verificación son diez y ya fueron remitidos a la Fiscalía.

Entre el 30 y el 40 por ciento de las denuncias recibidas son de municipios.

Se alista un plan de transparencia para municipios, Gobierno y prefecturas.

El Gobierno impulsará un programa de prevención basado en cursos de capacitación a funcionarios.

"Chito" condiciona su presencia en el juicio que le sigue la Corte

Noticia publicada el 31 de Marzo de 2009 en Correo del Sur

El ex prefecto de La Paz Luis Alberto "Chito" Valle condicionó su presencia en las audiencias del juicio que se le sigue en su contra, al levantamiento del mandamiento de aprehensión.
Esa información corresponde a su abogado Defensor, Alberto Morales, quien dijo que su defendido no puede presentarse a juicio en estas condiciones porque sería como irse a "entregar a la boca del lobo" Asimismo, dijo que recurrirán a instancias internacionales para hacer valer los derechos y demandar al Estado boliviano por violación a los derechos humanos de "Chito" Valle.
Ayer, lunes, la ausencia de uno de los abogados de la defensa en el juicio de responsabilidades contra el ex prefecto de La Paz Luis Alberto "Chito" Valle, provocó la suspensión de una nueva audiencia a la que tampoco se presentó el principal inculpado, sobre quien pesa una orden de detención dictada por el Tribunal la pasada semana.
La audiencia debió reinstalarse ayer, lunes, pero el Tribunal comprobó la ausencia de uno de los abogados que atiende al co-imputado, el empresario Jorge Sánchez Peña Sattori, quien está imputado por la Fiscalía General por su presunta partición en el remate de vehículos de la Prefectura de La Paz.

HOY SE REINSTALAN LAS AUDIENCIAS
El Tribunal decidió convocar nuevamente a las partes para este martes a partir de las 9:00 horas, cuando deberá continuar con la recepción de pruebas antes de ingresar a la fase final del proceso.
Desde que fue dictada una orden de aprehensión en su contra, la semana pasada, el ex prefecto de La Paz no ha vuelto a presentarse en las audiencias públicas, pese a que sus abogados habían anunciado que su defendido llegará a la Corte sin necesidad de que sea conducido por la fuerza pública.

Suprema ordena la detención de Chito

Noticia publicada el 25 de Marzo de 2009 en La Razon

El Tribunal de Sentencia del juicio de responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia determinó ayer la orden de apremio contra el ex prefecto de La Paz Luis Alberto ‘Chito’ Valle, después de que no se presentó a una audiencia porque supuestamente se encontraba mal de salud.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó anoche que la Policía tiene la instrucción de detener a Valle en cualquier lugar del territorio nacional.

El comandante de la Policía, Víctor Escóbar, informó esta madrugada a La Razón que se realiza la búsqueda en capitales y áreas rurales del país. “Se lo está buscando”, remarcó.

En Sucre, el fiscal Orlando Rivero informó que la defensa de Valle presentó un certificado médico que manifestaba que su cliente estaba delicado de salud, sin embargo ni el Ministerio Público ni los médicos forenses pudieron confirmar el dato, pues no encontraron al acusado ni en la ciudad de Santa Cruz ni en la población de Rurrenabaque.

La abogada de la Prefectura de La Paz, Eulogia Pantoja, afirmó anoche a ATB que la defensa de Valle presentó un certificado médico chuto porque fue enviado mediante fax, a las autoridades judiciales y el documento se lo hizo sin la intervención de un médico forense.

Ayer por la mañana, Rivero dio un plazo a los abogados de Valle, hasta las 17.00, para que acrediten el verdadero domicilio de su cliente, de lo contrario pediría a la justicia un mandamiento de aprehensión. A las 19.00, el Tribunal determinó detenerlo.

El Ministerio Público buscó a Luis Alberto Valle en Santa Cruz, pero no lo encontró y su casa en la población de Rurrenabaque estaba cerrada con candados y vacía. Los forenses no lograron evidenciar su estado de salud.

Fuentes allegadas al ámbito judicial revelaron que Valle no se encontraba en Sucre ni en ninguna otra parte del país.

El prefecto de La Paz, Pablo Ramos, aseguró que Valle habría abandonado Sucre en días pasados y que actualmente estaría en la ciudad de Santa Cruz.

“Sabemos que en estos momentos está cenando con otras tres personas en las torres Cainco, de modo que en las próximas horas por fin vamos a dar fin con la impunidad”, manifestó anoche Ramos en contacto con PAT.

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, alertó por la mañana que por la retardación de justicia, Valle podía quedar impune de su juicio de responsabilidades.

Señaló que el juicio en contra de Valle empezó el 22 de septiembre del 2008 y hasta la fecha sólo se tuvo 30 días efectivos de juicio, lo demás fue retrasado. En la noche aplaudió la medida, pero —dijo— debía hacérselo antes.

Un elemento que causó extrañeza al terminar la audiencia fue el intento de abandonarla del abogado de Valle, Ariel Coronado. Minutos después de ese incidente, el Tribunal determinó el mandamiento de apremio. La Fiscalía pedirá una explicación hoy al Tribunal de Sentencia sobre el tema de la rebeldía.

Valle fue acusado de vender vehículos a precios de chatarra y por otros casos cuando era prefecto.

Suxo defiende a su sobrina en un caso

Noticia publicada el 14 de Marzo en La Prensa

A través de una carta enviada al ahora ex superintendente de Empresas, Rolando Morales, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, interfirió en un proceso administrativo interno que el ente regulador inició a Ady Suxo Uría, hija del hermano de la autoridad.

En la nota, fechada el 20 de febrero, Suxo indica a Morales que ha “tomado conocimiento de que personal de su dependencia estaría intentando ‘chantajear’ a la Lic. Ady Suxo Uría, por el solo hecho de llevar mi apellido”, en un caso de devolución de pasajes y viáticos por un viaje que su sobrina realizó a España cuando trabajaba en el ente regulador.

Según la carta, se había amenazado a Suxo Uría con iniciarle un proceso y “filtrar” esa información a los medios para dañar la imagen de la ministra. “En mérito a esto, es que le exijo se inicie de forma inmediata una auditoría con relación al viaje realizado a la ciudad de Madrid - España, en febrero del 2008, de la Lic. Ady Suxo Uría, a efecto de establecer la existencia o no de responsabilidad...”, dice la nota.

“En el caso de ser evidente la responsabilidad... será mi Despacho (el) que llevará adelante las acciones correspondientes”, señala la carta de Suxo a Morales.

“La señora (Ady) Suxo trabajaba en la Superintendencia y el departamento de auditoría interna le inició un proceso administrativo para la devolución de unos viáticos que se le concedió por de más”, explicó Rolando Morales, que ayer fue relevado del cargo sin mayor explicación por parte del Órgano Ejecutivo y en medio de una intervención a la entidad que conducía.

En respuesta a la nota remitida por Suxo, Rolando Morales envió otra carta en la que explica a la autoridad que a su sobrina Ady, “en reiteradas oportunidades le hemos hecho conocer que existen problemas en su viaje”.

Ady Suxo dejó de trabajar en la Súper de Empresas a fines del 2008. Según el departamento de Auditoría Interna del ente regulador, el uso de viáticos no fue adecuadamente descargado. “Tenía que devolver recursos de los viáticos”, explicó Morales.

Según el ex superintendente de Empresas, el inicio del proceso “molestó bastante a la ministra y nos hizo llegar una carta, enojada, pero es un trámite administrativo, yo diría sin importancia, que ya pasó”.

Morales sostuvo que “sin lugar a dudas” no corresponde que una ministra, “menos la de Transparencia”, envíe cartas para interceder por su sobrina en un proceso legal y administrativo.

Mientras, la ministra Suxo admitió que mandó la nota; sin embargo, desde su punto de vista, el hecho no puede considerarse tráfico de influencias o abuso de poder. “Yo no he instruido que se haga una auditoría, no me corresponde, le he pedido que inicie una auditoría”, explicó.

Anunció que iniciaría un proceso contra el ex superintendente por los “chantajes” a los que habría sido sometida su sobrina. “Estoy denunciando la perversidad que tiene este señor (Rolando Morales) con una profesional joven, con una profesional excelente (en alusión a Ady Suxo)”.

Cambian a Súper de Empresas

A sólo tres semanas de que desaparezca la Superintendencia de Empresas, la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, posesionó ayer a una nueva autoridad interina en el ente regulador.

Según un informe de prensa de ese despacho, la designación recayó en Marco Antonio Méndez Gutiérrez. La nota señala que su misión será “conducir el proceso de transición para el traspaso de la Superintendencia de Empresas al Ministerio de Desarrollo Productivo”.

La posesión de Méndez se realizó sin la presencia de medios de comunicación. Posteriormente, el nuevo Súper de Empresas se trasladó a las oficinas de la entidad y, junto a policías y auditores, procedió a intervenir esa dependencia e instruyó el desalojo de los funcionarios.

“Ayer hemos vivido una jornada de colerón. Nunca me avisaron nada, en este despacho no existe ninguna información que no sea pública, siempre hemos estado abiertos a todo”, sostuvo Rolando Morales, ahora ex autoridad, después de abandonar las instalaciones públicas.

Rolando Morales había sido nombrado superintendente por el propio presidente Evo Morales a fines del 2006.

"Chito" Valle pierde otro recurso

Noticia publicada el 6 de Marzo de 2009 en La Prensa

El ex prefecto de La Paz Luis Alberto "Chito" Valle perdió otro recurso. Un Tribunal de Hábeas Corpus rechazó su pedido de que la Corte Suprema de Justicia le otorgue un plazo determinado para que rebata la solicitud de la Fiscalía que planteó su detención preventiva por riesgo de fuga.
La resolución del Tribunal de Hábeas Corpus, conformado por las vocales de la Corte Superior de Chuquisaca, Teresa Rosquellas y Elena Lowental, declaró improcedente la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Valle en contra de los miembros del Tribunal de Juicio, que supuestamente habrían vulnerado los derechos de defensa del ex prefecto paceño.
La defensa de "Chito" Valle planteó el recurso de Hábeas Corpus horas después de que el Tribunal de Juicio en audiencia determinara considerar una solicitud del Ministerio Público de modificar las medidas cautelares en contra de los dos imputados en este caso; detención preventiva para Luis Alberto Valle y el arraigo para Jorge Víctor Sánchez Peña Sattori.
La consideración de la medida de detención preventiva fue frenada con una recusación en contra de todos los miembros del Tribunal de Juicio con el argumento de parcialización con la parte acusadora.
Ayer, viernes, en audiencia, la defensa del ex prefecto ratificó en detalle ante los miembros del Tribunal de Hábeas Corpus los antecedentes que provocaron la recusa y solicitaron dar curso a su demanda, para que la Corte Suprema le otorgue un plazo para preparar su defensa frente al pedido de la detención preventiva.